La negociación entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que inició hace ya poco más de dos meses se encuentra en medio de la incertidumbre. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una importante presión interna para poner fin a la aventura bélica, la posición de Irán se mantiene inflexible.

En una nueva oferta, el régimen de los ayatolás comunicó a Washington sus puntos para alcanzar un acuerdo de paz. Pidió que no haya sanciones, un pacto de no agresión y el control sobre el estrecho de Ormuz. En respuesta, Trump, puso en duda la viabilidad de la propuesta.

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Entre sus propuestas, Irán omitió la cuestión de su programa nuclear. Esta omisión refuerza las suspicacias en Washington sobre el alcance real del plan y anticipa un proceso de negociación complejo y con pocas posibilidades de resolución inmediata.

La OPEP resolvió subir la producción petrolera

Mientras la negociación EE.UU-Irán se dilata y mantiene en un punto muerto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el cártel que nuclea a las naciones que más producen hidrocarburos, resolvió incrementar la producción de este commodity.

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La intención con esta decisión es empujar el precio del barril de petróleo a la baja en los mercados internacionales, en momentos en los que mantiene un valor récord por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde pasa 1/5 del petróleo mundial.

La OPEP decidió aumentar sus cuotas de producción en 188 mil barriles diarios a partir de junio. Los países miembro que acordaron el incremento fueron siete, entre ellos, Arabia Saudita y Rusia.

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Tal como anticipó Infobae días atrás, el Gobierno oficializó la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, una iniciativa que busca fortalecer y modernizar las capacidades de defensa del país mediante un programa integral de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades operativas para las Fuerzas Armadas.

El decreto 314/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, estableció nuevos mecanismos de financiamiento y redistribución de ingresos estatales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del plan.

En este sentido, dispuso la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización para fortalecer el equipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los porcentajes que se destinarán, el texto indicó que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que los bienes involucrados estuvieran previamente asignados al área de Defensa, ese porcentaje se elevará al 70 % de los ingresos obtenidos.

Asimismo, establecieron que el 10 % de los recursos provenientes de la privatización de empresas y sociedades estatales (las incluidas en la Ley 27.742) también se destinará a la mencionada cartera. Esta disposición refuerza la capacidad de inversión directa en equipamiento militar y desarrollo de infraestructura, constituyendo una fuente adicional y complementaria al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Estos recursos no sustituyen ni afectan lo previsto en dicho fondo, sino que constituyen un complemento destinado a atender necesidades de corto plazo y ampliar la capacidad de inversión en la recuperación de capacidades operativas.

En otro pasaje del texto, el Gobierno advirtió que los avances en tecnología militar, como la irrupción de la inteligencia artificial, el uso de armas robotizadas y el auge de los ciberataques, demandan la incorporación de nuevos medios y capacidades. Según el texto, para un país de la extensión y riqueza de recursos naturales del país, resulta esencial contar con un sistema de defensa con verdadera capacidad de disuasión y respuesta.

En el marco de la nueva normativa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá elevar al organismo conducido por Carlos Presti, en un plazo de noventa días, un informe detallando los requerimientos urgentes en materia de reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica. El Ministerio deberá instrumentar los medios necesarios para responder a estas necesidades, utilizando los fondos asignados por el decreto.

La iniciativa fue impulsada por el propio ministro de Defensa, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo.

La nueva distribución de fondos responde también a la situación presupuestaria que afronta el área. El decreto advierte que la estructura vigente absorbía la mayor parte de los recursos en gastos de personal y funcionamiento, lo que limitaba severamente la inversión en modernización y reequipamiento. Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaban destinados al Tesoro Nacional.

Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionará a recuperar el instrumento militar. Con la reasignación de ingresos provenientes de las privatizaciones y de la administración y venta de inmuebles públicos, el Gobierno busca brindar una fuente adicional y permanente para sostener el funcionamiento y la actualización tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.

El proyecto de Ficha Limpia volvió a instalarse en la agenda parlamentaria durante el informe de gestión que brindó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reactivó tensiones en el Congreso. Desde Provincias Unidas, la diputada Gisela Scaglia pidió avanzar con su tratamiento y anticipó que impulsará un emplazamiento en la próxima sesión.

“En la próxima sesión voy a pedir el emplazamiento para que se trate en Diputados. Las palabras sin votos no son políticas. Son relato”, posteó, en un mensaje dirigido al Gobierno nacional.

Para que esa estrategia prospere, el bloque de la exvicegobernadora de Santa Fe deberá construir acuerdos con otros espacios opositores, en especial con Unión por la Patria (UxP), que lidera Germán Martínez. La bancada peronista ya rechazó la iniciativa en 2025 al considerarla inconstitucional, lo que anticipa un escenario complejo.

La propuesta de Ficha Limpia

El proyecto de Scaglia establece que no podrán ser candidatos quienes hayan sido condenados por fraude en perjuicio de la administración pública; por delitos incorporados al Código Penal o por leyes especiales en cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

También quedan excluidos los condenados por delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, delitos dolosos contra la vida o la integridad física, lavado de activos y delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. A esto se suman las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, mientras mantengan esa condición.

En La Libertad Avanza respaldan la iniciativa. “Es un paso fundamental para combatir la corrupción y la impunidad”, señaló a TN la diputada Mercedes Llano. “Ficha limpia representa el retorno del ideal del gobierno de los virtuosos, de los probos, bajo el cual la corrupción es considerada un vicio, contrario a la virtud. Un paso fundamental para combatir la impunidad y reinstaurar una cultura política de blancos y negros, sin relativismo, en la cual se diferencia con nitidez lo que está bien de lo que está mal”.

Al proyecto de Scaglia se sumaron otras iniciativas de la radical Karina Banfi y de los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que proponen cambios en la Carta Orgánica de los partidos. En el Senado también hay presentaciones, como la del PRO impulsada por Martín Goerling Lara.

En el MID, otro aliado del oficialismo, marcaron distancia. “La reforma electoral del Gobierno es una ensalada imposible de debatir”, sostuvo Oscar Zago.

El debate en el Senado

La Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por Agustín Coto, será la encargada de avanzar con la discusión de la reforma electoral, un paquete que incluye no solo Ficha Limpia, sino también la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y modificaciones en la Boleta Única de Papel.

La oposición dialoguista ya advirtió que no acompañará el esquema completo. La UCR, de la mano de Eduardo Vischi, presentó un proyecto para mantener las PASO, aunque con carácter optativo. El PRO, en tanto, mantiene una postura cauta para no afectar posibles acuerdos futuros con el oficialismo.

En paralelo, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) anticiparon que sus legisladores no acompañarán la iniciativa libertaria.

El senador Maximiliano Abad sostuvo: “Hay que favorecer la modernización del sistema para garantizar la participación ciudadana y el control judicial. Es razonable exceptuar las PASO cuando existe lista única para evitar movilizaciones y gastos estériles. Sin embargo, reducir este debate al mero ‘ahorro fiscal’ es un error conceptual: la democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”.

La estrategia del oficialismo

Coto deberá coordinar con la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, la estrategia legislativa. La convocatoria a la comisión podría concretarse en las próximas semanas, ya que el Congreso estará abocado al tratamiento de pliegos en la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto.

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“No tenemos tiempo para sentarnos y discutir el proyecto”, admiten desde el oficialismo.

El debate por la reforma electoral no será exprés. Se prevén varias jornadas informativas en comisión y una negociación compleja para reunir los votos necesarios. Como se trata de cambios en materia electoral, la Constitución exige mayorías absolutas: 129 votos en Diputados y al menos 37 en el Senado.

La Cámara alta proyecta una próxima sesión para el 14 de mayo, en la que podrían tratarse tanto los proyectos ya dictaminados como los pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

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