A raíz de la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cambiar las condiciones que deben cumplir los choferes de autos que prestan servicios de viajes por aplicación y las de los choferes de taxis, dos de los puntos más destacados son la obligatoriedad para los primeros de tener licencia de conducir profesional y una póliza de seguro específica para el servicio que prestan.

Esta última, de hecho, viene a resolver un eventual problema que podían tener los choferes que trabajan para las empresas de aplicaciones, porque muchos tenían un vehículo con un seguro normal, terceros completos transportados, pero no una póliza específica para actividades comerciales, con lo cual, en caso de un accidente corrían serio riesgo de tener que indemnizar de manera particular a un pasajero lesionado porque el seguro no se iba a hacer cargo.

El tema de la licencia profesional, en cambio, puede verse desde dos ópticas diferentes. Si se toma el mismo enfoque de la actividad comercial que se aplica para el seguro, un chofer de un auto particular afectado al transporte de pasajeros tanto sea un Taxi o un viaje de aplicación, debería tener licencia profesional.

Pero si se lo mira técnicamente como el hecho de conducir un automóvil normal, que no requiere ninguna habilidad particular y es exactamente igual que manejar un auto personal, sin necesidad de conocimientos adicionales, una licencia profesional puede ser un requisito innecesario.

Como concepto general, las categorías de las licencias de conducir están determinadas por el artículo 16 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y la última reglamentación estuvo dada por el Decreto 26/2019. Sin embargo, algunas provincias e incluso los municipios tienen diferencias en la segmentación, amparadas en el sistema de federalismo que se aplica sobre el tránsito.

Para conducir una motocicleta se debe tramitar una licencia Clase A1, pero existen 4 subcategorías de acuerdo a la cilindrada y/o potencia del vehículo.

• Clase A 1.1: Ciclomotores hasta 50 cm3 o 4 Kw de potencia máxima continua nominal en el caso de las motos eléctricas.
• Clase A 1.2: Motocicletas de hasta 150 cm3 u 1111kw de potencia máxima continua nominal si se trata de motorización eléctrica. Esta licencia incluye las de Clase A 1.1.
• Clase A 1.3: Motocicletas de más de 150 cm3 y hasta 300 cm3 o de más de 11 kw y hasta 20 kw de potencia eléctrica. Para obtener esta clase de licencia se debe acreditar una antigüedad previa de 2 años en la Clase A 1.2, excepto las personas mayores de 21 años de edad. Esta licencia también incluye las de Clase A 1.2.
• Clase A 1.4: Motocicletas de más de 300 cm3 o de más de 20 kw de potencia en el caso de las eléctricas. El requisito para acceder a esta licencia es una antigüedad previa de 2 años en la licencia Clase A 1.3, excepto los mayores de 21 años de edad, quienes deberán acreditar al menos 1 año en motocicletas de cualquier cilindrada. También, por supuesto, incluye las licencias Clase A 1.3.

Esta clasificación tiene una coherencia, ya que no es lo mismo manejar una moto de 110 cm3 que una gran moto “pura sangre” de 1.000 cm3 y 180 CV de potencia. Sin embargo, esa lógica parece no existir cuando se pasa de las motos a los automóviles, porque no hay tal segmentación por potencia, peso o tracción.

En el caso de los autos, si un conductor rinde un examen para obtener su licencia de Clase B1 y lo hace con un Renault 12 modelo 70, esa licencia lo habilita para conducir una Ferrari de 800 CV de potencia o una camioneta 4×4 de 250 CV, sin que nadie se pregunte si está preparado ese conductor para ese salto de velocidad, potencia o tamaño de vehículo.

Ese no es el único caso. Si una persona que quiere llevar un trailer cargando un cuatriciclo o una lancha chica o mediana, cuyo peso total es de menos de 750 kg, se le exige una licencia de Clase B2, que es la que habilita a conducir automóviles, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas de hasta 3.500 kg de peso con un acoplado de hasta 750 kg o casa rodante no motorizada.

Sin embargo, si el peso que transportará es de 750 kg y el trailer para esa envergadura de carga pesa otros 300 kg se le exige tener una licencia profesional Clase E1, que es la que autoriza a conducir vehículos automotores de clase C o D, con uno o más remolques y articulaciones, y que se debe renovar anualmente con presentación de certificado de antecedentes penales incluido.

La problemática está en que ese mismo conductor, con esa misma licencia para transportar un trailer y una carga de menos de 1.000 kg, queda habilitado para manejar un camión con acoplado de 45 tn o de 22 mts de largo.

La capacidad para conducir un vehículo no parece estar acompañada por la legislación. Los cada vez más frecuentes accidentes con grandes pickups V6 como el que destrozó una familia en San Vicente al impactar a más de 180 km/h a un pequeño auto particular, es otro ejemplo de una falta de control sobre la habilidad o la experiencia, como sí se lo tiene en las motos.

Quizás debería existir una escala intermedia entre las Clase B1 y B2, que exija pericia para conducir un auto deportivo o una pickup 4×4 de más de 250 CV de potencia, y una licencia diferenciada, también particular para que aquellos conductores que quieran llevar un trailer o una casa rodante hasta 1.500 kg no tengan que ser considerados conductores profesionales.

El mercado argentino llega a la mitad del año con una foto que desafía varios lugares comunes. Mientras el dólar financiero siguió prácticamente anestesiado, las curvas en pesos se llevaron buena parte de los retornos y los bonos ajustados por CER quedaron al tope del ranking, impulsados por una combinación de inflación todavía relevante, compresión de tasas reales y demanda por instrumentos de cobertura. Del otro lado, los activos que peor parados quedaron fueron los que dependían de una suba del tipo de cambio o de una recuperación más sostenida del equity local, con el S&P Merval en dólares todavía en terreno negativo en el acumulado anual.

Según el informe de retorno total de la consultora 1816, los bonos CER encabezan el ranking de 2026 con una ganancia del 24,5% en lo que va del año, seguidos por los Duales con un 19,2%, las LECAPs con un 19% y los bonos TAMAR con un 17,6%.

En un año de dólar contenido y tasas nominales en baja, la renta fija en moneda local fue la gran ganadora, especialmente en los tramos donde el mercado pagó cobertura inflacionaria y duration antes de que la compresión dejara menos margen.

En el mismo período, los globales en dólares avanzaron apenas un 4,1%, los Bonares subieron un 3,3%, el dólar CCL acumuló una mejora del 2,8% y los bonos en dólares bajo legislación local quedaron prácticamente neutros, mientras que el S&P Merval cayó un 4,1% en dólares. En la medición de los últimos 12 meses, la diferencia se vuelve más notoria, dado que:

• El CCL cayó un 22%
• El dólar mayorista retrocedió un 18,8%
• El Merval perdió un 4,1%
• Los bonos CER ganaron un 19,2%
• Los globales subieron un 18,1%
• Los Bonares avanzaron un 16,7%

Por qué los bonos CER arrasaron en el primer semestre

El liderazgo de los bonos CER encaja con el diagnóstico de varias sociedades de bolsa. Comafi remarcó que, por el arbitraje entre CER y tasa fija, mantiene su preferencia por los Boncer cortos para el manejo de liquidez, en un contexto donde la inflación implícita se ubica en el 2,2% hasta junio y en el 1,9% hasta agosto, niveles que la firma considera alineados con su escenario base.

La misma preferencia aparece en SBS, aunque la entidad considera que, para quienes todavía ven riesgos por la inercia inflacionaria, los ajustes de precios relativos o los shocks externos, hay valor en el X30N6 para el tramo corto y en el TZXD7 para el tramo medio-largo. No obstante, advierte que las oportunidades en pesos ya no son tan evidentes como antes y que el posicionamiento depende mucho más del perfil de cada inversor.

Y es que la performance también favoreció a los Duales tasa fija, las LECAPs y los bonos TAMAR, que se ubicaron entre los cinco mejores activos del año según el reporte de 1816. La explicación surge de la misma dinámica: con el tipo de cambio oficial y financiero sin una presión relevante, el mercado pudo capturar tasas en pesos sin que una corrección del dólar licuara los retornos medidos en moneda dura.

Sin embargo, ese mismo éxito empieza a generar interrogantes para el segundo semestre, debido a que las tasas actuales dejan menos colchón ante un eventual cambio de humor cambiario.

Dólar y acciones, los grandes perdedores del año

El otro lado del ranking lo ocupan los activos que dependen más directamente del dólar o del apetito por riesgo accionario. El informe de 1816 muestra que, en los últimos 12 meses, el CCL perdió un 22% y el dólar mayorista retrocedió un 18,8%, una caída que refleja el efecto combinado de una política cambiaria contenida, ingresos de divisas, emisiones corporativas y compras del BCRA en el mercado oficial.

En lo que va de 2026, el CCL apenas subió un 2,8%, ubicándose muy por debajo de la renta fija en pesos, por lo que cualquier estrategia dolarizada pasiva quedó lejos del rendimiento de las curvas locales.

Las acciones tampoco lograron destacarse en el balance del año, dado que el S&P Merval muestra una caída del 4,1% tanto en el acumulado anual como en los últimos 12 meses, pese a ruedas puntuales de rebote y a la mejora reciente de bancos y energéticas. Al respecto, PPI señaló que el Merval tuvo una rueda positiva en la que subió un 3,8% hasta los u$s1.945, con un avance semanal del 6,6%, aunque todavía sin consolidar una recuperación sostenida frente a los máximos previos.

La deuda soberana en dólares quedó a mitad de camino: no fue la peor inversión, pero tampoco logró competir con la renta fija local. Los globales subieron un 4,1% en el año y los Bonares un 3,3%, según 1816, aunque en el acumulado de 12 meses todavía muestran ganancias del 18,1% y 16,7%, respectivamente. Esa diferencia demuestra que el rally más fuerte ocurrió antes, mientras que en 2026 el mercado quedó más pendiente de nuevos catalizadores, como una compresión sostenida del riesgo país, emisiones externas exitosas o una acumulación de reservas más contundente.

A pesar de la mejora en los fundamentos externos —con compras de reservas por parte del BCRA, superávit comercial récord y avances en el frente financiero—, el riesgo país no logró quebrar de manera consistente el umbral de los 500 puntos básicos, lo que limita una compresión más rápida de los bonos hard dollar. Por eso, varias mesas mantienen una visión constructiva, pero prefieren el tramo corto de la curva, especialmente el AO28 y el AN29, que ofrecen rendimientos del 8,5% al 8,9% TEA.

La mejora macroeconómica es uno de los principales argumentos para sostener el apetito por los activos argentinos. Comafi destacó que la economía consolida superávits gemelos apoyada en un frente externo muy favorable, con un salto exportador energético y un saldo comercial histórico durante el primer cuatrimestre; aunque también advirtió que la erosión de los ingresos tributarios expone los límites de sostener el ajuste exclusivamente por el lado del gasto.

PPI también marcó que el Directorio del FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y habilitó un desembolso de u$s1.000 M, al mismo tiempo que reconoció los avances fiscales, comerciales, laborales, monetarios y cambiarios, aunque el organismo admitió que no se cumplió la meta cuantitativa de acumulación de reservas netas de diciembre.

GRIT, con una lectura más optimista, sostuvo que la Argentina volvió a transformarse en un trade de momentum, impulsado por el superávit comercial de abril de u$s2.710 M, el aporte energético, el desembolso del FMI y la posibilidad de que el BCRA acumule entre u$s9.000 M y u$s10.000 M brutos hasta fines de julio. Desde esa mirada, si la liquidez global acompaña, los bonos soberanos y las acciones argentinas podrían volver a recibir interés internacional.

El punto de mayor prudencia aparece de cara al segundo semestre. Parakeet Capital advierte que julio puede funcionar como un mes bisagra por la combinación de vacaciones, aguinaldo y un menor flujo exportador, aunque no espera un ajuste macro significativo. El broker sostiene que el carry trade todavía tiene fundamentos, pero decidió tomar ganancias en el Boncer 2028 y rotar hacia el Boncer de fin de 2026 (TZXD6), debido a que la inflación implícita de mercado ronda el 30% anual y su proyección se ubica en el 32%.

Las apuestas de la City para el segundo semestre

La estrategia para el segundo semestre se vuelve más fina que la foto del primer tramo del año. Después de retornos del 24,5% en bonos CER, 19,2% en duales y 19% en LECAPs, la City no parece dispuesta a extrapolar mecánicamente esos rendimientos, sino que empieza a distinguir entre los instrumentos que todavía tienen valor y otros que ya quedaron demasiado comprimidos.

En pesos, el consenso favorece el CER corto seleccionado antes que la duration larga, con preferencia por papeles como TZXO6, X31L6, X30N6 o instrumentos similares, según el perfil, porque todavía permiten capturar inflación y manejar liquidez sin quedar demasiado expuestos a una suba de tasas o a un cambio brusco en el tipo de cambio.

En cambio, los Boncer 2028 pasan a una zona más intermedia, porque ya comprimieron buena parte de su rendimiento y podrían sufrir si el Tesoro insiste con colocaciones en ese tramo.

En deuda en dólares, el mercado se divide entre la cautela de los tramos cortos y el potencial de los Globales largos. Nazareno Taus, portfolio manager en Cocos Capital, ubica al AO28 como uno de sus top picks, con una TIR cercana al 8,5%, porque ve una mejora del frente externo apoyada en el balance comercial, las exportaciones energéticas, las compras del BCRA y la recalificación de Fitch; mientras que SBS mantiene como favoritos al GD35 y GD41 para inversores que busquen mayor potencial ante una eventual compresión de spreads.

Por su parte, Rocco Abalsamo, asesor financiero, advierte que la tasa fija puede rendir muy bien si el escenario se presenta prolijo —con actividad creciendo, dólar estable e inflación en baja—, pero también puede sufrir si una suba del tipo de cambio de $40 o $45 en pocos días borra el rendimiento acumulado de varias semanas. Por eso, recomienda no asumir una exposición excesiva en pesos y plantea un límite cercano al 15% de la cartera para posiciones en moneda local.

Argentina atraviesa uno de esos momentos históricos en los que la economía parece debatirse entre dos tiempos distintos: el técnico de la macroeconomía, que exige disciplina fiscal, estabilidad monetaria y reformas estructurales, y el social y político de las familias y las empresas, que necesitan resultados concretos en su vida cotidiana para sostener expectativas, consumo, inversión y apoyo político.

El gobierno de Javier Milei decidió desde el inicio priorizar el ordenamiento macroeconómico como condición necesaria para cualquier recuperación futura. En términos conceptuales, la estrategia tiene fundamentos reconocidos por buena parte de la teoría económica moderna: reducción de la inflación, estabilización cambiaria, equilibrio fiscal, saneamiento del Banco Central, y disminución del peso de la deuda cuasifiscal como base para reconstruir credibilidad.

Economistas como Milton Friedman sostuvieron históricamente que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, mientras que Thomas Sargent y Robert Lucas Jr. desarrollaron la idea de que las expectativas económicas son determinantes en la dinámica inflacionaria. Bajo esa lógica, el ajuste fiscal y monetario del actual gobierno apunta a modificar expectativas y cortar con décadas de dominancia fiscal sobre la política monetaria argentina.

Los resultados iniciales en materia inflacionaria y de estabilización cambiaria muestran señales que el mercado internacional observa con atención. La desaceleración de la inflación, el superávit fiscal financiero y una mayor disciplina en las cuentas públicas representan cambios que, hasta hace pocos años, parecían políticamente imposibles en Argentina.

El desafío aparece cuando la macroeconomía choca con la percepción microeconómica de la sociedad. La economía no se mide solo en indicadores agregados: también se mide en la capacidad de una pyme de sostener ventas, pagar salarios, financiar capital de trabajo y evitar romper la cadena de pagos.

También se mide en hogares que todavía sienten pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y dificultades para llegar a fin de mes, aun cuando la inflación desacelera.

En economía política hay un punto central: los procesos de estabilización suelen tener costos sociales inmediatos y beneficios diferidos. John Maynard Keynes advertía que “a largo plazo estaremos todos muertos”, una frase usada para describir la tensión entre necesidades presentes y promesas futuras de los programas económicos.

El problema para el gobierno de Milei es que la sociedad vota en tiempo presente. Las empresas y los hogares no solo evalúan la dirección de la economía: evalúan su situación concreta. Una pyme puede reconocer que la inflación baja es positiva y aun así encontrarse asfixiada por caída de ventas, altas tasas reales, presión impositiva o dificultades de financiamiento.

Del mismo modo, un trabajador puede valorar la estabilidad cambiaria y, a la vez, no registrar mejora real en su ingreso disponible.

Allí reside quizás el mayor riesgo político del programa económico: que el electorado comprenda intelectualmente la necesidad del ajuste, pero que emocional y materialmente no pueda sostenerlo en el tiempo. La legitimidad social de los programas de estabilización depende muchas veces de que los beneficios empiecen a percibirse antes de que el desgaste económico y psicológico erosione el capital político del gobierno.

La historia argentina ofrece antecedentes donde gobiernos atravesaron las etapas más difíciles del ordenamiento macroeconómico, pero no llegaron a capitalizar electoralmente los beneficios posteriores. El riesgo para la administración Milei es realizar el trabajo políticamente más costoso -el ajuste del gasto público, la corrección de precios relativos y el sinceramiento económico- mientras otro espacio político aprovecha en el futuro los efectos positivos sobre la actividad, el crédito y el consumo.

En términos económicos, puede existir una diferencia temporal entre la recuperación de la macro y la recuperación de la micro. La estabilización financiera puede anteceder varios trimestres a la mejora efectiva del empleo, los salarios reales y la rentabilidad empresarial. El problema es que los calendarios electorales suelen ser mucho más cortos que los tiempos de maduración de las reformas estructurales.

También hay un componente psicológico y social que muchas veces la teoría económica subestima. Daniel Kahneman mostró cómo las personas perciben las pérdidas con mayor intensidad que las ganancias futuras esperadas. En otras palabras, el sacrificio presente suele pesar más que una promesa racional de mejora futura.

Por eso, el desafío del Gobierno no pasa solo por ordenar variables macroeconómicas, sino también por construir una transición socialmente sostenible. La estabilidad económica necesita legitimidad política, y la legitimidad política requiere que las personas perciban algún alivio concreto en su economía diaria.

Argentina probablemente necesitaba un fuerte ordenamiento macroeconómico. Pero también necesita que ese ordenamiento se traduzca en una mejora tangible para la economía real antes de que el desgaste social transforme una eventual estabilización exitosa en una derrota política. Porque, paradójicamente, uno de los mayores riesgos para el gobierno de Milei es hacer el trabajo más ingrato de la política económica y dejarle a otro gobierno, a partir de 2028, el terreno fértil para capitalizar los beneficios de una macroeconomía finalmente estabilizada.

El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market