POLITICA
Quiénes fueron los ganadores y perdedores de la última motosierra del Gobierno para mantener el superávit fiscal
El nuevo ajuste que el gobierno de Javier Milei ejecutó esta semana a través de la Decisión Administrativa 20/2026 en Boletín Oficial tuvo muchos perdedores y unos pocos ganadores que sortearon la motosierra aplicada para sostener el superávit fiscal, corazón del plan económico libertario. La baja del gasto que devino de la medida que vio la luz el lunes representó 1,6% del Presupuesto.
En la Casa Rosada alegaban que todo se debió a un compromiso de Milei con el ajuste y con mantener las cuentas fiscales en orden, y no con un movimiento devenido de la caída en la recaudación, del impacto del primer trimestre inflacionario o de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El Fondo pide un ajuste y le damos el doble”, se jactaba uno de los funcionarios de la Casa Rosada esta semana sobre la publicación que llevó estampadas la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, cerebro intelectual del recorte que tocó partidas sensibles, como la de tratamientos contra el cáncer o la de acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas.
Entre las carteras nacionales, la única ganadora de la redistribución de fondos que hizo el gobierno de Javier Milei fue el Ministerio de Justicia, con Juan Mahiques a la cabeza, que recibió una modificación positiva de $65.500 millones para su área.
Sin embargo, no todas las partidas de ese ministerio quedaron en verde. En base al Boletín Oficial, dentro de las que bajaron están, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera, con -$713.640.000. Asimismo, el Gobierno decidió reducir los fondos para la promoción y defensa de los derechos humanos tanto a nivel local (-$5.262.704.502) como a nivel internacional (-$18.400.000).
Según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que analizó la decisión publicada, la variación porcentual de fondos que recibió el Ministerio de Justicia respecto al crédito que tenía anteriormente fue de +16,9%.
Más allá del Ministerio de Justicia, por fuera del Gobierno hubo otro beneficiado por la decisión de la Casa Rosada, vinculado al mismo rubro. Es que el Gobierno elevó los fondos que se giran al Poder Judicial, aunque la repartición no tocó a todos los fueros. En total, recibió $65.500 millones, con una variación de +3,1% según ASAP.
Solo para actividades centrales, la Casa Rosada volcó $115.194.890.154 al Poder Judicial; mientras que a la Justicia de Máxima Instancia (es decir, a la Corte Suprema) se enviaron otros $22.000.000.000. En una época de alta judicialización de la política, el máximo tribunal recibirá buena parte de esas causas. Ya de momento, por ejemplo, debe fallar respecto de la ley de financiamiento universitario.
El resto de los fueros (como la Justicia federal o la Casación) sufrieron achiques.
Por el contrario, se vio beneficiado también el Consejo de la Magistratura, para gastos en personal, en $43.500.000.
Tanto la Corte como el Consejo de la Magistratura lo tienen a Horacio Rosatti al mando.
El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, con la Corte y el Consejo, fueron las jurisdicciones que quedaron en verde.
En la Casa Rosada, el resto de los ministerios pasaron por la motosierra. Al de Capital Humano, de Sandra Pettovello, le bajaron los giros en $4322 millones, pero en términos porcentuales la variación quedó en 0% de acuerdo a ASAP. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dentro de esa cartera, fue reforzada con fondos, en parte para afrontar un plan de retiros voluntarios.
Del otro lado, las Obligaciones a Cargo del Tesoro fueron (en términos de fondos) las más afectadas por el ajuste, con -$1.470.533 millones. Eso representó una variación de -11,7%.
Dentro de esta jurisdicción hay partidas recortadas como la administración gubernamental, los servicios sociales, los servicios económicos, y la asistencia financiera a empresas públicas y otros entes dependientes de distintas secretarías, como la de Comunicación y Prensa, la de Educación, la de Energía y la de Obras Públicas.
Le siguió dentro de los más perjudicados, siempre a nivel fondos, el Ministerio de Economía, con un recorte de -$521.939 millones, que derivaron en una variación de -6%, de acuerdo a los cálculos de ASAP, que tomó tanto al ministerio en sí como a los organismos y entidades que le corresponden.
Dentro de Economía por ejemplo el subprograma de Coordinación Fiscal con las Provincias se redujo $322.745.345.624, el rubro Infraestructura bajó $28.331.857.300 y la Comisión Nacional de Energía Atómica se achicó $19.742.764.636. Se vieron tocados, también a la baja, los subsidios a la oferta y la demanda de hidrocarburos, como además distintas obras en las provincias, entre otras partidas.
No obstante, en términos porcentuales el Ministerio del Interior fue el más afectado por la motosierra, ya que tocó -38,4% respecto del crédito vigente anterior. Esta cartera es clave a nivel político por la negociación con los gobernadores que lleva adelante Diego Santilli, sobre todo con el fin de conseguir votos para las distintas iniciativas oficialistas en el Congreso. En términos de fondos, a Interior le retacearon $320.671 millones.
Más allá de que a Santilli le aumentaron los giros para la administración central del ministerio, el recorte en el programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional fue de los más agresivos, con -$320.711.008.980.
ajuste,tratamientos contra el cáncer,acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas.,el Ministerio del Interior fue el más afectado por la motosierra,Paula Rossi,Javier Milei,Luis Caputo,Conforme a,,Aún no volaron en la Argentina. Pilotos de la Fuerza Aérea se entrenan en EE. UU. y esperan hacer este año el primer vuelo de los F-16,,Debe responder. Villarruel apuntó contra Petri por su “espantosa y fraudulenta” gestión en el Ministerio de Defensa,,Gastos millonarios. Un órgano especializado de la Justicia acelera la revisión de los números de Adorni a pedido del fiscal,Javier Milei,,Festival de lobbies. La última gran pelea del primer mandato de Milei,,Justicia. En el Gobierno reflotan las gestiones para completar la Corte tras el quiebre del kirchnerismo en el Senado,,Medios bajo control. Pese a la decisión de la Justicia, se endurecieron las restricciones para la tarea periodística en la Casa Rosada
POLITICA
La refundación de la Justicia de Milei y Mahiques: un inicio endogámico y con nombres negociados con gobernadores
La refundación del Poder Judicial que anunció el presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobó los pliegos de 74 nuevos jueces y fiscales está caracterizada, en esta primera etapa, por un dominio endogámico de integrantes de la propia familia judicial.
Un análisis de la lista de nombramientos muestra lazos de parentesco o relaciones laborales dentro del propio Poder Judicial.
También exhibe magistrados impulsados por gobernadores aliados de la Casa Rosada, que mantiene la renovación dentro del mismo poder político.
Los nombres representan una primera tanda para cubrir las vacantes, pero no ocuparán los cargos más sensibles de la Justicia nacional y federal.
Los lugares más delicados aparecen en los tribunales de Comodoro Py 2002, que se analizarán en el Senado más adelante.
De una primera lectura de los nombres de los 74 candidatos a los que el Senado le dio ahora luz verde, se destaca primero el revuelo político que generó la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata cuyo nombramiento el propio Gobierno había intentado bloquear por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.
Ahora, el presidente Milei se resiste a firmar el decreto de su designación. Es su facultad.
A pesar de que el Senado le dobló el brazo a Milei al aprobar el dictamen de Michelli, el Gobierno puede festejar que esta tanda representa los primeros nombramientos judiciales de la actual gestión después de dos años y medio.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había llegado al cargo con más de 360 vacantes en el Poder Judicial federal. No se designaban jueces en esta cantidad desde hace diez años.
Todos los futuros magistrados que llegaron hasta aquí en la etapa de selección lo hicieron porque aprobaron con suficiencia un examen técnico en el Consejo de la Magistratura, pasaron entrevistas personales, fueron votados en ese organismo por sus pares, por abogados, por diputados, por senadores y por académicos, y luego el Poder Ejecutivo los eligió de una terna. Algunos concursaban hace más de diez años para estos cargos.
En la lista —más allá de Michelli— sobresalen otros nombres que reafirman la idea de que los candidatos, ahora a tiro de decreto para ser jueces o fiscales, son del riñón del Poder Judicial, ya sea por ser hijos o esposas de magistrados o por haber tenido como jefes a algunos influyentes jueces.
El sociólogo Juan José Nardi expone en su etnografía La familia judicial que, más allá de que el Consejo de la Magistratura pretende nombrar jueces según sus méritos, el modelo se perpetúa porque los candidatos necesitan de padrinos, madrinas y lobbistas de la propia justicia o el Gobierno para llegar al cargo. Y esas lealtades perduran y explican las relaciones en el tiempo.
En la lista que aprobó el Senado está Emilio Rosatti, que se convertirá en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Su pliego fue enviado por el Ejecutivo y generó debate. Dos votos del kirchnerismo fueron en contra.
Otro ejemplo es el de Juan Andrés Moldes, cuyo pliego fue aprobado para ser fiscal de primera instancia en el fuero Penal Económico. Es hijo del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, de ascendencia en la justicia federal y fallecido en 2024. Juan Andrés Moldes, hijo, concursó con éxito y está a un paso de convertirse en fiscal. Su padre se jactaba de no haber llegado a su cargo por esa vía. “Quédese tranquilo. Yo no llegué por concurso”, decía un cartel colocado en su escritorio.
Laureano Durán es otro de los candidatos con el pliego aprobado por el Senado para ser designado camarista en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la Sala I. Es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán, fanático hincha de Gimnasia y Esgrima y con fluidos vínculos con el peronismo bonaerense de Julio Alak. Laureano Durán sigue los pasos de su padre.
También fue aprobado el pliego de Nicolás Pacilio para el Tribunal Oral Criminal N° 1. Se trata de un joven secretario de la Cámara Federal que es hijo de Antonio Pacilio, excamarista federal de La Plata.
Varios de los pliegos aprobados corresponden a cónyuges de magistrados que intervienen en causas de alto impacto político, como por ejemplo Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga al presidente Javier Milei en la causa $LIBRA.
El pliego de Juan fue aprobado como jueza federal de primera instancia de Hurlingham. Ingresó a Comodoro Py hace tres décadas y es secretaria de la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Su designación fue de las más debatidas y aprobada por unanimidad.
En este capítulo también destaca el pliego de Yamile Susana Bernan como camarista de la Cámara del Crimen. Es la esposa de Diego Guerendiain, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia cuando estaba al mando de Mariano Cúneo Libarona.
Guerendiain fue desplazado por diferencias con Sebastián Amerio, el entonces viceministro.
También fueron considerados para jueces y fiscales secretarios y excolaboradores directos de los jueces federales más importantes de Comodoro Py.
Así, María Julia Sosa, designada como futura jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, si Milei firma su decreto, es secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini de Comodoro Py 2002.
El juez federal instruyó las causas de mayor perfil contra la expresidenta Cristina Kirchner: Vialidad, donde fue condenada, y Hotesur y Los Sauces. El kirchnerismo votó en contra de su designación. Fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados.
También fue aprobado el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo, quien se desempeña como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Es exsecretario letrado del juzgado del juez federal Ariel Lijo. Milei intentó llevar a Lijo a la Corte y no logró los votos de los senadores.
El juzgado de Lijo lleva hoy la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS y la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es la tercera vez que Arzubi Calvo es propuesto para el cargo de juez y, finalmente ahora, su pliego fue aprobado por unanimidad.
Pablo Ezequiel Wilk tiene acuerdo del Senado para el Tribunal Oral Federal dos de La Plata y es secretario del juzgado federal de Luis Armella.
En el caso de Jésica Yael Sircovich, fue aprobado su pliego como jueza del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y es secretaria de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ivana Quinteros, histórica secretaria de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py 2002, fue designada como jueza del Tribunal Oral Criminal 20.
La tanda de nombres incluyó a algunos magistrados con trayectorias políticas cercanas al macrismo, como Jorge Djivaris, ahora a punto de ser designado camarista en lo Comercial en la Sala B, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
Su postulación para la Sala B de la Cámara Comercial -que interviene en la causa vinculadas al concurso preventivo y quiebra de Correo Argentino S.A, generó una impugnación que lo acusaba falsamente de ser familiar del ministro Mahiques. El propio Djivaris desmintió el vínculo ante la Comisión de Acuerdos. La senadora Patricia Bullrich pidió que esa aclaración quedara en actas y fue aprobado por mayoría.
Santiago Vismara, con acuerdo del Senado como fiscal general ante los tribunales en lo criminal y correccional, fue fiscal designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. También fue firmante de la solicitada de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales identificada con el kirchnerismo. Su inclusión en una tanda impulsada por La Libertad Avanza generó sorpresas y su pliego fue aprobado por unanimidad.
En apenas tres meses, Mahiques envió más de 150 pliegos en distintas tandas. La Comisión de Acuerdos del Senado trabajó a ritmo acelerado para otorgarles dictamen.
El pasado jueves 4 de junio lo logró, luego de tensión política, idas y venidas y una lista que primero era de 50 jueces y fiscales y luego llegó a los 74 incluyendo a Michelli y la cobertura de vacantes en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa.
Al menos seis de cada diez candidatos enviados por el Gobierno ya se desempeñaban dentro del Poder Judicial, en busca de ascensos o traslados a cargos de mayor jerarquía. Muy pocos casos provinieron de fuera del sistema, según calculó Chequeado.
Entre los candidatos hay un 69% de la Ciudad de Buenos Aires y un 31% de tribunales del interior del país.
En el interior, la distribución es muy desigual: casi la mitad del cupo provincial se lo lleva la propia provincia de Buenos Aires —La Plata, San Martín y Hurlingham suman 13 pliegos (el 17,6% del total), y 10 pliegos son para el resto del país. Incluyen las provincias de Santa Fe, Mendoza y Formosa, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos..
Así Mendoza obtuvo dos designaciones: un defensor público, que es Carlos Agustín Parma, y un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones.
Se trata de Sebastián Guillermo Soneira, exfuncionario de confianza del gobernador Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional. Soneira fue director de Personas Jurídicas y Cornejo apoyó activamente su postulación.
Fue designado originalmente por el gobernador Cornejo y permaneció en el cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suarez. Al momento de su designación judicial, ejercía como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal provincial, cargo que ocupaba desde finales de 2025.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a la que ingresa Soneira es el tribunal de mayor relevancia en la provincia, pues allí se analizan casos de narcotráfico, delitos fiscales y conflictos de derechos humanos.
En Santa Fe fueron aprobados tres pliegos de jueces donde el gobernador Maximiliano Pullaro pujó por sus designaciones, en el contexto de la crisis de seguridad por el narcotráfico. Pullaro se reunió con el ministro Mahiques para gestionar la cobertura de vacantes en la Justicia federal de su provincia.
Además, en esa lista está el ahora posible juez Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal federal de Juicio de Santa Fe, y Walter Alberto Rodríguez, con acuerdo para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe.
En Rafaela prosperó el pliego de Santiago Saux como juez federal con el que se cubre una vacante de seis años en un juzgado que controla el 30% del territorio provincial y la ruta del narcotráfico hacia el puerto de Rosario.
En Neuquén fue designado Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio. El magistrado propuesto fue asesor de la ministra kirchnerista Nilda Garré y en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por el allanamiento a una comunidad mapuche. También fue denunciante en el caso Lago Escondido. Se desempeña como defensor federal en Neuquén desde hace años. Su pliego fue incorporado por pedido del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
En Salta fue aprobado el pliego de Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal de Primera Instancia n.º 2; sin vínculos políticos, encabezó el orden de mérito del concurso.
Salta es gobernada por Gustavo Sáenz, un peronismo que mantiene relaciones de convivencia con el gobierno nacional.
En Bariloche se le dio acuerdo a Leandro Agustín Gómez Constenla como juez federal. Obtuvo el mayor puntaje en el concurso y el juzgado estaba vacante desde agosto de 2019.
En Formosa obtuvo el acuerdo el pliego de Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio. Fue víctima de abusos del poder policial en Formosa bajo la gestión de Gildo Insfrán y su designación es casi una declaración antioficialista.
endogámico,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Conflicto salarial con la Policía en Santa Cruz: protestas, acampe y refuerzo de fuerzas federales de Nación
Un conflicto salarial de las fuerzas policiales genera tensiones desde hace días en la provincia de Santa Cruz. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el aumento no se concreta porque no están disponibles los recursos y apuntaron a la oposición: “Ponen palos en la rueda”.
En el centro del conflicto se encuentran policías autoconvocados que este sábado llevan adelante su tercera jornada de medida de fuerza. Según indicaron medios locales, este viernes realizaron una manifestación en la residencia del gobernador Claudio Vidal y reclaman que el mandatario los reciba.
Si bien el próximo miércoles 10 de junio se realizará el Consejo del Salario, la mesa de negociación paritaria, los autoconvocados buscan tener su propio lugar en esa instancia, ya que no se sienten representados por la Asociación Policial.
En ese sentido, en la provincia rige el “quite de colaboración”, que implica asistir únicamente a funciones en caso de emergencia.
De acuerdo con el medio local Señal Calafate, el punto central del conflicto es el acampe de los efectivos frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. Anoche, además, los policías se trasladaron a la residencia del gobernador cantando “Vidal tiene miedo”.
Según los autoconvocados, recibieron llamados para pactar dos reuniones -el jueves y el viernes- con el funcionario, pero hasta el momento no se concretaron.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado para reforzar la seguridad en Santa Cruz, de acuerdo con Tiempo Sur. Participarán efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, quienes cubrirán tareas policiales durante la vigencia de la medida de fuerza.
Desde la movilización de este viernes en Río Gallegos, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, sostuvo que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: “Podemos hablar de un 85% de acatamiento”, aseguró en declaraciones a medios locales.
“La oposición pone palos en la rueda”
En las últimas horas, el gobernador Claudio Vidal aseguró que entiende el reclamo y lo considera “justo”. En el comunicado, difundido en sus redes sociales, sostuvo: “Sé de las dificultades que atraviesan muchas familias en este momento y sé que la situación económica es acuciante”.
Sin embargo, advirtió que la medida de fuerza surgió después de que la semana pasada se convocara al Consejo del Salario, el espacio destinado a dialogar soluciones. La reunión ya tiene fecha confirmada para el próximo miércoles 10 de junio.
“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo y quiero ser muy claro: este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”, aseguró el funcionario perteneciente al partido SER Santa Cruz.
Y continuó: “También es necesario que la sociedad observe con atención que mientras buscamos herramientas para fortalecer las finanzas provinciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, hay sectores que siguen poniendo obstáculos sin entender que cuando a la provincia le va mal, nos va mal a todos”.
Vidal aseguró que siempre estará “del lado de los trabajadores” y que es momento de que todos actúen con responsabilidad y pongan por delante el bienestar de la provincia: “Mi compromiso es seguir trabajando para construir acuerdos y encontrar una salida que contemple las necesidades de los trabajadores y de toda la comunidad”.
En el video difundido en Instagram que acompaña el comunicado, el gobernador también sostuvo que la problemática salarial se replica en otras provincias. Asimismo, aseguró que su administración otorgó dos aumentos salariales por encima de la inflación, tanto al inicio de su gestión como en 2025.
“Hoy no lo hacemos porque no contamos con los recursos”, argumentó en el video que acompaña esta nota. Y agregó: “La oposición pone palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado”.
Lázaro Báez fue internado en las últimas horas por un cuadro de pulmonía mientras cumple una condena unificada de 15 años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
El empresario santacruceño, de 70 años, permanece detenido tras las condenas que recibió en las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad. Su situación de salud ya había sido motivo de planteos judiciales por parte de su defensa, que el año pasado solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria al advertir un deterioro físico progresivo.
Según pudo saber TN, Báez fue asistido por personal médico del Hospital de la cárcel de Ezeiza luego de presentar complicaciones respiratorias. El empresario arrastra diversos problemas de salud preexistentes, entre ellos hipertensión arterial, diabetes tipo II, asma bronquial alérgica, obesidad y una arritmia cardíaca.
Además, trascendió que en los últimos meses también registró episodios vinculados a una patología en el colon y hemorragias digestivas, un cuadro que se suma a sus antecedentes clínicos.
Sin embargo, el parte médico elaborado este viernes por el Hospital Penitenciario Central señala que, al momento de la evaluación, el empresario K se encontraba “clínicamente estable”, lúcido y orientado.
De acuerdo con el informe, Báez no presentaba fiebre, caminaba por sus propios medios y tenía parámetros vitales dentro de los valores normales.
La ruta del dinero K
Durante la instrucción de esta causa, la Justicia determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente con el manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior, y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado en avenida Del Libertador), por Leonardo Fariña.
También el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek, y la adquisición de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
Lázaro Baez, Vialidad, ruta del dinero K
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