POLITICA
La UCR exige respuestas urgentes al municipio de Santa Rosa
El bloque de la UCR ha redoblado sus esfuerzos para obtener respuestas del municipio sobre varios temas críticos que afectan a los vecinos. Entre ellos, destacan los reclamos administrativos y las demandas judiciales por daños a vehículos debido al deplorable estado de las calles. Según los concejales radicales, el municipio ha adoptado la política de rechazar estos reclamos, obligando a los ciudadanos a buscar compensación en los tribunales, un proceso costoso y engorroso que generalmente termina perjudicando a los afectados.
En paralelo, la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante ha comenzado a tratar un proyecto de la oposición presentado hace dos meses, que busca simplificar la ordenanza sobre animales no domésticos sueltos en la vía pública. La UCR ha subrayado la urgencia de este asunto, debido a la creciente cantidad de caballos sueltos que causan accidentes y ponen en riesgo la seguridad vial.
Los concejales han insistido en la necesidad de dotar al Ejecutivo de herramientas prácticas y flexibles para resolver este conflicto sin trabas burocráticas, un problema que afecta la seguridad y la integridad de las personas.
La Comisión de Administrativa y Reglamentaciones ha recibido un pedido de informe del bloque radical sobre un caso positivo de triquinosis en Santa Rosa. La UCR busca conocer las acciones emprendidas por el municipio para controlar la situación y las campañas de prevención que se están desarrollando. Este pedido de informe refleja una preocupación por la gestión sanitaria municipal y la transparencia en la administración de la salud pública.
Además, se ha recibido una nota de vecinos de la zona centro que expresan su malestar por los constantes disturbios provocados por la proximidad de boliches bailables. Entre los problemas mencionados se encuentran ruidos molestos, roturas de vidrios, daños a la propiedad y dificultades para acceder a sus cocheras. La Comisión ha prometido invitar a los vecinos a la próxima reunión para escuchar sus preocupaciones y buscar soluciones. La UCR ha instado a que se escuche el pedido de estos vecinos afectados y se tomen medidas para mitigar los inconvenientes.
El bloque oficialista ha detallado las gestiones realizadas por el Ejecutivo, pero estas aún no se han traducido en acciones concretas que brinden una solución eficaz a estos problemas. La comunidad espera que las promesas se conviertan en realidades tangibles, mejorando así la calidad de vida y la seguridad en la ciudad. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.
Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.
La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025
En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.
El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.
Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.
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