El subgerente general de banca minorista del Banco Ciudad, Maximiliano Coll, en diálogo con Infobae en Vivo, dijo que el mercado de créditos hipotecarios “se está reactivando”, afirmó, y recordó que el regreso de esta herramienta financiera fue relativamente rápido, aunque aclaró que el impacto suele demorarse algunos meses.

“Un préstamo hipotecario no es algo que se hace enseguida. Tenés que salir a buscar la propiedad, hablar con tu familia, ir al banco, que te evalúen. Desde que aparece la oferta hasta que se empieza a desembolsar pasan un par de meses”, explicó.

Según detalló, durante 2024 y gran parte de 2025 la actividad mostró un crecimiento sostenido. En la Ciudad de Buenos Aires, donde cuentan con más información, las operaciones financiadas con hipotecas llegaron a representar el 20% de las compraventas. Sin embargo, el aumento del dólar y de las tasas de interés registrado hacia septiembre de 2025 provocó una desaceleración.

“Tuvimos un parate y recién, tímidamente, en el verano se volvió a mover el mercado”, señaló. Agregó que, tras una nueva reducción de tasas en marzo, comenzó a observarse nuevamente una recuperación gradual. “Cuando reactivás, tarda un poquito en empezar a moverse. Todos los meses están empezando a haber cada vez más operaciones”, sostuvo Coll.

Actualmente, estimó que entre el 10% y el 12% de las operaciones se concretan con financiamiento hipotecario y aseguró que la tendencia es creciente. Explicó que el desfase entre el lanzamiento de los préstamos y el cierre efectivo de las operaciones responde a los tiempos propios del proceso.

Respecto del perfil de quienes acceden a estos créditos, señaló que se trata principalmente de familias de clase media, generalmente personas de entre 30 y 45 años que pueden demostrar ingresos formales. En muchos casos, agregó, participan dos o más integrantes del grupo familiar para alcanzar los requisitos exigidos por los bancos.

“Para un préstamo estándar de $100 millones, que son unos USD 70.000, tenés que demostrar ingresos familiares de alrededor de $3,3 millones”, explicó. Por ese motivo, las entidades financieras incorporaron la figura del garante, habitualmente un padre u otro familiar, que permite sumar ingresos y acceder a montos mayores.

Coll destacó además que las condiciones actuales favorecen la demanda de créditos hipotecarios. Entre los factores mencionó la estabilidad económica, la amplia oferta de propiedades, la mejora del salario medido en dólares y el hecho de que los valores de los inmuebles no aumentaron al mismo ritmo. “La cuota es muy parecida a la de un alquiler”, afirmó.

Como ejemplo, indicó que la cuota de un préstamo de $100 millones ronda los $800.000 mensuales, un valor similar al alquiler de un departamento de dos ambientes o de algunos tres ambientes pequeños en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, recordó que las familias deben contar con un ahorro previo equivalente aproximadamente al 25% del valor de la propiedad.

Por otra parte, aseguró que la mora en la cartera hipotecaria es prácticamente inexistente. En ese sentido, explicó que el principal requisito para acceder al financiamiento es no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero.

“No es lo mismo tener una deuda irregular importante o un préstamo que no pagaste, donde demostraste falta de voluntad de pago, que haber quedado marcado por una situación administrativa menor”, señaló. Como ejemplo, mencionó los casos de clientes que olvidan cancelar una cuenta bancaria o abonar el mantenimiento de un paquete de productos y terminan registrando una deuda de bajo monto. “En ese caso sabemos que fue un error y se analiza de manera diferente”, concluyó.

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En mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, logró un superávit primario por $ 1,9 billones y con ello, en los primeros cinco meses del año, ya alcanzó la mitad del objetivo que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026. Sin embargo, se trató de un mes atípico: aunque se registraron ingresos adicionales por el impuesto a las Ganancias de sociedades, el Gobierno debió aumentar el gasto en sectores sensibles por demandas sociales, mientras mantuvo la motosierra en otras áreas.

Después del repunte del gasto en abril, en mayo volvió a descender, aunque a un ritmo menor que los ingresos. De acuerdo con la consultora LCG, el gasto cayó 2% interanual en términos reales, mientras que los ingresos retrocedieron 4% en la misma comparación. Esto llevó a una nueva reducción del resultado primario. Esta dinámica estuvo influida por la cancelación de deuda flotante, especialmente la vinculada a las universidades.

Según el reporte de la consultora, hasta el cuarto mes del año las universidades acumulaban una deuda flotante equivalente al 23% del gasto devengado, que se saldó completamente en mayo. Esta cancelación impulsó las transferencias a este sector, que crecieron 79% anual real en el mes y 11% en los primeros cinco meses de 2026. La presión sobre el gasto también se manifestó en los rubros atados a la movilidad. El gasto en jubilaciones se mantuvo constante en relación con el año previo, mientras que las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), subieron 4% en términos reales.

No obstante, estas subas se vieron compensadas por recortes en distintas áreas. Según LCG, los programas sociales cayeron 4% interanual en términos reales, los salarios del sector público disminuyeron 5%, los subsidios bajaron 20%, el gasto de capital retrocedió 30% y las transferencias a provincias se redujeron 40%. A pesar de estos ajustes, en los primeros cinco meses del año el gasto en subsidios energéticos alcanzó el 0,23% del PBI, por encima del nivel registrado en igual período de 2025. Los analistas explicaron este aumento por los mayores precios de la energía y la demora en la aplicación de los ajustes tarifarios.

En este aspecto se refleja que la desaceleración de la inflación fue la prioridad para el equipo económico después del pico de 3,4% en marzo. Con el argumento del conflicto en Medio Oriente y el aumento en los precios del petróleo y el gas, se otorgaron bonificaciones adicionales en las facturas de gas y electricidad. La Secretaría de Energía extendió estos beneficios también a junio, lo que seguirá generando presión sobre los ingresos.

En el detalle, Energía comunicó una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta de gas de junio para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50% de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución. A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, se fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, lo que elevó el subsidio al 62% del consumo base.

En la misma línea fueron en Balanz, donde remarcaron que la caída real en los subsidios económicos resultó de menores desembolsos tanto en subsidios energéticos (-18,5%) como en subsidios al transporte (-21,7%). Al mismo tiempo, subrayaron que la racionalización de subsidios sigue siendo una de las principales herramientas del Gobierno para controlar el gasto y sostener el superávit fiscal en los próximos meses.

El Gobierno ratificó su compromiso de cumplir la meta de reducir los subsidios energéticos a través de un aumento de tarifas para los usuarios. Según datos oficiales citados por la consultora, el objetivo de bajar los subsidios al 0,5% del PBI en 2026 se mantiene, con la expectativa de que los usuarios asuman una mayor proporción de los costos en comparación con 2025. Además, el equipo económico ya acordó con el FMI medidas complementarias para asegurar el superávit fiscal primario, entre ellas postergar la puesta en marcha de iniciativas de la reforma laboral, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir en noviembre.

La clave para el ministro de Economía Caputo es que los ingresos del Estado comiencen a crecer y ello depende del repunte de la actividad. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

El resultado primario mantuvo su curso, pero la dinámica subyacente de los ingresos planteó desafíos para sostener el equilibrio fiscal. LCG y Balanz coinciden en que el recorte del gasto se apoyó principalmente en la reducción de transferencias a provincias, subsidios y salarios, mientras que las subas en jubilaciones, asignaciones y transferencias a universidades respondieron a mecanismos de indexación y a la cancelación de deuda flotante. El aumento de los precios energéticos y la demora en la actualización de tarifas explican la suba en los subsidios energéticos acumulados en el año.

La pelea por quién abastecerá a los megaproyectos que buscan ingresar al Súper RIGI ya llegó al Congreso. La industria consiguió una de las modificaciones que reclamaba durante el debate legislativo: la incorporación de un cupo mínimo para proveedores locales en el dictamen de mayoría. Pero lejos de darse por satisfecha, ahora concentra sus esfuerzos en una nueva batalla que considera determinante para definir cuánto de esas inversiones terminará efectivamente en las fábricas argentinas.

El punto en discusión es el alcance de ese requisito. El texto establece que al menos el 20% de las compras deberá realizarse a empresas locales, pero no diferencia entre bienes y servicios. Para la Unión Industrial Argentina (UIA), esa redacción corre el riesgo de diluir el impacto sobre la producción manufacturera, ya que una parte significativa de ese porcentaje podría cumplirse mediante contrataciones que inevitablemente se realizan en el país, como obras o servicios.

La incorporación del cupo representó un cambio relevante respecto de la propuesta original. Según explicó la directora ejecutiva de la UIA a Infobae, Laura Bermúdez, el proyecto enviado para su discusión no contempló ningún porcentaje mínimo destinado a la producción nacional. La modificación apareció durante el tratamiento en las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que emitieron dictamen de mayoría esta semana.

Desde la entidad industrial destacaron ese avance, aunque remarcaron que todavía buscan modificaciones antes del tratamiento en el recinto. Su principal objetivo consiste en que el porcentaje obligatorio quede específicamente reservado para bienes con valor agregado local.

“El tema es que cuando no acotás este 20% a bienes, el porcentaje se lo termina llevando servicios, cosas que obligatoriamente las ibas a contratar localmente. Si queremos que haya integración local y desarrollo de proveedores, necesitamos que ese 20% se acote a bienes. Nuestro pedido principal es ése, sobre todo pensando que existe la capacidad industrial, existe oferta”, señaló Bermúdez.

La posición de la UIA fue reafirmada en una presentación realizada ante la Comisión de Industria de Diputados durante el debate del proyecto. Allí, la entidad sostuvo que los beneficios previstos originalmente para proveedores locales dentro del Súper RIGI eran sustancialmente menores que los contemplados en el RIGI, por lo que era necesario avanzar hacia un esquema que impulse el desarrollo de cadenas de valor de manera más efectiva. Finalmente, los diputados tomaron el punto e incluyeron ese 20% reclamado, pero sin discrimación alguna.

Entre los argumentos presentados, la organización señaló que la experiencia del RIGI mostró limitaciones para promover la integración de proveedores nacionales. Según explicó, una parte importante de la inversión asignada pudo cubrirse mediante gastos asociados a obras o servicios, sin generar necesariamente demanda para bienes producidos por la industria local.

La entidad también cuestionó otro aspecto del régimen vigente. De acuerdo con la UIA, existe un mecanismo que permite reemplazar parte de las compras orientadas a proveedores nacionales por insumos o bienes finales provenientes del exterior. Desde su perspectiva, esa posibilidad reduce el impacto que las inversiones pueden tener sobre el entramado productivo argentino.

Por esa razón, la propuesta presentada por la central fabril apunta a replicar el porcentaje mínimo obligatorio del 20%, pero con aplicación específica sobre bienes que incorporen valor agregado local. Además, plantea que ese cupo aumente gradualmente a lo largo de las etapas de inversión y operación de los proyectos.

La UIA argumentó que muchas de las actividades vinculadas con minería, energía e infraestructura son relativamente nuevas en el país y que una mayor participación de empresas nacionales podría favorecer el desarrollo de proveedores a medida que crezca la demanda.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta se relaciona con los mecanismos de control. La entidad pidió que la autoridad de aplicación establezca reglas claras junto con el sector privado para verificar la disponibilidad de oferta local y determinar si las empresas argentinas se encuentran en condiciones de competir en términos de precio y calidad. “Acá tiene que haber, de mínima, alguien que verifique disponibilidad de oferta local. Definir reglas claras es súper importante”, afirmó Bermúdez.

La preocupación industrial adquirió mayor visibilidad a partir de un episodio reciente que involucró al proyecto minero Vicuña. El caso apareció repetidamente durante las discusiones del sector porque expuso una situación que los fabricantes consideran representativa de los desafíos que enfrentan para participar en grandes emprendimientos.

La polémica surgió a raíz de la decisión de importar desde China campamentos modulares destinados a alojar miles de trabajadores vinculados al desarrollo minero. Según fuentes del sector productivo, sólo una empresa argentina accedió al proceso de licitación, pese a que existen fabricantes locales que producen ese tipo de estructuras. Para la UIA, el episodio funcionó como una señal de alerta sobre cómo podrían desarrollarse futuras contrataciones si no se establecen criterios más precisos para la integración de proveedores nacionales.

La directora ejecutiva de la central fabril aseguró que existen empresas argentinas con experiencia en la fabricación de módulos habitacionales y que algunas de ellas ya abastecen proyectos energéticos. También afirmó que la discusión no debería limitarse únicamente a una comparación de precios. “No hay tanta diferencia de precios. Y ganás en rapidez, están cerca por si falla algo, algún servicio posventa”, indicó.

Desde la entidad sostienen que la cercanía geográfica permite resolver problemas operativos con mayor rapidez y facilita las tareas de mantenimiento. También remarcan que los proveedores locales tienen una mejor capacidad para adaptar productos a necesidades específicas de cada proyecto. Bermúdez señaló además que existen antecedentes de campamentos importados que enfrentaron dificultades operativas en el sur del país. “Es difícil que estos campamentos que van a importar realmente funcionen para el uso que se les quiere dar porque es compleja la instalación. Ya hay experiencias en el sur de campamentos importados que no funcionaron”, afirmó.

El crecimiento de la minería representa una oportunidad significativa para ampliar la participación de empresas nacionales en cadenas de abastecimiento vinculadas a grandes inversiones. Fabricantes de maquinaria, empresas textiles, productores de calzado y compañías especializadas en construcciones modulares, entre tantos otros. “Desde la UIA estamos promoviendo que industrias adquieran las certificaciones para que puedan cumplir los estándares e integrarse a estos procesos. Todo nuestro entramado productivo se tiene que alinear para esa demanda. La oportunidad es muy grande en la minería”, sostuvo.

Para la entidad, el debate actual resulta especialmente relevante porque gran parte de los proyectos todavía atraviesa etapas preliminares y las principales contrataciones aún no comenzaron.