En mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, logró un superávit primario por $ 1,9 billones y con ello, en los primeros cinco meses del año, ya alcanzó la mitad del objetivo que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026. Sin embargo, se trató de un mes atípico: aunque se registraron ingresos adicionales por el impuesto a las Ganancias de sociedades, el Gobierno debió aumentar el gasto en sectores sensibles por demandas sociales, mientras mantuvo la motosierra en otras áreas.

Después del repunte del gasto en abril, en mayo volvió a descender, aunque a un ritmo menor que los ingresos. De acuerdo con la consultora LCG, el gasto cayó 2% interanual en términos reales, mientras que los ingresos retrocedieron 4% en la misma comparación. Esto llevó a una nueva reducción del resultado primario. Esta dinámica estuvo influida por la cancelación de deuda flotante, especialmente la vinculada a las universidades.

Según el reporte de la consultora, hasta el cuarto mes del año las universidades acumulaban una deuda flotante equivalente al 23% del gasto devengado, que se saldó completamente en mayo. Esta cancelación impulsó las transferencias a este sector, que crecieron 79% anual real en el mes y 11% en los primeros cinco meses de 2026. La presión sobre el gasto también se manifestó en los rubros atados a la movilidad. El gasto en jubilaciones se mantuvo constante en relación con el año previo, mientras que las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), subieron 4% en términos reales.

No obstante, estas subas se vieron compensadas por recortes en distintas áreas. Según LCG, los programas sociales cayeron 4% interanual en términos reales, los salarios del sector público disminuyeron 5%, los subsidios bajaron 20%, el gasto de capital retrocedió 30% y las transferencias a provincias se redujeron 40%. A pesar de estos ajustes, en los primeros cinco meses del año el gasto en subsidios energéticos alcanzó el 0,23% del PBI, por encima del nivel registrado en igual período de 2025. Los analistas explicaron este aumento por los mayores precios de la energía y la demora en la aplicación de los ajustes tarifarios.

En este aspecto se refleja que la desaceleración de la inflación fue la prioridad para el equipo económico después del pico de 3,4% en marzo. Con el argumento del conflicto en Medio Oriente y el aumento en los precios del petróleo y el gas, se otorgaron bonificaciones adicionales en las facturas de gas y electricidad. La Secretaría de Energía extendió estos beneficios también a junio, lo que seguirá generando presión sobre los ingresos.

En el detalle, Energía comunicó una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta de gas de junio para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50% de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución. A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, se fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, lo que elevó el subsidio al 62% del consumo base.

En la misma línea fueron en Balanz, donde remarcaron que la caída real en los subsidios económicos resultó de menores desembolsos tanto en subsidios energéticos (-18,5%) como en subsidios al transporte (-21,7%). Al mismo tiempo, subrayaron que la racionalización de subsidios sigue siendo una de las principales herramientas del Gobierno para controlar el gasto y sostener el superávit fiscal en los próximos meses.

El Gobierno ratificó su compromiso de cumplir la meta de reducir los subsidios energéticos a través de un aumento de tarifas para los usuarios. Según datos oficiales citados por la consultora, el objetivo de bajar los subsidios al 0,5% del PBI en 2026 se mantiene, con la expectativa de que los usuarios asuman una mayor proporción de los costos en comparación con 2025. Además, el equipo económico ya acordó con el FMI medidas complementarias para asegurar el superávit fiscal primario, entre ellas postergar la puesta en marcha de iniciativas de la reforma laboral, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir en noviembre.

La clave para el ministro de Economía Caputo es que los ingresos del Estado comiencen a crecer y ello depende del repunte de la actividad. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

El resultado primario mantuvo su curso, pero la dinámica subyacente de los ingresos planteó desafíos para sostener el equilibrio fiscal. LCG y Balanz coinciden en que el recorte del gasto se apoyó principalmente en la reducción de transferencias a provincias, subsidios y salarios, mientras que las subas en jubilaciones, asignaciones y transferencias a universidades respondieron a mecanismos de indexación y a la cancelación de deuda flotante. El aumento de los precios energéticos y la demora en la actualización de tarifas explican la suba en los subsidios energéticos acumulados en el año.

La pelea por quién abastecerá a los megaproyectos que buscan ingresar al Súper RIGI ya llegó al Congreso. La industria consiguió una de las modificaciones que reclamaba durante el debate legislativo: la incorporación de un cupo mínimo para proveedores locales en el dictamen de mayoría. Pero lejos de darse por satisfecha, ahora concentra sus esfuerzos en una nueva batalla que considera determinante para definir cuánto de esas inversiones terminará efectivamente en las fábricas argentinas.

El punto en discusión es el alcance de ese requisito. El texto establece que al menos el 20% de las compras deberá realizarse a empresas locales, pero no diferencia entre bienes y servicios. Para la Unión Industrial Argentina (UIA), esa redacción corre el riesgo de diluir el impacto sobre la producción manufacturera, ya que una parte significativa de ese porcentaje podría cumplirse mediante contrataciones que inevitablemente se realizan en el país, como obras o servicios.

La incorporación del cupo representó un cambio relevante respecto de la propuesta original. Según explicó la directora ejecutiva de la UIA a Infobae, Laura Bermúdez, el proyecto enviado para su discusión no contempló ningún porcentaje mínimo destinado a la producción nacional. La modificación apareció durante el tratamiento en las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que emitieron dictamen de mayoría esta semana.

Desde la entidad industrial destacaron ese avance, aunque remarcaron que todavía buscan modificaciones antes del tratamiento en el recinto. Su principal objetivo consiste en que el porcentaje obligatorio quede específicamente reservado para bienes con valor agregado local.

“El tema es que cuando no acotás este 20% a bienes, el porcentaje se lo termina llevando servicios, cosas que obligatoriamente las ibas a contratar localmente. Si queremos que haya integración local y desarrollo de proveedores, necesitamos que ese 20% se acote a bienes. Nuestro pedido principal es ése, sobre todo pensando que existe la capacidad industrial, existe oferta”, señaló Bermúdez.

La posición de la UIA fue reafirmada en una presentación realizada ante la Comisión de Industria de Diputados durante el debate del proyecto. Allí, la entidad sostuvo que los beneficios previstos originalmente para proveedores locales dentro del Súper RIGI eran sustancialmente menores que los contemplados en el RIGI, por lo que era necesario avanzar hacia un esquema que impulse el desarrollo de cadenas de valor de manera más efectiva. Finalmente, los diputados tomaron el punto e incluyeron ese 20% reclamado, pero sin discrimación alguna.

Entre los argumentos presentados, la organización señaló que la experiencia del RIGI mostró limitaciones para promover la integración de proveedores nacionales. Según explicó, una parte importante de la inversión asignada pudo cubrirse mediante gastos asociados a obras o servicios, sin generar necesariamente demanda para bienes producidos por la industria local.

La entidad también cuestionó otro aspecto del régimen vigente. De acuerdo con la UIA, existe un mecanismo que permite reemplazar parte de las compras orientadas a proveedores nacionales por insumos o bienes finales provenientes del exterior. Desde su perspectiva, esa posibilidad reduce el impacto que las inversiones pueden tener sobre el entramado productivo argentino.

Por esa razón, la propuesta presentada por la central fabril apunta a replicar el porcentaje mínimo obligatorio del 20%, pero con aplicación específica sobre bienes que incorporen valor agregado local. Además, plantea que ese cupo aumente gradualmente a lo largo de las etapas de inversión y operación de los proyectos.

La UIA argumentó que muchas de las actividades vinculadas con minería, energía e infraestructura son relativamente nuevas en el país y que una mayor participación de empresas nacionales podría favorecer el desarrollo de proveedores a medida que crezca la demanda.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta se relaciona con los mecanismos de control. La entidad pidió que la autoridad de aplicación establezca reglas claras junto con el sector privado para verificar la disponibilidad de oferta local y determinar si las empresas argentinas se encuentran en condiciones de competir en términos de precio y calidad. “Acá tiene que haber, de mínima, alguien que verifique disponibilidad de oferta local. Definir reglas claras es súper importante”, afirmó Bermúdez.

La preocupación industrial adquirió mayor visibilidad a partir de un episodio reciente que involucró al proyecto minero Vicuña. El caso apareció repetidamente durante las discusiones del sector porque expuso una situación que los fabricantes consideran representativa de los desafíos que enfrentan para participar en grandes emprendimientos.

La polémica surgió a raíz de la decisión de importar desde China campamentos modulares destinados a alojar miles de trabajadores vinculados al desarrollo minero. Según fuentes del sector productivo, sólo una empresa argentina accedió al proceso de licitación, pese a que existen fabricantes locales que producen ese tipo de estructuras. Para la UIA, el episodio funcionó como una señal de alerta sobre cómo podrían desarrollarse futuras contrataciones si no se establecen criterios más precisos para la integración de proveedores nacionales.

La directora ejecutiva de la central fabril aseguró que existen empresas argentinas con experiencia en la fabricación de módulos habitacionales y que algunas de ellas ya abastecen proyectos energéticos. También afirmó que la discusión no debería limitarse únicamente a una comparación de precios. “No hay tanta diferencia de precios. Y ganás en rapidez, están cerca por si falla algo, algún servicio posventa”, indicó.

Desde la entidad sostienen que la cercanía geográfica permite resolver problemas operativos con mayor rapidez y facilita las tareas de mantenimiento. También remarcan que los proveedores locales tienen una mejor capacidad para adaptar productos a necesidades específicas de cada proyecto. Bermúdez señaló además que existen antecedentes de campamentos importados que enfrentaron dificultades operativas en el sur del país. “Es difícil que estos campamentos que van a importar realmente funcionen para el uso que se les quiere dar porque es compleja la instalación. Ya hay experiencias en el sur de campamentos importados que no funcionaron”, afirmó.

El crecimiento de la minería representa una oportunidad significativa para ampliar la participación de empresas nacionales en cadenas de abastecimiento vinculadas a grandes inversiones. Fabricantes de maquinaria, empresas textiles, productores de calzado y compañías especializadas en construcciones modulares, entre tantos otros. “Desde la UIA estamos promoviendo que industrias adquieran las certificaciones para que puedan cumplir los estándares e integrarse a estos procesos. Todo nuestro entramado productivo se tiene que alinear para esa demanda. La oportunidad es muy grande en la minería”, sostuvo.

Para la entidad, el debate actual resulta especialmente relevante porque gran parte de los proyectos todavía atraviesa etapas preliminares y las principales contrataciones aún no comenzaron.

Según el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, “la Argentina tiene hoy las mejores condiciones en décadas para encarar un proceso de crecimiento sostenido”.

Así lo afirmó el economista en un extenso artículo que publicó en la sección de Opinión de este medio el mes pasado, escrito junto a la economista correntina Pamela Morales Jourdan, asesora suya en la Cámara de Diputados, donde Ravier se desempeñó hasta ahora como diputado nacional por La Pampa.

La razón del optimismo de Ravier que la Argentina goza ahora de equilibrios externo e interno, gracias a la inversión y las exportaciones, ya no un consumo financiado con emisión monetaria. Por eso, escribió, “el potencial de catch-up frente al mundo es amplio luego de un período en el que la economía se mantuvo estancada durante más de una década».

Las seis razones enumeradas por Ravier para justificar su optimismo acerca de las perspectivas de crecimiento fueron las siguientes:

Según el nuevo vocero, que asumirá funciones la semana próxima, la inflación, principal fuente de inestabilidad y deterioro de ingresos durante los últimos años, se desaceleró, a 2,6% en abril y a 2,1% en mayo, en un contexto de recomposición de precios relativos, saneamiento fiscal y normalización monetaria.

Según Ravier, a diferencia de otras veces, la la caída de la inflación fue acompañada por un colapso del nivel de actividad. Según distintos indicadores, señaló, hay en marcha una recuperación robusta. En marzo, apuntó, el avance fue del 3,5%, al nivel más alto de la serie histórica desestacionalizada, acumulando una expansión cercana al 11% desde abril de 2024, tras el cimbronazo por las medidas de ajuste inicial.

Además, prosiguió Ravier, el sector externo se transformó en un motor de crecimiento. Citaba entonces los datos de abril, que se volvieron aún más positivos en mayo, cuando las exportaciones mensuales superaron los USD 9.500 millones por primera vez en la historia argentina y el superávit comercial superó los USD 3.500 millones, otro récord.

El impulso comercial, además, escribió Ravier, se apoyo en equilibrios macroeconómicos que durante años parecían inalcanzables: superávit fiscal y de cuenta corriente de la balanza de pagos en simultáneo y marcada reducción de la emisión monetaria para financiar al Tesoro.

Lo que el gobierno y Ravier definen como un “cambio de régimen económico” se refleja en la percepción internacional, en hechos como la mejora en las calificaciones de riesgo, la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el FMI y la marca reducción del riesgo país.

Según el análisis del nuevo vocero presidencial, el punto de inflexión se reflejó en que las tasas de interés empezaron a caer de modo endógeno y sostenido desde fines de febrero. Un escenario de menores tasas y mayor estabilidad macro, a su vez, empezó a mejorar las condiciones para el crédito al sector privado, “cuya expansión se desaceleró durante el período electoral y ahora muestra señales de reactivación”.

Según Ravier, el aspecto más relevante de la nueva etapa es que las reformas estructurales iniciadas por el gobierno de Milei todavía no desplegaron todos sus efectos sobre la productividad y la inversión.

La desregulación, la apertura y los incentivos económicos, concluyó el nuevo vocero presidencial, configuran un escenario distinto al de los últimos veinte años, con el agregado de que la economía parte de niveles de capitalización, productividad y crédito bajos.

“En ese marco, el potencial de catch-up es considerable. El concepto de catch-up económico refiere al proceso por el cual un país rezagado crece durante un período prolongado a tasas superiores a las de las economías desarrolladas y reduce la brecha de ingresos, productividad y nivel de vida», explicó Ravier, para quien la Argentina sigue contando con abundantes recursos naturales, capital humano competitivo y sectores con elevada productividad potencial, activos que durante años fueron presos de “una macro desordenada y reglas de juego inconsistentes”.

Así las cosas, afirmó, “el crecimiento que empezó a observarse tiene rasgos distintos a otros episodios expansivos recientes: no se apoya en consumo financiado con emisión monetaria o atraso cambiario, sino en una combinación de equilibrio fiscal, estabilidad monetaria, inversión y expansión exportadora”. Por eso, concluyó, “los fundamentos que se consolidan sugieren la posibilidad de que Argentina ingrese en un ciclo de estabilidad y crecimiento sostenido, como no se observó durante décadas.