El escenario político en Santa Cruz es complejo en distintos frentes. Por un lado, el gobernador Claudio Vidal mantiene una disputa con el poder judicial provincial por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, que incluso llegó a la Corte Suprema. Pero también tiene frentes económicos e internos abiertos.

El viernes se confirmó el alejamiento definitivo de su espacio de los dos senadores nacionales que tenía Vidal: José María Carambia y Natalia Gadano. Si bien no eran puros de su espacio político, fueron parte clave del armado que lo llevó a ser gobernador en 2023. Pero además, Carambia anticipó que será candidato en 2027.

“Me voy a preparar para ser el próximo gobernador”, afirmó el actual legislador nacional y exintendente de Las Heras. Pero hay más: en esta línea electoral, Carambia recibió en su ciudad a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en claro gesto de respaldo a sus aspiraciones políticas.

Sucede que Vidal es parte de los gobernadores que hoy funcionan como una suerte de aliados de Javier Milei; por eso la presencia de Villarruel con un futuro rival del Gobernador.

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“Me enteré hace unos minutos. Le deseo mucho éxito, por supuesto”, deslizó la vicepresidenta ante la consulta de la prensa local sobre la candidatura de Carambia.

Puertas adentro de la gobernación reconocen que la salida de los senadores —y también del intendente de Las Heras, Antonio Carambia— es un “golpe duro”. “Fueron parte muy importante en el armado del Frente Por Santa Cruz que permitió que Claudio Vidal llegue a gobernador”, señalaron a TN.

Tampoco pasó desapercibida la llegada de Villarruel a la provincia, pese a que por el vínculo que tiene Vidal con Milei era muy difícil que se concrete una reunión entre ambos y finalmente no ocurrió. Menos después de que la vicepresidenta se mostró con quien ahora es un rival directo.

En el entorno de Vidal indicaron que mantuvieron conversaciones formales solo “por cuestiones de seguridad”.

El escenario político en Santa Cruz rumbo al 2027

Carambia no es el único que ya dejó saber sus intenciones de ser candidato a gobernador el año que viene. En el peronismo, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, también anunció que competirá por el cargo.

Se espera que la Unión Cívica Radical tenga sus nombres propios. Una de ellas es la exlegisladora nacional Roxana Reyes. Pero no sería la única: el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, avisó que si hay dirigentes kirchneristas dentro del Gobierno, también podría presentarse. A la fecha, en los pasillos de la Gobernación hay varios referentes K.

Tampoco hay que descartar al también exlegislador nacional Eduardo Costa. El último tiempo se mostró cercano a Milei y no pocos lo ubican como armador del Presidente en la provincia.

Mucho dependerá de la postura que tome el gobernador al momento de la elección, ya que su relación con Milei tuvo y tiene sus altibajos.

El conflicto judicial en la provincia

El punto de quiebre se produjo el 17 de diciembre pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 3949, que había ampliado de cinco a nueve el número de integrantes del cuerpo. La decisión fue firmada por cuatro vocales y una jueza subrogante, y marcó el inicio de una confrontación abierta con los otros poderes del Estado.

Las tensiones habían comenzado meses antes. En septiembre, un sector del tribunal se opuso a la asunción de los nuevos jueces designados tras la reforma. En ese contexto, el juez Daniel Mariani les tomó juramento en soledad, lo que derivó luego en su desplazamiento de la presidencia del tribunal.

Desde entonces, el funcionamiento de la Corte provincial quedó atravesado por una división interna que derivó en un esquema de “doble comando”. Por un lado, se ubica el bloque de cuatro jueces identificados con el kirchnerismo, encabezados por René Fernández, quienes convocan a la defensora general para alcanzar mayorías. Por el otro, Mariani junto a los nuevos vocales impulsados por el gobernador Claudio Vidal.

Días atrás, la Corte Suprema de la Nación resolvió intervenir en el conflicto institucional que atraviesa Santa Cruz y analizará la constitucionalidad de la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia provincial.

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