POLITICA
Se reanudó la toma en el Colegio Nacional Buenos Aires y continúa en el Carlos Pellegrini
En medio de un fuerte reclamo por el financiamiento universitario y un paro dispuesto para este viernes en las casas de estudio de todo el país, los estudiantes volvieron a tomar el Colegio Nacional Buenos Aires y continúan las protestas en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
Los alumnos reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denuncian el impacto del ajuste sobre la educación pública.
“Estudiantes del Colegio comunicaron su decisión de permanecer en el establecimiento educativo desde la finalización del turno vespertino de hoy (jueves)”, informaron las autoridades del colegio en un comunicado. Según pudo saber TN, este viernes habrá una nueva asamblea estudiantil, donde se votará si continuar o no con la medida.
El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, afirmó en A Dos Voces por TN que los docentes de los colegios preuniversitarios “cobran un 30% menos que los docentes de las escuelas de la ciudad, en un claro ataque directo a las universidades”.
“Hoy en día los docentes para llegar a fin de mes tienen que recurrir a hacer Didi a la noche”, sostuvo.
El dirigente estudiantil insistió en que el conflicto no se limita al reclamo presupuestario. “No solamente se está discutiendo la ley, sino que se está discutiendo la democracia”, dijo al recordar que la norma fue aprobada en el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por el Poder Legislativo.
“El Gobierno está dejando de lado a las universidades porque no cree en el sistema universitario argentino y no cree en el ascenso social.Milei quiere deteriorar la universidad pública hasta arancelarla”, consideró.
Paro nacional universitario: este viernes no habrá clases
Este viernes 29 de mayo, docentes universitarios realizarán un paro nacional de 24 horas que afectará el dictado de clases en universidades públicas de todo el país. La medida fue impulsada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y se suma a otras protestas del sector en medio del conflicto con el Gobierno nacional por los salarios y el financiamiento del sistema universitario.
La protesta alcanzará a numerosas casas de estudio, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad de Buenos Aires, entre otras.
Desde FEDUN aseguraron que los docentes necesitan un aumento del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la actual gestión nacional. Además, remarcaron que “sin salarios dignos, no hay universidad de calidad”.
Por su parte, la federación sindical advirtió que el conflicto podría profundizarse durante el segundo cuatrimestre si no hay respuestas a los reclamos salariales y presupuestarios.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
Los gremios docentes sostienen que el Gobierno nacional continúa sin aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en octubre del año pasado. Según denunciaron, ya pasaron más de siete meses desde su sanción sin que se haya garantizado el financiamiento previsto por la norma.
En ese contexto, la tensión se incrementó tras la reciente movilización universitaria y distintas acciones de protesta realizadas en las últimas semanas. Entre ellas, docentes y estudiantes de la UBA llevaron adelante clases públicas frente al Palacio de Tribunales para reclamar que la Corte Suprema se expida sobre la aplicación efectiva de la ley.
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Además del paro de este viernes, FEDUN anunció que durante las próximas semanas realizará actividades de visibilización en universidades públicas de todo el país para exponer la situación salarial de los docentes y el estado del sistema universitario nacional.
La CONADU Histórica, en tanto, mantiene una medida de fuerza más extensa iniciada el 26 de mayo y que se extenderá hasta el 30 de mayo, también en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para las universidades públicas.
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POLITICA
El contador de Bailaque reveló que el exjuez le pidió “emprolijar” su DDJJ porque no podía justificar la compra de dos inmuebles
El exjuez federal Marcelo Bailaque, que actualmente se encuentra detenido en su casa y enfrenta tres causas judiciales, quedó contra las cuerdas esta semana, luego de que su amigo y contador personal Gabriel Mizzau se presentara como arrepentido en la causa que lo que al exmagistrado como principal acusado. Mizzau no sólo era quien le llevaba las cuentas personales al juez, sino también al jefe narco Esteban Alvarado, a quien Bailaque debía investigar.
Lo más peligroso para el exmagistrado es que Mizzau conoce sus finanzas, sus inversiones y su crecimiento patrimonial. El desafío de los fiscales es determinar si Bailaque cobró dinero del narco Esteban Alvarado y dónde pueden haberse invertido esos fondos. Mizzau es clave para escarbar en el posible crecimiento patrimonial que tuvo el exjuez a costa de la “protección” que le daba al capo narco rosarino.
Mizzau declaró en tres oportunidades durante los últimos meses, según señalaron fuentes judiciales. Lo que pudieron sacar en limpio de las extensas charlas con el contador es que entre 2014 y 2015 Bailaque compró dos propiedades. Una la habría puesto a nombre de su pareja. Y convocó a su contador personal para que tratara de “emprolijar” su declaración jurada, porque con sus ingresos en blanco no podía justificar esa compra. Mizzau se habría encargado de esa tarea, pero a la par -según admitió en su declaración- recibía de parte de Bailaque información calificada del expediente que lo tenía a Alvarado como principal sospechoso, en ese momento, de liderar una organización narco.
Mizzau tenía contacto con Rosa Capuano, la entonces pareja de Alvarado, que era la que estaba encargada de llevar adelante el blanqueo del dinero del narco, a través de la creación de empresas de transporte, como Santino, Sagrado Corazón de María y Toia. Esa tarea la realizaba el contador, cuya firma figura -según comprobó – cuando publicó el 11 de junio de 2024 que Mizzau tenía como clientes al juez y al jefe narco.
Al plegarse a la figura del arrepentido y aceptar su culpabilidad, la causa queda con un solo implicado sin firmar estos acuerdos: el exjuez Bailaque, que espera que se defina la fecha del juicio oral que deberá afrontar en soledad.
“Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica”, aseguró Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, en la audiencia de esta semana.
Mizzau estaba acusado de lavado de activos por haber prestado asesoramiento contable al entramado societario que montó Alvarado desde 2014 en adelante. Las empresas Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas del narco. Con esas empresas legales el jefe criminal pretendía blanquear su economía. Acumuló una fortuna a partir de que Bailaque, en la justicia federal, no lo investigaba. La primera condena contra Alvarado fue en el fuero provincial, luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery reseñaran toda la red de violencia y de distribución de droga que tenía montada el narco rosarino desde hacía más de una década.
Mizzau firmó los balances, gestionó habilitaciones municipales y nunca hizo reportes de operaciones sospechosas. Todo eso, mientras le llevaba al mismo tiempo las cuentas al juez que tenía en sus manos la causa contra Alvarado. En la nota publicada por en 2024, Bailaque reconoció que Mizzau era su contador, pero que desconocía que asesorara a la par al narcotraficante.
A partir de esa publicación, la situación de Bailaque comenzó a desmoronarse. El Consejo de la Magistratura, que ya había abierto un sumario disciplinario en abril de 2024, aceleró la investigación. En paralelo, los fiscales federales avanzaron con las imputaciones. En noviembre de ese año se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por noventa días, con la salvedad de que no podía hacerse efectiva mientras conservara los fueros. Bailaque fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Acorralado, el exmagistrado presentó su renuncia en junio de 2025. El gobierno de Javier Milei la aceptó el 30 de ese mes. A partir del 1° de julio, Bailaque quedó detenido en su domicilio.
Mizzau no es el primero en quebrarse. Antes lo hizo Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, que en marzo de 2025 se presentó como arrepentido y admitió que en una cena en el quincho de Bailaque se había planificado el armado de una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias. El objetivo era extorsionarlo: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares que le exigían, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
También Whpei, titular del Grupo Unión y otro de los amigos del exjuez, se plegó a la figura de colaborador. Sus revelaciones comprometen a Bailaque en el manejo irregular de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, donde el magistrado permitió el giro de más de mil millones de pesos hacia una mutual controlada por Whpei, en lugar de una entidad regulada por el Banco Central.
Con tres arrepentidos que declaran en su contra -Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau-, el cerco sobre Bailaque se cierra. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito, que supera las 200 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal calificaron las conductas atribuidas a Bailaque como “un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El capítulo más grave de la acusación contra Bailaque se vincula con su actuación en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco y a su socio Luis Medina, que fue asesinado en diciembre de ese año. El entonces fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas. Bailaque las rechazó o las demoró hasta once meses. Esa pasividad fue clave para que Alvarado consolidara su poder criminal. En esos nueve años en que la Justicia federal no avanzó contra él, Alvarado acumuló una fortuna, controló el negocio del narcotráfico en Rosario y dejó un tendal de asesinatos.
Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por fiscales del fuero provincial y su carrera criminal estaba en ruinas, Bailaque lo procesó. Fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar con la Justicia aporta, según indicaron los fiscales, información patrimonial que permite avanzar en causas conexas. El hombre que durante años operó en la zona gris donde convergían la justicia y el narcotráfico ahora habla. Lo que diga tiene el potencial de revelar ramificaciones que exceden la figura de Bailaque e iluminan un sistema de funcionamiento que contaminó durante años a la justicia federal de Rosario.
El juicio oral, que los fiscales esperaban que comenzara en el primer semestre de 2026, es ahora inminente. Bailaque sigue detenido en su domicilio. La causa que empezó con la revelación de un vínculo contable entre un juez y un narco terminó exponiendo una trama de corrupción judicial sin precedentes en la historia de Rosario.
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POLITICA
En medio del conflicto por las patentes, Milei recibe a legisladores de EEUU y anunciará una inversión de USD 8.000 millones
Javier Milei recibe hoy en la Casa Rosada a una delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vinculada al entorno de Donald Trump, en un nuevo gesto de acercamiento político y diplomático. El encuentro, previsto para las 11, se produce en un momento en que el gobierno argentino frenó el tratamiento legislativo de la ley de patentes como moneda de negociación con Washington y en el que los laboratorios argentinos ejercen presión para relativizar esa aplicación: incluso hoy anunciarán una intención de inversión por USD 8.000 millones.
La comitiva estará encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart, a quien el gobierno considera una figura influyente en política exterior y América Latina dentro del Congreso estadounidense. El legislador republicano expresó públicamente su respaldo a Milei en distintas oportunidades desde el inicio de la gestión. La delegación incluye además a los republicanos Andrew Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California), al demócrata Henry Cuellar (Texas), al médico del Capitolio Brian Monahan y a las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski, vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
La reunión ocurre en plena tensión bilateral por el tratamiento del Patent Cooperation Treaty (PCT), el acuerdo que el gobierno argentino firmó con la administración Trump en febrero de este año. Luego de que la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados obtuviera dictamen para debatir el tratado en el recinto, la gestión libertaria paralizó el proceso. Aunque el Gobierno la considera importante, la decisión responde a una jugada estratégica: preservar el tema como herramienta de negociación frente a los enviados de Trump, quienes mantienen activas las exigencias de cumplimiento del acuerdo.
El PCT impone, entre sus condiciones, la vigencia por 20 años del registro de patentes en los 158 países miembros. Transcurrido ese plazo, otras empresas pueden producir el producto con modificaciones leves, una cláusula que los laboratorios nacionales consideran una amenaza directa ante la posible expansión del monopolio de grandes firmas internacionales. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) advirtió al gobierno sobre los riesgos de aprobar el Capítulo II del tratado, que habilita un examen preliminar internacional con opinión no vinculante sobre las invenciones, mecanismo rechazado por la industria local. Desde hace meses, las compañías ejercen presión sobre gobernadores, legisladores y dirigentes para frenar la discusión en el Congreso.
Dos semanas antes del encuentro de hoy, el secretario de Modernización Alejandro Cacace viajó a Washington para reunirse con representantes del gobierno trumpista y les informó la imposibilidad de obtener el apoyo político necesario para aprobar el tratado sin reservas.
El trasfondo de estas negociaciones se vio alterado por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la decisión unilateral de Trump de aplicar aranceles a productos extranjeros. El máximo tribunal determinó que la potestad para imponer nuevas tasas a la importación corresponde exclusivamente al Congreso, lo que obligó al Estado norteamericano a devolver 166.000 millones de dólares a importadores. La resolución debilitó la posición negociadora de Washington y abrió margen para que el gobierno argentino introdujera modificaciones al tratado.
En ese contexto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) habilitó nuevas patentes como señal de buena voluntad hacia los interlocutores estadounidenses, un gesto que, según Tiempo Argentino, colaboró para distender parcialmente la relación. Aun así, la gestión trumpista hizo saber su malestar por el cambio unilateral en la implementación del acuerdo firmado a comienzos de año.
Tal y como informó Infobae, el Gobierno considera al PCT como una de las iniciativas más importantes dentro de su cartera de proyectos junto a la reforma electoral y el Súper RIGI. Sin embargo, las trabas políticas hacen que no se prevea su tratamiento hasta después del receso legislativo de invierno.
La visita de la delegación legislativa estadounidense de hoy se inscribe en un tablero más complejo. Una hora más tarde, Milei recibirá al presidente de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Gastón Domingues Caetano. En ese marco es que se va a presentar una iniciativa de inversión por USD 8000 millones en investigación clínica, innovación y desarrollo económico en el país.
Según informan fuentes oficiales, las empresas nucleadas tienen la intención de impulsar un programa de inversión en investigación clínica por ese monto durante los próximos seis años. “La propuesta es motivada por la consolidación de un contexto de previsibilidad y respeto a la propiedad intelectual impulsado por el Gobierno nacional”, buscan promocionar desde el mismo gobierno.
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POLITICA
Dos argentinos que iban a Gaza en una misión humanitaria fueron detenidos en Libia y Cancillería gestiona su liberación
La Cancillería Argentina informó que dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en Libia y que inició gestiones consulares para conocer su situación y avanzar hacia su liberación. Se trata de María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes se encuentran alojados en Bengasi, según datos confirmados por fuentes consideradas fidedignas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Gobierno tomó conocimiento del caso el 24 de mayo. Según el comunicado oficial, los dos argentinos fueron detenidos en las cercanías de Sirte, una ciudad ubicada en el centro-norte de Libia. Junto con ellos también habrían sido demoradas otras ocho personas de distintas nacionalidades.
Los argentinos formaban parte de una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario que había partido a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza. Para concretar ese recorrido, el grupo eligió atravesar territorio libio, un país que, según remarcó la Cancillería, atraviesa una situación de fragilidad en materia de seguridad y no cuenta actualmente con un gobierno unificado.
La Cancillería señaló que, inmediatamente después de tomar conocimiento de la situación, activó gestiones a través de la Embajada Argentina en Túnez, que es concurrente en Libia. El objetivo fue coordinar con autoridades y representaciones de otros países con presencia en el terreno para confirmar la información, conocer el estado de los argentinos y pedir por su pronta liberación.
Uno de los puntos centrales del caso es que las fuerzas que controlan el este de Libia todavía no confirmaron formalmente ni el listado de personas detenidas ni el lugar exacto en el que se encuentran. Sin embargo, el Palacio San Martín sostuvo que la información recolectada hasta el momento permite afirmar que Giménez y Aguilera están dentro de ese grupo y que permanecen alojados en Bengasi.
El 26 de mayo, la Embajada Argentina en Túnez transmitió oficialmente a la Embajada de Italia en Libia una solicitud de cooperación consular, ya que Italia tiene presencia consular en Bengasi. El cónsul italiano pudo visitar a ciudadanos italianos detenidos, pero las autoridades locales le negaron el acceso a los argentinos.
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De acuerdo con el comunicado, el representante italiano también pidió una mejora en las condiciones de detención, solicitud que fue respondida de manera positiva por las fuerzas de seguridad involucradas. Pese a eso, la Cancillería aclaró que todavía no hay información confirmada sobre los plazos ni sobre la continuidad del proceso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que mantiene diálogo y coordinación con embajadas, consulados de países amigos y organismos internacionales presentes en el terreno, entre ellos la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el comunicado, además, remarcó que presta asistencia consular a todos los argentinos en el exterior, incluso ante “acciones imprudentes y temerarias” como las que, según el Gobierno, llevan adelante algunas personas y organizaciones.
Quiénes son los argentinos detenidos en Libia cuando viajaban hacia Gaza
Lucas Ezequiel Aguilera y María Paula Giménez son dos ciudadanos argentinos que integraban una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario con destino a Gaza. Según planteó el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ambos son directores de investigación de NODAL y formaban parte del equipo sanitario de la Misión Humanitaria del convoy terrestre SUMUD.
De acuerdo con esa versión, la última comunicación ocurrió cuando informaron que estaban siendo trasladados tras llegar a un punto de control cercano a Sirte, en Libia, para permitir el paso de la misión humanitaria. Desde entonces, sostuvo Bianco, no hubo información oficial, concreta y verificable sobre su paradero, por lo que reclamó al Gobierno nacional que active las gestiones consulares y los mecanismos multilaterales pertinentes para garantizar su protección.
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