El mercado neoyorkino tuvo su mejor mes desde la salida de la pandemia. En abril el índice Nasdaq (que agrupa a las acciones tecnológicas) rebotó 15% y el S&P 500 otro 11 por ciento. En ambos casos tocaron nuevos máximos y dejaron atrás el cimbronazo que habían sufrido en marzo por efecto de la guerra. Sin embargo, para las acciones y bonos locales esta mejora en el humor de los inversores pasó de largo.

El S&P Merval acumuló en el mismo período una caída de casi 8 por ciento. Hubo un castigo mayor a las acciones bancarias, mientras que las de energía también cayeron pero en una proporción mucho menor.

A los valores actuales, el índice de acciones líderes del mercado porteño se ubica en un equivalente de 1.850 dólares, alejándose de la zona de 2.000 dólares que los analistas consideraban un piso. En el mejor momento del 2024, en medio de un gran rally en el primer año de Javier Milei, llegó a niveles de 2.400. Esto significa que el mercado debería subir 30% para volver a aquellos valores.

Haciendo foco en los principales sectores, los ADR de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street sufrieron caídas significativas. En los últimos 30 días, Macro cayó 10% y Galicia casi 14 por ciento. Supervielle la pasó todavía peor y cae 17,5% siempre en dólares para el mismo plazo.

Estas pérdidas fueron solo parcialmente compensadas por el sector de energía, que en realidad había subido fuerte en marzo por el aumento del barril del petróleo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. YPF se mantuvo cerca de los USD 45, casi sin cambios en el último mes, Vista acumulo una suba de 4,5% y se mantiene arriba de USD 70, mientras que Pampa perdió casi 10% (es una compañía que tiene hoy más peso en el sector eléctrico y gas que en petróleo).

Con los bonos en dólares sucedió algo parecido. Ayer el riesgo país tuvo un nuevo repunte y quedó en niveles de 558 puntos básicos. Y durante abril no lograron sostener la mejora que habían tenido luego del anuncio de garantías del Banco Mundial para ayudar al financiamiento del Gobierno en los próximos meses.

Una de las explicaciones por las cuales el mercado local no logró acoplarse a Wall Street va más allá del contexto interno. En realidad, los emergentes en general quedaron rezagados y no pudieron acoplarse a esa suba del mercado neoyorkino. Es evidente que los inversores aprovecharon las caídas que habían sufrido muchas empresas por la guerra para retomar posiciones. Los buenos balances en especial en tecnología le dieron un impulso adicional al sector en las últimas ruedas de abril.

Pero aún así el mercado local estuvo más castigado que el resto. Como siempre sucede en estos casos, no hay una sola causa sino varias detrás de esta debilidad. La caída de más de 2% de la actividad en febrero y el pico inflacionario de marzo fueron datos negativos que jugaron en contra tanto de acciones como de bonos. El aumento de la mora a más de 10% del total de la cartera del sistema, uno de los síntomas de sectores con problemas de ingresos, afectó de manera directa a los bancos.

Esta debilidad trajo aparejada además caídas de los índices de confianza del consumidor y del Gobierno, que son seguidos de cerca por los inversores. Y esto trae al mismo tiempo las dudas respecto a lo que podría suceder en las elecciones presidenciales.

La incertidumbre política también se siente en los bonos, como quedó de manifiesto en las últimas colocaciones del Tesoro en el mercado local. Mientras que el Bonar 2027 se colocó a un rendimiento de solo 5,1% anual en dólares, el Bonar 2028 (es decir que vence solo un año después) salió al 8,7% anual. La diferencia en este caso es la incertidumbre por el proceso electoral del año que viene.

La mirada de los inversores estará puesta ahora en los datos económicos. Una reactivación más fuerte de la economía, baja de la inflación y disminución de la mora en los próximos meses serían fundamentales para la recuperación del mercado, tanto acciones como bonos. Claro que se trata de una mejora que quedó todavía a mitad de camino luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre pasado.

Luego de que la inflación marcara 3,4% en marzo, las principales consultoras coinciden en que abril mostrará una desaceleración en el ritmo de suba de precios. Las estimaciones más optimistas ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2,4% mensual, lo que le daría al Gobierno un respiro en materia inflacionaria.

Sin embargo, el alivio sería parcial y de corta duración. Hacia adelante, los analistas advierten que mayo estará atravesado por nuevas presiones, tanto por factores locales —como el ajuste de tarifas y transporte— como por el impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, que ya encarece los costos energéticos.

Inflación en alimentos: subas sobre el cierre del mes

Uno de los datos que siguieron de cerca las consultoras fue la evolución de alimentos y bebidas, el rubro de mayor incidencia en el índice general.

El relevamiento de LCG mostró que este segmento aumentó 1,3% en la cuarta semana de abril, consolidando tres semanas consecutivas de aceleración. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba fue de 1,7%.

Dentro del rubro, los mayores incrementos se registraron en lácteos, carnes y bebidas, mientras que los panificados mostraron bajas que ayudaron a moderar el promedio general. Aun así, una quinta parte de los productos relevados presentó aumentos, reflejando una dispersión de precios elevada.

En la misma línea, Eco Go midió una suba semanal de 0,5% en alimentos en la última semana del mes, por encima del 0,3% de las dos semanas previas. Con estos datos, proyectó un alza de 2,5% para el nivel general de precios en abril.

IPC de abril: consultoras estiman mejor resultado respecto de marzo

Otra de las consultoras que anticipó una desaceleración fue C&T, que relevó una suba de 2,4% en precios minoristas para el Gran Buenos Aires.

De confirmarse este dato, la inflación interanual bajaría levemente, de 32,6% a 32,1%. Uno de los factores que explican la desaceleración es la moderación en el rubro educación, que en marzo había trepado 12% por el inicio del ciclo lectivo y en abril se ubicó cerca del 5%.

En alimentos y bebidas, C&T registró un incremento cercano al 1%, luego de dos meses con subas superiores al 3%. En particular, la carne avanzó 2%, el menor ritmo desde septiembre del año pasado, mientras que frutas y verduras mostraron caídas que ayudaron a contener el índice.

Transporte y regulados: señales mixtas

En otros rubros, el comportamiento fue dispar. Transporte registró una suba cercana al 4%, impulsada por combustibles, aunque hacia la segunda mitad del mes comenzó a estabilizarse.

En servicios públicos, en tanto, la presión fue menor en abril, especialmente en gas y electricidad, lo que ayudó a moderar el impacto en el rubro vivienda.

Por su parte, la indumentaria mostró subas por encima del promedio, en línea con el cambio de temporada otoño-invierno, mientras que bienes y servicios varios se vieron afectados por aumentos en productos de cuidado personal.

Mayo arranca con aumentos y presión externa

Pese a la desaceleración de abril, el escenario para mayo aparece más desafiante. El principal factor de riesgo proviene del frente externo: la guerra en Medio Oriente ya impacta en los precios internacionales de la energía.

Según la consultora Economía & Energía, el costo de importación de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil aumentará hasta un 30% durante el invierno. Esto llevaría el costo del gas a unos 5,3 dólares por millón de BTU, levemente por encima del año pasado, mientras que la generación eléctrica también se encarecerá.

Si bien el impacto directo sería acotado por la baja incidencia del gas importado en la matriz local, se suma a otros aumentos ya en marcha.

Desde mayo, los colectivos en el AMBA subieron 5,4%, con boletos mínimos que superan los $750 en la Ciudad y los $900 en la provincia. También se actualizaron peajes y tarifas de gas, con subas escalonadas según el nivel de consumo.

Un escenario abierto para la inflación

En este contexto, las consultoras advierten que la desaceleración de abril podría ser transitoria. La combinación de subas en precios regulados, mayor costo energético y volatilidad internacional plantea un panorama incierto para los próximos meses.

El comportamiento de los combustibles, las decisiones del Gobierno en materia de tarifas y la evolución del conflicto en Medio Oriente serán claves para determinar si la inflación logra consolidar una tendencia a la baja o si vuelve a acelerarse en el corto plazo.

El Gobierno nacional puso en marcha el lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un sistema incorporado en la Ley N° 27.802, aprobada en marzo, que busca incentivar el empleo formal en el sector privado. La medida se oficializó mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, que definió los parámetros necesarios para su aplicación.

La reglamentación establece los principales lineamientos para el uso del régimen, incluyendo quiénes pueden acceder, los procedimientos administrativos y los beneficios otorgados. El decreto detalla requisitos, plazos y condiciones, además de la manera en que se aplicarán las reducciones en las contribuciones patronales que prevé la ley.

Los empleadores que quieran adherir deberán registrar a los trabajadores bajo el nuevo esquema ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Ese será el período en el que se podrá hacer uso del régimen.

El RIFL está disponible para todos los empleados inscriptos, pero si el alta se realiza a partir del 10 de diciembre de 2025, la empresa sólo podrá incluir hasta el 80% de su plantilla dentro de este régimen. Si la contratación se efectuó antes, no existen restricciones en cuanto a la proporción de empleados.

En cuanto a los trabajadores que podrán ser incorporados bajo este esquema, la reglamentación contempla: personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desempleados durante los seis meses previos a la contratación, monotributistas y empleados del sector público en cualquiera de sus niveles. El texto aclara que los trabajadores pueden tener ingresos de otras actividades, ya sea en el régimen general o el simplificado, sin perder los beneficios.

• Quienes no tenían una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025.
• Quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos a la contratación.
• Personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas).
• Personas que se desempeñan en el sector público, ya sea nacional, provincial o municipal.

Uno de los principales atractivos del RIFL es la reducción de las contribuciones patronales, que suelen ubicarse entre el 18% y el 20,4% según el tipo de empresa. Ahora, todas tributarán un 5% durante los primeros 48 meses desde el inicio de la relación laboral. De ese porcentaje, el 2% se destinará al SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, mientras que el 3% restante irá al subsistema del INSSJP (Ley N° 19.032).

Aún resta que ARCA defina los procedimientos específicos para el alta de los nuevos empleados bajo este régimen. Sí se especifica que no podrán incluirse trabajadores que hayan estado en la misma empresa y se desvincularon dentro de los últimos doce meses.

El decreto mantiene los aportes adicionales para determinados sectores, como el petrolero y el eléctrico, que deberán seguir abonando un 2% extra en contribuciones. También confirmó que la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatoria: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes. Este fondo debería comenzar a regir el 1 de junio, aunque existe la opción de retrasar su implementación hasta 180 días. Para quienes sean dados de alta bajo el RIFL, el aporte al FAL no se deducirá de las contribuciones patronales y deberá pagarse por separado.

El régimen prevé que si se detectan incumplimientos o causales de exclusión, los empleadores perderán los beneficios y deberán regularizar las contribuciones omitidas, con los intereses y sanciones que correspondan. ARCA será responsable de los controles y de la instrumentación de los mecanismos de recomposición.

A diferencia de antiguos programas, el RIFL no está pensado para regularizar empleo no registrado de manera masiva. En caso de que una empresa intente blanquear a un trabajador completamente en negro, podría perder el beneficio si se detecta la infracción.

Dentro de la reforma laboral se incluyó un apartado específico para fomentar el registro formal de trabajadores. Este segmento está contemplado a partir del artículo 168° y los artículos siguientes, y establece medidas orientadas a regularizar vínculos laborales que presentan irregularidades en su registración. A diferencia del RIFL, este capítulo de la reforma sí apunta directamente a normalizar situaciones de empleo con deficiencias registrales. Por el momento, este apartado no fue reglamentado, por lo que aún no se encuentra operativo.