POLITICA
La CGT recusó a los camaristas que restablecieron la validez de la reforma laboral y pidió la nulidad de su sentencia
La CGT presentó este lunes ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un contundente pedido para rechazar la intervención de dos jueces de la Sala VIII de ese cuerpo en el trámite de la causa que enfrenta a la central obrera con el Estado por la reforma laboral.
En su presentación, la CGT solicitó además la nulidad de la sentencia dictada el 23 de abril y planteó, de forma subsidiaria, la revocatoria de esa resolución, que restableció la vigencia de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que estaban suspendidos.
El reclamo surge tras la decisión de los camaristas de otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Gobierno, lo que dejó sin efecto inmediato la medida cautelar del juez laboral de primera instancia Raúl Horacio Ojeda que frenó la aplicación de la nueva ley 27.802, en plena pulseada judicial entre ls sindicalistas y la Casa Rosada.
El escrito, presentado por Pablo Arnaldo Topet, abogado de la CGT profundiza en dos líneas de ataque jurídico: por un lado, la recusación de los jueces intervinientes por supuesta parcialidad y beneficio recibido del Poder Ejecutivo; por el otro, la denuncia de una ausencia total de competencia funcional por parte de la Sala VIII para intervenir en el expediente, lo que, según la CGT, genera una nulidad absoluta de la sentencia y deja a los trabajadores en “situación de vulnerabilidad”.
La recusación, en el caso del juez Víctor Arturo Pesino, se basa en que el magistrado resultó beneficiado recientemente por un trámite del Gobierno para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, a través de un proceso iniciado y canalizado formalmente por el Ministerio de Justicia.
“La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no sólo una conducta contraria a la ética sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo con las reglas de la ley adjetiva”, sostiene el escrito.
Un día después de la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, el Boletín Oficial publicó la propuesta del Gobierno para que Pesino continúe como vocal, hecho que fue destacado por medios y opositores y que, para la CGT, evidencia un cruce de intereses que afecta la imparcialidad requerida en todo proceso judicial.
La central obrera sostuvo que tanto el Ejecutivo como el magistrado actuaron en beneficio propio y mutuo: “El Sr. Pesino ha visto (con satisfacción) formalmente iniciado el procedimiento para cumplir con su expectativa de continuar en funciones luego de cumplir 75 años, y el Poder Ejecutivo ha visto satisfecha su pretensión en orden a la revocación de la decisión del Juez de Grado que al conceder el recurso de apelación lo había hecho con carácter devolutivo.”
La CGT remarca que este movimiento oficial se da en contradicción con el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral firmado con la Ciudad de Buenos Aires a principios de 2026. Ese acuerdo establecía el compromiso de no promover nuevas designaciones ni prórrogas para vacantes correspondientes al fuero laboral nacional, a menos que fueran indispensables para garantizar la continuidad del servicio de justicia. “¿Qué puede justificar tamaña contradicción del Poder Ejecutivo?”, pregunta el escrito, señalando que la decisión desconoce la ética republicana y sostiene “beneficios mutuos” en desmedro de la sociedad, la división de poderes y la credibilidad institucional.
En cuanto al fondo de la cuestión, la central obrera también recusó a María Dora González, integrante de la Cámara, por prejuzgamiento. Los magistrados, sostiene la CGT, adelantaron su opinión sobre la vigencia de la cautelar y el fondo de la cuestión al considerar —sin explicitación suficiente— que el grupo de trabajadores involucrados no se encuentra en situación de vulnerabilidad ni merecía mantener la suspensión de la reforma. “La desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren, ¿prima facie?, que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia, que no se encuentre comprometida la vida digna y que los derechos laborales no sean de naturaleza alimentaria, es desconocer la ley de medidas cautelares contra el Estado”, subraya el planteo.
La nulidad, según la CGT
El planteo de nulidad absoluta de la CGT se basa en dos argumentos: la violación del principio de competencia funcional y la afectación del derecho de defensa. La defensa del sindicato insiste en que la Sala I de la Cámara había ya prevenido en causas acumuladas y debía absorber todo el trámite ulterior, incluyendo la resolución de recursos. La intervención de la Sala VIII se dio a contramano de los procedimientos, sin traslado oportuno y con premura, lo que, para la CGT, privó a la organización de la posibilidad de advertir la incompetencia y obstaculizó la defensa efectiva.
El escrito recalca: “No hay libertad ni discrecionalidad en la aplicación de la regla: es distributiva de competencia y vinculante para todas las Salas del Tribunal. Se reúnen, pues, los supuestos del art. 17 inc. 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y es del todo evidente que los magistrados que suscribieron con rapidez la sentencia interlocutoria que se impugna, deben apartarse de una causa que tomaron ‘para sí’ sin competencia”,
En apoyo de esta postura, la CGT cita antecedentes en los que la misma Sala reconoció y corrigió errores procesales por falta de competencia o por afectación de derechos fundamentales. “La resolución judicial atacada involucra aspectos de naturaleza procesal, según los cuales, en caso de duda, debe estarse a la solución que más favorezca la protección de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, recogen del fallo “Delli Quadri, Christian Martin c/Chueco Jorge Oscar s/despido”.
El escrito de la CGT también denuncia la contradicción en la jurisprudencia de la Sala VIII, recordando precedentes donde sí se reconoció la naturaleza alimentaria y la vulnerabilidad de trabajadores en el marco de medidas cautelares similares. Ahora, el tribunal habría adoptado el criterio opuesto, lo que, para la central obrera, configura arbitrariedad y prejuicio.
Recurso de Reposición y Caso Federal
Como vía subsidiaria, la CGT interpuso un recurso de reposición “in extremis”. Argumenta que la resolución de la Sala VIII “carece de todo fundamento” y que su error no puede subsanarse a través de vías ordinarias, ya que la apelación y la aclaración son improcedentes en el caso. El recurso de la central obrera sostiene también que el recurso extraordinario federal tendría un carácter excepcional y de acceso notoriamente incierto, por lo que no garantiza un control judicial efectivo y oportuno sobre la defensa del derecho de los trabajadores.
La presentación de la CGT afirma: “La aplicación inmediata de las normas cuestionadas irroga un daño de relevancia tanto para las asociaciones sindicales como para los trabajadores porque cercena derechos adquiridos de protección constitucional”, especialmente en lo referid a la negociación colectiva, la libertad sindical y la protección ante despidos e indemnizaciones.
Para sostener la pretensión de que la cautelar mantenga efecto devolutivo (es decir, que la reforma no entre en vigor hasta una decisión de fondo), el escrito invoca el principio constitucional de tutela judicial efectiva y el deber de privilegiar la protección de los derechos sustanciales por sobre las normas procesales.
El planteo de “caso federal” cierra el escrito: la CGT mantiene formalmente su reserva para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “grave lesión de derechos de máxima raigambre constitucional” —incluyendo el derecho de defensa, la protección progresiva, la libertad sindical y la no discriminación— y advierte que, si no obtiene respuestas en la justicia argentina, recurrirá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y organismos internacionales de derechos humanos.
Finalmente, la CGT pide que se remitan las actuaciones a la Sala I de la Cámara, se formalicen los procedimientos de recusación y se dé trámite al caso federal. El texto cierra con la exigencia de una respuesta judicial conforme a la “verdad jurídica objetiva” y el pleno resguardo del debido proceso para todos los trabajadores involucrados en el conflicto por la reforma laboral.
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POLITICA
Monseñor Braida: “Es importante que el Papa vaya a Don Orione; los más postergados nunca pueden ser la variable de ajuste”
Con un estilo moderado, el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, es una de las voces influyentes en la Iglesia. Desde fines de 2024, está al frente de la estratégica Comisión de Pastoral Social. Bajo su conducción, el órgano de la Conferencia Episcopal Argentina elaboró documentos críticos sobre la gestión de Javier Milei. De hecho, en los últimos meses, alertó sobre los recortes en discapacidad, el récord de morosidad en las familias, el avance de la industria del juego y el intento de flexibilizar los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Cuando falta una semana para la visita del papa León XIV, el primer viaje de un pontífice al país desde 1987, en una entrevista con Braida apela a un tono conciliador hacia el Gobierno. No obstante, no suaviza su diagnóstico sobre el contexto social y político: remarca que la Argentina atraviesa una crisis económica y advierte sobre el clima de violencia que emana desde el poder.
-¿Qué significado tiene para la Iglesia la visita de León XIV?
-Es muy importante que el sucesor de Pedro venga a visitar este rebaño y a traernos un mensaje claro, inspirado en el Evangelio, pero que responda a la realidad que vive nuestro país.
-¿Qué se puede esperar del mensaje de León XIV? ¿Tendrá una fuerte carga política?
-Es un país mayoritariamente católico, pero en el que hay realidades que nos escandalizan, como las fuertes diferencias económicas y sociales. Espero que el mensaje del Papa nos aliente a tener mayor compromiso con la realidad que nos toca, para que cada uno pueda vivir con dignidad. Eso requiere la participación de todos.
-¿Con qué contexto social y político se encontrará el Papa? ¿Se topará con una crisis económica, como alertaron varios obispos?
-Sí, hay una crisis económica y, a veces, una crisis de confrontación a nivel dirigencial. Eso es superable. Si cada uno de nosotros pone la mirada en el bien común y en aquellos que están más desprotegidos en la sociedad y nos dejamos interpelar, seguramente se puede llegar a acuerdos. La venida del Papa tiene que tomarnos con un corazón dispuesto a cambiar y renovarnos y, sobre todo, a hacer algo por aquellos que menos tienen. Se requiere una sociedad con más justicia y con mayor compromiso con el prójimo.
-¿Será inevitable que la dirigencia política arrastre al Papa a la grieta y que su mensaje sea interpretado en clave electoral?
-El Papa viene para todos los argentinos. En este tiempo de preparación tenemos que trabajar esa disposición para pensar: viene por mí y me va a dar un mensaje, superando este sectarismo que, cuando se radicaliza, hace mucho daño. Cuando uno quiere sacar provecho para el propio sector, disminuye las posibilidades de crecer.
-La Iglesia dice que León XIV vendrá a unir a los argentinos. ¿Le preocupa que algunos sectores, como rectores de universidades, empresarios o sindicatos, intenten usar su figura para legitimar sus reclamos?
-El Santo Padre sobrevuela estas tensiones y trae un mensaje para todos. A veces hay pensamientos que nos separan, pero hay muchos que nos unen. Hay que poner la mirada en el país. Todos queremos que el país crezca y que el desarrollo sea una posibilidad para todos, especialmente para los más vulnerables. Eso nos saca del centro y nos abre a caminar con otros. Tenemos una chance para soltar toda mezquindad y oportunismo para abrirnos a recibir juntos al Papa.
-El Presidente negó que haya gente que no llega a fin de mes. Después dijo que el país está “mejor que antes” en materia de pobreza. ¿Esa es la realidad social que ve en La Rioja?
-Vemos que hay sectores más postergados. A veces, miramos mucho la realidad urbana, que nos interpela con gente que está pidiendo, que no llega a fin de mes o necesita asistencia, pero quizás el mundo de la ruralidad también está pasando muchas necesidades. Hay pueblos que se van despoblando y escuelas que se van cerrando. Eso ocurre por falta de posibilidades de desarrollo.
-¿Le hizo ruido esa declaración del Presidente sobre la pobreza y la pérdida de poder adquisitivo?
-Más que las declaraciones, hay que mirar la realidad. La dirigencia social y política tiene un rol por su responsabilidad, pero hay que alentar mucho más la participación ciudadana para que entre todos nos sintamos corresponsables para enfrentar las carencias que sufren muchas personas.
-¿Los obispos tienen más diferencias que coincidencias con la gestión de Milei?
-Tenemos la misión de evangelizar y nuestro norte es la doctrina social de la Iglesia. Después nos toca trabajar y dialogar con todos, con el objetivo de que la respuesta llegue al destinatario que más necesita. Por ejemplo, la ley de la discapacidad, que tuvo tantas idas y vueltas, requirió un consenso de todos los sectores.
-¿Están conformes con el acuerdo que se logró en Diputados? Finalmente, el PJ apoyó el proyecto de los libertarios.
—Sí, nuestra tarea fue arrimar voces y criterios para una ley. Después, los diputados y senadores tienen que trabajar y llevar adelante el proyecto. Se dieron pasos importantes que ojalá se puedan replicar en otros ámbitos, como ocurre con el de la ludopatía, que nos preocupa mucho su postergación por el daño que está haciendo al tejido social y a personas concretas.
-¿La decisión de visitar el Cottolengo Don Orione es un mensaje al Gobierno por la política de discapacidad y los recortes en el área?
-Primero, esto es el reflejo del Evangelio. También hay un contexto concreto. La discapacidad pasó por muchas carencias y postergaciones. Cada uno tendrá que recibir el mensaje que el Papa nos quiera dar. El mundo de la vulnerabilidad va a estar representado en el Cottolengo. Que el Papa vaya a ese ámbito concreto, también nos hace ver el tema de los jubilados, la niñez o la salud de mucha gente.
-¿Hubo destrato por parte de Milei a las personas que sufren discapacidad?
-Los más postergados nunca pueden ser una variable de ajuste. Por eso, es importante que el Papa, inspirado por el Evangelio, vaya a este lugar o a la cárcel de Devoto.
-¿Espera que estos gestos del Papa, al visitar sectores vulnerables, generen un cambio en la política oficial de discapacidad?
-Quisiéramos que impacte en todos. En primer lugar, en la Iglesia, dado que necesitamos salir mucho más al encuentro del mundo de la vulnerabilidad. Y ojalá que sensibilice a la persona que tiene mayor poder adquisitivo, al político que tiene la responsabilidad de gobernar o al que tiene que legislar. Hay que trabajar mucho la disponibilidad, para que cada uno se deje cambiar por el mensaje del Papa.
-¿La Iglesia endureció sus críticas al Gobierno desde que se confirmó la visita del Papa?
-Más que endurecer, la Iglesia mantiene el mismo mensaje. Los tiempos de la democracia pasan y esta ley de ludopatía se puede caer en el Senado en noviembre si no se la trata. Hay mucha gente afectada por la ludopatía y las empresas inescrupulosas que ofrecen facilidades para que la gente entre en este mundo y después no pueda salir. Están obrando con la vulnerabilidad humana.
-¿El Gobierno respondió el pedido de la Iglesia para destrabar el tratamiento de la ley de apuestas en línea?
-Quienes tienen responsabilidad de legislar y las riendas de estas empresas deben tomar conciencia del daño que hacen. Coincide con la visita del Papa, pero hay que levantar la voz por los tiempos de la legislación.
-En Brasil, Lula sancionó una ley que pone límites a la industria del juego. En la Argentina, hasta los clubes de fútbol usan publicidad de esas empresas en sus camisetas. ¿La Iglesia pide que se pongan límites?
-Sí, esperamos que haya una regulación y un compromiso de las instituciones. Hay que ponerle un límite a la expansión del juego y trabajar con el que está atrapado.
-¿Por qué no hay instancias de diálogo entre la Iglesia y Milei? Aún no recibió a la conducción del Episcopado.
-Es necesario mayor diálogo con todos los sectores. Quien encabeza la política de un país tiene que hablar con todos, también con la Iglesia.
-¿Le reclaman al Gobierno mayor regulación para frenar la ludopatía?
-Los senadores deben legislar sobre la ludopatía y tienen una responsabilidad como personas y ciudadanos. Hay que aprender a soltar las ideologías para poder estar al servicio de la gente. Si no, vamos a estar siempre luchando por el poder, olvidándonos del servicio para el pueblo.
-Ante el Congreso español, el Papa dijo que “la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”. ¿En la Argentina se instala desde el poder político un clima de agresión y violencia?
-Es un desafío que tenemos. Esto se puede revertir si apostamos a algo distinto. Esperemos que la presencia del Papa sea providencial en este momento para no poner el centro en los discursos duros y agresivos y que haya una apertura al diálogo y al consenso. Tenemos que dialogar para ayudar a que la gente participe más en nuestra democracia y se involucre más poniendo su talento y dones económicos en un mundo más justo.
-¿Qué esperan del encuentro del Papa con el mundo del trabajo en la UCA?
-Elegir el tema del trabajo es muy valioso. Tenemos mucha expectativa. Nos va a dar materia para trabajar más adelante la promoción del trabajo o luchar contra la desocupación.
-¿Qué resultados espera que deje la visita del Papa?
-Esperamos que sea un punto de encuentro de los sectores más diversos. El desafío es recibir todos los mensajes que nos dé y trabajarlos de modo intersectorial.
-¿La Iglesia aún pondera el trabajo de los movimientos piqueteros, que fueron alentados por Francisco?
-Uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es la participación. Cuando uno genera espacios para que la gente participe, siempre es positivo. Los movimientos nacen, buscan soluciones y respuestas.
-¿Hubo dirigentes que usaron el asistencialismo para hacer política? ¿El Papa hablará de la corrupción?
-Como en toda ley humana, puede ser que algunos hayan caído en algo que no está bien. Cada organización debe hacer una autocrítica. Pero no podemos anular un espacio de participación porque algunos cometieron errores. Muchos movimientos sociales han aportado mucho.
-¿León XIV sigue la línea de Francisco?
-León es León, es una persona diferente y quizás tiene otro estilo. Sigue apostando a una Iglesia que dé participación amplia a todos sus miembros y que los aliente a ser protagonistas de un cambio en la sociedad. León profundiza la huella que dejó Francisco y eso es esperanzador.
-¿Qué siente cuando escucha al Presidente insultar a los periodistas o atacar a los que disienten con su proyecto económico?
-Más allá de lo que diga el Presidente, hay que superar todo tipo de agresión y descalificación de toda persona.
-¿Es peligroso que haya hablado de quemar en la hoguera a los que se oponen a su modelo?
-Detrás de todo periodista o trabajador hay una persona. Hay que aprender a mirar con más profundidad. Lo digo por todos. A veces, tenemos la tentación de creer que vamos a estar bien cuando el otro no está. Estamos todos en la misma barca. Cuando el Papa insiste en desarmar las palabras y los gestos, lo dice porque en el mundo hay muchas tensiones y polarizaciones. Todos tenemos que dar un mensaje claro. Si nos unimos, aquel que tenga una mirada adversa respecto del otro tendrá que tomar nota.
-¿En su condición de obispo de La Rioja, en qué medida los gobernadores tienen responsabilidades en las deudas sociales?
-Totalmente. Cada uno tiene su jurisdicción y cada provincia tiene su particularidad. Tiene que haber un diálogo fluido entre la Nación y los gobernadores o municipios. Eso hay que propiciarlo mucho. Esperemos que el mensaje del Papa nos ayude a que cada uno asuma su responsabilidad.
flexibilizar los límites,Matías Moreno,Mariano De Vedia,Conforme a
POLITICA
Condenaron a 3 años de prisión a los responsables de intimidar a una empresaria de Entre Ríos con un paquete que tenía dos balas
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó a 3 años de prisión en suspenso a dos ex empleados de la empresa FADEMI, ubicada en Entre Ríos, por haber dejado un atado de cigarrillos que contenía dos balas y una leyenda que aludía a los dueños de la firma ante la casa de uno de ellos como mensaje intimidatorio, en el contexto de un conflicto laboral, en 2024.
Los hermanos Mauricio Javier Taffarel (35 años) y Cristhian Aurelio Taffarel (29 años) fueron declarados culpables del delito de coacciones agravadas por anonimato. No irán a prisión efectiva, pero deberán cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas 200 horas de trabajo comunitario y una restricción de acercamiento de 100 metros a las víctimas.
El juez Darío Ernesto Crespo, en su fallo, determinó que ambos actuaron como coautores en el marco de un conflicto laboral entre el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas y la pyme familiar FADEMI, con sede en la ciudad entrerriana de Larroque, que fabrica baterías para vehículos, Las víctimas son María Sylvia De Miguel y su hija María Laura Díaz De Miguel, abogada de la firma.
El hecho ocurrió en la noche del 27 de enero de 2025 en la ciudad de Gualeguay, a unos 35 kilómetros de la planta fabril. Cristhian Taffarel condujo el vehículo mientras su hermano Mauricio arrojó el paquete intimidatorio en el ingreso al domicilio particular de las víctimas.
Pasada la medianoche del 27 de enero de 2025, las cámaras de videovigilancia del domicilio de las víctimas captaron la imagen de un hombre que depositaba en el portal de entrada de la casa una caja de cigarrillos envuelta en un papel manuscrito con fibrón negro que decía “FAMILIA DE MIGUEL”. Adentro del atado había dos balas, una de fusil FAL y otra de pistola calibre 45.
Las imágenes permitieron ver la ropa del agresor con claridad, hasta en colores. Dos días después, el allanamiento al domicilio de Mauricio Taffarel arrojó los mismos elementos: un gorro tipo jockey color beige con visera bordó, un short azul con dibujos blancos y unas ojotas de marca Rider. La coincidencia fue total.
Las cámaras del puesto caminero en la intersección de las rutas 12 y 16 —el ingreso a Gualeguay— registraron el paso del auto el 27 de enero, y su salida la madrugada del 28. Los horarios resultaron compatibles con el momento exacto en que se colocó el paquete en la puerta.
Los Taffarel estuvieron detenidos en enero de 2025 luego de que, a partir de la intervención de la Fiscalía de Gualeguay, fueron identificados porque quedaron filmados y así se descubrió que eran dos empleados de FADEMI que viven en Larroque (un pueblo entrerriano de 6.500 habitantes) y habían participado de las medidas de fuerza en la empresa, iniciadas por un reclamo salarial que derivó en un bloqueo sindical y posteriores despidos.
El juez Crespo valoró que la propia María Laura Díaz De Miguel haya reconocido en la filmación a quien arrojó el objeto: aseguró que lo veía a diario en las carpas instaladas frente a la planta fabril, donde los hermanos Taffarel participaban de las protestas sindicales.
En la localidad de Carbó, donde vivía Cristhian Taffarel, los investigadores hallaron en el dormitorio dos cajas de cigarrillos: una marca Chesterfield y otra marca Dolchester dorada, idéntica a la utilizada en el hecho. Dentro de esa segunda caja estaban los proyectiles.
El informe del oficial inspector Juan Gabriel Retamar, de la División Investigaciones de la Policía de Gualeguay, documentó el rastreo del vehículo mediante el sistema de videovigilancia del 911: el auto había ingresado a Gualeguay también el 18 de enero de 2025, lo que sugirió una posible tarea de reconocimiento previo al hecho.
A las 0.28 del 28 de enero, el sistema del 911 de la Comisaría de Larroque registró el ingreso del vehículo de Mauricio Taffarel, dato que ubicó temporalmente su regreso tras la acción en Gualeguay.
Los abogados defensores optaron por no presentar declaración de los imputados —un derecho constitucional— y desplegaron una estrategia para poner en duda sobre la presencia de los hermanos en Gualeguay esa noche.
Presentaron tres testigos que intentaron ubicar a los acusados en Larroque durante el horario del hecho. El tribunal los descartó. Dos de ellos tenían conflictos abiertos con FADEMI, y el tercero era pareja de un dirigente del gremio local enfrentado a la empresa. Crespo señaló que sus dichos resultaban de “relativo valor convictivo” por esa parcialidad evidente y que consideró que estaban “desmentidos por una prueba objetiva indiscutible”: la filmación del agresor en el portal.
La defensa también argumentó que la conducta de los imputados podía justificarse en el marco del reclamo laboral legítimo. El juez rechazó esa línea con precisión: “Las conductas aquí investigadas son absolutamente diversas en su naturaleza a las que se desenvuelven en esos otros ámbitos jurisdiccionales o fabriles, ya que se ejecutan en ámbitos particulares y de privacidad personal, en el domicilio particular, no de la empresa”.
La fiscal Maite Burruchaga y los querellantes, los abogados Emiliano Antonio Gietz y Pablo Abdón Torres Barthe, coincidieron en el encuadre del delito y en la pena solicitada. El tribunal recibió ambas posturas y condenó a cada uno a 3 años de prisión en suspenso, encuadrado en el artículo 149 ter, inciso 1° del Código Penal.
Además de las 200 horas de trabajo comunitario y la prohibición de acercamiento a las víctimas, los condenados deben mantener su domicilio registrado y notificar al tribunal cualquier cambio. El incumplimiento de cualquiera de esas reglas establecidas puede convertir la condena condicional en efectiva.
La parte querellante reclamó al cierre del juicio una indemnización de 20 millones de pesos en concepto de daño moral. Crespo la rechazó por razones procesales: la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que un juez penal no puede dictar una condena civil si la parte no se constituyó como actora civil antes del cierre de la investigación. El tribunal aclaró que esa decisión no impide a las víctimas reclamar la reparación por la vía civil correspondiente.
Tampoco prosperó el pedido de decomiso de los vehículos. El magistrado rechazó la medida al considerar que los rodados cumplieron sólo la función de transporte y que su pérdida resultaría desproporcionada para dos personas desempleadas que los utilizan como eventual fuente de sustento. Sí ordenó el decomiso de las prendas de vestir de Mauricio Taffarel, las cajas de cigarrillos, el papel manuscrito y los dos proyectiles.
En diálogo con Infobae, Torres Barthe, quien también es abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), manifestó que la empresa se encuentra “muy conforme” con la condena: “Fueron casi dos años de violencia sindical y el veredicto así lo refleja”, afirmó.
Igualmente, anticipó que se esta evaluando la posibilidad de recurrir algunos puntos de la sentencia tales como el daño moral y el no decomiso de los rodados utilizados para cometer el hecho. “Nos parece muy saludable que se haya trazado un firme limite entre el derecho a huelga y los delitos cometidos -apuntó- ya que el fallo deja en claro que el ejercicio del derecho a huelga o los derechos sindicales siempre deben ser ejercidos de manera pacífica y no puede dar lugar a hechos de violencia”.
El conflicto en FADEMI se remonta a junio de 2024, cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, según la empresa, era imposible de pagar. Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados había recibido una mejora del 400%, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector, según el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, estaba hacía 7 meses en $1,5 millones y el sueldo promedio mensual de bolsillo que pagaba la empresa ascendía a $2 millones.
Como informó en su momento Infobae, los sindicalistas adujeron como una de las razones para justificar su reclamo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “Pero en Larroque no hay”, les respondió el abogado, pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación posible y de inmediato el sindicato comenzó con las medidas de acción directa.
Según Gietz, “primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas; después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10%, por lo que de 1.200 unidades diarias programadas hacían unas 100, a veces menos”. Como consecuencia de estas medidas sindicales, la pyme aseguró que dejó de producir 30 mil baterías.
La tensión fue escalando hasta llegar el bloqueo de la planta cuando, a comienzos de junio, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al predio porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.
Sin embargo, todo empeoró: el viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción en cero y sin stock. Así, muchos clientes cancelaron sus pedidos ante el incumplimiento de las entregas y la pyme entró en una situación dramática: su flujo de fondos estuvo cortado y no pudo cumplir con las obligaciones con sus proveedores.
El prejuicio no sólo fue económico: el sindicato, según la empresa, impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI, que incluyeron desde las pintadas en el frente de una de sus casas hasta bombas de estruendo arrojadas contra otro domicilio, pasando por la irrupción de activistas con bombos en medio de un asado familiar.
Según el sindicato, FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta (algo que no verificaron las autoridades) y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Luego siguió el despido de 3 empleados, que derivó en una huelga en demanda de su reincorporación, mientras que a continuación se concretaron 25 cesantías.
El 20 de enero de 2025, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del sindicato y le ordenó a la empresa la reincorporación de los despedidos. El 17 de julio pasado, el juez Julio Armando Grisolía, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, revocó el fallo que le había ordenado a FADEMI reincorporar a 35 trabajadores que participaron del bloqueo, por lo que quedaron en firme esas cesantías.
Pablo Abdón Torres Barthe,abogado,MEAB,retrato,indumentaria formal
POLITICA
Enrique Piñeyro le ganó un reclamo judicial a ARCA y deberán devolverle 9377 millones: los donará a la Fundación Garrahan
La Justicia falló a favor de Enrique Piñeyro y ARCA deberá devolverle $9377 millones. El piloto y cineasta aseguró que no se quedará con el dinero: lo donará a la Fundación Garrahan.
“Yo nunca hice juicio para no pagar, hice una accion declarativa de Justicia, que significa pedirle que confirme que no me correspondía pagar. Pero pagué igual”, explicó Piñeyro en diálogo con TN.
“Es correcto que los que más tienen, más paguen. Incluso creo que es correcto limitar la acumulación de capitales”, señaló.
“Es tremendo el poder que se puede comprar con dinero. Yo pido tener políticas fiscales transparentes y sostenidas”, explicó. Además, indicó que otros millonarios se fueron del país para no pagar el impuesto a la riqueza, que él sí abonó.
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