Pagar una deuda es el primer paso para recuperar el acceso al crédito, pero no significa desaparecer de inmediato de los registros financieros. Qué ocurre con el Veraz, cómo funciona la Central de Deudores del Banco Central, cuánto tarda la actualización y qué derechos tiene el consumidor frente a las empresas de cobranza.

Miles de argentinos creen que una vez que cancelan una deuda dejan automáticamente de figurar en el Veraz o en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). Sin embargo, la realidad es bastante diferente: pagar modifica la situación crediticia, pero el historial permanece durante un tiempo y existen distintos plazos de actualización según el registro que se consulte.

La confusión es habitual. Incluso muchas personas que ya cancelaron sus obligaciones siguen recibiendo llamados de estudios de cobranza o descubren que un banco les rechaza una tarjeta de crédito porque todavía aparece un antecedente financiero. La buena noticia es que existen reglas claras sobre cómo deben actualizarse los datos y qué herramientas tiene el consumidor cuando la información es incorrecta.

La primera diferencia: Veraz no es lo mismo que la Central de Deudores

Aunque suelen mencionarse como si fueran sinónimos, cumplen funciones distintas.La Central de Deudores del Banco Central reúne la información que brindan bancos, emisoras de tarjetas de crédito, fintech, sociedades de garantía recíproca y otros proveedores de financiamiento. Es una base oficial que utilizan las entidades para evaluar el riesgo crediticio de personas y empresas.

El Veraz, en cambio, es una base privada de información comercial administrada por Equifax, que también recopila antecedentes crediticios provenientes de distintas fuentes. Por eso puede ocurrir que una persona vea cambios primero en un registro y más tarde en el otro.

Cancelé la deuda: ¿cuánto tarda en actualizarse?

El Banco Central recibe información todos los meses de las entidades financieras. Si la deuda fue cancelada, la entidad debe informar esa novedad en el siguiente envío mensual y el cambio suele reflejarse hacia fines del mes siguiente, cuando el organismo publica la actualización de la Central de Deudores. Por ejemplo, si la deuda se pagó durante julio, normalmente la actualización aparecerá entre fines de agosto y principios de septiembre. Antes de iniciar un reclamo, el propio BCRA recomienda verificar cuál es el último período publicado, ya que si el pago fue posterior todavía no habrá sido incorporado al sistema.

Hay que tener en cuenta que pagar no elimina el historial. En tal sentido, uUno de los errores más frecuentes es pensar que cancelar una obligación hace desaparecer todos los antecedentes, pero no es así. La Central de Deudores conserva el historial crediticio de los últimos 24 meses. Durante ese período seguirá apareciendo el registro histórico, aunque la deuda ya figure como cancelada o regularizada.

Esto significa que un banco podrá observar que existió un incumplimiento, pero también que posteriormente fue solucionado. Para los especialistas en derecho bancario, existe una diferencia importante entre mantener una deuda impaga y haberla regularizado. En la práctica, las entidades suelen valorar positivamente que el cliente haya cancelado sus obligaciones y mantenga un buen comportamiento posterior.

Qué significan las categorías del Banco Central

Cada entidad asigna una calificación según el riesgo del cliente y las principales categorías son:

Situación 1: cumplimiento normal (hasta 31 días de atraso).

Situación 2: riesgo bajo.

Situación 3: riesgo medio.

Situación 4: riesgo alto.

Situación 5: deuda considerada irrecuperable.

La categoría cambia cuando la entidad informa la regularización de la deuda, aunque el historial permanezca visible durante dos años.

¿Qué pasa con el Veraz?

En las bases privadas ocurre algo similar. Cuando una deuda se cancela, el antecedente no necesariamente desaparece de inmediato. Lo habitual es que el registro pase a reflejar que la obligación fue regularizada o cancelada, de acuerdo con la información suministrada por el acreedor y las reglas previstas por la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, no es lo mismo aparecer con una deuda vigente que con una deuda cancelada. Esa diferencia también es considerada por las entidades al momento de evaluar una solicitud de crédito.

Si después de la actualización mensual la deuda continúa figurando como impaga, el consumidor puede iniciar un reclamo. El procedimiento recomendado por el Banco Central comienza siempre ante la entidad que informó el dato. Al respecto, los pasos son solicitar la rectificación al banco, tarjeta o proveedor de crédito; conservar el número de reclamo; guardar comprobantes de pago, acuerdos o libre deuda. Si la respuesta no resulta satisfactoria, presentar el reclamo ante el Banco Central para los casos vinculados con la Central de Deudores.

Cuando el problema corresponde a una empresa privada de información comercial, como Veraz u otra base similar, la rectificación debe gestionarse directamente ante esa compañía.

Los especialistas recomiendan conservar siempre el certificado de cancelación o libre deuda. Ese documento permite acreditar frente a cualquier entidad que la obligación ya fue regularizada mientras se completa la actualización de las bases de datos y también resulta clave en caso de iniciar un reclamo por información errónea.

Las llamadas intimidatorias tienen límites

Después de cancelar una deuda, o incluso durante una negociación, muchas personas continúan recibiendo llamados, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos e incluso contactos dirigidos a familiares o empleadores. Los especialistas recuerdan que el acreedor tiene derecho a reclamar el cobro, pero no puede hacerlo mediante hostigamiento, ya que la Ley de Defensa del Consumidor protege el trato digno y prohíbe prácticas intimidatorias o vejatorias durante la gestión de cobranza. 

Entre las conductas que pueden ser denunciadas figuran llamadas reiteradas durante todo el día, mensajes con amenazas de embargo inmediato sin resolución judicial; comunicaciones dirigidas a familiares, vecinos o empleadores; utilización de lenguaje intimidatorio; difusión de la deuda ante terceros, etc. 

Si el consumidor considera que está siendo hostigado, lo recomendable es conservar capturas de pantalla, registrar las llamadas, solicitar toda comunicación por escrito y presentar un reclamo ante la autoridad de Defensa del Consumidor si las prácticas continúan.

En definitiva, la recomendación de los especialistas es simple: cancelar la deuda, exigir el libre deuda, verificar la actualización de los registros y actuar rápidamente si la información publicada no coincide con la realidad. Ese proceso puede evitar rechazos futuros y acelerar la recuperación del historial crediticio.

En medio de la caída en las ventas en el sector, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una reunión con representantes de los principales supermercados con el foco en la renegociación de los convenios colectivos de trabajo en base a la reforma laboral, que según notificó la Secretaría de Trabajo, son más de 446 y afectan al sector.

Durante el encuentro, que contó con la participación de ejecutivos de La Anónima, Día %, Cencosud, Carrefour, Changomás, Coto y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), junto a los secretarios de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y de Trabajo, Julio Cordero, Caputo expuso el objetivo central del Gobierno: avanzar en la actualización de los acuerdos laborales en el marco de la nueva Ley de Modernización Laboral.

El encuentro entre el ministro de Economía y los supermercadistas se da en una coyuntura difícil para el sector. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en abril las ventas en supermercados subieron 0,8%, pero en la comparación interanual persistió la tendencia negativa con una caída de 3,7 por ciento. El acumulado de los primeros cuatro meses del año arrojó una retracción del 3,3 por ciento.

Lo que parece no hacerse revertido durante mayo según los datos de privados. La consultora Scentia indicó que el consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo al considerar todos los canales y mostró un leve avance de 0,1% respecto del mes anterior, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año exhibió un descenso de 3 por ciento. El detalle por canales reflejó desempeños dispares. Los mayores retrocesos interanuales surgieron en supermercados y mayoristas, mientras farmacias y comercio electrónico finalizaron el mes con cifras positivas.

En supermercados, según Scentia, el descenso interanual fue de 4,2% en mayo frente al mismo mes de 2025. En mayoristas, la caída llegó a 1,6 por ciento. Autoservicios independientes registraron un descenso de 1,3% y kioscos y almacenes de barrio, una retracción de 0,8 por ciento. Por el contrario, las farmacias crecieron 2,3% interanual y el comercio electrónico avanzó 29,9 por ciento.

El ministro y los representantes de supermercados ya se habían visto cara a cara a fines de marzo. En esa oportunidad, el foco estuvo en “las altas tasas que aplican los municipios” que, para Caputo, por ley no corresponden, ya que no tienen una contraprestación que las justifique. Y pese a que el Gobierno sostiene que pretende sancionar una reforma tributaria, desde entonces no hubo avances al respecto más allá de manifestaciones de intenciones.

El encuentro de este martes se da luego de la aprobación de la reforma laboral y que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Cordero, revisó su decisión inicial de que se debían renegociar 150 convenios colectivos y amplió el numero a 446 a mediados de junio.

La Secretaría de Trabajo intimó a las partes involucradas a rediscutir tanto las cláusulas vinculadas a condiciones de trabajo como aquellas referidas a cuotas solidarias y aportes compulsivos pactados entre empresarios y sindicatos. Esta ampliación del universo de convenios afectados responde a una interpretación estricta de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La ley modificó el principio de “ultraactividad”, que sostenía la vigencia de un convenio colectivo vencido hasta que las partes acordaran uno nuevo. Bajo ese sistema, los trabajadores mantenían derechos adquiridos aun si las negociaciones se dilataban, un punto que los gremios consideraban central para asegurar la estabilidad laboral.

La nueva normativa distingue entre los diferentes tipos de cláusulas que integran los convenios colectivos. Mantiene la ultraactividad únicamente para las llamadas “cláusulas normativas”, que definen condiciones de trabajo. El resto de las cláusulas, denominadas “obligacionales” —incluyendo cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y sindicatos—, pierden vigencia automáticamente una vez vencido el convenio, salvo que se firme un nuevo acuerdo.

En el comunicado publicado el 11 de junio en las redes sociales, el Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, “dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes“.

“La medida alcanza a 446 convenios colectivos de trabajo que, como consecuencia dela finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las organizaciones sindicales y los sectores empleadores”, afirmó el texto oficial.

Mientras el consumo de pollo atraviesa su mejor momento histórico en la Argentina, la mayor empresa avícola del país pelea por sobrevivir. En 2025, el consumo per cápita alcanzó los 49,4 kilos anuales, un récord que dejó a esta proteína prácticamente al mismo nivel que la carne vacuna, que apenas la superó por medio kilo. Al mismo tiempo, la producción nacional llegó a 2,47 millones de toneladas, uno de los mayores registros de la historia.

Sin embargo, ese contexto favorable para el negocio no evitó que Granja Tres Arroyos, líder del sector, quedara al borde del colapso financiero. ¿Qué explica que un gigante de la industria se derrumbe cuando el mercado atraviesa uno de sus mejores momentos?

La conflictividad, las complicaciones financieras y un devenir que, a partir de la incertidumbre operativa creciente, sigue manteniéndose por demás difuso, mantienen en estado crítico el horizonte comercial de Granja Tres Arroyos, la principal avícola de la Argentina. La empresa, que viene de paralizar su planta más potente en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y también atraviesa turbulencias en sus instalaciones en Capitán Sarmiento, llega a esta instancia con una conflictividad laboral por demás desatada y un rojo bancario que preocupa a toda la cadena de ese segmento comercial.

La colosal deuda de Granja Tres Arroyos

En esa línea, la avícola acumula casi 4.750 cheques sin fondos y una deuda en ese concepto del orden de los 83.850 millones de pesos. Por su parte, Wade, una sociedad controlada por la misma firma, suma 917 documentos emitidos de la misma forma y por un total de 9.838 millones de pesos. Por estos días, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores un plan para desterrar un endeudamiento que llega a los 350 millones de dólares.

Al momento de evaluar los motivos que originaron la crisis de la empresa, que hasta hace menos de dos años faenaba a razón de 700.000 pollos diarios y generaba más del 20% del producto que las avícolas promueven a nivel nacional, existen aspectos que son mencionados de forma coincidente por actores del rubro, organizaciones sindicales e, incluso, representantes de los trabajadores de la firma.

En concreto, se señala que la compañía atraviesa una instancia de caída de su negocio a partir de una combinación de variables que, acumuladas a través de los años, comprenden desde un sobredimensionamiento de Granja Tres Arroyos que inició en los tiempos de Mauricio Macri al frente de la Presidencia, hasta una serie de brotes de gripe Aviar, pasando por la pérdida de mercados internacionales a raíz de esa variable y otros aspectos de la política económica del país, la suba de los costos internos, y el ingreso de producto importado a bajo precio, tal como viene ocurriendo ya en la actual gestión de Javier Milei.

Semejante combo hizo de un endeudamiento prácticamente crónico de la firma un problema grave que se acentuó en los últimos dos años, y que dio lugar a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que, activado en diciembre de 2024, dio lugar a un escenario de conflictividad laboral que no ha dejado de acentuarse con el transcurrir de los meses.

Por estos días, el cruce más fuerte se da en torno al cierre de la planta La China, en Concepción del Uruguay, con afectación directa para 700 empleos. La medida en cuestión, establecida a fines de mayo, implicó el fin de una faena que llegó a alcanzar los 200.000 pollos diarios.

«Granja Tres Arroyos anuncia que ha decidido cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región», se informó desde la firma en ese momento.

«La empresa se encuentra atravesando una delicada situación financiera como consecuencia del cierre de mercados de exportación por la situación sanitaria internacional (gripe aviar), la pérdida de competitividad y el fuerte deterioro de las condiciones económicas del sector», añadieron las fuentes.

Tras ese telón, la posibilidad de profundizar en la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos requiere un contacto directo tanto con voces cercanas a la empresa como con analistas de la actividad avícola y los actores laborales que se ven alcanzados por el parate y el rojo financiero que presenta la compañía en cuestión.

La caída de las exportaciones fulminó a Granja Tres Arroyos

Precisamente desde el lado del sector avícola, sendos expertos consultados por iProfesional acercaron una primera explicación de la crisis que atraviesa la compañía.

«Hubo un factor que agravó todo: la gripe aviar, que implicó un cierre de los mercados internacionales. Algo que ocurrió en 2023 y también el año pasado, por ejemplo. Lo que pasó con China tuvo una incidencia fuerte en ese sentido. Granja Tres Arroyos tiene costos de producción atados a productos de alto valor agregado con destino de exportación. Y son productos muy difíciles de colocar en el mercado interno, por lo cual la capacidad de venta decayó», explicó una fuente.

«Al mismo tiempo, empezó a darse una competencia con los productos importados. Con una empresa centrada en la exportación, y luego los mercados cerrados, lo que ocurrió es que los costos no dejaron de crecer mientras que los ingresos se redujeron. También la situación del dólar tuvo su incidencia en estos años. Por otra parte, el consumo interno no creció tanto como para compensar el freno a la exportación. Todo eso generó una situación que trancó a la empresa», añadió.

Otras voces del sector consultadas por este medio mencionaron al «sobredimensionamiento» de la firma como otro factor que pegó de lleno en la estabilidad económica de Granja Tres Arroyos. «Ese aumento de tamaño tuvo su salto cuando la empresa pasó a controlar los activos de Cresta Roja, que entró en quiebra», comentó otro analista a iProfesional. La compañía ahora en crisis se hizo cargo de dos plantas —una en Ezeiza y otra en Tristán Suárez— a partir de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Previo a esto, en 2015, la firma propiedad de la familia Rasic fue declarada en quiebra y comenzó todo un frente de conflictos y reclamos hasta que su estructura, a instancias del gobierno de ese momento, finalmente quedó en poder de Granja Tres Arroyos. Dicha operación terminó por consolidar a Granja Tres Arroyos como la mayor avícola de la Argentina. Para el manejo de las explantas de Cresta Roja, se creó la firma Wade, que hoy también muestra un fuerte endeudamiento.

«Los dueños de Granja Tres Arroyos —la familia De Grazia— pasaron a controlar una estructura que no supieron gestionar. Después los agarraron los brotes de gripe aviar, la apertura de las importaciones, los costos altos… Todo eso dio lugar a una situación que empujó a la compañía a pedir un Procedimiento Preventivo de Crisis y se fueron rompiendo las cadenas productivas de las que depende el negocio de Granja Tres Arroyos. Eso es lo que ocurrió en lugares como Concepción del Uruguay», explicaron fuentes del mercado.

Granja Tres Arroyos y un crecimiento desordenado

Desde el Sindicato de la Carne su secretario general en esa ciudad de Entre Ríos, Sergio Vereda, aportó más detalles respecto del mal momento que atraviesa la avícola. En diálogo con iProfesional, señaló que la empresa «lleva años acumulando deudas, aunque el problema se acentuó con la caída de las exportaciones«.

«Se generó un problema grave cuando China cortó la compra de productos como la garra de pollo, que en el mercado valía lo mismo que la pechuga. La gripe aviar complicó todo, después hubo una situación de hepatitis que también afectó a los pollos. Todo eso generó que se perdiera la exportación, sino que Granja Tres Arroyos exportaba casi el 50% de lo que hacía», afirmó.

«Después la empresa se agrandó mucho pero sin un control efectivo. Hubo un desmanejo que se fue incrementando también con los años. Fue absorbiendo frigoríficos y plantas de empresas que iban cerrando como Cresta Roja, Becar, Avex, que es de Río Cuarto… A medida que la empresa se fue agrandando fue perdiéndose el manejo de todo«, agregó.

Vereda dijo que en ese proceso también se descuidó al personal: «En Concepción del Uruguay éramos más de 1.000 empleados y los dueños y los ejecutivos casi no iban a la empresa. Todo ese descontrol también generó falta de previsibilidad, se empezó a incumplir con los proveedores. A todo eso se sumó la gripe aviar, la dificultad para vender en el mercado interno un pollo que, al ser para exportación, es más liviano y tuvo que ofrecerse a un precio más barato».

El dirigente gremial expresó que la sumatoria de variables negativas redundó en el pedido del PPC y luego la parálisis productiva que padecen plantas como La China. «Nosotros hace más de un año firmamos el preventivo de crisis. El Gobierno les dio a los dueños de la empresa la posibilidad de no pagar aportes jubilatorios. También se pidió achicar un poco de gente, sacarle a la gente del área de alimentación un plus que cobraban… Todo eso lo cedimos. Sin embargo, la situación fue empeorando», dijo.

«Hoy la empresa está en una situación de derrumbe y la cadena de producción se encuentra cortada en Entre Ríos. Desde los pollitos bebés, con la falta de alimento, hasta la parálisis que sufre la faena. Granja Tres Arroyos terceriza buena parte de sus procesos: una vez que nacen los pollitos, los entregan a criadores a quienes se les paga un alquiler por sus galpones, la empresa provee el alimento y demás», detalló Vereda.

Para enseguida añadir: «Pero la compañía dejó de pagar a esos criadores y hubo muertes de pollos y otras situaciones. Lo que ha pasado es que Granja Tres Arroyos perdió credibilidad entre los criadores entrerrianos, que ahora prefieren criar para empresas como Las Camelias o FEPASA. Esa falta de seriedad también terminó derrumbando el negocio de Granja Tres Arroyos».

La caída del negocio acentuó la conflictividad laboral

A ese contexto, aportaron otras fuentes de la actividad avícola, se sumó una virulencia gremial que creció tras la vigencia del PPC. Los paros constantes derivados del pago abreviado de salarios, o directamente la demora en el cumplimiento de los haberes en algunas instancias, dio pie a paros y medidas sindicales que afectaron de manera directa la faena en las instalaciones en Concepción del Uruguay.

«El escenario derivó en una guerra entre la parte sindical y la empresa que se concentró en Concepción del Uruguay. Al no haber faena, los pollos empezaron a pasarse. Dejó de entrar plata y no hubo fondos para alimentar a los productos en crecimiento. Se generó un círculo muy complicado. Si bien el resto de las plantas de la empresa están en funcionamiento, volver a echar a andar las instalaciones de La China implicaría un proceso de cuanto menos 60 días y habría que ver si resulta», expuso otra fuente consultada.

Con relación al estado actual de la compañía, fuentes de Granja Tres Arroyos comentaron a iProfesional que la empresa mantiene un diálogo constante con la gobernación de Entre Ríos, el intendente de Concepción del Uruguay y los gremios para acercar posiciones y bajar la conflictividad.

Respecto de La China, se indicó que «por el momento, la planta va a continuar cerrada. La cadena de producción en Entre Ríos está cortada y no hay pollos en producción que permitan abastecer a la planta de La China para su reactivación en el corto plazo».

«Seguimos buscando alternativas para superar este momento complejo, recomponer el circuito biológico, y así poder arrancar de a poco con la producción local. La propuesta de reestructuración de la deuda y el plan de recomposición del capital de trabajo elaborada en conjunto con Valo Columbus está en plena vigencia y avanzando. Ya se han obtenido adhesiones de distintos acreedores entre bancos y proveedores», afirmaron las fuentes.

Según pudo corroborar iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Granja Tres Arroyos acumula 4.743 cheques rechazados por falta de fondos, y una deuda por ese concepto del orden de los 83.851 millones de pesos. Por el lado de Wade, los cheques emitidos sin fondos suman 917 y un valor total de 9.838 millones de pesos. Por estos días, la avícola negocia con sus acreedores un plan para desterrar un endeudamiento que llega a los 350 millones de dólares.