El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso que el inicio del juicio oral, previsto originalmente para el 8 de abril, contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros imputados, se postergue para el próximo lunes 15 de abril. Fue el primer caso de corrupción descubierto durante el kirchnerismo que luego acumuló casi cien causas por delitos contra el Estado. Desde la denuncia hasta ahora pasaron 19 años porque la causa fue archivada y luego reabierta por la Corte.

En la causa por la Tragedia de Once, De Vido está condenado a 5 años y 8 meses de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, al encontrarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. Además, está procesado en la causa de los Cuadernos de las Coimas y otras.

En el caso, se juzgará la presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y el posible cohecho en relación a la contratación y realización del Gasoducto Norte y Sur entre 2004 y 2006.

En este juicio, también están procesados el exsecretario de Obras Públicas José López; el exgerente del Fideicomiso Banco Nación Néstor Alberto Ulloa; 9 directivos de la compañía Skanska y 17 representantes de otras empresas que intervinieron en los proyectos de gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En el debate, que estará a cargo de los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel y la jueza María Gabriela López Iñiguez, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el titular de la Fiscalía General N°2 ante los TOF porteños, Abel Córdoba. Se espera que durante el desarrollo del juicio declaren 90 testigos. La primera audiencia se llevará adelante en la sala «Auditorium» de Comodoro Py 2002.

Los exfuncionarios públicos que llegaron a juicio fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Carlos Stornelli, como coautores del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con cohecho pasivo”.

A los directivos de Skanska Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba se les atribuyó una participación en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se los señaló como coautores del delito de cohecho.

Ese mismo delito se le atribuyó a los 17 representantes de las empresas que emitieron facturación falsa para justificar los sobornos. Se trata de Adrián López, de Infiniti Group; Jorge Butti, contador de las empresas Conaza SA. y AMSA SA; Renato y Walter Cecchi, apoderados de Metalúrgica Cecchi y Gafforini SA; Juan Cruz Ferrari, apoderado de ASM SA; Rubén Gueler, socio gerente de Conisht SRL; Estela Insenga, apoderada de SPITAL HERMANOS SRL; Danimiro Kovacik, presidente de INARGIND; Claudio Moreto, presidente de Conaza SA; Daniel Nodar, socio gerente de Transporte Arco Iris SRL; Raúl Orsini, presidente de CONUMI SA; y Blas Luis Pierotti, presidente de GENERART SA.

La lista de representantes de las compañías acusadas de facturación falsa incluye a Jorge Roldán, presidente de Metalúrgica Roldán SA; Enrique Rubinstain, asesor comercial de Conalbe SA y Comunication & Business SA; Miguel Spital, apoderado de Spital Hermanos SRL; Alejandro Tettamanti, presidente de ASM SA y Pedro Ubaldo Carrozzo, socio gerente de Darom Construcciones SRL.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, entre noviembre de 2004 y abril de 2006, se habrían pagado coimas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural, lo que comprendía la instalación de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS); la incorporación de potencia de comprensión, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora

Esos pagos habrían sido instrumentados por directivos de la empresa Skanska a funcionarios públicos que intervinieron en ese procedimiento administrativo y, para justificar esos pagos y darle un marco legal, aunque aparente, Skanska habría simulado operaciones comerciales con 24 empresas.