ECONOMIA
¿Qué dice la ley sobre el aguinaldo y quiénes lo cobran en junio?

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, es una remuneración diferida que la legislación argentina garantiza a los trabajadores formales, jubilados y pensionados del sistema previsional. A diferencia de un bono discrecional, su pago es una obligación legal del empleador y no puede ser suprimido ni condicionado. El beneficio se divide en dos cuotas al año: la primera se abona en junio y la segunda en diciembre.
La cuota de junio corresponde al período enero-junio y alcanza a todos los trabajadores registrados en relación de dependencia del sector privado y del Estado. Los jubilados y pensionados también lo perciben, integrado de forma automática al haber mensual de junio, sin necesidad de realizar ningún trámite. El cronograma de pago varía según el empleador o la jurisdicción, y en el caso del sistema previsional, se organiza de forma escalonada según la terminación del DNI de cada beneficiario.
La llegada de junio renueva las consultas sobre fechas, montos y requisitos para acceder al SAC. A eso se suma, en 2026, la entrada en vigencia de la reforma laboral, que introdujo modificaciones en varios aspectos de las relaciones de trabajo y generó interrogantes sobre su impacto en la liquidación del aguinaldo.

Los datos de Google Trends muestran que las búsquedas sobre “aguinaldo” en Argentina tienen un comportamiento claramente estacional y se disparan dos veces al año, especialmente en junio y diciembre, coincidiendo con las fechas de cobro. En el gráfico de interés a lo largo del tiempo se observan picos pronunciados en cada mitad de año, con máximos que alcanzan los niveles más altos hacia fines de junio y principios de diciembre. Esto refleja el creciente interés de trabajadores, jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales por conocer cuándo se paga, cómo se calcula y quiénes tienen derecho a cobrarlo.

Entre las consultas relacionadas que más crecieron aparecen términos como “cuándo se paga el aguinaldo”, “qué día se paga el aguinaldo”, “aguinaldo pensiones no contributivas” y “calendario pagos jubilados mayo”, lo que evidencia que gran parte de las dudas de los usuarios están vinculadas con las fechas de cobro y el alcance del beneficio.

El aguinaldo está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744, específicamente en sus artículos 121, 122 y 123. La base de cálculo fue establecida por la Ley 23.041, sancionada en 1983, que fijó el criterio del 50% del salario mensual más alto del semestre. La última modificación sustancial al artículo 122 de la LCT la introdujo la Ley 27.073, sancionada en diciembre de 2014 y publicada en el Boletín Oficial en enero de 2015: esa norma precisó las fechas tope de pago, que son el 30 de junio para la primera cuota y el 18 de diciembre para la segunda.
El artículo 128 de la LCT otorga a los empleadores un plazo de gracia de cuatro días hábiles para el pago de las remuneraciones. La jurisprudencia extendió ese criterio al aguinaldo, de modo que el vencimiento efectivo para abonar la primera cuota de 2026 corre hasta el 6 de julio. Si el empleador no cumple dentro de ese plazo, queda en mora automática desde el día siguiente al vencimiento, sin necesidad de notificación previa por parte del trabajador, y con la obligación de pagar intereses por el período de atraso. El trabajador puede intimar el pago mediante telegrama laboral gratuito desde el Correo Argentino.
Para el personal de casas particulares, el régimen es más estricto: el SAC debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin posibilidad de prórroga, según la Ley 26.844. Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobran la primera cuota integrada al haber mensual de junio, de forma automática y en fechas escalonadas según el tipo de beneficio y la terminación del DNI: quienes perciben el haber mínimo cobran entre el 8 y el 22 de junio; quienes tienen haberes superiores al mínimo, entre el 23 y el 29.
Quedan fuera del beneficio los trabajadores autónomos, los monotributistas y quienes desarrollan actividades en la informalidad. La ausencia de una relación de dependencia registrada elimina la obligación legal de pago del SAC. Tampoco acceden quienes perciben ingresos exclusivamente a través de planes sociales, dado que esos programas no implican una relación laboral registrada.
La fórmula surge de la Ley 23.041 y fue ratificada por la Ley 27.073: el SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada durante el semestre de referencia. El criterio es el del mejor mes, no el promedio: si un trabajador cobró más en marzo que en los otros cinco meses del período enero-junio, ese salario es la base del cálculo.
El monto no se limita al sueldo básico. Se suman todos los rubros de carácter remunerativo que el trabajador haya percibido en el semestre: sueldo básico, adicionales por convenio, horas extras, comisiones y cualquier otro componente sujeto a aportes y contribuciones. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como reintegros de gastos, compensaciones por indumentaria o asignaciones que la ley o los convenios colectivos clasifiquen fuera del salario.
Al monto bruto resultante se le aplican los mismos descuentos que al salario mensual habitual: aportes jubilatorios (11%), obra social (3%) y PAMI (3%), lo que representa una retención total del 17% sobre el SAC bruto. El aguinaldo también puede quedar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, según el nivel de ingresos y la situación fiscal de cada trabajador.
A modo de ejemplo: si la mayor remuneración mensual del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo bruto será de $600.000, sobre el cual se aplicarán luego los descuentos correspondientes.
Cuando la relación laboral no abarcó el semestre completo —por ingreso reciente, renuncia, despido o períodos sin remuneración—, el SAC se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado. La fórmula es: (mejor remuneración mensual bruta del semestre ÷ 2) ÷ días totales del semestre × días efectivamente trabajados. Los períodos de licencia por enfermedad o accidentes inculpables se computan como tiempo trabajado a los efectos del SAC, según el artículo 123 de la LCT. La licencia por maternidad no se computa, ya que durante ese período la trabajadora percibe una asignación no remunerativa de ANSES y el aguinaldo se liquida de forma proporcional a los días efectivamente trabajados.
En el caso de jubilados y pensionados, el aguinaldo se determina sobre el haber mensual más alto percibido durante el semestre enero-junio, con exclusión de bonos extraordinarios o refuerzos de ingresos que no integren el haber regular.
La reforma laboral no introdujo modificaciones en la forma ni en la periodicidad del pago del aguinaldo. El SAC sigue abonándose en dos cuotas al año —junio y diciembre—, el cálculo se mantiene sobre el 50% de la mejor remuneración mensual del semestre y el carácter obligatorio del pago por parte del empleador permanece inalterado.
La modificación que sí trajo la nueva normativa está vinculada al aguinaldo, pero de manera indirecta: afecta el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. Antes de la reforma, ese cálculo incluía el salario mensual habitual más conceptos proporcionales como vacaciones no gozadas y aguinaldo. Con la nueva normativa, la base indemnizatoria se limita a la “remuneración mensual, normal y habitual”, con exclusión expresa de todos los pagos de frecuencia no mensual. El aguinaldo y los proporcionales de vacaciones quedan fuera del cómputo, lo que reduce el monto final de la indemnización respecto de lo que se estipulaba anteriormente.
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Boom de ingenieros en Argentina: se rompió un récord de egresados pero faltan en sectores clave





- Estadísticas universitarias: datos 2007-2024 de la Dirección Nacional de Presupuesto, Control e Información Universitaria (Ministerio de Capital Humano), sobre las 29 terminales de interés público definidas por el CONFEDI.
- Visión de la sociedad: encuesta online a 1.371 personas de 16 a 85 años de todo el país (marzo-abril de 2026; error de ±2,6%).
- Visión de los ingenieros: 372 encuestas a graduados (marzo-mayo de 2026; error de ±5%).
- Visión de las empresas: 117 empresas que emplean a 34.932 ingenieros, cerca del 15% del total del país (abril-junio de 2026). Colaboraron: Argencon, CADECI, CAEM, CAMARCO, CIQyP, IAPG, IPA, SRA y UIA.
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Una delegación argentina viajó al Reino Unido en medio de la tensión por la soberanía y el petróleo de Malvinas

En la misma semana en que la Argentina formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su pedido para frenar la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas, el secretario de Minería, Luis Lucero, viajó a Londres junto a funcionarios de Mendoza y Jujuy para participar en uno de los foros más influyentes de la industria global de metales y minerales críticos.
Según supo Infobae, Lucero partió el miércoles 14 de octubre rumbo a la capital británica, donde su agenda incluirá dos citas centrales. El lunes 20, participará del Argentina Day, un foro de inversión en minerales estratégicos organizado por la Embajada argentina en Londres junto con la embajadora Mariana Plaza. Allí, el secretario presentará un panorama de la actualidad minera del país y las oportunidades de inversión.
Al día siguiente, el 21 de octubre, expondrá como panelista en el Wood Mackenzie LME Forum, dentro de la London Metal Exchange Week (LME Week), el encuentro anual que reúne a los principales actores del mercado mundial de metales. Lo hará junto con ejecutivos de Appian Capital, BMO Capital Markets y la propia consultora organizadora, en un bloque dedicado a la geopolítica de los minerales críticos, el dominio chino en las cadenas de suministro y las condiciones para atraer inversión occidental.

La comitiva incluye también funcionarios técnicos de Jujuy y Mendoza, las dos provincias con mayor proyección en litio y cobre. Si bien se especuló en un momento con una comitiva integrada por el propio presidente Javier Milei y gobernadores, para una organización similar a la Argentina Week que se realizó en Nueva York (EEUU) y París (Francia), la delegación se centró en cuadros especializados del sector minero, no en figuras políticas de primer nivel.
El propio Milei abonó a la especulación cuando, a finales de 2025, aseguró a The Telegraph que su intención era viajar a Londres en 2026. De haberse realizado, habría sido la primera visita bilateral de un presidente argentino al Reino Unido desde la de Carlos Menem en 1998. Pero todo cambió con el giro en la política argentina sobre Malvinas.
El 3 de septiembre, la Oficina del Presidente anunció sanciones y un proyecto de ley contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, con foco en el proyecto Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). Una semana después, la Casa Rosada confirmó que el viaje presidencial quedaba suspendido.
“Acordamos que era mejor suspenderlo”, explicó una fuente del gabinete a Infobae. La Argentina Week en Londres fue descartada y la actividad regresó a un formato estrictamente minero, vinculado con la LME Week.

En paralelo a estas actividades en Londres, sigue su curso la presentación argentina ante el tribunal con sede en Hamburgo, que se formalizó el 13 de octubre. Buenos Aires pidió medidas provisionales para prohibir nuevas actividades extractivas de Sea Lion, restringir el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones y ordenar al Reino Unido que se abstenga de conceder nuevos permisos. El reclamo se apoya en el artículo 290.5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y se inscribe dentro de un procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre.
Londres respondió con firmeza. La subsecretaria parlamentaria del Foreign Office, Uma Kumaran, calificó las acciones argentinas como “una campaña escalada de coerción económica” y anunció que el Gobierno británico activará la legislación de Protección de los Intereses Comerciales (PTI) para blindar a las empresas que operan en las islas. “Este gobierno no se quedará de brazos cruzados mientras la Argentina utilice la coerción económica contra el pueblo de las Islas Malvinas”, afirmó ante la Cámara de los Comunes.
Sea Lion prevé una inversión de USD 2.200 millones, con inicio de producción estimado para 2028 y una capacidad proyectada de hasta 180.000 barriles diarios durante 30 años.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar confirmó la recepción de la solicitud argentina y anunció que fijará una fecha para audiencias orales. El resultado determinará si las medidas provisionales pedidas por Buenos Aires pueden frenar Sea Lion antes de que se constituya el tribunal arbitral. Navitas y Rockhopper mantienen sus planes y han señalado que no esperan que las acciones legales argentinas alteren el cronograma del proyecto.
En medio de la escalada diplomática, el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, sumó un nuevo frente de controversia. El 14 de octubre publicó en la red social X un extenso mensaje en el que afirmó que “el Reino Unido está siendo colonizado por el Islam” y que esa supuesta amenaza constituía una razón adicional para que Argentina recupere las Islas Malvinas.
Caputo compartió un video que mostraba a Sagal Abdi-Wali, diputada laborista de origen somalí, jurando su cargo en la Cámara de los Comunes con la mano sobre el Corán. “Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no solo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad”, escribió el asesor, quien concluyó: “Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”.
El presidente Milei replicó la publicación en su propia cuenta. El mensaje, según supo este medio, generó preocupación en el Reino Unido, y medios como The Telegraph y The Guardian le dedicaron notas destacadas.

La organización del Argentina Day del 20 de octubre confirma que la representación diplomática argentina en el Reino Unido mantiene activa su agenda de promoción de inversiones, incluso en el momento de mayor confrontación bilateral en décadas. El antecedente es directo: en octubre de 2024, durante la LME Week, la Embajada argentina y la Embajada británica en Buenos Aires coorganizaron un encuentro similar donde Lucero, el entonces secretario de Finanzas Pablo Quirno —hoy canciller— y cinco gobernadores de provincias mineras presentaron el potencial del país ante inversores internacionales.
Argentina como proveedor de litio y cobre
Más allá de la controversia política y diplomática, el Servicio Geológico Británico (BGS) identificó a la Argentina como uno de sus tres destinos prioritarios para la cooperación en minerales críticos, junto con Filipinas y Zambia, con oportunidades específicas en litio, cobre y exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca. Según la Estrategia Nacional de Minerales Críticos del Reino Unido, la demanda interna de litio crecería un 1.100% antes de 2035, mientras que la de cobre casi se duplicaría.
Esa evaluación técnica contrasta con el clima político. En la misma semana, la Argentina también votó en la Asamblea General de la ONU junto con Estados Unidos e Israel —y contra 153 países— contra una declaración sobre prevención de pandemias, una posición que el Gobierno vinculó con su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con su defensa de la soberanía nacional frente a organismos multilaterales.
Tribunal Internacional del Derecho del Mar,sala de audiencias,derecho del mar



















