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POLITICA

Un golpe bajo del objetivo más deseado

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Julio María Sanguinetti suele bromear, y no tanto, con un consejo. Es este: “En política, si pronosticás qué, no digas cuándo; y si pronosticás cuándo, no digas qué”. Javier Milei debería ir aprendiendo la lección. El principal organizador de su gobierno, el objetivo sacralizado de su gestión, acaba de pegarle un golpe bajo. La inflación de marzo fue de 3,4%. El discurso oficial relativiza ese número nefasto, subrayando los factores que lo vuelven transitorio. Pero el perjuicio para Milei es otro. Ya no se cumplirá su vaticinio mayor: la inflación anual en 2026 no será de alrededor del 20%.

Con 9,4% en el primer trimestre, los expertos imaginan que a fin de año el porcentaje rondará el 30%. Quiere decir que se mantendrá estable respecto de 2025, cuando marcó 31,5%. El propio equipo oficial está desconcertado. Hay que recordar que hace apenas meses se negó a cambiar la base de cálculo del INDEC porque “van a atribuir a esa modificación y no a nuestro mérito la caída abrupta de la inflación”. Conclusión preliminar: la credibilidad del Presidente comienza a erosionarse en la materia para la cual él se siente más dotado. Peor aún: en la materia para la cual el núcleo de quienes lo votaron lo cree más dotado.

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El nivel inconveniente de inflación de marzo combina con otras cifras antipáticas. La industria se sigue deteriorando y la construcción registró una leve mejora, aunque está afectada por una suba de costos del 1,9% en febrero. Es el costo medido en pesos; en dólares saltó 6,5%.

Es verdad que la inflación de marzo estuvo determinada por factores coyunturales. Los precios regulados aumentaron 6,5%. Los combustibles, 8,5%, por culpa de la guerra. Y las tarifas de los servicios públicos 4,7%. Se encareció la educación en 8,6% y hubo un incremento en el precio de la carne. Existió, además, un vector de más larga duración que presionó los precios hacia arriba. Es el tipo de cambio, que entre abril y octubre del año pasado se movió desde 1100 a 1500 pesos, llevando la inflación desde el entorno del 2% al del 3%.

Pero ahora el movimiento cambiario es el inverso, con una tendencia a la apreciación. Y la carne, por su parte, dejó de subir. Es la razón por la cual los expertos confían en que el índice de inflación de abril empezará con un 2. Uno de los inconvenientes políticos del oficialismo es que la sociedad compara esta inflación con la de 2025, que era igual o menor. En cambio, en 2025 lo hacía contra la del año anterior, más alta, lo que sembraba una sensación de progreso.

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Más allá de las percepciones, un índice anual de 30% es un resultado muy mediocre. Sobre todo si se lo compara con la agitación autocelebratoria del oficialismo. Hay que recordar que 30% significa 5 puntos más que el por entonces escandaloso 25% de inflación que Cristina Kirchner dejó a Mauricio Macri en diciembre de 2015. Es un número más dramático si se tiene en cuenta que convive con una economía muy poco dinámica. Es verdad: todavía no llegó la ola de inversiones. ¿Llegará? El índice de riesgo-país sigue siendo alto: está cerca de 600 puntos básicos. Significa que el mercado financiero todavía no tiene confianza en Milei y en Luis “Toto” Caputo.

En estos días Milei se ve obligado a introducir en sus discursos algunas justificaciones. En la entrevista que le hicieron en el canal del Estado Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira admitió que durante el primer trimestre del año la situación había sido adversa. Fue más allá: reconoció que mucha gente la estaba pasando mal. No llegó al extremo de pedir disculpas a quienes lo habían precedido en ese diagnóstico y recibieron insultos de su parte.

Son minucias. El problema principal es otro. Si la economía no ofrece las prestaciones prometidas, La Libertad Avanza necesitará fortalecer mucho la política. Dicho de otro modo: si no consigue derrotar con nitidez a la inflación, debería demostrar que es capaz de acabar con la maldita “casta”. Es decir, debería honrar por lo menos una de sus dos promesas de campaña. Pero le está ocurriendo lo contrario. No sólo la agenda del poder está organizada alrededor de escándalos producidos por figuras del oficialismo. Además, desde el gabinete nacional se está llevando adelante una minuciosa maniobra institucional para suministrar impunidad.

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Javier milei y Adorni se saludan en Anchampresidencia

El más ruidoso de los bochornos, por lo tragicómico, es el que protagoniza el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Sus esotéricos movimientos inmobiliarios sorprendieron al público, pero sobre todo a sus superiores de la Casa Rosada, con una nueva propiedad todos los días. Siempre financiado por modestísimos “fondos de pensión”. Ahora empezó la saga de los viajes. Después de volar en jet privado a Punta del Este, Adorni viajó con su esposa a los Estados Unidos con los gastos cubiertos por el maldito Estado. Justificó esos movimientos en que desde diciembre de 2023 no se había tomado vacaciones. Pero ayer se verificó que el funcionario también se había estado deslomando en las playas de Aruba. Adorni es el rey de la bicoca. Consigue departamentos por la mitad de precio y adquirió los pasajes al Caribe, en primera clase, por miserables 1400 dólares la unidad.

Los Milei no sólo decidieron sostener a Adorni. Buscan convertirlo en un emblema del oficialismo montando un show en el Congreso cuando se celebre el ritual de la rendición de cuentas al que está obligada la Jefatura de Gabinete. De alguna mente afiebrada puede haber surgido la ocurrencia de utilizar a Adorni como pararrayos frente a dramas más dolorosos y rebeldes. Por ejemplo, el malestar por la inflación y el estancamiento productivo. Es una idea incorrecta. Las malas noticias no tapan malas noticias. Las potencian.

Adorni es una anécdota. La exhibición folclórica de los desarreglos de conducta de un principiante en el arte de sacar ventaja. Mientras opera el cuentagotas de sus pequeñas fechorías, en la penumbra de la administración se teje una urdimbre que, en el largo plazo, será calamitosa. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su segundo, el controvertido abogado Santiago Viola, están consolidando un esquema judicial sospechoso de garantizar que no haya sanción para una oscura trama de negocios. Entre los principales protegidos están los capitostes de la AFA. Recién después vienen los Milei.

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No debería sorprender. La sola designación de Viola como secretario de Justicia es una definición de que “la moral como política de Estado” es una consigna que quedará, con suerte, para un eventual próximo mandato. Cuando era defensor de Lázaro Báez, Viola fue procesado por haber montado una patraña judicial contra el juez Sebastián Casanello para impedir que siguiera investigando al presunto testaferro de los Kirchner. La intención final habría sido que Báez quedara en manos de María Servini. Para ese fin Viola utilizó testigos falsos, que también fueron sancionados. La Cámara de Casación, con la firma de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, lo hizo zafar. En Comodoro Py se atribuye la absolución a los movimientos de Mahiques, hijo de un colega de los camaristas, el “boxindanga” Carlos “Coco” Mahiques.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y los jueces de la Casación, entre ellos su padre Carlos Mahiques

Viola ahora no sólo es viceministro de Justicia. En esa calidad integra el Consejo de la Magistratura, donde forma parte nada menos que de la Comisión de Selección de Jueces. Es decir: el Gobierno, a instancias de Karina Milei, confía la calidad de los magistrados a un personaje tan cuestionable como Viola. Las atribuciones de este problemático profesional van más allá. Está al frente de la Comisión de Administración del Consejo. Es decir, le han confiado, tan luego a él, el manejo del dinero.

Para que lo que se sospecha que puede ocurrir, ocurra, Viola eligió como colaboradora a Rosana Lodovico. Su nombre alcanzó notoriedad en mayo de 2024, cuando debió ser removida de la conducción de la Aduana porque se descubrió que había recibido un préstamo de Promarlón S.A., una compañía investigada por contrabando. El ex marido de Lodovico, Luis Bocassi, y su cuñado, Alejandro Lucano, también estaban involucrados en la denuncia. Bocassi era Jefe de Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana. Un fanático del librecambio. Ahora se vuelve más creíble la versión que circulaba apenas Milei llegó al poder: que su hermana había encomendado a Viola que se encargue de misteriosos “temas de la Aduana”. Síntesis: la “caja” de la Justicia estará en manos de Viola y de Lodovico. La catástrofe no será un accidente. Es un objetivo.

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Viola secunda las decisiones de Mahiques. Desde que se supo que sería el nuevo ministro de Justicia, a Mahiques se le atribuyó el propósito de lograr la impunidad para los dirigentes de la AFA. A medida que pasan los días, esa presunción adquiere más y más verosimilitud. Las relaciones entre este funcionario y el dúo Claudio Tapia/ Pablo Toviggino son numerosísimas. Ellos lo designaron delegado ante una comisión de la FIFA. También vicerrector de una supuesta universidad de la Asociación.

A Mahiques se atribuye la designación de los abogados de la AFA, sobre todo de Toviggino, mucho antes de que salieran a la luz los innumerables negociados de esa organización. Entre esos letrados se destaca Ignacio Jakim, quien protagonizó un fracaso resonante en un emprendimiento de importación de electrodomésticos, que se aprovechaba de las manipulaciones de allegados a Toviggino con el régimen cambiario. Lo demás es anecdótico. Que el papá de Mahiques, el “boxindanga”, y que los hijos de Mahiques festejaron sus cumpleaños en la mansión que Toviggino tiene en Villa Rosa, puesta a nombre de jubilados similares a los que financiaron a Adorni.

Allanamiento en la quinta de Villa Rosa, PilarRicardo Pristupluk

Con la designación de Mahiques en el Ministerio de Justicia comenzó “el próximo paso”, como dirían en el Pro. El ministro, que ya había puesto los abogados a Tapia y Toviggino, ahora estaría por ponerles los jueces. Uno clave es Alejandro Catania a quien, por sus legendarios tocados, llaman “Rodete”. Es candidato a ocupar una vacante de la Sala A de la Cámara Federal en lo Penal Económico. Se trata del tribunal de alzada donde se tramita la causa contra los malhechores de la AFA por una multimillonaria evasión de impuestos. Un dato clave: por la naturaleza del delito, ese expediente no podría ser remitido a la tierra prometida del juzgado federal de Campana, donde los imputados confían en contar con la clemencia de Adrián González Charvay.

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Para mayor tranquilidad de los investigados, a la misma Cámara de Catania iría Juan Pedro Galván Greenway, quien contaría también con el padrinazgo de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner. Ecuménico, Greenway. Un detalle significativo: Catania tiene una gran relación con Darío Richarte, quien siempre estuvo muy ligado a Daniel Angelici. Casi tanto como Mahiques. Inferencia: Angelici tal vez logre vengarse de los ruidos molestos que provocaba en Villa Rosa el incansable Toviggino con los movimientos de su helicóptero. El problema de Catania es que, siendo diputada, Patricia Bullrich pidió su juicio político, acompañada por Federico Pinedo y Paula Bertol. Bullrich es hoy la figura más poderosa de La Libertad Avanza en el Senado.

Siempre en relación con los negocios del fútbol, hay otra vacante estratégica para el plan de Mahiques: la Sala B de la Cámara Comercial del fuero ordinario. Para esa butaca pensó en José Djivaris quien, como él, integró las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. Fue subsecretario de Justicia hasta que lo derivaron al Tribunal Superior de la Ciudad con un cargo administrativo de gran relevancia. La Cámara Comercial es decisiva para una guerra en curso: el establecimiento de sociedades anónimas para la gestión del fútbol.

Djivaris es una demostración viviente del principio expuesto por el camarista federal Alberto Lugones durante la discusión del Reglamento de Concursos del Consejo de la Magistratura, el jueves pasado: “No soy fanático de la meritocracia”. Gracias a la discrecionalidad de la entrevista personal, que es un paso del examen, el candidato de Mahiques pasó del puesto 11º al puesto 4º del concurso Nº 478. Algo parecido sucedió con María Victoria Ordoñez, quien fuera esposa de Mahiques y compitió, con ayuda, para un juzgado de Familia.

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Mahiques tiene otra jugada disponible en esa Sala B: en septiembre, Matilde Ballerini cumple 75 años y debería retirarse. Salvo que el ministro decida que se pedirá acuerdo al Senado para que dure 5 años más en el cargo. Los intereses del macrismo en la Sala B de la Cámara Comercial van más allá del fútbol. En ese tribunal se decide el destino del turbulento concurso del Correo Argentino, en el que está involucrada la familia de Mauricio Macri.

Mauricio Macri al salir de los tribunales de Comodoro Py donde declaró como testigo en la causa Sueños CompartidosEnrique García Medina

Además de pensar en sus “clientes” de la AFA y en sus antiguos amigos del Pro, Mahiques debe poner parte de su atención en las tribulaciones penales de los hermanos Milei. Allí aparece una figura clave: Ana María Juan. Es la candidata a ocupar un juzgado federal en Hurlingham. Juan está casada con Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene en sus manos la causa $Libra, pesadilla del Presidente y de su hermana. ¿Giorgi, el ejemplar más destacado de la escudería tribunalicia del tenebroso Antonio Stiusso, amenazó a la señorita Milei con un llamado a indagatoria? Habladurías. Habrá que ver qué destino toma la causa si la doctora Juan consigue el juzgado que anhela desde hace tantos años.

El otro cortafuegos que Mahiques debe tender frente a Karina se llama Patricio Maraniello. Participó del Concurso 442, que todavía no concluyó, para cubrir varias vacantes de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial. También se postuló para un cargo en la Cámara Federal Contencioso Administrativa. Maraniello acumula denuncias en el Consejo por malos tratos y acosos de distinto tipo. Pero tiene un mérito: fue el que emitió la cautelar estableciendo la censura previa para quienes intentaran divulgar audios obtenidos con la voz de la hermana del Presidente. Marianello preside la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que tuvo durante años como secretario al juez Lugones. La Asociación premió en su momento al ministro Mahiques. Si se sigue el criterio de Lugones, no habrá sido por sus méritos.

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El escándalo de la AFA puso en evidencia la profundidad de un vínculo que ya era conocido: el del submundo de la Justicia con el submundo del fútbol. Esta semana esos túneles quedaron otra vez expuestos a la luz. Fue cuando el fiscal Guillermo Marijuan denunció, con términos inusuales por lo crudos, a los empresarios Leandro Camani y Diego Lepera, junto con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, por integrar una asociación ilícita destinada a cobrar coimas y lavar dinero generado alrededor del negocio del cobro de fotomultas. Camani es el dueño de la empresa Securtrans, en la que, según informan en el ambiente judicial, tendría intereses Claudia Balbín, la mamá de Santiago Viola.

El caso está plagado de misterios. En principio, ya es misterioso que Balbín y su hijo Viola estén interesados en la seguridad vial. No debe ser verdad. Hay que recordar que Viola fue el responsable de un homicidio por transitar a altísima velocidad en horas de la madrugada por la Panamericana, rumbo a su casa del Tortugas Country Club. Las versiones sobre ese trágico episodio son innumerables. En la Policía Bonaerense creen recordar que Viola permaneció varias horas en el auto, enclaustrado, para no prestarse a los exámenes de alcoholemia. ¿Es cierto que se presentó a la Justicia un par de días más tarde? La narración desciende hacia detalles que mejor no mencionar. Sobre todo, porque son versiones. De estas experiencias él, o tal vez su madre, habría pasado al negocio de las fotomultas.

Sin embargo, lo más raro de la denuncia de Marijuan es que revela un conflicto que estalla en las entrañas del massismo. El fiscal, el ministro Marinucci, Camani y, sobre todo, Lepera, el eficaz alegrante del restaurante Roldán, todos responden a Sergio Massa con distintos grados de obediencia. Por eso en el ambiente judicial se preguntan, ya que nadie lo supone un fiscal independiente, quién está detrás de Marijuan. La respuesta es unánime: Toviggino. Al parecer el polémico tesorero de la AFA está indignado con Camani porque está convencido de que el empresario fue quien impulsó a Matías Yofe, militante de la Coalición Cívica de Pilar, a poner los focos sobre la mansión de los jubilados de Villa Rosa. Toviggino cree en esa explicación por un antecedente de Yofe: también denunció a Jorge D’Onofrio, el exministro de Transportes bonaerense, por afectar el negocio de las fotomultas de Camani.

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La jugada es riesgosa. Tiene un punto crítico. La irascibilidad del alegrante. Lepera, íntimo amigo de Mahiques, es el silencioso testigo de las mil y una noches de Roldán. Su memoria conserva un tesoro de secretos. Marijuan corre el riesgo de que ese apacible ciudadano de la fiesta se abrace a las columnas del templo y haga temblar todo el edificio. Puesto en otros términos: que Lepera, desde la barra de Roldán, arrase con la casta con una agresividad que todavía no se animó a mostrar Milei.


#DatoINDEC,#IPC,https://t.co/ALtx4h5Sbd,pic.twitter.com/6COSfIep4J,April 14, 2026,Carlos Pagni,Conforme a

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El Banco Central se niega a identificar a las entidades con las que se realizó la cobertura del oro

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El Banco Central adoptó una posición de estricto hermetismo respecto de la o las entidades con las que se hizo la cobertura del oro en 2025. La tesitura se repite igual en el Gobierno. Esto, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara que esas operaciones le generaron a la autoridad monetaria una pérdida de US$1.023 millones, pagada con divisas.

Tanto el BCRA como la Casa Rosada puntualizaron en que la AGN -liderada por el peronista capitalino Juan Manuel Olmos– tuvo una intención “puramente política”. Alegaron que las posiciones en oro del Central, incluidas las coberturas, arrojaron una ganancia neta de US$2505 millones.

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Sin embargo, desde la entidad comandada por Santiago Bausili evitaron dar a el detalle de quién fue la contraparte de la cobertura.

“Es una información que por ahora el BCRA no hará pública”, alegaron desde el Banco Central, sin mayores detalles sobre el porqué y en medio de las especulaciones que ya sembró la oposición.

Tanto en el Gobierno como en el Ministerio de Economía, previamente, habían remitido las consultas de este medio al BCRA.

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El titular del BCRA, Santiago Bausili OLIVER CONTRERAS – AFP

El martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, también evitó ante responder sobre la o las entidades con las que se hizo la operación. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, dijo.

Si el vocero tenía preparada una respuesta para defender la medida. Ravier sostuvo, primero, que las posiciones en oro del Banco Central derivaron en US$2500 millones de ganancia. “Si miramos el punto del oro, representa 20% de las reservas internacionales. Esto habla de un activo muy importante. La política habitual de los bancos centrales, incluso de este en períodos anteriores, es tratar de darle estabilidad a un activo tan importante. En otro tiempo se podría haber dicho que el oro era muy estable por sí mismo, pero la realidad es que hoy estamos observando mucha volatilidad con el precio; entonces, no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica y la volatilidad del precio”, justificó.

El vocero presidencial, Adrián RavierPresidencia

En eso, el vocero del Presidente comparó la cobertura con un seguro para un auto. Dijo que si cualquier persona paga una póliza y durante todo el año no tiene ningún accidente, podría pensar que perdió dinero por haberla contratado. “Aquí es lo mismo: con el diario del lunes es fácil decir que el BCRA perdió dinero con la cobertura, pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió, mas de 60%”, marcó.

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Acto seguido, hizo esta cuenta: “Producto del aumento del precio del oro, el activo del Banco Central tuvo una ganancia de US$3500 millones. La cobertura implicó una deducción de US$1000 millones. La ganancia supera los US$2500 millones″.

Entonces, Ravier planteó que si el valor del oro hubiera bajado, el Central hubiera tenido con qué cubrirse y denunció una “politización” de la AGN.

Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, cuando presentó el informe sobre los estados contables 2025

“La auditoría en el informe habla de una ‘acción especulativa’ del Central y, después, de una ‘cobertura’. O es una; o es la otra. ‘Especulativa’ sería si no se hubiera tomado la cobertura porque el BCRA hubiese especulado que el precio iba a ir subiendo, no iba a necesitarla e iba a ganar con ese aumento. Como no quiere el Gobierno especular qué va a pasar con el precio del oro, se cubre con un seguro, tratando de darle estabilidad”, dijo para defender la movida.

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La definición de Ravier fue en total sintonía con lo que había explicado el Central apenas se conoció el informe de la AGN. En ese momento, la autoridad monetaria sostuvo que este tipo de operaciones son una práctica habitual desde 2007.

En el reporte que generó la controversia, la AGN definió que los estados contables del Central al 31 de diciembre de 2025 “son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad”, pero hizo un “señalamiento” sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro.

“Durante 2025, el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió US$1023 millones, según surge de las registraciones contables”, planteó la AGN en el informe que presentó Olmos y que desató la reacción de la Casa Rosada y el BCRA, que igual siguen sin decir quién fue la contraparte.

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pérdida de US$1.023 millones,Paula Rossi,Banco Central,Conforme a

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Estados Unidos envía a sus dos principales funcionarios para la región a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico

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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, viajarán la semana próxima a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta de infraestructura e inversiones firmada entre ambos países el mes pasado. La gira se extenderá entre el 19 y el 26 de octubre con escalas en Asunción (Paraguay) y Buenos Aires.

Aunque no se precisó la fecha exacta de arribo a la capital argentina, la visita representa el desembarco diplomático de más alto nivel desde que Donald Trump regresó a la presidencia y se produce después de que Javier Milei viajara a Washington esta semana.

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“Estamos trabajando para ampliar el comercio de Estados Unidos, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental”, señaló Segura en su cuenta de X al confirmar el viaje.

En tanto, el Departamento de Estado, el organismo que lidera el secretario Marco Rubio, difundió un comunicado donde se informa que “en Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.

“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, se añadió en el texto, donde se calificó la gira como un reflejo del “compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”.

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El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura

Para Washington, el Corredor Andes-Atlántico “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico. El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el Hemisferio Occidental, con el objetivo de ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, entre ellos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.

En tanto, y según el comunicado oficial, Landau encabezará en Paraguay una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión. También se reunirá con altos funcionarios del gobierno paraguayo para reafirmar lo que el Departamento de Estado describió como la “histórica asociación estratégica” entre ambas naciones. La agenda en Asunción incluirá la ampliación del comercio bilateral, la profundización de la cooperación en seguridad regional y el combate al crimen transnacional.

Según fuentes oficiales, la agenda de Landau en Buenos Aires contempla reuniones con el presidente Javier Milei, con Pablo Quirno y con autoridades parlamentarias. El miércoles pasado, el canciller argentino se reunió con Segura en Washington, donde repasaron la agenda bilateral en distintos ejes, incluido el acuerdo de financiamiento para inversiones en infraestructura.

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La llegada de los dos funcionarios, se prevé, también servirá para ultimar los preparativos de la visita del vicepresidente JD Vance a Buenos Aires, prevista para la tercera semana de noviembre. Aún restan conocer la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país del número dos de la Casa Blanca.

El Corredor Andes-Atlántico

El acuerdo fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, por Landau y Quirno. Contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para modernizar ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.

El componente más avanzado es Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que lidera YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank) presentó una propuesta indicativa de financiamiento de largo plazo por hasta 6.000 millones de dólares destinada a la compra de bienes y servicios estadounidenses.

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Pablo Quirno y Christopher Landau

El crédito todavía no está aprobado y requiere el aval del directorio del banco. La primera fase del proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y el inicio de operaciones proyectado para 2031. Argentina LNG involucra una inversión total estimada de 51.000 millones de dólares durante toda su vida útil, la mayor anunciada en la historia del país.

Además del corredor, la visita de Landau y Segura abordará otros ejes de la relación bilateral. Ambos gobiernos profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica. A comienzos de octubre, Estados Unidos formalizó la creación de una unidad regional contra el narcotráfico con sede en la Argentina y aprobó 13,35 millones de dólares para cooperación contra el crimen organizado, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a proyectos locales.

Segura tiene 38 años, nació en Alexandria, Virginia, y es hijo de inmigrantes argentinos. Su padre, Enrique Segura, es un economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Militante republicano, Segura fundó en 2014 Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal, y ocupó el cargo de secretario de Comercio de Virginia bajo el gobernador Glenn Youngkin antes de ser nominado por Trump y confirmado por el Senado en agosto.

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Piden el juicio político para el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás

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El juez Alejandro Gabriel López, quien quedó en medio de la polémica por un fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa y sitiaron la ciudad de San Nicolás, enfrenta el primer pedido de juicio político.

El exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

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El juez López integra el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás.

La presentación busca que se investigue la actuación del magistrado por posible mal desempeño e incumplimiento grave de los deberes de su cargo al dictar el veredicto absolutorio del pasado 14 de octubre de 2026.

El expediente juzgó los episodios ocurridos a principios de 2021 en la planta de la firma Rey Distribución S.R.L. En dicha causa, Maximiliano Cabaleyro y otros dirigentes enfrentaban cargos por turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tras una serie de medidas de fuerza que impidieron el funcionamiento y la salida de vehículos de la distribuidora.

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Con el patrocinio letrado del abogado Ignacio Mateucci, la presentación argumenta que el juez incurrió en deficiencias graves al momento de justificar el derecho de huelga.

Entre los puntos centrales de la denuncia se destacan:

“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez López al absolver a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.

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López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.

En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.

En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.

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La entonces gobernadora María Eugenia Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.

El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.

El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.

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“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.

“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.

El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.

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Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.

Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.

López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.

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El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.

El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.

La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.

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López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.



absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa,pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a

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