POLITICA
Círculo rojo: Milei entrampado entre el “riesgo Adorni”, la economía y las expectativas del establishment

“Adorni chorro”, le gritaron a Patricia Bullrich el viernes mientras recorría Villa Lugano, en el sur de la capital. Dos días antes, la senadora le había reclamado públicamente, en el prime time televisivo, a Manuel Adorni que presentara de manera inmediata la declaración jurada para aclarar su crecimiento patrimonial, a contramano de la estrategia oficial, después de que el contratista de la casa de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, atestiguara en la Justicia que el jefe de Gabinete se gastó USD245.000 en refacciones.
La declaración del testigo fue un bombazo. También la reacción explosiva de Bullrich, que obligó a Javier Milei, esa misma noche de miércoles, a insistir, una vez más, en la permanencia de su ministro -“ni en pedo se va”, aseguró-, y a confirmar, sin precisiones, que adelantaría la presentación de su rendición de bienes.
El Presidente está enajenado: ve conspiraciones por todos lados. Desde Chile, antes de volar a Argentina, en una breve gira que tuvo por ese país vecino, la ex ministra de Seguridad intentó explicarle telefónicamente por qué el jefe de ministros tenía que dar explicaciones públicas. No lo convenció. Según trascendidos internos, Milei habría además discutido a los gritos en Olivos con un periodista por ese tema. El viernes, frente a un gabinete agotado por el caso, Milei volvió a sostener al funcionario: “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”. Una hora antes, en una conferencia de prensa insólita en la que se intentó guionar las preguntas y dominar la agenda pública, al ministro Luis Caputo, “Toto”, lo consultaron por el “riesgo Adorni”, e incluso se le preguntó a los ministros si recibían “sobresueldos”. El jueves por la noche, en una conversación con Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete resaltó, falazmente, que no esclarecía su situación patrimonial para no “entorpecer a la Justicia”, y que en algún momento se decidirá a hablar: “Voy a hablar, y voy a hablar mucho, sí claro, voy a hablar, más de lo que se imaginan”, desafío, en modo víctima.
El Gobierno no logra dar vuelta la página. Los ministros están fatigados: cualquier anuncio se opaca por el escándalo patrimonial del ex vocero. Milei no pudo festejar el crecimiento de marzo de la industria y la construcción, dos de los sectores más castigados por este programa económico; tampoco llegó a capitalizar, como esperaban, la publicidad del “Súper Rigi”, la suba en la calificación crediticia de la Argentina o el retroceso del Riesgo País. Algo similar ocurrió con la exposición minera que se desarrolló el jueves en San Juan, que aglutinó a media docena de gobernadores, empresarios y el sector “karinista” del gabinete, con Karina Milei a la cabeza, alrededor de un rubro que está en franca expansión y que planea invertir miles de millones de dólares en los próximos años. Ni siquiera se celebró públicamente el fallo del juez federal de La Pampa, Juan Pablo Baric, que rechazó la cautelar presentada por el gobernador de esa provincia que pedía dar marcha atrás con la Ley Glaciares, una resolución que era muy esperada por el sector y por el gobierno, en la que trabajó, según las fuentes, Juan Bautista Mahiques.
El ministro tiene, sin embargo, una tarea más acuciante: la supervisión de los expedientes que se tramitan en Comodoro Py. “Sesenta días”, deslizaron en esos tribunales que es el lapso al que se habrían comprometido en el Gobierno para administrar algunas de esas investigaciones. El escándalo Adorni ya lleva unos dos meses al tope de la agenda, y los más experimentados operadores judiciales no recuerdan causa, como la que se tramita por enriquecimiento ilícito contra el ministro coordinador, que haya tenido un movimiento tan intenso con un funcionario de esa talla en funciones: el desfile de testigos es incesante.
Pero la caída en la popularidad del Presidente y en las expectativas por el futuro no se justifica solo por el escándalo coyuntural del derrotero judicial de Adorni. En todo caso, ese escándalo, que paralizó a la gestión, funcionó en estos meses como un catalizador de una demanda social mucho más estructural por el funcionamiento de la economía. Un estudio reciente de la consultora CasaTres, de Mora Jozami, relevó que el 55% considera que el empeoramiento de la situación económica es por las políticas implementadas por Milei, y solo 1 de cada 10 cree que el gobierno está resolviendo los problemas del programa. El 42% respondió, además, que lo peor está por venir, y un 64% contestó que es más importante “evitar la pérdida del empleo” que “bajar la inflación” (31%).

Los datos recientes del Indicador de Consumo Familiar (ICF) que Poliarquía elabora desde el 2008 -publicados en el último informe de la Fundación Pensar, titulado “Sobreviviendo”-, y que releva la capacidad real del consumo de las familias, registraron una caída del 3% en el primer trimestre del 2006 respecto del trimestre anterior, y un retroceso interanual en torno al 10%. Las cifras muestran una marcada heterogeneidad territorial: “Nuestros datos muestran que el deterioro reciente se concentra más en el Gran Buenos Aires, mientras que el interior del país exhibe una dinámica más positiva”.
Esa heterogeneidad obliga al sistema a mirar con mayor atención al conurbano bonaerense, que concentra a buena parte del padrón electoral.
Los intendentes están cada vez más preocupados: ninguno, de cualquier extracción partidaria, ve señales de reactivación de la actividad o el consumo: “No hay un mango”. El gobierno, por el momento, no tiene previsto expandir el consumo. Según un reciente informe de la consultora Empiria, del ex ministro Hernán Lacunza, el ingreso disponible de los hogares cayó en febrero 2,1% mensual respecto al mes anterior, y se consignó una caída mayor en los hogares de menores ingresos (-2,7%). La recaudación, más allá de la mejora nominal en los números de abril de ARCA, también volvió a evidenciar una caída real de casi el 4% en relación a la inflación. Pero el deterioro no es solo económico: también es social. El miércoles, en la reunión que Marcelo Colombo, de la Conferencia Episcopal, mantuvo con jefes comunales y referentes del peronismo del GBA -Gabriel Katopodis, Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Mariel Fernández, Ariel Sujarchuk, Mariano Cascallares y Roberto Álvarez, del sindicato AEFIP-, se trazó un panorama alarmante en relación a violencia intrafamiliar, adicciones y problemas vinculados con la salud mental. También se abordó la situación económica: “No hay hoy un escenario de eclosión, pero no sabemos si no lo puede haber mañana”, dijo un intendente.
Hubo lugar también para la discusión política: la Iglesia reclamó que se dejen de lado las internas. Se ve que el pedido pasó de largo porque al día siguiente, en el Senado provincial, se llevó a cabo un escandaloso encuentro de legisladores de Fuerza Patria en el que hubo gritos, insultos y chicanas por la conformación de comisiones que mantiene paralizada esa cámara y que exhibe el nivel de tensión de la guerra a cielo abierto entre Axel Kicillof, Cristina Kirchner y La Cámpora. No estuvo Verónica Magario, pero sí Sergio Berni, Malena Galmarini y Emmanuel González Santalla. También Germán Lago y Jorge Paredi, que expresaron la voz del gobernador. La unidad del bloque pende de un hilo. Se advirtió, incluso, que podría correr riesgo de fractura si la vicegobernadora no da marcha atrás con algunas designaciones. “Que lo hagan, y lo expliquen públicamente”, desafiaron fuentes de la gobernación.
En el peronismo del interior hay una creciente inquietud por la candidatura de Kicillof: dicen que, en un buen número de provincias, sigue muy asociado al kirchnerismo duro, y que, en todo caso, tiene que mostrar mayores muestras de autonomía. Las comparaciones son odiosas. Un diputado del interior abundó: “El peronismo no resiste otro Alberto Fernández, Axel tiene cuatro jueces de la Corte sin nombrar hace seis años, cinco ministros que no le responden a él, y la última lista de diputados y senadores provinciales no las armó”.

Círculo rojo expectante, interna en llamas. Los pases de factura en el peronismo, la división interna y la ausencia de una tercera vía competitiva explican, en parte, por qué Milei, a pesar de la caída en su imagen y el desgaste del programa económico, aún mantiene chances muy concretas de ser reelecto.
Las encuestas más serias, que registraron en estos meses un retroceso en la gestión presidencial, exhiben una paridad entre Milei y Kicillof. Algunas de ellas evidencian, además, un escenario abierto en un hipotético ballotage entre ambos.
“Es imposible que Kicillof sea presidente”, dijo la semana anterior, en el exclusivo hotel Llao Llao, “Toto” Caputo frente a un centenar de empresarios y emprendedores de primerísimo nivel en el tradicional foro. Ese selecto grupo del círculo rojo, que apuntala y promociona el proyecto libertario, está convencido del programa, en particular por la solidez de la macro, y propicia la reelección del Presidente. Pero más allá de Milei, les importa el rumbo. El mensaje es: con o sin Milei, lo importante es sostener el programa. “Ellos son los dueños del rumbo: pueden cambiar al presidente, pero para ellos lo relevante es mantener el plan económico”, opinó un consultor que asesora a varios de ellos.
En ese contexto, sectores del establishment empresario comenzaron a analizar alternativas. Una de ellas es Kicillof, lanzado abiertamente a la carrera hacia el 2027: el viernes, estuvo en Córdoba, una plaza muy esquiva para el kirchnerismo.

A Bullrich también comenzaron a prestarle más interés. Es más: hubo empresarios medios, también algunos industriales, que enviaron mensajes para conocer de primera mano si es cierto que la jefa del bloque de LLA en el Senado tiene intenciones de ser candidata en el 2027. Cerca de la ex ministra, que se entrevistó en Chile con el presidente Juan José Kast, deslizaron: “Si fracasa Milei fracasamos todos, están locos los que piensan que ella puede ser la salvación… A menos que sea algo consensuado…”.
La caída en la popularidad de Milei y los desaciertos domésticos de su gobierno hicieron que en el PRO se volviera a fantasear con una hipotética candidatura de Mauricio Macri, enemistado con Milei. El jefe del PRO está exultante con algunos pedidos del establishment para que analice una eventual postulación el próximo año. Macri disfruta esos consejos, y que se cree la ilusión de un posible retorno a medida que se agravan los tropiezos del oficialismo: “Mauricio siempre quiso ser un buen ex presidente”.
Pero más allá de las especulaciones futuras, que incluyen a dirigentes variopintos como Victoria Villarruel, Dante Gebel o Jorge Brito, existe en simultáneo un grupo eufórico de empresarios, por fuera de los que se congregaron en Llao Llao la semana anterior, de sectores en alza como el petróleo, la energía y la minería. En el primer trimestre del año el superávit comercial fue de USD 5.500 millones, muy superior a los USD 1.100 millones del 2025, apalancado fundamentalmente por la producción petrolera, que alcanzo niveles récord, con un aumento de casi el 16% interanual: 874.000 barriles por día.
Las expectativas de la industria son altamente auspiciosas. El Gobierno lo entendió desde el día uno. Por algo, la política en torno a Vaca Muerta no se corrió ni un ápice del sendero iniciado entonces por Cristina Kirchner y continuado por Macri y Alberto Fernández. En ese aspecto, hay un interés muy elevado de las compañías petroleras por un poder que es tan o más importante que el Ejecutivo en términos de la aplicación de esas políticas: el Judicial.
Por eso, operadores, funcionarios y abogados de esas compañías, principalmente de YPF, siguen con muchísima atención los concursos en el Consejo de la Magistratura y el envío de pliegos al Senado por parte del ministro Mahiques en algunas de las vacantes de juzgados y tribunales federales clave para ese sector. Es el caso de Neuquén (TOCF), Bariloche, Viedma y la cámara federal de apelaciones de General Roca, en Río Negro, en cuyo concurso quedó primero Hugo Greca. Se trata, además, en algunos casos de juzgados con competencia electoral: un incentivo para la relación de la Casa Rosada con los gobernadores.
Ese rubro, el electoral y político, y el judicial están en manos de Karina Milei, que desde las elecciones de octubre pasado se impuso a Santiago Caputo en la interna despiadada que sacude al oficialismo y que, según algunas fuentes libertarias, explica, en parte, la permanencia de Adorni en la Jefatura de Gabinete.
El tufillo de esa interna se tornó irrespirable. Hay referentes cercanos al consultor estrella que incluso se cuestionan la permanencia en el gobierno. Caputo sigue convencido de que debe permanecer adentro: cree, por los resortes y las relaciones que todavía administra, que una salida suya puede dañar seriamente a Milei. Es una disputa que el círculo rojo también minitorea con atención. Altísimas fuentes aportaron, en tanto, que esa interna empezó a permear puertas adentro de Las Fuerzas del Cielo.
A esa puja se sumaron, en paralelo, los chispazos internos originados tras el reclamo público de Bullrich para que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada. Karina Milei, muy celosa de esos movimientos que alteraron la estrategia oficial de silencio atroz, avaló sin embargo que se mantuviera el viernes la recorrida de la senadora por la ciudad de Buenos Aires, un territorio que pretende arrebatarle al PRO el próximo año. Ese objetivo sufrió un duro traspié por la caída política del ex vocero. Bullrich, por caso, está segura de que se debe alcanzar un acuerdo con el PRO en la capital en el 2027, una hipótesis que, por ahora, es rechazada por la hermanísima.
La rebelión de la ex ministra de Seguridad es inversamente proporcional al encuadramiento de Diego Santilli, capaz de cualquier tipo de acatamiento con tal de ser postulado oficialmente por la hermana de Milei como el candidato a gobernador bonaerense, su máximo proyecto. Por eso el funcionario no blanquea públicamente que, como buena parte del gabinete, está harto de las derivaciones del caso Adorni. Cerca del ministro del Interior confirmaron que tiene todo preparado para avanzar un paso más en ese proyecto una vez que culmine el Mundial de fútbol, en julio, y que ya tuvo una primera confirmación por parte de los hermanos presidenciales cuando ganó las elecciones de octubre pasado como cabeza de lista de LLA. Después del Mundial prevé oficializar sus planes para la provincia: Isidoro Guillermo Bonicatto, un colaborador de confianza que trabajó en el CEAMSE, el organismo en el que Santilli conoció de cerca a Claudio Tapia, “Chiqui”, podría tener un rol destacado.
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POLITICA
Alfredo Cornejo celebró el decreto que le otorgó a Mendoza las regalías de Los Nihuiles

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, por el cual el gobierno nacional reconoció el derecho de Mendoza a percibir el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y puso fin a más de cinco décadas durante las cuales esos recursos se distribuían entre la provincia cuyana y La Pampa. El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para celebrar el reconocimiento y detallar los pasos que seguirá la Provincia.
Además de percibir las regalías en forma íntegra a partir de ahora, Mendoza readecuará la demanda judicial iniciada en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar los montos que no percibió durante los años en que estuvo vigente el esquema anterior.
El origen de la disputa se remonta a 1973, cuando aquella resolución estableció un esquema de reparto que Mendoza siempre consideró injusto. Durante más de 50 años, la provincia sostuvo que las regalías debían corresponderle en su totalidad, dado que la generación de energía se produce íntegramente dentro de su territorio. El fundamento jurídico descansa en el dominio originario que las provincias tienen sobre sus recursos naturales: el aprovechamiento hidroeléctrico —con su infraestructura, su inversión y la energía que produce— es un bien distinto del agua del río Atuel, cuyo carácter interjurisdiccional compartían ambas provincias. El nuevo decreto recoge ese criterio y lo traduce en una decisión de alcance concreto.
Cornejo señaló que el decreto confirma que Los Nihuiles era “la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia”, en contra del criterio y la jurisprudencia que establece que las regalías corresponden a las provincias donde se produce la caída del agua que genera la energía. El mandatario remarcó que el fallo pone en evidencia que a Mendoza “le asiste el derecho” y “la razón” en su postura de que la generación realizada dentro de su territorio no debía ser compartida con La Pampa por el solo hecho de que el río Atuel sea interprovincial.
El gobernador vinculó el reconocimiento con otro antecedente en que la Provincia logró recuperar recursos que consideraba propios: el resarcimiento obtenido durante su primer mandato por la Promoción Industrial, que le reportó a Mendoza 1.023 millones de dólares, fondos que el propio Cornejo describió como los que hoy financian obras de agua, energía y rutas. En esa misma línea, el mandatario afirmó que la defensa de los recursos provinciales se articula con una relación que combina acompañamiento y litigio: “Cuando hay que litigar, pedir y demás, estamos haciéndolo siempre en defensa de la provincia”, sostuvo.
El reclamo judicial que continuará a partir de ahora busca recuperar lo que Mendoza dejó de percibir durante las décadas en que el Decreto 1560/73 estuvo vigente. Según explicó Cornejo, el monto actualizado de ese reclamo ronda los 680 millones de dólares. Para canalizarlo, la Provincia readecuará la demanda que presentó ante la Corte Suprema en 2022 y ajustará los montos reclamados al nuevo escenario jurídico que abre el decreto nacional.
El anuncio también se produce en un momento crítico para el sistema hidroeléctrico. Mema detalló que las centrales del complejo Los Nihuiles sufrieron una merma considerable: de una capacidad de 290 megawatts pasaron a producir solo 90, como consecuencia del daño en dos de sus unidades. Frente a ese deterioro, la Provincia avanza en paralelo con el proceso de definición de una nueva concesión que permita atraer capitales privados para recuperar y ampliar la capacidad instalada.
El ministro puso el decreto en perspectiva histórica y remarcó que “esta injusticia nació en 1973”, según sus declaraciones ante la prensa. A lo largo de ese período se sucedieron distintas instancias jurídicas y convenios sin que el reclamo mendocino prosperara. Para Mema, el cambio implica que la Provincia ya no percibirá la mitad de las regalías sino su totalidad, lo que modifica de forma sustancial el volumen de recursos que recibirá: “A partir de hoy, no solamente vamos a cobrar lo que nos corresponde, sino que lo vamos a cobrar íntegramente, porque veníamos cobrando la mitad”, afirmó.

Sobre el esquema de la nueva concesión, el titular de la cartera de Infraestructura fue claro en cuanto al rol que deberá cumplir el Estado: controlar que las obras se ejecuten, garantizar que la inversión se concrete y cobrar el porcentaje correspondiente sobre la energía generada. “Nuestra visión es muy clara, lo que necesitamos es inversión privada, y necesitamos generar las mejores condiciones para que vengan e inviertan la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible”, indicó Mema en la misma conferencia.
Latorre, por su parte, profundizó en el fundamento jurídico del reconocimiento. La ministra explicó que las provincias tienen soberanía y dominio originario sobre sus recursos y que el caso de Los Nihuiles permite distinguir con precisión entre el agua del río —de carácter interjurisdiccional— y el aprovechamiento hidroeléctrico que se lleva a cabo dentro del territorio mendocino. “No es solamente el río, el agua, que compartimos por ser interjurisdiccional con otra provincia, es también la pendiente, es también la inversión para generar, a través del agua y de esa pendiente, energía, que es una cosa, es un bien susceptible de apropiación distinto totalmente del agua y del salto”, precisó ante los periodistas.
La funcionaria también destacó el trabajo de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado en la defensa del patrimonio provincial durante todos estos años y trazó con claridad las dos vías que abre el decreto. La primera es judicial y apunta hacia atrás: reclamar lo que Mendoza fue obligada a compartir con otra provincia durante décadas. La segunda mira hacia adelante: articular una nueva concesión que, con mayor inversión privada, permita incrementar la generación. En palabras de Latorre, “mayor inversión es mayor producción, mayor producción es mejor aprovechamiento de los recursos y mayor percepción de regalías”, lo que se traduciría en más fondos disponibles para servicios como salud, seguridad y educación.
POLITICA
Daniel Dessein, de La Gaceta, fue elegido nuevo presidente de ADEPA

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) renovó sus autoridades este viernes, en la última jornada de la 64ª Asamblea General de la entidad, que se realiza desde el miércoles en esta ciudad.
Daniel Dessein, titular de La Gaceta de Tucumán, es el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo para el período 2026-2027, cargo que hasta hoy ocupaba Martín Etchevers (Clarín). En tanto, Etchevers fue elegido para conducir la Comisión de Libertad de Prensa e Información –una de las más relevantes de la institución–, que hasta esta jornada estaba a cargo de Dessein.
En tanto, Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) asumió como vicepresidenta primera del Consejo Ejecutivo y Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta), como vicepresidente segundo. Pablo Deluca (Infobae) se hará cargo de la secretaría General y Tomás Vio (Diario Olé) tomó la secretaría de Organización.
Agustino Fontevecchia (Perfil) revalidó su lugar en la secretaría de Relaciones Institucionales y Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) fue elegido para la secretaría de Actas. Completan el equipo Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) y Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas), quienes siguen como tesorero y protesorero, respectivamente.
La nómina de vocales titulares quedó integrada por Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan Boglione (Nueva Rioja, La Rioja).
Como vocales suplentes fueron elegidos Claudia Bogado (La Mañana, Formosa), Diego Garazzi (Hola Argentina), Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero), Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Coronel Pringles), Diego Dillenberger (Imagen) y Federico Torres (Río Negro, General Roca).
Comisiones
La asamblea también definió la integración de las comisiones de ADEPA para el próximo período. Además de la Comisión de Libertad de Prensa, ahora en manos de Etchevers, la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones será presidida por José Santa María (Página 12), con Valentini, de El Diario de Pringles, como vicepresidente, mientras que en el Comité Estratégico seguirá al frente Guillermo Ignacio (TSN Necochea).
José Claudio Escribano () continuará en la presidencia de la Comisión de Premios “Federico C. Massot”.
Por su parte, Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de Adepa, coordinará la Comisión de Capacitación Multiplataforma, mientras que la Comisión de Desarrollo Digital será presidida por Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan), con Vio, de Olé, como vicepresidente. La Comisión de Desarrollo de Medios Locales quedó en manos de Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia), acompañada por Héctor Lebensohn (Democracia, Junín) como vicepresidente y Muñoz, de OPI Santa Cruz, como secretario.
La Comisión de Relaciones Internacionales será conducida por Ick, de El Liberal, con Ignacio Fidanza (La Política Online) como vicepresidente. La Comisión de Bien Público quedó a cargo de Roberto Suárez (Mendoza Today), secundado por Terán, de La Capital, mientras que la de Propiedad Intelectual será presidida por Garazzi, de Hola Argentina, con Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe) como vicepresidente.
Por su parte, la Comisión de Socios quedó en manos de Dillenberger, de Imagen, con Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza) como vicepresidente, y la de Difusión será presidida por Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos).
La Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Gaíta, Sergio Ducca y Garazzi como titulares, y Gargatagli como suplente.
Entretanto, Carlos Laplacette estará a cargo del servicio de orientación legal en libertad de prensa, y Nicolás Novoa, en el servicio de orientación legal en propiedad intelectual, mientras que Ducca será titular del servicio de orientación tributaria.
Finalmente, D’Alessandro continúa como director ejecutivo de ADEPA y Gabriel Matijas como gerente general.
El foro anual en el que se renovaron las autoridades de ADEPA se realizó en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán y tuvo, entre sus principales actividades, un encuentro entre Joaquín Morales Solá, columnista de , y Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín; capacitaciones vinculadas al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) sobre la industria periodística; y la presentación del informe sobre la situación de la libertad de prensa en el país.
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POLITICA
Causa ANDIS: la exnovia de Fernando Cerimedo declarará como testigo desde Bolivia

La expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, declarará ante el fiscal Franco Picardi el 23 de septiembre como testigo en la causa donde se investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Días atrás, el fiscal había librado un exhorto a Bolivia para citar a Beller por sus dichos en entrevistas periodísticas en los que había deslizado que sabía, entre otras cosas, quién había filtrado los audios atribuidos a Diego Spagnuolo que dieron origen a la causa.
La medida suma un nuevo capítulo a la investigación en la que ya declaró Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de La Libertad Avanza, actualmente detenido en Bolivia en el marco de una causa por el intento de femicidio de la abogada.
Cerimedo ya había declarado como testigo ante Picardi en septiembre de 2025. En aquella oportunidad, aseguró que el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos.
Según su testimonio, Spagnuolo también le habría contado que había puesto al tanto al presidente Javier Milei sobre esa situación durante una conversación en la Quinta de Olivos. Cerimedo además mencionó a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el supuesto circuito de las coimas.
Leé también: Un fiscal pidió que la exnovia de Fernando Cerimedo declare como testigo en la causa ANDIS
Ahora, Picardi busca incorporar también la declaración de Beller, quien quedó vinculada públicamente con el expediente a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo durante la discusión sobre el peritaje de los audios.
El abogado Mauricio D’Alessandro había mencionado declaraciones de Beller sobre el origen de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo. Según la versión expuesta por la defensa, Cerimedo le habría hablado a su entonces pareja de una supuesta tarea de inteligencia vinculada con la filtración de esos registros.
La defensa de Spagnuolo utilizó esos dichos para respaldar su planteo de que los audios podrían haber sido manipulados. La Justicia, sin embargo, avanzó con el peritaje del material para determinar su origen y autenticidad.
El juez federal Ariel Lijo rechazó esta semana un pedido de Spagnuolo para suspender el análisis de las grabaciones. Gendarmería continúa trabajando sobre los archivos para establecer si tuvieron cortes, ediciones o algún tipo de manipulación posterior, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.
La fiscalía sostiene que la investigación no depende únicamente de los audios y que existen otros elementos incorporados al expediente, entre ellos documentación, teléfonos secuestrados y resultados de distintos allanamientos.
Beller y Cerimedo, involucrados en otras causas
Según pudo saber TN, la declaración de Beller ante Picardi se producirá mientras permanece en Bolivia, donde sufrió un ataque a tiros el 17 de agosto. La abogada recibió tres disparos y estuvo cinco días internada.
Por ese hecho, la Justicia boliviana ordenó la prisión preventiva de Cerimedo por 180 días mientras avanza la investigación por el presunto intento de femicidio. El consultor político negó haber participado del ataque o haber contratado a otras personas para asesinar a su expareja.
Beller, por su parte, afirmó que teme que vuelvan a atacarla y sostuvo que el atentado tuvo motivos políticos. Después de recibir el alta médica, permaneció bajo medidas de seguridad. Las acusaciones contra Cerimedo fueron rechazadas por el detenido.
En paralelo, Beller había sido citada a declarar en otra causa judicial, en este caso por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo. El 26 de agosto suspendió esa declaración y pidió ser incorporada al régimen de testigos protegidos por temor por su seguridad.
Fernando Cerimedo, Bolivia, declaracion, Agencia Nacional de Discapacidad
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