POLITICA
Investigan pagos de la AFA por casi $5000 millones a empresas ligadas a Toviggino por servicios que nunca existieron
La Justicia de Santiago del Estero puso la lupa sobre transferencias por $4.961.280.195 realizadas por la AFA entre 2022 y 2025 a un conjunto de firmas vinculadas a Pablo Toviggino.
Según el fiscal Pedro Simón, existe evidencia de que esos fondos se giraron “por servicios que no se habrían prestado”. La investigación también detectó que, una vez cobrados, parte de esos montos fue colocada en plazos fijos para generar rendimientos.
De acuerdo con la documentación analizada, los pagos se dirigieron a SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus. El total bajo análisis asciende a $4.961.280.195 en el período 2022–2025; y algunas de estas sociedades figuran en la base apócrifa de ARCA.
Un detalle central surge de los movimientos en el Banco Coinag. Allí, la AFA transfirió $3.633.013.825,80 a cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus, discriminados de la siguiente manera: $607.228.964,97 en 2022; $16.066.343,40 en 2023; $283.826.324,69 en 2024; y $2.725.892.192,74 en 2025. A esto se suman otros $1.328.266.369,20 girados a SEGON SRL en el Banco Santiago del Estero, con $653.622.369,20 en 2024 y $674.644.000 en 2025.
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La maniobra bajo sospecha incluye la colocación de esos fondos en instrumentos financieros. Un caso testigo es el de Servicios Lindor, que realizó 10 plazos fijos en el Banco Coinag, tanto en pesos como en dólares. Se trató de un total de $2.813.000.000 y USD 2.136.022.
Entre ellos, operaciones por US$ 300.000 (con intereses por US$ 6200) y US$ 1.700.000 (US$ 37.000 de interés), además de múltiples colocaciones en pesos que alcanzan montos de hasta $3.000.000.000. En total, esas operaciones generaron ganancias por $613 millones y US$ 43.000.
Desde el banco confirmaron que estas firmas tenían cuenta en la entidad pero aclararon: “Los montos que se depositaron en el Coinag vinieron del Credicoop porque allí tenía cuenta la AFA. Todas las cuentas de estas empresas fueron cerradas a finales de 2025, excepto la de Mauro Javier Paz. El Banco activó los mecanismos de revisión y alerta del Banco Central y la UIF por lo que decidió cerrar las cuentas. Los fondos fueron transferidos de vuelta al Credicoop”.
Otro ejemplo es Servicios Neurus, que en 2025 constituyó seis plazos fijos por $2720 millones y US$ 2 millones. La investigación también detectó que parte de los fondos habría sido utilizada para la compra de autos, varios de los cuales fueron hallados en la mansión de Pilar atribuida al tesorero de AFA.
El expediente incorpora además un elemento que llamó la atención de los investigadores: la inclusión de algunas firmas en listados apócrifos. MALTE figura como “APOC 1” y REAL CENTRAL como “APOC 2”. Ambas empresas se presentaron ante la Justicia con recursos para ser removidas de ese registro.
En el entorno de Toviggino dijeron a TN que pronto se conocerán novedades judiciales en torno a maniobras poco claras de la Justicia.
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El caso se inscribe en un entramado más amplio que ya venía siendo investigado. El foco sobre Toviggino —número 2 de AFA y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia— viene creciendo en los últimos meses a partir de denuncias sobre su patrimonio y sus vínculos empresariales en Santiago del Estero. Allí, según distintas causas judiciales, se consolidó un conjunto de sociedades con actividades diversas que van desde hotelería y combustibles hasta producción vitivinícola y servicios.
Dentro de ese entramado aparece SEGON SRL, que administra una estación de servicio y un cementerio privado; y Servicios Neurus, vinculada a la comercialización de vinos y otros negocios. Las conexiones societarias, los cambios de directorio y la reiteración de apellidos en distintas firmas forman parte de las líneas de investigación.
Otra derivación relevante involucra a MALTE SRL, que ya había sido analizada por su participación en la compra de la mansión de Pilar y por sus operaciones con el fútbol argentino. Según documentación en poder de la Justicia, la firma realizó transacciones con la AFA, incluyendo la venta de tests de COVID-19 en 2022, y habría intervenido en la cesión de derechos económicos de un club.
La investigación sigue abierta y busca determinar si existieron servicios efectivamente prestados o si se trató de una operatoria irregular para desviar fondos y obtener ganancias financieras.
Pablo Toviggino, AFA, Santiago del Estero, AFA (Asociación de Fútbol Argentino)
POLITICA
CIPPEC convocó al “círculo rojo” y propuso un amplio consenso político para sostener las reformas y proyectar el largo plazo
Más de mil referentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales participaron este lunes por la noche en la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa institucional bajo la conducción de Luciano Laspina y que volvió a reunir al denominado “círculo rojo” en torno a un diagnóstico compartido: la Argentina atraviesa una oportunidad concreta, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de la dirigencia para sostener las reformas en curso y construir consensos políticos duraderos.
El evento funcionó como un punto de convergencia del sistema político y económico argentino, con una convocatoria transversal que incluyó funcionarios del Gobierno nacional, gobernadores, legisladores de distintos bloques, dirigentes sindicales, empresarios, miembros del Poder Judicial y representantes diplomáticos. En ese marco, la presencia de referentes del kirchnerismo —tanto del plano nacional como del ámbito bonaerense y provincial— volvió a destacar el carácter plural del encuentro y la intención de sostener un espacio de diálogo más allá de las divisiones partidarias.
El presidente del Consejo de Administración de CIPPEC, José Orlando, abrió la noche en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con un diagnóstico que combinó el escenario internacional con la coyuntura local y sostuvo que la Argentina se encuentra “más que en la antesala, en la sala de una gran oportunidad”, impulsada por sus recursos naturales y por una sociedad que demanda cambios, pero condicionada por un contexto global cada vez más exigente.
En ese sentido, describió un escenario internacional atravesado por tensiones económicas, comerciales y geopolíticas que están redefiniendo las condiciones del crecimiento, elevando el costo del financiamiento y poniendo en cuestión los equilibrios que durante décadas permitieron compatibilizar estabilidad macroeconómica, seguridad y gobernabilidad democrática. Según planteó, ese contexto configura un nuevo “trilema” global que obliga a los países a administrar demandas crecientes en materia de seguridad, estabilidad financiera y capacidad de respuesta institucional.
Diagnóstico y propuestas para la agenda nacional
A partir de ese encuadre, Orlando trasladó la discusión al plano doméstico y advirtió que la disponibilidad de recursos naturales no garantiza por sí misma el desarrollo. “Los países no son automáticamente ricos en proporción a sus recursos naturales, lo son cuando promueven políticas que incentivan la creatividad y la iniciativa económica”, afirmó, en una definición que funcionó como uno de los ejes conceptuales de la noche.
Sobre ese diagnóstico, el discurso de Laspina buscó ordenar la agenda en dos planos. Por un lado, la “agenda del presente”, vinculada a la estabilización económica y a las reformas en curso; por otro, la “agenda del futuro”, orientada a definir el perfil productivo del país en los próximos diez años.
En relación con el presente, destacó que el Gobierno avanzó en medidas como la desintermediación de planes sociales, la simplificación de trámites administrativos y la modernización laboral, aunque advirtió que aún quedan pendientes reformas estructurales —como la previsional, la impositiva y la del régimen fiscal federal— de las que dependen la solvencia fiscal de largo plazo, la competitividad de las empresas y el desarrollo territorial.
“Sobre esa agenda del presente hay mucho escrito y muy poco hecho”, señaló Laspina, al tiempo que anticipó que CIPPEC buscará seguir impulsando esos debates para facilitar su implementación. Sin embargo, el núcleo de su exposición estuvo puesto en la necesidad de ir más allá de la coyuntura y construir una hoja de ruta que permita adaptar a la Argentina a un mundo en transformación.
La propuesta de CIPPEC, presentada durante su cena anual en Buenos Aires, sostiene que la Argentina atraviesa una oportunidad relevante para el desarrollo económico y social, aunque su éxito dependerá de la capacidad de las dirigencias políticas y empresariales para acordar y mantener reformas de largo plazo. El evento convocó a más de mil referentes y enfatizó la importancia de consensos básicos para garantizar estabilidad y avanzar en una agenda estratégica, según expusieron José Orlando y Luciano Laspina, autoridades de la institución.
Esa agenda de futuro, explicó Laspina, debe contemplar cambios estructurales que ya están en marcha, como la caída de la natalidad, el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, la reconfiguración del mapa productivo y las nuevas dinámicas del comercio internacional, que abren una oportunidad para que el país se integre a cadenas globales de valor más dinámicas.
En ese contexto, planteó que la estrategia de desarrollo debería orientarse hacia una economía más integrada al mercado externo, apoyada en una articulación entre el sector privado y el Estado en sus distintos niveles. Y subrayó un punto central: la transición hacia ese modelo no debería hacerse “sobre las ruinas de la economía actual, sino sobre sus cimientos”, integrando las capacidades existentes —empresas, capital humano y recursos productivos— para acelerar el proceso con el menor costo social posible.
Participación plural y repercusiones institucionales
El planteo incluyó también una dimensión política. Laspina sostuvo que el principal desafío no es únicamente económico, sino la construcción de una visión de futuro compartida que permita superar la lógica de confrontación que, según describió, marcó a la Argentina en las últimas décadas. En ese sentido, propuso dejar atrás la dinámica de “dos Argentinas” enfrentadas y avanzar hacia consensos básicos que funcionen como reglas estables en el tiempo.
Esa idea derivó en la propuesta más concreta de la noche: la construcción de un acuerdo político “simple, básico y duradero”, basado en tres principios —respeto por los contratos, equilibrio fiscal y eliminación del financiamiento monetario del déficit— que funcione como un piso común entre oficialismo y oposición. “No entre los que piensan igual, sino entre los que piensan distinto”, enfatizó.
En línea con ese planteo, Laspina amplió el alcance de su llamado a la necesidad de construir reglas compartidas y mejorar la calidad del debate público. En ese marco, incluyó una referencia al rol del periodismo y agradeció la tarea de los medios en la difusión del trabajo de la institución. “A los periodistas, gracias por difundir siempre nuestro trabajo y por intentar que la libertad de expresión no se convierta en libertad de agresión”, señaló, al incorporar esa dimensión como parte de un clima más amplio de consensos institucionales.
La convocatoria tuvo una fuerte impronta plural. Entre los funcionarios nacionales estuvieron Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
También asistieron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), así como dirigentes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Teresita Madera (La Rioja), Fabián Martín (San Juan) y Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteña.
La presencia legislativa fue amplia y diversa. Participaron los diputados Lisandro Almirón, Fernanda ávila, Gabriel Bornoroni, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Germán Martínez, Sebastián Pareja, Luis Petri, Cristian Ritondo, Gisela Scaglia, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Trotta, junto a los senadores Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Carolina Losada, Flavia Royón, Silvana Schneider y Gerardo Zamora.
También participaron dirigentes con trayectoria en la gestión pública y el sistema político, como María Eugenia Vidal, Marco Lavagna, Emilio Monzó, Federico Pinedo, Mario Negri, Juan Manuel Abal Medina, Rodrigo de Loredo y Diego Bossio, entre otros.
El ámbito sindical estuvo representado por Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA), mientras que el componente internacional tuvo un peso significativo, con la presencia de embajadores y representantes de Alemania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Congo, Emiratos árabes Unidos, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, la Unión Europea y Uruguay.
Entre ellos se encontraban Dieter Lamlé (Alemania), Ruzanna Azroyan (Armenia), Sarah Roberts (Australia), Ramzi Teymurov (Azerbaiyán), Hubert Cooreman (Bélgica), Julio Glinternick Bitelli (Brasil), Stewart Ross Wheeler (Canadá), Gonzalo Uriarte (Chile), Wei Wang (China), Daniel Marius CibanguI Kasonga Mubabinge (Congo), Saeed Abdulla Saif Alqemzi (Emiratos árabes Unidos), Joaquín María de Aristegui Laborde (España), Peter Lamelas (Estados Unidos), Nicola Lindertz (Finlandia), Romain Nadal (Francia), Gerard McCoy (Irlanda), Anna Keinan (Israel), Fabrizio Nicoletti (Italia), Yoshitaka Hoshino (Japón), Camila Aviña (México), Robert Muller (Países Bajos), Juan Luis Correa Esquivel (Panamá), Helena Felip (Paraguay), Carlos Chocano Burga (Perú), Gonçalo Teles Gomes (Portugal), Veljko Lazic (Serbia), Torsten Sven Ericsson (Suecia), Andrea Semadeni (Suiza), Süleyman Ömür Budak (Turquía), Erik Høeg (Unión Europea) y Diego Cánepa Baccino (Uruguay).
También participaron representantes de organismos internacionales y de cooperación como Lorena Chara (AFD), Viviana Alva Hart (BID), Susana Edjang (CAF), Romain Zivy (CEPAL), María Elena Araneo (Fonplata), María Julia Reyna (ICLEI), Claudia Mojica (ONU), Ernesto Fernández Polcuch (UNESCO), Mariana Isasi (UNPFA) y Rafael Ramírez (UNICEF).
Con esa composición, la cena anual de CIPPEC volvió a funcionar como una síntesis del sistema político y económico argentino. Pero, a diferencia de otras ediciones, el mensaje central no estuvo puesto únicamente en el diagnóstico, sino en la necesidad de construir condiciones de estabilidad que permitan sostener en el tiempo el proceso de transformación en marcha.
En ese sentido, la coincidencia entre Orlando y Laspina fue clara: la oportunidad existe, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de la dirigencia para acordar reglas básicas y sostenerlas en el tiempo. “Sin reglas, sin acuerdos, no hay futuro”, resumió el director ejecutivo, en una definición que sintetizó el tono general de la convocatoria.
*Fotos: Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y prensa CIPPEC.
Cippec 2026
POLITICA
Emergencia en discapacidad: Lugones propone nuevos cambios y reaviva un conflicto con alto costo político para el Gobierno
El Gobierno retoma una batalla legislativa que perdió pocos meses atrás. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso el año pasado. Reabre así una discusión que tuvo un costo político alto para el oficialismo.
La nueva iniciativa, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados.
Pero el antecedente reciente no es auspicioso: la emergencia en discapacidad, junto con el presupuesto universitario, no solo unificó a la oposición sino que también le hizo perder al Gobierno un capítulo entero del Presupuesto 2026. Se trata de dos debates sensibles que ahora vuelven a escena.
El movimiento, además, expone tensiones internas. Lugones responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo vínculo con Karina Milei -según coinciden fuentes oficiales- atraviesa un punto de fricción difícil de revertir.
En ese esquema, la avanzada sobre discapacidad vuelve a mostrar las diferencias de estrategia entre el ala “caputista”, que empuja reformas sin contemplaciones, y el sector alineado con la secretaria general, que busca administrar los tiempos políticos.
El año pasado, Martín Menem intentó evitar el costo de una derrota en el recinto. Propuso otorgar un aumento a los prestadores -cuyos aranceles estaban congelados- para desactivar el frente legislativo, pero finalmente se avanzó en otra dirección. El resultado fue adverso y, como presidente de la Cámara de Diputados, terminó gestionando las consecuencias de una discusión mal calibrada.
Ahora, el primer filtro estará en el Senado. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deberá ordenar la estrategia y contener las resistencias que ya empiezan a aflorar. En el entorno de Menem habían anticipado que el tema volvería este año, pero con un enfoque centrado en controles más estrictos sobre las pensiones. El proyecto, sin embargo, va más allá y reabre el núcleo del conflicto: el monto de las prestaciones.
El margen político es estrecho. Solo un puñado de aliados provinciales, de Pro y la UCR acompañó al oficialismo en los intentos previos de frenar aumentos e indexaciones para prestadores. En paralelo, sigue abierto el frente judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde el exdirector Diego Spagnuolo quedó bajo investigación por presuntos pedidos de coimas de funcionarios de alto rango a empresarios proveedores de insumos. La causa, a cargo del fiscal Franco Piccardi, agrega ruido a una discusión de por sí sensible. Allí figuran, entre otros mencionados, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
En ese contexto, organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para el miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud. El conflicto puede volver a escalar.
El texto, firmado por Lugones, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fundamenta los cambios sobre la base de que la ley vigente amplió el universo de beneficiarios y flexibilizó condiciones “sin tener en consideración los recursos públicos disponibles”.
El primer cambio fuerte está en el acceso a las pensiones. Se mantiene el monto -equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio-, pero se abandona el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se vuelve a un esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar. En los hechos, esto reduce el universo de beneficiarios y deja afuera a quienes hoy combinan discapacidad con inserción laboral parcial.
En esa misma línea, la pensión deja de ser compatible con el empleo formal. A diferencia del régimen actual, que permitía trabajar dentro de ciertos límites de ingresos, el nuevo esquema establece incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.
El segundo eje apunta al sistema de prestaciones. El proyecto elimina los aranceles únicos y universales -el nomenclador- que fijaban valores homogéneos para todo el país. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.
El Estado solo intervendrá cuando sea financiador directo -como en Incluir Salud o PAMI-, con actualizaciones trimestrales que no estarán atadas de manera automática a la inflación, como establece la ley de emergencia. En la práctica, esto implica que los valores podrían quedar rezagados.
Este punto impacta directamente en el funcionamiento del sistema solidario. Hoy, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) -financiado con el 15% de los aportes de obras sociales y prepagas funciona como sostén del nomenclador único: es decir, garantiza valores homogéneos para todas las prestaciones y ayuda a cubrir los costos, especialmente en las entidades con menor capacidad financiera.
Al desregular los aranceles y eliminar el nomenclador, los valores dejarán de ser comunes y pasarán a definirse en negociaciones individuales entre prepagas u obras sociales y prestadores. En ese esquema, las grandes prepagas -con mayor volumen de aportes- quedarían en mejor posición para negociar directamente, mientras que las obras sociales más pequeñas, que se beneficiaban del sistema solidario, podrían tener dificultades para afrontar los costos de algunos servicios.
En la práctica, el cambio tiende a fragmentar el sistema y a debilitar el mecanismo de redistribución que hasta ahora permitía equilibrar las diferencias entre entidades.
El proyecto también endurece los controles. Establece auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas ante inconsistencias. Además, define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo no menor a 90 días: quien no actualice su información podrá perder automáticamente la prestación.
presupuesto universitario,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Desde 2001 hasta ahora. La Argentina le pone fin a un conflicto polémico que la marcó durante décadas,,Análisis. Una batalla de fondo entre poder y lobby,,Preservar el programa, proteger a Milei
En medio de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, este lunes se conoció que el jefe de Gabinete tiene en venta su departamento en La Plata por US$95 mil.
De acuerdo a fuentes cercanas al funcionario, la propiedad —un tres ambientes de 98 metros cuadrados ubicado en la calle 48, entre 6 y 7— está a la venta “hace mínimo 5 o 6 años”.
En paralelo, Adorni compró la propiedad en Caballito y la casa en Exaltación de la Cruz sin desprenderse de este inmueble ni del departamento de cuatro ambientes ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco donde vivía con su familia.
Ese escenario, junto con los recientes viajes del funcionario a Nueva York y Punta del Este, motivó la apertura de una investigación judicial sobre su situación patrimonial que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Según se reconstruyó a partir de la investigación, Adorni adquirió esas propiedades gracias a dos préstamos que le realizaron cuatro mujeres por un total de US$270 mil a pagar antes de que termine el próximo mes de noviembre.
El departamento que Adorni vende en La Plata por 95 mil dólares
El departamento fue incluido en la declaración jurada de Adorni de 2024, donde informó que esa propiedad fue obtenida gracias a una “donación”, posiblemente vía herencia de sus padres, en junio de 2016. En aquel documento, el funcionario dejó asentado que la propiedad era suya en un 100%.
Se trata de un departamento de tres ambientes ubicado en el cuarto piso del edificio ubicado en la esquina de 48 y 6, pleno centro de La Plata. Allí, en las últimas semanas, se realizaron clases públicas abiertas convocadas a modo de protesta por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata.
Según la página web de la inmobiliaria, la construcción tiene aproximadamente 50 años de antigüedad, pero “se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad”.
También informan que el inmueble tiene una superficie cubierta de 98 metros cuadrados e incluye un baño principal completo con bañera y sistema de hidromasaje, además de dos baños adicionales más pequeños, uno de los cuales tiene su propia ducha.
Cómo sigue la investigación
La investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete continuó este lunes con la declaración de los dueños de la inmobiliaria Rucci Propiedades, la intermediaria en la venta del departamento de Caballito de la calle Miró a las dos jubiladas que luego le prestaron el dinero a Adorni.
Según las declaraciones de las dos mujeres, el funcionario compró el inmueble con 30.000 dólares en efectivo y con una financiación de otros 200.000 a pagar en un año y sin intereses.
Leé también: La dueña de la inmobiliaria reconoció que el departamento de Caballito podría haberse vendido por US$345.000
En ese contexto, cuando el fiscal Pollicita le preguntó a los dueños de la inmobiliaria cuánto dinero hubiesen pedido por el departamento, de acuerdo a sus conocimientos como corredores inmobiliarios, contestaron que tendría que haber sido publicado a 345 mil dólares.
La ronda de citaciones de esta semana finalizará el viernes 24, con la convocatoria a las 9 del contratista de la empresa Grupo AA Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las obras en la otra propiedad comprada por la familia Adorni en el country Indio Cua.
Manuel Adorni, departamento
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