ECONOMIA
¿Qué dice la ley sobre el aguinaldo y quiénes lo cobran en junio?
El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, es una remuneración diferida que la legislación argentina garantiza a los trabajadores formales, jubilados y pensionados del sistema previsional. A diferencia de un bono discrecional, su pago es una obligación legal del empleador y no puede ser suprimido ni condicionado. El beneficio se divide en dos cuotas al año: la primera se abona en junio y la segunda en diciembre.
La cuota de junio corresponde al período enero-junio y alcanza a todos los trabajadores registrados en relación de dependencia del sector privado y del Estado. Los jubilados y pensionados también lo perciben, integrado de forma automática al haber mensual de junio, sin necesidad de realizar ningún trámite. El cronograma de pago varía según el empleador o la jurisdicción, y en el caso del sistema previsional, se organiza de forma escalonada según la terminación del DNI de cada beneficiario.
La llegada de junio renueva las consultas sobre fechas, montos y requisitos para acceder al SAC. A eso se suma, en 2026, la entrada en vigencia de la reforma laboral, que introdujo modificaciones en varios aspectos de las relaciones de trabajo y generó interrogantes sobre su impacto en la liquidación del aguinaldo.
Los datos de Google Trends muestran que las búsquedas sobre “aguinaldo” en Argentina tienen un comportamiento claramente estacional y se disparan dos veces al año, especialmente en junio y diciembre, coincidiendo con las fechas de cobro. En el gráfico de interés a lo largo del tiempo se observan picos pronunciados en cada mitad de año, con máximos que alcanzan los niveles más altos hacia fines de junio y principios de diciembre. Esto refleja el creciente interés de trabajadores, jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales por conocer cuándo se paga, cómo se calcula y quiénes tienen derecho a cobrarlo.
Entre las consultas relacionadas que más crecieron aparecen términos como “cuándo se paga el aguinaldo”, “qué día se paga el aguinaldo”, “aguinaldo pensiones no contributivas” y “calendario pagos jubilados mayo”, lo que evidencia que gran parte de las dudas de los usuarios están vinculadas con las fechas de cobro y el alcance del beneficio.
El aguinaldo está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744, específicamente en sus artículos 121, 122 y 123. La base de cálculo fue establecida por la Ley 23.041, sancionada en 1983, que fijó el criterio del 50% del salario mensual más alto del semestre. La última modificación sustancial al artículo 122 de la LCT la introdujo la Ley 27.073, sancionada en diciembre de 2014 y publicada en el Boletín Oficial en enero de 2015: esa norma precisó las fechas tope de pago, que son el 30 de junio para la primera cuota y el 18 de diciembre para la segunda.
El artículo 128 de la LCT otorga a los empleadores un plazo de gracia de cuatro días hábiles para el pago de las remuneraciones. La jurisprudencia extendió ese criterio al aguinaldo, de modo que el vencimiento efectivo para abonar la primera cuota de 2026 corre hasta el 6 de julio. Si el empleador no cumple dentro de ese plazo, queda en mora automática desde el día siguiente al vencimiento, sin necesidad de notificación previa por parte del trabajador, y con la obligación de pagar intereses por el período de atraso. El trabajador puede intimar el pago mediante telegrama laboral gratuito desde el Correo Argentino.
Para el personal de casas particulares, el régimen es más estricto: el SAC debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin posibilidad de prórroga, según la Ley 26.844. Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobran la primera cuota integrada al haber mensual de junio, de forma automática y en fechas escalonadas según el tipo de beneficio y la terminación del DNI: quienes perciben el haber mínimo cobran entre el 8 y el 22 de junio; quienes tienen haberes superiores al mínimo, entre el 23 y el 29.
Quedan fuera del beneficio los trabajadores autónomos, los monotributistas y quienes desarrollan actividades en la informalidad. La ausencia de una relación de dependencia registrada elimina la obligación legal de pago del SAC. Tampoco acceden quienes perciben ingresos exclusivamente a través de planes sociales, dado que esos programas no implican una relación laboral registrada.
La fórmula surge de la Ley 23.041 y fue ratificada por la Ley 27.073: el SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada durante el semestre de referencia. El criterio es el del mejor mes, no el promedio: si un trabajador cobró más en marzo que en los otros cinco meses del período enero-junio, ese salario es la base del cálculo.
El monto no se limita al sueldo básico. Se suman todos los rubros de carácter remunerativo que el trabajador haya percibido en el semestre: sueldo básico, adicionales por convenio, horas extras, comisiones y cualquier otro componente sujeto a aportes y contribuciones. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como reintegros de gastos, compensaciones por indumentaria o asignaciones que la ley o los convenios colectivos clasifiquen fuera del salario.
Al monto bruto resultante se le aplican los mismos descuentos que al salario mensual habitual: aportes jubilatorios (11%), obra social (3%) y PAMI (3%), lo que representa una retención total del 17% sobre el SAC bruto. El aguinaldo también puede quedar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, según el nivel de ingresos y la situación fiscal de cada trabajador.
A modo de ejemplo: si la mayor remuneración mensual del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo bruto será de $600.000, sobre el cual se aplicarán luego los descuentos correspondientes.
Cuando la relación laboral no abarcó el semestre completo —por ingreso reciente, renuncia, despido o períodos sin remuneración—, el SAC se liquida de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado. La fórmula es: (mejor remuneración mensual bruta del semestre ÷ 2) ÷ días totales del semestre × días efectivamente trabajados. Los períodos de licencia por enfermedad o accidentes inculpables se computan como tiempo trabajado a los efectos del SAC, según el artículo 123 de la LCT. La licencia por maternidad no se computa, ya que durante ese período la trabajadora percibe una asignación no remunerativa de ANSES y el aguinaldo se liquida de forma proporcional a los días efectivamente trabajados.
En el caso de jubilados y pensionados, el aguinaldo se determina sobre el haber mensual más alto percibido durante el semestre enero-junio, con exclusión de bonos extraordinarios o refuerzos de ingresos que no integren el haber regular.
La reforma laboral no introdujo modificaciones en la forma ni en la periodicidad del pago del aguinaldo. El SAC sigue abonándose en dos cuotas al año —junio y diciembre—, el cálculo se mantiene sobre el 50% de la mejor remuneración mensual del semestre y el carácter obligatorio del pago por parte del empleador permanece inalterado.
La modificación que sí trajo la nueva normativa está vinculada al aguinaldo, pero de manera indirecta: afecta el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. Antes de la reforma, ese cálculo incluía el salario mensual habitual más conceptos proporcionales como vacaciones no gozadas y aguinaldo. Con la nueva normativa, la base indemnizatoria se limita a la “remuneración mensual, normal y habitual”, con exclusión expresa de todos los pagos de frecuencia no mensual. El aguinaldo y los proporcionales de vacaciones quedan fuera del cómputo, lo que reduce el monto final de la indemnización respecto de lo que se estipulaba anteriormente.
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ECONOMIA
Jornada financiera: subieron los bonos argentinos y cayó el riesgo país pese al día negativo para las bolsas
Los bonos argentinos mantuvieron las ganancias y cedió el riesgo país, mientras que las acciones domésticas operaron con mayoría de bajas, detrás la tendencia de Wall Street, que no consiguió avanzar hacia nuevos récord, mientras Kevin Warsh interviene en un panel internacional: las palabras del presidente de la Reserva Federal están en el punto de mira en busca de pistas sobre futuros movimientos de las tasas de interés en los Estados Unidos.
Así, entre los principales indicadores de las bolsas de Nueva York, el Dow Jones de Industriales cedió un marginal 0,03%, tras un inicio alcista en su máximo histórico por encima de los 52.400 puntos, mientras que el panel tecnológico Nasdaq descontó un 0,7%, pese al ascenso de 8,8% para las acciones de Meta.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,5%, en los 3.121.855 puntos, luego de haber avanzado un 4% en pesos y un 2% en dólares en el primer semestre del año.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de bajas, encabezadas por Banco Supervielle (+4,2%). Del lado ganador destacó el salto de 8,7% para Globant -aún mantiene una caída de 52,8% en 2026- y la suba de 2,6% para Mercado Libre.
Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- progresaron un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cedió tres unidades para la Argentina, en 421 puntos básicos, muy cerca del piso de 2026, de 420 puntos del 22 de junio.
En este aspecto, el equipo de Research de Puente destacó “la decisión de S&P de elevar la calificación crediticia soberana del país a B- desde CCC+, sumándose a la acción previa en el mismo sentido adoptada por la agencia Fitch. Este segundo upgrade consolida el proceso de normalización del crédito y apuntala la compresión de los spreads soberanos, que se ubicaron en mínimos de la década al alcanzar apenas 98 puntos básicos por sobre el universo de mercados emergentes, frente a los 255 puntos básicos registrados a comienzos de año”.
“Más allá del impacto financiero, el avance de la nota crediticia representa un cambio cualitativo al destrabar las restricciones normativas de una base más amplia de fondos de inversión internacionales que exigen una calificación B- de al menos dos agencias para habilitar ciertos mandatos, abriendo el camino hacia una reapertura mas amplia al mercado voluntario de capitales”, añadieron desde Puente.
Los precios del petróleo revirtieron sus ganancias y cayeron más de 2%, con los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en septiembre en USD 71,20 por barril y el crudo WTI para agosto en 68.07 dólares.
Durante su intervención en un foro del Banco Central Europeo celebrado en Sintra, Portugal, Kevin Warsh reafirmó su compromiso de reducir la inflación. En este sentido, Wall Street no espera que Warsh proyecte información sobre la política de la Reserva Federal. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal podría dar pistas sobre cómo evalúa la inflación y la economía, en un contexto de crecientes apuestas a favor de una suba de las tasas de interés.
“En el plano empresarial, los movimientos de hoy dejaron al descubierto la enorme brecha que existe ahora mismo en el mercado, no a todas las empresas les está yendo igual, y esa diferencia se nota cada vez más, mientras Meta se disparó más de un 10% impulsada por su visión de infraestructura para la IA, Walmart (-3,9%) sufrió un desplome significativo hasta niveles no vistos en el año”, afirmó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants. En tanto, SpaceX cayó un 7,8 por ciento.
“Estos contrastes se suman a eventos como los planes de despidos en Microsoft (+3%), evidenciando un mercado que está premiando de forma extremadamente selectiva a los ganadores tecnológicos”, acotó Laura Torres.
Por tercera rueda consecutiva el mercado mayorista negoció con muy alto monto de operaciones por encima de los USD 800 millones, volumen que a la vez coincidió con una suba del tipo de cambio, reflejo de una demanda que continúa muy activa.
El dólar mayorista ganó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.489, muy cerca del récord nominal de $1.492 del 24 de octubre del año pasado. En 2026 el dólar comercial sostiene una suba de 34 pesos o 2,3 por ciento. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó 823,9 millones de dólares.
“Pasado el mediodía, la demanda comenzó a intensificarse y fue desplazando progresivamente el techo de la cotización, hasta marcar un máximo intradiario de 1.493 pesos. Recién sobre el final de la jornada apareció una mayor oferta, que permitió una leve corrección”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.808,13, cifra que dejó al dólar mayorista a 319,13 pesos o 21,4% de ese límite teórico para la flotación.
En sintonía con el mayorista, el dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió también diez pesos a 1.525 pesos
También operaron al alza los dólares financieros, con un “contado con liquidación” que tocaba los $1.577 (+0,7%), un máximo desde e 22 de octubre.
En el mercado de dólar futuro se efectuaron negocios en pesos por el equivalente a relevantes USD 1.700 millones, con cotizaciones a la baja en los contratos a plazo más corto y otros con mínima alza a partir de diciembre.
La postura para fin de julio, que concentró el volumen operado, bajó tres pesos o 0,2%, a $1.507, tendencia inversa a la de la rueda mayorista que reflejaría la intervención del Banco Central con ventas de contratos para contener este precio de referencia. Para fin de julio la banda superior del régimen oficial quedará en los $1.844,85, en función a la actualización por el 2,1% de inflación de mayo, a 337,85 pesos o 22,4% del valor del contrato en A3 Mercados.
El Banco Central absorbió USD 25 millones a través de su intervención cambiaria, apenas el 3% de la oferta spot -por debajo del 5% del objetivo oficial para esta estrategia-, mientras que las reservas internacionales crecieron en USD 2.183 millones, a USD 47.056 millones, ante la recomposición de los depósitos de bancos en cuentas de la entidad monetaria, habitual en el comienzo del mes.
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La jubilación y la pensión vuelven a actualizarse en julio y el nuevo valor impacta directamente en los haberes de millones de beneficiarios. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó el aumento mensual por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.
El incremento alcanza a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la PUAM y asignaciones familiares. El porcentaje definitivo quedó en 2,15%.
El aumento confirmado para jubilados en julio es del 2,15%. Ese porcentaje se aplica sobre los haberes previsionales y surge de la movilidad mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de mayo.
El Gobierno nacional oficializó la actualización mediante la resolución 186/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El ajuste se fundamenta en la Ley N° 26.417 y en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24, que sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 estableciendo que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional.
De cuánto es la jubilación mínima y máxima que se cobra en julio 2026
La resolución también establece las bases imponibles mínima y máxima para el período devengado julio de 2026. El valor mínimo será de $138.757,90, mientras que el máximo ascenderá a u$s4.509.567,41.
Con esta actualización, el haber mínimo llega a $411.989,33. Ese monto corresponde al básico de julio para quienes se ubican en el tramo más bajo del sistema previsional.
A ese valor se suma el bono extraordinario previsional de $70.000, destinado exclusivamente a jubilados y pensionados de menores ingresos que no superan el umbral del haber mínimo. De esta manera, quienes cobran la mínima y acceden al refuerzo completo llegan a un total de $481.989,33.
El bono no modifica el haber mensual de base. Se paga como adicional y, por eso, el aumento por movilidad se calcula sobre la jubilación, no sobre el total integrado por haber más refuerzo.
La jubilación máxima también se actualiza por movilidad. Con el aumento de julio, el haber máximo queda en $2.772.298,06, sin bono adicional.
El refuerzo de $70.000 está reservado exclusivamente para los beneficiarios de menores ingresos que no superan el umbral del haber mínimo.
La Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $188.466,31 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $329.591,46 a partir de julio de 2026.
Cuánto cobran los beneficiarios de la AUH en julio 2026
Las asignaciones de ANSES también tienen aumento en julio de 2026. La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares del SUAF y las prestaciones por hijo con discapacidad.
El Gobierno dispuso por la Resolución 187/2026 un incremento del 2,15% sobre los límites, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares. El aumento alcanza tanto a trabajadores registrados en el sector privado y público nacional, como a beneficiarios del seguro de desempleo, monotributistas, titulares del SIPA, pensiones no contributivas y la PUAM.
La AUH queda en $148.049 por hijo. Como todos los meses, ANSES paga de forma directa el 80% de la prestación, por lo que el monto mensual a cobrar es de $118.439,20.
El 20% restante queda retenido y se liquida más adelante, cuando se cumple con la presentación de la Libreta AUH. Esa retención equivale en julio a $29.609,80 por hijo.
La asignación por nacimiento se fijó en $86.295 en todo el país, mientras que la adopción asciende a $515.930 y el matrimonio a $129.209, con valores idénticos en todas las zonas geográficas.
Tope de ingresos para acceder a las asignaciones familiares
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es el establecimiento de un tope individual de ingresos para el acceso a las asignaciones familiares. La percepción de un ingreso superior a $3.034.844 por parte de cualquiera de los integrantes del grupo familiar excluye automáticamente a ese grupo del cobro de las asignaciones.
Esta exclusión opera aun si la suma de los ingresos del grupo no supera el límite máximo fijado en los anexos de la resolución. El criterio busca focalizar el beneficio en los hogares de menores recursos.
Cuándo cobran jubilados y pensionados en julio 2026
ANSES pagará los haberes de julio según la terminación del DNI. Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán primero, dentro del tramo inicial del calendario mensual.
Para este grupo, el dato central es el nuevo piso previsional. La jubilación mínima de julio queda en $411.989,33 y el total con bono completo alcanza los $481.989,33.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 3: martes 14 de julio
- DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminados en 8: martes 21 de julio
- DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio
El calendario completo está disponible en la página oficial de ANSeS. Los beneficiarios pueden consultar fechas y montos con número de CUIL en Mi ANSES.
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ECONOMIA
Luego de suspender a todo su personal, el frigorífico del creador de Paty retomó su actividad y reincorporó a 450 empleados
Frigorífico General Pico, la empresa de la familia Lowenstein, vinculada al origen de las hamburguesas Paty, retomó su producción tras más de seis meses de parálisis total. Luego de su venta frustrada a un holding europeo, la empresa recuperó su actividad de la mano de un grupo local, a la vez que reincorporó a más de 400 trabajadores que permanecían suspendidos en su planta de Trenel, en la provincia de La Pampa.
El nuevo operador de la compañía es el Frigorífico Gorina, uno de los mayores exportadores de carne vacuna de capitales exclusivamente argentinos. La firma tomó la conducción de la planta mediante un contrato de alquiler por tres meses, renovable, en el marco del concurso preventivo que el frigorífico General Pico atraviesa desde marzo.
Los dueños y accionistas históricos de Frigorífico Gorina son los hermanos Carlos y Roberto Riusech, representantes de la tercera generación familiar de la empresa. La firma ocupa un lugar de peso en el sector, ya que se ubica detrás de Swift Argentina —líder en volumen de faena y exportación— pero se posiciona como el mayor exportador del rubro con capital exclusivamente nacional. El Grupo Lequio completa el podio de los grandes jugadores del sector.
Dardo Loza, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de La Pampa, fue quien confirmó públicamente la novedad y aportó los detalles del acuerdo. “Tiene un alquiler por tres meses que lo van a ir renovando”, dijo el dirigente, y precisó que la firma “comenzó a trabajar la semana pasada”. Sobre el plazo trimestral, Loza explicó que responde a que “hay cuestiones legales que hay que resolver con el Directorio”, en alusión a las instancias judiciales propias del concurso preventivo. El sindicalista también salió a desmentir versiones que reducían la cantidad de reincorporados: “No son 200 personas que están trabajando”, aclaró, y afirmó que se trata de “450 compañeros que ya ingresaron a trabajar”.
Como condición previa al regreso del personal, la empresa regularizó la deuda salarial acumulada durante los meses de parálisis: abonó los haberes correspondientes a parte de abril y a la totalidad de mayo. Recién con esa deuda saldada se habilitó la vuelta a la actividad. Infobae intentó comunicarse con voceros de la compañía que no respondieron respondió al momento de cierre de esta nota.
La planta opera con una faena de alrededor de 400 cabezas diarias, destinadas tanto al mercado interno como a la exportación, con proyección de aumentar ese volumen de forma gradual hasta estabilizar la actividad en las próximas semanas. Toda la producción se concentra en Trenel; la instalación de General Pico permanece inactiva. Los activos de esa planta —infraestructura, equipamiento y habilitaciones internacionales— son los que el propio comunicado de los Lowenstein identificó como el principal activo productivo de la empresa y la base sobre la que se apoya la eventual recuperación.
La crisis de Frigorífico General Pico se fue profundizando a lo largo de varios meses hasta llevar a la empresa al borde del colapso. A fines del año pasado, la compañía suspendió a la totalidad de sus 450 empleados y redujo al mínimo su actividad ante el deterioro sostenido de sus finanzas. En los meses siguientes, desvinculó a 194 trabajadores distribuidos entre sus tres plantas en la provincia: alrededor de 156 en la localidad de General Pico, unos 30 en Trenel y ocho en Arata. El plantel quedó reducido a poco más de 250 personas, todas ellas en un limbo laboral que se extendió por meses.
El cuadro financiero era grave. La empresa acumuló una deuda superior a los $34.000 millones y registró más de 1.186 cheques rechazados por casi $16.000 millones, lo que evidenciaba la imposibilidad de sostener la cadena de pagos. Las exportaciones habían caído, los costos internos se dispararon y los efectos de la última devaluación golpearon de lleno la estructura de costos de la firma.
Ante ese panorama, en marzo de 2026 Ernesto “Tito” Lowenstein y su hijo Alan Lowenstein —al frente de una empresa cuya historia se remonta a la participación de Tito como accionista de Quickfood en 1960, el frigorífico creador de la marca Paty— solicitaron la apertura del concurso preventivo. En el comunicado oficial, los directivos describieron el proceso como una herramienta para “blindar de la mejor manera posible la continuidad de la empresa, preservar las fuentes de trabajo y encauzar de forma ordenada su situación financiera”.
El texto también apuntó directamente contra un grupo financiero que era a la vez accionista y acreedor de la compañía, al que responsabilizaron por el fracaso de las negociaciones previas. Según el comunicado, ese grupo bloqueó todas las propuestas que se pusieron sobre la mesa, entre ellas una alternativa de leasing a ocho años por cerca de USD 40 millones y otras ofertas de resolución inmediata al contado. La acusación fue explícita: el grupo priorizó “el recupero de su crédito contrariando el interés social”, sin presentar propuestas superadoras. Esa obstrucción fue, según los Lowenstein, la que terminó por cerrar el camino a una solución extrajudicial.
Con el proceso concursal abierto y la planta paralizada, la búsqueda de un operador que pudiera hacerse cargo de la operación derivó en el acuerdo con Gorina.
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