No se puede permitir que las violaciones de derechos humanos ocurran y es inadmisible que, a la hora de la verdad, de cuando son necesarias las soluciones, determinados liderazgos estén del lado de los violadores de Derechos Humanos. No puede ser que a la hora de la verdad se sea funcional a regímenes tiránicos que cometen crímenes de lesa humanidad. Eso significa estar del lado equivocado de la ética, significa ser complaciente con esos crímenes y significa ser afín a los criminales, no importa cuán modesta sea la contribución, si es simplemente ayudarlos a ganar tiempo en una negociación o si es directamente contribuir en la impunidad.

Un análisis del pensamiento y la acción ética en la política exterior debe ofrecer una respuesta convincente a los juicios de valor inherentes a la labor de la política pública, específicamente en lo que respecta a su eficacia para salvaguardar los derechos humanos de las personas. En el escenario internacional, una nación no hace más que reflejar su propia naturaleza, sus logros y sus desafíos. La acción internacional es un concepto esencial; sin ella, resulta imposible garantizar la observancia global de los derechos humanos.

Sin embargo, esta visión es objeto de controversias; con frecuencia se argumenta equivocadamente que la acción internacional adolece de una deficiencia significativa y que, en última instancia, vulnera los derechos de los pueblos (autodeterminación). En resumen, se la confunde erróneamente con una injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano. Aceptar esta perspectiva implicaría la necesidad de una contemplación perpetua, la negociación concebida como el único medio para determinar la legitimidad de las acciones en el ámbito de las relaciones internacionales, incluso cuando las agendas internacionales resultan abrumadoras o perjudiciales para los derechos humanos y los derechos legítimos de los pueblos. Incluso cuando la autodeterminación soberana de un pueblo ha sido arrasada por un régimen dictatorial.

Uno de los impedimentos estructurales más comunes que enfrentamos es, precisamente, la ausencia de posicionamientos políticos que se traduzcan en acciones concretas para la protección de los derechos; por el contrario, la acción internacional se ha convertido, en la práctica, casi en una sustancia prohibida. La debilidad de la acción internacional solo beneficia a quienes perpetran violaciones de los derechos humanos. La brecha resultante pone de manifiesto, de manera cruda, la tensión internacional que genera la solidaridad humana y las acciones pragmáticas capaces de generar resultados concretos. La tensión se produce respecto a las prácticas políticas que permanecen, en gran medida, ancladas en los paradigmas del siglo XX y de la Guerra Fría, con un enfoque particular de dinámicas neutralizadoras que subyacen en la inacción en la gestión de agendas, a la falta de rendición de cuentas respecto a que bajo ese paraguas ocurran asesinatos y torturas así como a obviar la falta de legitimidad de los dictadores. De este modo, los derechos humanos son percibidos como meras contingencias aleatorias, incluso a veces como algo molesto en la actuación internacional. La «dicha de no hacer nada» se erige, así, como el paradigma imperante. Al mismo tiempo, el imperativo de la responsabilidad asumida se debe enfrentar a estas restricciones, una lógica que socava la «buena gobernanza». Esta visión es funcional al torturador y no al torturado, y desafía la noción misma de que el imperativo moral de defender los derechos humanos sea, en sí mismo, suficiente para conferir legitimidad a las acciones internacionales, la protección del bien fundamental que debería priorizarse en la agenda internacional. Por otra parte, esto demuestra también que incluso los Estados son vulnerables a fuerzas ajenas a su control al asumir responsabilidades de defensa internacional de los Derechos Humanos con acciones concretas.

Se llega al colmo de trasladar la culpa a quien defiende bienes protegidos por el Derecho Internacional, cuando la responsabilidad debería ser a la inversa, debería recaer en aquel que permite la violación de esos bienes protegidos por el Derecho Internacional.

El núcleo del poder colectivo para proteger los derechos humanos reside en la relación entre la acción y la solidaridad; esta cuestión central da origen a una dinámica que ha inquietado durante mucho tiempo a los actores internacionales que prefieren la inacción. La capacidad de los Estados para hacer frente a la adversidad de intereses generada frente a las acciones dirigidas a proteger los derechos humanos puede, en última instancia, destruir o paralizar iniciativas políticas bienintencionadas.

Las organizaciones internacionales del siglo XX no se preocuparon especialmente por este asunto; la burocracia internacional optó sistemáticamente por el camino de menor resistencia, un camino que permitió a los violadores de derechos humanos y a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad actuar con impunidad, incluso ocupando a veces una mayoría de asientos en el Consejo de Derechos Humanos. A pesar de contar con normas morales en sus mandatos, estas rara vez se respetaron, lo que provocó un inmenso sufrimiento a causa de acontecimientos que podrían haberse evitado. Como hemos señalado en otras ocasiones, el genocidio de Ruanda constituye un ejemplo paradigmático de este fracaso, aunque es solo un caso entre muchos. Por el contrario, si los responsables políticos concibieran a las naciones como capaces de una verdadera benevolencia —percibiendo que no solo pueden resistir las adversidades inherentes a tales conflictos, sino que, de hecho, deberían asumir esos mismos desafíos por su propio interés—, podrían fomentar dinámicas positivas para la protección de los derechos humanos.

La lógica de derechos humanos puede de hecho argumentar que la justificación principista de la inacción subestima la fragilidad de la naturaleza humana y el sufrimiento real que implican las violaciones de derechos humanos. A diferencia del optimismo estricto que defienden ciertas tradiciones no intervencionistas o apaciguadoras, la conciencia de la debilidad inherente a la protección de los derechos humanos fomenta una perspectiva más realista y humana: reconoce la complejidad e incertidumbre de la política internacional, así como el papel fundamental que desempeña la comprensión de las diversas realidades sociales de las distintas naciones, específicamente, cómo se estructuran las relaciones humanas y la naturaleza contingente de la experiencia de la responsabilidad en la protección de los derechos de las personas. Limitaciones del conocimiento, el trabajo y la gobernanza: Sobre esta base, se reconocen las limitaciones inherentes del conocimiento, la investigación y la justicia, particularmente en lo que respecta a las situaciones nacionales de derechos humanos, así como el papel significativo que desempeñan estas limitaciones en este contexto.

La racionalidad revela cómo ciertas prácticas costumbristas o ciertas afinidades ideológicas pueden neutralizar la solidaridad esencial para la acción política frente a lo que debería ser el objetivo común de proteger los derechos humanos. En estas narrativas, vemos personas que sufren violaciones recurrentes de derechos humanos, no por falta de responsabilidad de las naciones capaces de hacer cumplir dichas protecciones, sino por fuerzas que generan dinámicas negativas. Por ejemplo, un individuo puede enfrentarse a un dilema moral que contrapone la ley nacional a la responsabilidad social o religiosa; otros problemas pueden surgir no por fallas morales, sino por una lealtad inquebrantable a un líder autoritario, por ejemplo. Teóricamente, se puede argumentar que este escenario simboliza el frecuente conflicto entre dimensiones morales opuestas en la política humana —ninguna de las cuales puede abandonarse por completo—, pero debemos decir que, en general, solemos tener claro qué está bien y qué está mal. Además, la justicia en materia de derechos humanos ha abordado y resuelto en muchos casos de este tipo.

El uso de la fuerza para resolver problemas relacionados con violaciones de derechos humanos parece empoderar, en particular, a quienes previamente han sido permisivos —o incluso cómplices— de tales violaciones o crímenes de lesa humanidad, permitiéndoles pasar a la ofensiva. Este desafío pone en tela de juicio el estricto marco teórico sobre la responsabilidad internacional en la protección de los derechos humanos. Parecen sostener como el hecho esencial de que los derechos humanos no son dioses de la política internacional y que la política, aun la más sólida, puede ser frágil, a menudo susceptible a objetivos y factores incontrolables.

El liderazgo populista regional enfatiza la supremacía del poder “soberano” sobre las relaciones internacionales que pueden encaminar la protección de los derechos humanos o que pueden encaminar la acción sobre la retórica; al hacerlo, a menudo genera un discurso que proyecta falta de solidaridad y rendición de cuentas.

En la región, se ha fallado respecto a crear sociedades autodisciplinadas con inteligencia colectiva que puedan prosperar al tiempo que fomenten dinámicas autosostenibles para la protección y promoción de los derechos humanos, dinámicas que permanecen inalteradas por las cambiantes circunstancias políticas. La capacidad de los derechos humanos para estructurar las dinámicas sociales depende de la creación de un entorno crítico que reconozca tanto la interconexión social como la naturaleza única de los problemas humanos.

Por ejemplo, es sumamente difícil para los seguidores de los líderes populistas formular políticas efectivas de derechos humanos; es como si se les prohibiera establecer vínculos estrechos con las instituciones estatales —vínculos necesarios para brindar las soluciones basadas en derechos que se requieren— y se enfrentan a la constante tentación de tomar atajos que, en última instancia, socavan la eficiencia esencial para salvaguardar esos derechos. El liderazgo puede permitir que las instituciones funcionen con eficacia —optimizando así sus resultados—, o bien provocar que fallen, o incluso prescindir de ellas por completo. Resulta evidente que un liderazgo populista, caracterizado por el desdén hacia las instituciones, no logrará obtener resultados positivos en el ámbito de los derechos humanos.

Es clara la argumentación que —más allá del ámbito puramente jurídico— los vínculos con el Estado y con soluciones concretas y orientadas a la acción resultan indispensables para una actividad política eficaz; de hecho, son necesarios, aun cuando tales vínculos conlleven costos políticos. Cuando la defensa de los derechos humanos se limita a la mera emisión de declaraciones, puede compararse con una píldora diaria para mejorar el estado de ánimo, una que tal vez levante el espíritu; pero al mismo tiempo, el organismo continúa padeciendo una infección bacteriana generalizada. El cuerpo solo experimentará un cambio genuino si se administra un antibiótico que ataque directamente a las bacterias; uno que erradique realmente la infección. En lo que respecta a la rendición de cuentas por los resultados de nuestras acciones en el ámbito de los derechos humanos, este constituye siempre un elemento indispensable para la reconstrucción de la solidaridad. Las palabras pueden sostener el espíritu, pero no resuelven los problemas; los problemas se resuelven mediante la acción.

Y la acción reconoce que una política sólida es susceptible a la influencia del liderazgo; y es precisamente el liderazgo —específicamente en lo que atañe a la rendición de cuentas— el que posee la capacidad de concebir la política y sostenerla como una forma de acción moral. Sin embargo, esto depende también de factores tales como la empatía, el poder, la riqueza, entre otros. Una nación en guerra, o una que atraviesa una grave crisis económica o financiera, podría verse imposibilitada para gestionar eficazmente los derechos humanos, aun cuando cuente con una estructura social regida por estándares éticos; es precisamente por ello que un liderazgo político eficaz, sumado a instituciones sólidas y comprometidas, aporta previsibilidad a la gestión de los derechos humanos. Este aspecto resulta fundamental para el avance de los derechos humanos, los cuales se erigen sobre los cimientos proporcionados por las estructuras políticas, sociales y económicas dentro de las cuales deben operar.

Esta dinámica de los derechos humanos se integra en el estudio del poder, las relaciones internacionales y los enfoques éticos específicos que sustentan su funcionamiento. La conceptualización política de la defensa de los derechos humanos presupone un juicio ideológico y situacional y, asimismo, exige responsabilidad emocional; todo ello enmarcado en una adhesión comprometida a las normas universales. En este contexto, destaca la tensión inherente al acto de asumir responsabilidades, una tarea emprendida en defensa de estos derechos. Este empeño busca establecer normas claras, al tiempo que reconoce la necesidad de un liderazgo impulsado por una emotividad positiva, capaz de llevar adelante las políticas de derechos humanos con un compromiso inquebrantable.

Estas condiciones reflejan la dualidad central que puede existir en el ámbito de los derechos humanos: la relación entre los estándares normativos y la realidad de la interdependencia humana de carácter emocional. Dicha realidad conlleva el reconocimiento de atributos específicos, tales como la responsabilidad individual y la naturaleza fundamental de la condición humana. Uno de los cimientos más perdurables de los derechos humanos reside en la introducción de los conceptos de límites y responsabilidad; de hecho, los límites —como aquellos establecidos por la adhesión al Estado de derecho— garantizan el ejercicio más pleno posible de la libertad individual.

Los derechos humanos demuestran que las consecuencias de las acciones políticas a menudo están moldeadas por factores que trascienden las circunstancias inmediatas, tales como nuestra sociedad de origen (incluyendo su estratificación y las oportunidades de movilidad social), el contexto histórico (ya sea democrático o autoritario), el nivel educativo alcanzado o la capacidad de generación de riqueza. El marco de los derechos humanos no puede avanzar ignorando estas condiciones; por el contrario, debe transformarlas en el fundamento mismo para desarrollar una acción política capaz de integrar el principio de la solidaridad humana. La razón resulta fundamental para establecer un marco de realismo moral: uno que afirme la naturaleza intrínsecamente evolutiva de las relaciones humanas, sustentada en la expansión de los derechos a un número cada vez mayor de personas, al tiempo que reconoce que el sufrimiento, las crisis económicas y los errores políticos son componentes inherentes de la experiencia humana, en perpetua evolución. Esto respalda el argumento de que la razón es el factor más relevante en el discurso moral contemporáneo. Dicho discurso debe esforzarse por maximizar tanto la libertad social como la individual, acompañada de las correspondientes responsabilidades individuales y sociales, sin pasar por alto las limitaciones sistémicas o situacionales. La razón y la narrativa política no siempre coinciden; en consecuencia, otro aspecto crucial de los derechos humanos reside en afirmar la primacía de la razón sobre la mera construcción narrativa. El error fundamental de los regímenes que fabrican incesantemente narrativas de una «perfección inmaculada» es que, en un momento crítico determinado, la crisis resultante se vuelve inevitablemente —como ocurre actualmente en Venezuela— absolutamente insostenible.

Uno de los problemas principales en las relaciones internacionales es la propensión para alimentar ciertas narrativas, ya sea como una dinámica de apoyo, por interés propio o debido a una afinidad ideológica. En consecuencia, estos actores internacionales se convierten en una parte sustancial del problema: contribuyendo a las violaciones de los derechos humanos, a crímenes de lesa humanidad en casos extremos, o simplemente a la vulneración de derechos básicos como el acceso a la salud, la alimentación o la educación.

Al articular el fundamento racional de los derechos humanos, estos no se conciben como una fuerza ilimitada dentro de la dinámica de la interacción humana en un mundo incierto. En última instancia, la acumulación de poder político —y la capacidad de influir en los Estados— constituye la capacidad de acción humana requerida para resolver crisis y problemas. Esta perspectiva rechaza la conceptualización distante que a veces caracteriza la visión de los políticos respecto a las necesidades en materia de derechos humanos; un liderazgo político racional debe asumir plenamente los riesgos inherentes a la política humana. Esto implica construir vínculos políticos, económicos y sociales profundos con la ciudadanía, y tomar decisiones difíciles; y permaneciendo abiertos tanto a la alegría como al sufrimiento que acompañan a la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos.

Las políticas de derechos humanos han contribuido a revitalizar el énfasis en la responsabilidad moral y la verdad, y han sentado las bases para una rendición de cuentas racional. La participación político-filosófica de las organizaciones de derechos humanos también ha influido en el desarrollo de la acción narrativa y de la rendición de cuentas racional. El énfasis en la solidaridad como elemento esencial continúa moldeando la noción de necesidad, responsabilidad y desarrollo humano. En conclusión, las deficiencias del liderazgo político —particularmente en sus deberes dentro del ámbito de los derechos humanos— constituyen el problema principal que debe resolverse para alcanzar una solución; esto ofrece una profunda reflexión sobre los límites de la gobernanza humana y la importancia moral de la solidaridad.

La rendición de cuentas en materia de políticas de derechos humanos —situada dentro de la complejidad política de la existencia humana— se erige como uno de los cimientos más sólidos para hacer frente a las diversas crisis sistémicas que surgen en cualquier sociedad. Los derechos humanos nos invitan no a ignorar las vulnerabilidades sociales, sino más bien a cultivar una ética que reconozca nuestra interdependencia, respete la razón como fundamento de las dinámicas sociales y abrace una política sensata como valor esencial —incluso frente a la adversidad—, aunque, cabe señalar, nunca garantizada. Por supuesto, esto debe emprenderse con plena conciencia de las limitaciones inherentes a cualquier sistema moral.

Luego de la construcción de sistemas nacionales sustentables de derechos humanos, el objetivo principal entonces es hacer un llamamiento a la solidaridad internacional —ideológica e integral— para garantizar el apoyo continuo a la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos. Entender la dignidad humana requiere comprender el significado de las desigualdades evidentes entre diferentes países y el valor de reflexionar sobre cómo estas desigualdades crean desigualdad entre los pueblos y entre la gente.