POLITICA
Un golpe bajo del objetivo más deseado
Julio María Sanguinetti suele bromear, y no tanto, con un consejo. Es este: “En política, si pronosticás qué, no digas cuándo; y si pronosticás cuándo, no digas qué”. Javier Milei debería ir aprendiendo la lección. El principal organizador de su gobierno, el objetivo sacralizado de su gestión, acaba de pegarle un golpe bajo. La inflación de marzo fue de 3,4%. El discurso oficial relativiza ese número nefasto, subrayando los factores que lo vuelven transitorio. Pero el perjuicio para Milei es otro. Ya no se cumplirá su vaticinio mayor: la inflación anual en 2026 no será de alrededor del 20%.
Con 9,4% en el primer trimestre, los expertos imaginan que a fin de año el porcentaje rondará el 30%. Quiere decir que se mantendrá estable respecto de 2025, cuando marcó 31,5%. El propio equipo oficial está desconcertado. Hay que recordar que hace apenas meses se negó a cambiar la base de cálculo del INDEC porque “van a atribuir a esa modificación y no a nuestro mérito la caída abrupta de la inflación”. Conclusión preliminar: la credibilidad del Presidente comienza a erosionarse en la materia para la cual él se siente más dotado. Peor aún: en la materia para la cual el núcleo de quienes lo votaron lo cree más dotado.
El nivel inconveniente de inflación de marzo combina con otras cifras antipáticas. La industria se sigue deteriorando y la construcción registró una leve mejora, aunque está afectada por una suba de costos del 1,9% en febrero. Es el costo medido en pesos; en dólares saltó 6,5%.
Es verdad que la inflación de marzo estuvo determinada por factores coyunturales. Los precios regulados aumentaron 6,5%. Los combustibles, 8,5%, por culpa de la guerra. Y las tarifas de los servicios públicos 4,7%. Se encareció la educación en 8,6% y hubo un incremento en el precio de la carne. Existió, además, un vector de más larga duración que presionó los precios hacia arriba. Es el tipo de cambio, que entre abril y octubre del año pasado se movió desde 1100 a 1500 pesos, llevando la inflación desde el entorno del 2% al del 3%.
Pero ahora el movimiento cambiario es el inverso, con una tendencia a la apreciación. Y la carne, por su parte, dejó de subir. Es la razón por la cual los expertos confían en que el índice de inflación de abril empezará con un 2. Uno de los inconvenientes políticos del oficialismo es que la sociedad compara esta inflación con la de 2025, que era igual o menor. En cambio, en 2025 lo hacía contra la del año anterior, más alta, lo que sembraba una sensación de progreso.
Más allá de las percepciones, un índice anual de 30% es un resultado muy mediocre. Sobre todo si se lo compara con la agitación autocelebratoria del oficialismo. Hay que recordar que 30% significa 5 puntos más que el por entonces escandaloso 25% de inflación que Cristina Kirchner dejó a Mauricio Macri en diciembre de 2015. Es un número más dramático si se tiene en cuenta que convive con una economía muy poco dinámica. Es verdad: todavía no llegó la ola de inversiones. ¿Llegará? El índice de riesgo-país sigue siendo alto: está cerca de 600 puntos básicos. Significa que el mercado financiero todavía no tiene confianza en Milei y en Luis “Toto” Caputo.
En estos días Milei se ve obligado a introducir en sus discursos algunas justificaciones. En la entrevista que le hicieron en el canal del Estado Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira admitió que durante el primer trimestre del año la situación había sido adversa. Fue más allá: reconoció que mucha gente la estaba pasando mal. No llegó al extremo de pedir disculpas a quienes lo habían precedido en ese diagnóstico y recibieron insultos de su parte.
Son minucias. El problema principal es otro. Si la economía no ofrece las prestaciones prometidas, La Libertad Avanza necesitará fortalecer mucho la política. Dicho de otro modo: si no consigue derrotar con nitidez a la inflación, debería demostrar que es capaz de acabar con la maldita “casta”. Es decir, debería honrar por lo menos una de sus dos promesas de campaña. Pero le está ocurriendo lo contrario. No sólo la agenda del poder está organizada alrededor de escándalos producidos por figuras del oficialismo. Además, desde el gabinete nacional se está llevando adelante una minuciosa maniobra institucional para suministrar impunidad.
El más ruidoso de los bochornos, por lo tragicómico, es el que protagoniza el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Sus esotéricos movimientos inmobiliarios sorprendieron al público, pero sobre todo a sus superiores de la Casa Rosada, con una nueva propiedad todos los días. Siempre financiado por modestísimos “fondos de pensión”. Ahora empezó la saga de los viajes. Después de volar en jet privado a Punta del Este, Adorni viajó con su esposa a los Estados Unidos con los gastos cubiertos por el maldito Estado. Justificó esos movimientos en que desde diciembre de 2023 no se había tomado vacaciones. Pero ayer se verificó que el funcionario también se había estado deslomando en las playas de Aruba. Adorni es el rey de la bicoca. Consigue departamentos por la mitad de precio y adquirió los pasajes al Caribe, en primera clase, por miserables 1400 dólares la unidad.
Los Milei no sólo decidieron sostener a Adorni. Buscan convertirlo en un emblema del oficialismo montando un show en el Congreso cuando se celebre el ritual de la rendición de cuentas al que está obligada la Jefatura de Gabinete. De alguna mente afiebrada puede haber surgido la ocurrencia de utilizar a Adorni como pararrayos frente a dramas más dolorosos y rebeldes. Por ejemplo, el malestar por la inflación y el estancamiento productivo. Es una idea incorrecta. Las malas noticias no tapan malas noticias. Las potencian.
Adorni es una anécdota. La exhibición folclórica de los desarreglos de conducta de un principiante en el arte de sacar ventaja. Mientras opera el cuentagotas de sus pequeñas fechorías, en la penumbra de la administración se teje una urdimbre que, en el largo plazo, será calamitosa. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su segundo, el controvertido abogado Santiago Viola, están consolidando un esquema judicial sospechoso de garantizar que no haya sanción para una oscura trama de negocios. Entre los principales protegidos están los capitostes de la AFA. Recién después vienen los Milei.
No debería sorprender. La sola designación de Viola como secretario de Justicia es una definición de que “la moral como política de Estado” es una consigna que quedará, con suerte, para un eventual próximo mandato. Cuando era defensor de Lázaro Báez, Viola fue procesado por haber montado una patraña judicial contra el juez Sebastián Casanello para impedir que siguiera investigando al presunto testaferro de los Kirchner. La intención final habría sido que Báez quedara en manos de María Servini. Para ese fin Viola utilizó testigos falsos, que también fueron sancionados. La Cámara de Casación, con la firma de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, lo hizo zafar. En Comodoro Py se atribuye la absolución a los movimientos de Mahiques, hijo de un colega de los camaristas, el “boxindanga” Carlos “Coco” Mahiques.
Viola ahora no sólo es viceministro de Justicia. En esa calidad integra el Consejo de la Magistratura, donde forma parte nada menos que de la Comisión de Selección de Jueces. Es decir: el Gobierno, a instancias de Karina Milei, confía la calidad de los magistrados a un personaje tan cuestionable como Viola. Las atribuciones de este problemático profesional van más allá. Está al frente de la Comisión de Administración del Consejo. Es decir, le han confiado, tan luego a él, el manejo del dinero.
Para que lo que se sospecha que puede ocurrir, ocurra, Viola eligió como colaboradora a Rosana Lodovico. Su nombre alcanzó notoriedad en mayo de 2024, cuando debió ser removida de la conducción de la Aduana porque se descubrió que había recibido un préstamo de Promarlón S.A., una compañía investigada por contrabando. El ex marido de Lodovico, Luis Bocassi, y su cuñado, Alejandro Lucano, también estaban involucrados en la denuncia. Bocassi era Jefe de Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana. Un fanático del librecambio. Ahora se vuelve más creíble la versión que circulaba apenas Milei llegó al poder: que su hermana había encomendado a Viola que se encargue de misteriosos “temas de la Aduana”. Síntesis: la “caja” de la Justicia estará en manos de Viola y de Lodovico. La catástrofe no será un accidente. Es un objetivo.
Viola secunda las decisiones de Mahiques. Desde que se supo que sería el nuevo ministro de Justicia, a Mahiques se le atribuyó el propósito de lograr la impunidad para los dirigentes de la AFA. A medida que pasan los días, esa presunción adquiere más y más verosimilitud. Las relaciones entre este funcionario y el dúo Claudio Tapia/ Pablo Toviggino son numerosísimas. Ellos lo designaron delegado ante una comisión de la FIFA. También vicerrector de una supuesta universidad de la Asociación.
A Mahiques se atribuye la designación de los abogados de la AFA, sobre todo de Toviggino, mucho antes de que salieran a la luz los innumerables negociados de esa organización. Entre esos letrados se destaca Ignacio Jakim, quien protagonizó un fracaso resonante en un emprendimiento de importación de electrodomésticos, que se aprovechaba de las manipulaciones de allegados a Toviggino con el régimen cambiario. Lo demás es anecdótico. Que el papá de Mahiques, el “boxindanga”, y que los hijos de Mahiques festejaron sus cumpleaños en la mansión que Toviggino tiene en Villa Rosa, puesta a nombre de jubilados similares a los que financiaron a Adorni.
Con la designación de Mahiques en el Ministerio de Justicia comenzó “el próximo paso”, como dirían en el Pro. El ministro, que ya había puesto los abogados a Tapia y Toviggino, ahora estaría por ponerles los jueces. Uno clave es Alejandro Catania a quien, por sus legendarios tocados, llaman “Rodete”. Es candidato a ocupar una vacante de la Sala A de la Cámara Federal en lo Penal Económico. Se trata del tribunal de alzada donde se tramita la causa contra los malhechores de la AFA por una multimillonaria evasión de impuestos. Un dato clave: por la naturaleza del delito, ese expediente no podría ser remitido a la tierra prometida del juzgado federal de Campana, donde los imputados confían en contar con la clemencia de Adrián González Charvay.
Para mayor tranquilidad de los investigados, a la misma Cámara de Catania iría Juan Pedro Galván Greenway, quien contaría también con el padrinazgo de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. Ecuménico, Greenway. Un detalle significativo: Catania tiene una gran relación con Darío Richarte, quien siempre estuvo muy ligado a Daniel Angelici. Casi tanto como Mahiques. Inferencia: Angelici tal vez logre vengarse de los ruidos molestos que provocaba en Villa Rosa el incansable Toviggino con los movimientos de su helicóptero. El problema de Catania es que, siendo diputada, Patricia Bullrich pidió su juicio político, acompañada por Federico Pinedo y Paula Bertol. Bullrich es hoy la figura más poderosa de La Libertad Avanza en el Senado.
Siempre en relación con los negocios del fútbol, hay otra vacante estratégica para el plan de Mahiques: la Sala B de la Cámara Comercial del fuero ordinario. Para esa butaca pensó en José Djivaris quien, como él, integró las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Fue subsecretario de Justicia hasta que lo derivaron al Tribunal Superior de la Ciudad con un cargo administrativo de gran relevancia. La Cámara Comercial es decisiva para una guerra en curso: el establecimiento de sociedades anónimas para la gestión del fútbol.
Djivaris es una demostración viviente del principio expuesto por el camarista federal Alberto Lugones durante la discusión del Reglamento de Concursos del Consejo de la Magistratura, el jueves pasado: “No soy fanático de la meritocracia”. Gracias a la discrecionalidad de la entrevista personal, que es un paso del examen, el candidato de Mahiques pasó del puesto 11º al puesto 4º del concurso Nº 478. Algo parecido sucedió con María Victoria Ordoñez, quien fuera esposa de Mahiques y compitió, con ayuda, para un juzgado de Familia.
Mahiques tiene otra jugada disponible en esa Sala B: en septiembre, Matilde Ballerini cumple 75 años y debería retirarse. Salvo que el ministro decida que se pedirá acuerdo al Senado para que dure 5 años más en el cargo. Los intereses del macrismo en la Sala B de la Cámara Comercial van más allá del fútbol. En ese tribunal se decide el destino del turbulento concurso del Correo Argentino, en el que está involucrada la familia de Mauricio Macri.
Además de pensar en sus “clientes” de la AFA y en sus antiguos amigos del Pro, Mahiques debe poner parte de su atención en las tribulaciones penales de los hermanos Milei. Allí aparece una figura clave: Ana María Juan. Es la candidata a ocupar un juzgado federal en Hurlingham. Juan está casada con Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene en sus manos la causa $Libra, pesadilla del Presidente y de su hermana. ¿Giorgi, el ejemplar más destacado de la escudería tribunalicia del tenebroso Antonio Stiusso, amenazó a la señorita Milei con un llamado a indagatoria? Habladurías. Habrá que ver qué destino toma la causa si la doctora Juan consigue el juzgado que anhela desde hace tantos años.
El otro cortafuegos que Mahiques debe tender frente a Karina se llama Patricio Maraniello. Participó del Concurso 442, que todavía no concluyó, para cubrir varias vacantes de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial. También se postuló para un cargo en la Cámara Federal Contencioso Administrativa. Maraniello acumula denuncias en el Consejo por malos tratos y acosos de distinto tipo. Pero tiene un mérito: fue el que emitió la cautelar estableciendo la censura previa para quienes intentaran divulgar audios obtenidos con la voz de la hermana del Presidente. Marianello preside la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que tuvo durante años como secretario al juez Lugones. La Asociación premió en su momento al ministro Mahiques. Si se sigue el criterio de Lugones, no habrá sido por sus méritos.
El escándalo de la AFA puso en evidencia la profundidad de un vínculo que ya era conocido: el del submundo de la Justicia con el submundo del fútbol. Esta semana esos túneles quedaron otra vez expuestos a la luz. Fue cuando el fiscal Guillermo Marijuan denunció, con términos inusuales por lo crudos, a los empresarios Leandro Camani y Diego Lepera, junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, por integrar una asociación ilícita destinada a cobrar coimas y lavar dinero generado alrededor del negocio del cobro de fotomultas. Camani es el dueño de la empresa Securtrans, en la que, según informan en el ambiente judicial, tendría intereses Claudia Balbín, la mamá de Santiago Viola.
El caso está plagado de misterios. En principio, ya es misterioso que Balbín y su hijo Viola estén interesados en la seguridad vial. No debe ser verdad. Hay que recordar que Viola fue el responsable de un homicidio por transitar a altísima velocidad en horas de la madrugada por la Panamericana, rumbo a su casa del Tortugas Country Club. Las versiones sobre ese trágico episodio son innumerables. En la Policía Bonaerense creen recordar que Viola permaneció varias horas en el auto, enclaustrado, para no prestarse a los exámenes de alcoholemia. ¿Es cierto que se presentó a la Justicia un par de días más tarde? La narración desciende hacia detalles que mejor no mencionar. Sobre todo, porque son versiones. De estas experiencias él, o tal vez su madre, habría pasado al negocio de las fotomultas.
Sin embargo, lo más raro de la denuncia de Marijuan es que revela un conflicto que estalla en las entrañas del massismo. El fiscal, el ministro Marinucci, Camani y, sobre todo, Lepera, el eficaz alegrante del restaurante Roldán, todos responden a Sergio Massa con distintos grados de obediencia. Por eso en el ambiente judicial se preguntan, ya que nadie lo supone un fiscal independiente, quién está detrás de Marijuan. La respuesta es unánime: Toviggino. Al parecer el polémico tesorero de la AFA está indignado con Camani porque está convencido de que el empresario fue quien impulsó a Matías Yofe, militante de la Coalición Cívica de Pilar, a poner los focos sobre la mansión de los jubilados de Villa Rosa. Toviggino cree en esa explicación por un antecedente de Yofe: también denunció a Jorge D’Onofrio, el exministro de Transportes bonaerense, por afectar el negocio de las fotomultas de Camani.
La jugada es riesgosa. Tiene un punto crítico. La irascibilidad del alegrante. Lepera, íntimo amigo de Mahiques, es el silencioso testigo de las mil y una noches de Roldán. Su memoria conserva un tesoro de secretos. Marijuan corre el riesgo de que ese apacible ciudadano de la fiesta se abrace a las columnas del templo y haga temblar todo el edificio. Puesto en otros términos: que Lepera, desde la barra de Roldán, arrase con la casta con una agresividad que todavía no se animó a mostrar Milei.
#DatoINDEC,#IPC,https://t.co/ALtx4h5Sbd,pic.twitter.com/6COSfIep4J,April 14, 2026,Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
El Gobierno oficializó los cambios en el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades
Tal como anticipó Infobae, el Gobierno publicó hoy el decreto 467/2026 que modifica el procedimiento para la selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.
Tras el extenuante proceso que demandó la aprobación de los 74 pliegos semanas atrás, en el Senado, la medida se formalizó esta madrugada en Boletín Oficial y fue elaborada y firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de una reforma sobre el decreto 222 y 588 de 2003 —y sus modificaciones posteriores, entre ellas el decreto 267/2024— que busca eliminar la etapa administrativa previa a la nominación de titulares, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos.
Ambas normativas, vigentes desde hace más de diez años, establecían que el Ejecutivo debía publicar los antecedentes de los candidatos y abrir una instancia de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de formalizar cualquier nominación.
El nuevo decreto derogó esa instancia con el argumento de que el Senado ya garantiza esos mecanismos de publicidad y participación a través de audiencias públicas obligatorias y la recepción de observaciones por parte de la ciudadanía, establecidas en su propio reglamento interno. Mantener este paso implicaba una duplicación de instancias que solo demoraba el trámite sin agregar valor sustantivo, confirmaron a este medio fuentes oficiales.
La participación ciudadana y las impugnaciones seguirán siendo posibles, pero ocurrirán directamente en la Cámara alta y no antes de que el pliego llegue a la misma.
El nuevo esquema también reemplaza la publicación de nominaciones en diarios de circulación nacional por la difusión en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia, en línea con los canales digitales de comunicación actuales. Los candidatos tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales “con la nómina de los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, sus modificaciones y su reglamentación”.
La difusión de los antecedentes del candidato ya no se realizará en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional, sino en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más cortos. El Gobierno sostiene que esta adecuación responde a la dinámica actual de comunicación y a las tecnologías disponibles, y que la reducción de los plazos de publicación contribuye a hacer el trámite más expedito.
Otra modificación relevante apunta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El decreto mantiene la obligación de que el organismo elabore informes sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos, pero fija por primera vez un plazo máximo de cinco días para su confección y aclara que deben preservar el secreto fiscal. Antes, no existía ese plazo ni esa uniformidad entre los dos decretos originales.
En el decreto no se mencionó la recomendación que el texto 222/2003 le imponía al presidente de contemplar la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de nominar candidatos.
Qué no cambia
La reforma no altera el procedimiento constitucional ni el reglamentario del Senado de la Nación. Las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación por dos tercios de los miembros presentes quedan intactas.
“Los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana no se suprimen”, dijeron a Infobae, dado que esas instancias están garantizadas en la etapa legislativa.
La nueva normativa tampoco altera dos obligaciones centrales para los postulantes: la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de intereses, y la intervención de ARCA para verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales.
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POLITICA
El PJ Federal le hizo un guiño al campo y vuelve a poner en debate el programa económico del peronismo
El PJ Federal, que se presentó el 1 de mayo en Parque Norte e impulsó un debate sobre el plan económico que debe tener el peronismo si vuelve a ser gobierno, sumó un segundo acto para consolidar la propuesta y dar cuenta, hacia el interior del país, que el espacio, sin candidato nacional, tiene los brazos abiertos para recibir propuestas y nombres propios.
En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el esquema que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával, le hizo un guiño al campo, al ponerlo en el vértice de las prioridades que debe tener la actualización del programa económico del peronismo. Un sector que ha vivido momentos de mucha tensión con el PJ durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
“Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional”, indicaron los federales en el documento emitido este lunes, bajo el título “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”, en el cierre del acto central. Fue, claro está, un mensaje sobre las decisiones del pasado que tuvieron el sello K.
El peronismo federal quiere cerrar la grieta que existe con el campo desde el 2008 a esta parte. Con altibajos, pero con tensiones sistemáticas, el PJ ha tenido una relación marcada por las descalificaciones y los reproches con el sector agropecuario. Entre las heridas que este espacio considera que hay que suturar está el vínculo con los productores y sus representantes institucionales y políticos, que tiempo atrás confluyeron en lo que fue llamada la Mesa de Enlace.
La idea que manifiestan tiene que ver con “dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales” y “plantear la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional”, según expresó uno de los dirigentes presentes a este medio.
“La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”, explicaron los federales, dándole mayor volumen al debate de la fuerza política respecto al plan económico que debe tener el justicialismo si logra volver al poder.
En el documento final, enumeraron ocho propuestas para mejorar las condiciones del sector agropecuario. Se refirieron a una reforma integral impositiva; una nueva ley de semillas; la modificación en la ley de riego; una modernización de rutas, puertos, caminos rurales y ferrocarriles para tener una mejor logística de conectividad; darle mayor impulso a las economías regionales; el fortalecimiento de organismos técnicos; incentivos y financiación para renovar la maquinaria agrícola; y mayor capacitación y formalidad en el trabajo rural.
“La política para el sector agropecuario y agroindustrial debe estar firmemente orientada a generar mayor producción de todas y cada una de las cadenas productivas, de la soja al girasol, de las peras al limón, de las nueces a las almendras, de la carne bovina a la aviar, de las semillas de última generación a la producción orgánica”, expresaron los dirigentes en el documento.
Al igual que en el encuentro en Parque Norte, uno de los presentes más destacados fue el co-secretario general de la CGT, Christian Jerónimo. También acompañaron el diputado mendocino Emir Félix; el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; el legislador puntano Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional y ex gobernador entrerriano Gustavo Bordet; los legisladores santafesinos Roberto Mirabella y Marcelo Lewandowski; la diputada porteña Kely Olmos y el diputado jujeño Guillermo Snopek.
En la lista aparecen también el senador nacional por San Luis Fernando Salino; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el secretario de Integración Territorial del Gobierno de Córdoba, Nadir Nifuri, que fue enviado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el diputado misionero Alberto Arrúa, la legisladora correntina Celeste Ascúa y varios dirigentes de Chaco como Josefina Gonzalez, Javier Martínez, Marcela Duarte y Judith Gómez.
En el grupo que estuvo arriba del escenario hubo también varios intendentes y legisladores del peronismo entrerriano como Isa Castagnino, Gustavo Bastian, Adriana Meza Torres, Adrián Fuertes, Rosario Romero, Lorena Arrozogaray, Martín Oliva, Adán Bahl, Marianela Marclay, José Lauritto, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Ricardo Bravo
En el PJ federal consideran que con la propuesta de debate que hicieron en Parque Norte, un mes y medio atrás, abrieron una discusión que no estaba instalada en el peronismo. La principal tiene que ver con la importancia del equilibrio fiscal en el plan económico. El kirchnerismo dio su mirada pública y puso sobre la mesa otra postura. Lo más importante de ese movimiento fue desempolvar los prejuicios y las miradas ideologizadas para empezar a discutirlas con tiempo y de cara a la gente.
Durante su discurso, Tolosa Paz consideró que “las decisiones del peronismo que viene se deben tomar en función de representar y reflejar a la Argentina federal” y remarcó que el espacio que representa tiene la voluntad de profundizar el debate sobre “los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro”. En ese sentido, agregó: “No hay economía que funcione con la gente pasándola mal”.
A su turno, Juan Manuel Olmos aseguró: “Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos”. En su presentación, hizo una referencia a la ex presidenta de la Nación y su condena. “Creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027″, sentenció.
La aparición de Cristina Kirchner en un par de discursos fue uno de los cambios que hubo en los mensajes de la jornada. En Parque Norte nadie la había nombrado. Parece ser una señal de cercanía, lo que no implica poner su causa política y penal en el principal lugar de la agenda política.
Por su parte, Guillermo Michel dio un mensaje de futuro electoral. “Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Además, planteó que el desafío de la fuerza política en su conjunto es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.
Uno de los discursos más potentes del acto fue el del mendocino Emir Félix. “No podemos caer en la trampa de quedar presos de las internas y los candidatos. Tenemos que abrazar a todos. Los peronistas tenemos que estar cerca, entender lo que sucede y tener propuestas claras, para construir un andamio que pueda elevar a nuestros candidatos”, precisó.
Además, autocrítica mediante, consideró: “Tenemos que readaptar las ideas a la nueva realidad de la Argentina. Tenemos que recalcular lo que hemos venido planteando. No podemos ir hacia un 2027 con una foto vieja de lo que sucedió anteriormente en la Argentina. Hay una realidad nueva. Hay que entender cuál es la realidad en cada rincón e interpretarla”
El PJ Federal propuso, en primera instancia, debatir sobre la importancia del equilibrio fiscal en un eventual gobierno peronista. Ayer sumó a esa agenda de debate el vínculo político y productivo con el campo, y las reformas que deberían realizarse para que el sector tenga una mejora en sus condiciones productivas y de conectividad. Temas centrales de un programa económico que debe ser debatido hacia el interior del peronismo. Porque, en el fondo, la intención principal es construir una alianza en unidad con todos las ramas internas, para poder ser competitivos en el 2027.
PJ Federal en Entre Rios
POLITICA
Sur Finanzas: las nuevas indagatorias apuntan a la ex cúpula directiva del Club Atlético Banfield
La causa judicial que vincula a la AFA con Sur Finanzas toma un nuevo impulso esta semana: el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó declaraciones indagatorias para los ex directivos del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker, además de los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
La medida llega semanas después de que cinco de los imputados del entorno del financista Maximiliano Ariel Vallejo, amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se negaran a responder preguntas ante el tribunal.
La resolución, dictada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, se enmarca en la causa FLP 29107/2025, caratulada “Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303, denunciante Auriga League S.A.“. La acusación sostiene que una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield operó de manera independiente pero conectada con el holding Sur Finanzas, al que la fiscalía ubica como el núcleo operativo de una estructura profesionalizada en el lavado de activos.
El instrumento central de esa maniobra habría sido el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012, y la empresa Banfileños S.A., ambas controladas por las mismas personas que dirigían el club.
Las fechas de las indagatorias
El juez Armella fijó tres fechas para las comparecencias ante el tribunal, con sede en Lomas de Zamora:
- 18 de junio, a las 10:00 hs.: Eduardo Juan Spinosa
- 18 de junio, a las 10:30 hs.: Federico José Spinosa
- 24 de junio, a las 10:00 hs.: Ignacio Javier Uzquiza
- 24 de junio, a las 10:30 hs.: Oscar Fabián Tucker
- 25 de junio, a las 10:00 y 10:30 hs.: los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña
A todos los imputados se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, prohibición de contactarse con los otros imputados y restricción para alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial. La Dirección Nacional de Migraciones fue notificada de las restricciones de salida.
Los cargos y el rol de cada imputado
Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del Club Atlético Banfield, y también presidente de Banfileños S.A. y del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, enfrenta la imputación más grave del grupo.
La fiscalía lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por la habitualidad. La acusación lo ubica como el vértice de toda la estructura: desde su posición en el club, derivaba los ingresos hacia la fiduciaria que él mismo controlaba. Esa operatoria quedó plasmada, según el expediente, en endosos manuscritos de cheques del Banco Bica incautados durante el allanamiento a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, donde puede leerse de puño y letra de Spinosa la instrumentación del desvío hacia la cuenta del fideicomiso.
Federico José Spinosa, hermano del anterior y ex vicepresidente de Banfileños S.A., responde a la imputación como miembro de la asociación ilícita, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado.
La fiscalía señala que aportó su firma y su rol de intraneus para consolidar las obligaciones abusivas contraídas por el club. Figura también como firmante de los dos contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que el club se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.
Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero de Banfield y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), está imputado por asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautor. La acusación destaca que, desde el control de la tesorería, suscribió junto a los hermanos Spinosa los mutuos usurarios en los que la dirigencia declaró haber recibido un millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.
Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente del club, es imputado por asociación ilícita en calidad de miembro y lavado de activos agravado por la habitualidad. Según la fiscalía, garantizó desde la vicepresidencia la continuidad política y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente.
La acusación identifica a esas dos entidades como el núcleo del esquema de opacidad diseñado para reciclar los fondos desviados del club: cualquier financiamiento externo obtenido por Banfield quedaba automáticamente canalizado a través del vehículo fiduciario administrado por las mismas autoridades que conducían la institución.
El antecedente: silencio y una defensa solitaria
El juez Armella ya había citado a declarar a seis personas del entorno de Vallejo. Cinco de ellas —Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista; María Fernanda Sena Argis; Bárbara Denise Sena Argis; Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez, se negaron a responder preguntas ante el tribunal. Esa actitud no produce efectos procesales adversos, dado que el artículo 18 de la Constitución Nacional impide interpretar ese silencio como indicio de culpabilidad.
El único que se defendió ante los investigadores judiciales fue Maximiliano Ariel Vallejo. Lo hizo el 26 de mayo: entregó un escrito, respondió únicamente las preguntas de su propia defensa y se proclamó inocente. “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”, sostuvo en ese documento.
De manera oral, calificó el expediente como una causa “mediática” y afirmó que sobre él pesaba una percepción de culpabilidad “por dichos populares de los medios”. Sobre los USD 110.000 en moneda extranjera hallados durante los allanamientos, dijo que habían sido adquiridos legalmente tras el levantamiento del cepo cambiario en 2025.
Frente a la imputación por lavado de activos, sostuvo: “Debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay”. Respecto de los contratos de mutuo con el Club Atlético Banfield, se definió como “un simple sponsor” que le hizo “un préstamo al presidente de una entidad” y cerró su intervención con una frase terminante: “Me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”.
El contexto de la causa
La investigación tomó estado público tras los allanamientos del 1 de diciembre de 2025 en la sede de Sur Finanzas y en varios clubes de fútbol. En esos operativos se secuestraron biblioratos físicos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.
La fiscalía considera a este último el caso paradigmático de la estrategia de captura de instituciones civiles para utilizarlas como herramientas de reciclaje de activos. Según la acusación, Sur Finanzas funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones a través de esas 16 entidades.
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