La Libertad Avanza presentó un proyecto para arancelar hospitales públicos y universidades provinciales a extranjeros sin residencia permanente en Buenos Aires. La iniciativa llegó a la Legislatura bonaerense impulsada por el diputado provincial Agustín Romo, jefe del bloque libertario.

El disparador fue inesperado. Las burlas en redes sociales tras la final perdida del Mundial generaron una ola de indignación en el oficialismo. Posteos de extranjeros residentes en el país que se burlaban de la Selección Argentina y criticaban otros aspectos sensibles ajenos al fútbol funcionaron como detonante para la iniciativa legislativa.

«Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires», tuiteó Romo.

La adhesión fue unánime al interior del oficialismo. Desde Las Fuerzas del Cielo hasta el karinismo respaldaron la medida. Patricia Bullrich, una de las figuras más importantes del Gobierno, expresó su apoyo público a la propuesta.

Salud y educación par extranjeros: qué servicios quedarían bajo arancel y quiénes pagarían

El proyecto alcanza tanto atención médica programada como carreras universitarias. La distinción clave está en el tipo de residencia: quedan comprendidos quienes tengan residencia temporaria, transitoria, precaria o ningún estatus migratorio regular.

«No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contribuir a su sostenimiento», sostiene el documento presentado en la Legislatura.

Para acceder a servicios de salud programados, los extranjeros comprendidos deberán acreditar un seguro médico, cobertura de un tercero obligado o abonar el arancel correspondiente. El dinero recaudado irá directamente al Fondo Provincial de Salud.

Las universidades provinciales de gestión estatal tendrán que fijar una retribución para estudios de grado cursados por ciudadanos extranjeros sin residencia permanente. Cada casa de estudios definirá montos y modalidades de pago dentro del marco general de la ley.

«Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros», agregó Romo en diálogo con Infobae.

El diputado provincial remarcó la asimetría en el trato internacional. «Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad».

Las excepciones sanitarias que contempla el proyecto

El documento establece garantías para casos de urgencia médica. Los hospitales públicos no podrán demorar ni condicionar la atención por cuestiones de pago cuando haya riesgo de vida, y solo una vez que el paciente esté estabilizado se iniciará el cobro de la prestación.

Quedan exceptuadas del arancel las víctimas de trata de personas. También se excluye del cobro la atención relacionada con enfermedades transmisibles o vacunación, por razones de salud pública.

No hay cifras actualizadas que reflejen el nivel de consultas de extranjeros en los últimos meses. Cuando el Gobierno había querido instalar un debate similar hace dos años, el entonces ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, informó que en todo Buenos Aires solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones correspondían a extranjeros.

Por qué la medida no escala a nivel nacional

Esta iniciativa no se prevé replicar en el plano federal. Modificar el régimen sanitario implicaría tocar la Ley de Migraciones, según afirman fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.

Por el lado de las universidades nacionales, el panorama es diferente. Está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde finales de mayo del año pasado.

«Desde el Gobierno ya lo hicimos (dentro de las restricciones que tenemos). Ahora les corresponde a las universidades cobrarles a los estudiantes que no sean residentes permanentes», afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez en su cuenta de X.

Sin embargo, ninguna de las casas de estudio nacionales tiene previsto implementar aranceles. Los rectores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron oportunamente su rechazo a la medida.

El fenómeno de los «estudiantes golondrina» que preocupa al oficialismo

«La idea es evitar lo que nosotros llamamos los estudiantes golondrinas. Que son quienes vienen a estudiar, se quedan y después al instante se van», explicó Álvarez en diálogo con Infobae.

El funcionario señaló que existen empresas dedicadas a facilitar este tipo de migraciones educativas temporales. «Hay empresas que se encargan de eso. En Brasil y en Ecuador existen, por decir algunos casos».

La medida propuesta por Romo no afecta a quienes ya tengan residencia permanente. Los estudiantes internacionales y quienes permanezcan en el país de manera temporaria o transitoria serán los únicos que deban afrontar el arancel.

«Encima, nos damos cuenta de que muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. Bueno, se acabó», dijo el presidente del Bloque de Diputados de LLA.

«El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó», completó.

Los antecedentes porteños que marcaron el camino

Esta iniciativa también se presentó en la Ciudad de Buenos Aires hacia finales de 2024. El bloque libertario que comanda la legisladora porteña Pilar Ramírez impulsó una propuesta similar.

Fue en el marco de la versión porteña de la Ley Bases. El documento tenía 95 páginas divididas en varias áreas, desde reorganización de Ministerios y Secretarías hasta simplificación de trámites, e incluía una medida para que no residentes empiecen a pagar servicios de salud pública cuando no se trate de casos de urgencia.

«Extranjeros sin residencia permanente deberán pagar por prestaciones programadas o contar con seguro médico», tuiteó oportunamente Ramírez. La legisladora también busca extender esa normativa para quienes no sean habitantes de CABA.

Aquello fue anunciado en los primeros días de marzo. Una semana y media después, la administración porteña comunicó la implementación de un sistema de cobro por servicios de salud prestados a extranjeros.

La facturación alcanza a personas extranjeras sin DNI argentino que necesiten acceder a procedimientos programados. Tomografías computadas, resonancias magnéticas, internaciones, cirugías y otras prácticas médicas que no son catalogadas como «de urgencia» quedan comprendidas en el sistema de cobro implementado por el Ministerio de Salud porteño.

El día después de la mejora de la calificación de deuda de Moody’s repercutió positivamente tanto en bonos como en los ADR bancarios que cotizan en Wall Street. El riesgo país volvió a caer un escalón hasta los 410 puntos, una reducción de casi 2 por ciento.

Si bien ya dos calificadoras habían mejorado la nota a la Argentina, desde la zona de la “C” a la “B”, lo de Moody’s impactó favorablemente, incluso más de lo que esperaba el mercado en la previa. La agencia dejó además la calificación con “perspectiva positiva”, lo que significa que será revisada para otra posible suba entre los próximos 6 a 18 meses.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, celebró la mejora y sostuvo que constituye una validación del programa económico del Gobierno. “Esto confirma que vamos en la dirección correcta”, afirmó, al tiempo que remarcó que una mejor calificación implica una reducción del costo del financiamiento “para la Argentina, para las empresas, para las familias y para el Gobierno”. Según explicó, el menor riesgo percibido por los inversores debería traducirse en crédito más barato, mayor inversión y creación de empleo.

Entre los bancos argentinos que cotizan en Nueva York, sobresalieron las subas de Macro, que trepó 5,2%, Galicia 4,5%, Supervielle 5,6% y BBVA Argentina 4%. Toda la suba fue por “factores locales” ya que Wall Street operó neutro toda la jornada. Con estas mejoras, las acciones bancarias ya acumulan subas en el año del orden del 10%, cuando llegaron a estar 30% abajo en dólares en el primer trimestre.

Los bonos en dólares también recuperaron terreno perdido en las últimas jornadas y volvieron a cotizar cerca de máximos. Ahora la expectativa es que el riesgo país perfore los 400 puntos básicos, algo que no sucede hace prácticamente una década.

Para el Gobierno es clave que esto suceda para acceder a financiamiento internacional a tasas razonables. Mientras tanto sigue consiguiendo fondos frescos de fuentes alternativas. Por ejemplo, ayer la CAF aprobó el otorgamiento de garantías por USD 250 millones para que el Gobierno pueda conseguir préstamos en el exterior más baratos.

Moody’s elevó la calificación soberana de la Argentina de Caa1 a B3 y cambió la perspectiva de estable a positiva, una decisión que refleja, según la agencia, una reducción significativa del riesgo de incumplimiento de la deuda y una mejora más sostenible de los fundamentos macroeconómicos del país.

Entre los principales factores que sustentaron la mejora, la calificadora destacó que la estabilización macroeconómica ya superó la etapa inicial de ajuste y comenzó a consolidarse sobre bases más permanentes. A la vez, señaló que los superávits fiscales sostenidos, la desaceleración de la inflación, la continuidad del proceso de liberalización económica y una menor volatilidad macroeconómica fortalecieron la credibilidad de la política económica y redujeron el riesgo de default.

El informe también resaltó el fortalecimiento de la posición externa del país, impulsado por un mejor desempeño de las exportaciones, el aumento de la inversión extranjera directa —especialmente en los sectores energético y minero— y una mayor capacidad para acumular reservas internacionales. Moody’s consideró, además, que el margen de incertidumbre sobre el rumbo de la política económica se redujo respecto de ciclos anteriores, aunque advirtió que persisten riesgos asociados al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La decisión alinea por primera vez en más de una década la calificación de Moody’s con las otorgadas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings, que también ubican a la deuda argentina en el rango equivalente a B-.

Daza también destacó que la convergencia de las tres principales calificadoras internacionales en una misma nota habilita el ingreso de nuevos inversores institucionales. “Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, sostuvo. Además, estimó que la mejora podría contribuir a una nueva baja del riesgo país, incluso hacia la zona de los 300 puntos básicos, si continúa consolidándose el programa económico.

El presidente de YPF, Horacio Marín, enfrió las expectativas sobre una futura baja en el precio de las naftas y advirtió que la reciente suba internacional del barril de petróleo demorará más ese proceso, a pesar de las especulaciones que se venian generando en el mercado.

«Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas», señaló Marín en declaraciones a Radio Rivadavia, al tiempo que alertó que «con estos precios se dilata más», luego de que el barril de crudo Brent saltara por la reactivación del conflicto en Medio Oriente.

El CEO de la petrolera defendió la política de acuerdos alcanzada en el sector para amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales en el mercado local. «Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos», explicó el directivo al fundamentar por qué no se alcanzó aún el punto de equilibrio.

Por otro lado, el titular de la compañía estimó que hacia fin de año la Argentina podría alcanzar una producción de un millón de barriles de petróleo diarios, un volumen que proyecta convertir en exportaciones para el período 2031-2032. En ese sentido, remarcó la posición estratégica del país en el mapa energético global. «Somos un lugar apetecible porque Vaca Muerta es una roca de calidad superior a las americanas y somos un lugar de suministro seguro», afirmó.

Por último, Marín destacó las novedades favorables en la Justicia de los Estados Unidos respecto del litigio por la expropiación de la petrolera y sostuvo que la presidencia de Javier Milei influyó en la percepción internacional del caso.

YPF y el impacto de la guerra en los surtidores 

La dinámica de los precios de los combustibles en el mercado local atravesó una fuerte volatilidad marcada por el conflicto armado en Medio Oriente y la afectación del tránsito en el estratégico Estrecho de Ormuz, lo que sacudió el mercado energético global.

Tras el estallido bélico, el valor internacional del petróleo Brent experimentó una escalada abrupta que encendió las alarmas en el sector refinador. Este fenómeno repercutió en las pizarras de las estaciones de servicio locales, donde los incrementos acumulados alcanzaron en el primer mes alzas de hasta un 24%, un traslado indispensable para que las refinadoras redujeran la brecha respecto a la paridad de importación.

Ante la perspectiva de que un traslado directo e inmediato del crudo a u$s110 o más impactara con mayor dureza sobre los índices de inflación, la industria refinadora resolvió implementar una estrategia de amortiguación. Este mecanismo, conocido en el ámbito corporativo como buffer de precios, consiste en la creación de un colchón financiero o margen de compensación intertemporal.

En la práctica, implica que cuando el barril internacional trepa de manera abrupta, las petroleras absorben una porción de ese costo y no trasladan la totalidad del aumento a los surtidores.

Qué hace falta para que baje el precio de la nafta

La condición para sostener un buffer en un mercado libre es que, cuando el precio internacional retrocede, las refinadoras mantienen los precios locales relativamente estables para «recuperar» el margen cedido durante la fase alcista. De este modo, el consumidor se evita los picos de costo en las etapas de volatilidad internacional, pero también posterga el beneficio de una baja inmediata cuando el mercado externo se nirmaliza.

Esa dinámica fue la que alimentó la especulación de una baja en el mercado doméstico durante las semanas previas. En medio de un cese temporal del fuego o de tregua diplomática en la región del Golfo Pérsico, la cotización del Brent cedió terreno con fuerza.

El crudo llegó a alcanzar la barrera de los 70 dólares por barril, ubicándose incluso por debajo de los valores previos al inicio de las hostilidades. Frente a semejante contracción externa, diversos analistas y consumidores anticiparon que el surtidor local reflejaría de forma inminente una corrección a la baja.

Pero como los aumentos locales durante el pico del conflicto internacional habían quedado retrasados frente al costo real de reposición, la brecha de pérdidas en las empresas refinadoras todavía no se había compensado por completo. En consecuencia, el período en que el petróleo cotizó en valores mínimos fue absorbido para equilibrar las cuentas corporativas y cubrir el desfase acumulado durante la aplicación del esquema de contención.

El rebrote de las hostilidades reactivó la escalada del barril a nivel global, a valores en torno a los u$s85, borrando los márgenes que se habían recuperado de forma gradual durante la breve ventana de estabilidad.

Es por esta situación que el presidente de YPF graficó esta coyuntura al enfriar de manera categórica las expectativas sobre una futura baja en el precio de las naftas. El directivo advirtió que la reciente suba internacional del petróleo demorará más ese proceso de convergencia.