ECONOMIA
Se necesita un puente financiero para que el crecimiento llegue a todos
Una asistencia internacional transitoria brindaría el tiempo necesario para afianzar la generación genuina de divisas por exportaciones energéticas, reconfigurando la economía y dando lugar a una nueva etapa de crecimiento sostenido.
En 2025, el peso sufrió un fuerte ataque especulativo que buscó desestabilizar el modelo económico de Argentina. El puente financiero proporcionado por Estados Unidos resultó decisivo: permitió consolidar el salto exportador y evitó una nueva crisis cambiaria.
El año cerrará con exportaciones energéticas por USD 16.500 millones -con un barril a USD 64- tras inversiones para aumentar la producción de USD 11.000 a USD 17.000 millones. Estas cifras continuarán creciendo hasta alcanzar USD 50.000 millones en 2032, cuando las exportaciones de LNG estén totalmente operativas, evitando así futuras crisis de balanza de pagos.
El economista Ricardo Arriazu advierte que, desde 1980, Argentina acumuló 20 años de crecimiento negativo sobre 45 años, atribuibles principalmente a crisis de balanza de pagos, originadas en buena medida por la propia acción de los argentinos: ataques especulativos debido a la desconfianza en el peso.
En 2025, los clientes bancarios compraron para atesorar USD 42.000 millones, aun enfrentando alternativas financieras más rentables, un fenómeno que se constituyó en el principal riesgo para la estabilidad económica y la concreción de un desarrollo a futuro.
El puente financiero de Estados Unidos cubrió el faltante transitorio de divisas y ayudó a restaurar la confianza tras las elecciones de medio término y errores políticos del gobierno. La recuperación permitió avanzar en las obras de infraestructura necesarias para que la producción en Vaca Muerta se duplicara, sentando las bases para sostener el nuevo ciclo exportador.
Este año, las exportaciones energéticas sumarán USD 16.500 millones, y podrían llegar a USD 20.500 millones si el barril se sostiene en USD 100. Además, se proyecta alcanzar USD 20.000 millones cuando el oleoducto Vaca Muerta Sur funcione a pleno desde 2027, y continuar el crecimiento hasta los USD 50.000 millones en 2032 con la operación completa de los buques de gas natural licuado de YPF-ENI, XRG y Adnoc, la estatal de Emiratos Árabes.
A estas cifras deben sumarse USD 6.056 millones de exportaciones mineras de litio y cobre previstas para este año. Estas exportaciones se estiman en USD 22.000 millones para 2035, junto a USD 7.000 millones generados por el agro tras una cosecha récord. El agro puede elevar sus exportaciones en un 50% si se eliminan las retenciones actuales.
El agro puede elevar sus exportaciones en un 50% si se eliminan las retenciones actuales
Estas fuentes aseguran dólares suficientes para el país, aunque en sectores que no son grandes generadores de empleo y cuyas áreas productivas se encuentran alejadas del conurbano bonaerense, la región más afectada por el desempleo y la insuficiencia salarial.
El comercio, la construcción y la industria sufren la crisis, a pesar de tratarse de los sectores que más mano de obra demandan. El economista Juan Carlos de Pablo recuerda que, en economías en transformación, el crecimiento es desigual entre sectores, dada la asincronía inherente al cambio estructural. Esto no debe sorprender: es un fenómeno propio de una economía en ajuste.
El sector industrial afronta una transformación estructural forzada por la apertura económica y la eliminación de subsidios. El tiempo insuficiente para adaptarse junto con condiciones lejos de ser ideales acentúan la caída del poder adquisitivo.
Este es un desafío serio para el gobierno: debe atender un sector que genera malestar social y cuyos cambios se ven reflejados en la forma “K” del ciclo económico actual, con energía, minería y agro creciendo, pero generando poco empleo, y sectores demandantes de mano de obra (comercio, construcción, industria) en baja.
La industria presenta una retracción prolongada, mientras el economista austríaco Joseph Schumpeter explicaba que el proceso destructivo suele adelantarse al proceso de creación de lo nuevo; una tendencia acentuada por la apertura de importaciones y la competencia internacional.
Existen beneficios cuantiosos -cosecha récord, superávit energético, apoyo financiero internacional (con Estados Unidos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional)-, pero estos ingresos no impactan en el salario ni el empleo. El modelo actual no traslada estos fondos al consumo y, por lo tanto, no reactiva la economía en los sectores más vulnerables.
El modelo actual no traslada fondos al consumo y, por lo tanto, no reactiva la economía en los sectores más vulnerables
Los sondeos de opinión revelan un cambio de humor social y respaldo al gobierno, pero persiste el desencanto por la desconexión entre los indicadores económicos positivos y la experiencia cotidiana de la población.
Las encuestas muestran que el 70% de la población debió recortar gastos básicos, evidenciando la fractura entre el crecimiento y el bienestar generalizado. Según Arriazu, esto ocurre por dos motivos: el crecimiento no “derrama” hacia los salarios ni el empleo en el conurbano, y el pico de consumo registrado beneficia en especial al 30% favorecido por los cambios, con alto consumo de automóviles, turismo y bienes de lujo.
A pesar de las señales alentadoras de los bancos internacionales, el escenario político es inestable y la economía dista de haber alcanzado el equilibrio. Es preciso sostener el rumbo y adoptar medidas concretas en lugar de esperar sólo por una mejora espontánea.
El tiempo resulta esencial: aunque la inflación parece ceder, los salarios recién empiezan a recuperarse y el crédito da señales de reactivación, la economía requiere un empuje adicional.
Frente a la proximidad de elecciones -donde el 70% del conurbano vota y es el más afectado-, se plantea la necesidad de tender un puente salarial a los desocupados de la construcción, el comercio y la industria, para acompañarlos hasta que sus empleos se regeneren.
Arriazu propone un programa de desempleo transitorio dirigido a quienes sufren el redimensionamiento del comercio y la industria del conurbano y un programa de obras públicas
Arriazu propone dos instrumentos: un programa de desempleo transitorio dirigido a quienes sufren el redimensionamiento del comercio y la industria del conurbano, hasta que la economía y el consumo se reactiven, y un programa de obras públicas transitorio, focalizado en esa misma zona para quienes perdieron su empleo en la construcción. Estos mecanismos funcionan como puente hasta que el crédito hipotecario y la construcción privada retomen su marcha.
Estos programas sociales impulsarán la economía al recomponer el empleo y la recaudación fiscal, fortaleciendo el superávit fiscal hoy debilitado por la caída de ingresos.
Restablecer el sustento a las familias de los sectores en transición permitirá la recuperación de la demanda, el consumo y la recaudación fiscal, y dará tiempo a los empresarios para completar la transformación estructural, mientras la economía encuentra su nuevo equilibrio. Estas medidas pueden financiarse a través de un préstamo puente del Programa de Reforma Estructural del Banco Mundial y el BID, conceptualmente equivalente al puente financiero que permitió superar la crisis de 2025.
Así, el país podrá encarar 2027 y 2028 en mejor posición, permitiendo el desarrollo de soluciones estructurales para los problemas industriales, con acceso a crédito, reducción del riesgo país y el apoyo de la calificación de la calificadora internacional Fitch Ratings, facilitando el cumplimiento de obligaciones externas sin usar reservas del Banco Central.
Por último, se plantea la inclusión de los jubilados que realizaron aportes en las mejoras, utilizando los fondos que acumuló el Fondo de Garantía de Seguridad del Anses: USD 36.000 millones de incremento hasta los USD 78.000 millones al 30 de abril de 2026, desde los USD 42.000 millones en diciembre de 2023.
Estos fondos pueden aplicarse normativamente, permitiendo diferenciar a quienes contribuyeron de quienes no lo hicieron, sin afectar ningún derecho ni comprometer el superávit fiscal o el presupuesto.
El autor es Director del Comité del Comité de Asuntos Energéticos del CARI
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- La situación macroeconómica con la que Argentina podría llegar a 2027 será mejor que la que enfrentó en las dos últimas elecciones presidenciales.
- Cuando se observan las variables que afectan más directamente la vida cotidiana de las familias, el progreso aparece más moderado e incluso discutible en algunos aspectos.
Frente a las caídas del PBI de 2% en 2019 y 1,9% en 2023, la estimación para 2027 contempla una expansión cercana al 3 por ciento
Durante demasiado tiempo Argentina estuvo atrapada en una dinámica en la que cada ciclo político terminaba dejando una macroeconomía más frágil que la anterior
Cuando se baja de la macro al bolsillo
Expectativas, incertidumbre, evaluación política, estrategia comunicacional y una enorme cantidad de factores adicionales intervienen en la decisión del votante
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ECONOMIA
Del phishing al temor por los datos críticos: expresidentes, expertos y funcionarios alertaron sobre los riesgos de los ataques con IA
Desde Cancún, México. La inteligencia artificial redujo los costos y los tiempos necesarios para ejecutar fraudes y ataques digitales, pero también amplió las capacidades de prevención y respuesta de organizaciones y gobiernos, y esas dos velocidades abren un amplio abanico de desafíos a nivel global y económico. Esa tensión concentró buena parte de las discusiones entre expresidentes, especialistas en IA, ejecutivos, funcionarios públicos durante un encuentro especializado en ciberseguridad.
Con la predicción de un jefe de seguridad de Anthropic, quien estimó en más de 10% la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque la extinción humana en la próxima década, como telón de fondo,, el consenso fue que la tecnología acelera amenazas ya conocidas y obliga a revisar con urgencia las estrategias de protección de datos, infraestructura y servicios esenciales. El desafío abarca desde la identificación de vulnerabilidades hasta la definición de controles sobre sistemas automatizados y el intercambio de información ante incidentes.
Durante dos días y en más de 20 paneles, el Digi Americas LATAM CISO Summit, realizado en Cancún, México, reunió a ex jefes de Estado, referentes tecnológicos, jefes de seguridad cibernética y funcionarios públicos para debatir cómo la inteligencia artificial modifica los riesgos digitales y las respuestas de empresas y gobiernos. Entre los temas abordados estuvieron el phishing, la suplantación de identidad, la cadena de suministro, la soberanía digital, la amenaza latente ante los datos críticos de los países y la cooperación internacional.
Frente a esa dinámica, los expositores insistieron en la necesidad de reforzar principios básicos de seguridad: identificar activos críticos, limitar privilegios, clasificar datos, controlar identidades y mantener visibilidad sobre la superficie de ataque. La incorporación de herramientas generativas y de agentes autónomos también abrió interrogantes sobre el acceso a la información, los permisos de cada usuario o sistema y las decisiones que pueden quedar en manos de procesos automatizados.
La cadena de suministro concentró otra parte de las preocupaciones. La dependencia de proveedores, plataformas en la nube, desarrolladores externos y sistemas interconectados amplía los riesgos más allá de los límites de cada organización. Los panelistas plantearon que la evaluación de terceros ya no puede depender solo de certificaciones o auditorías periódicas: requiere monitoreo continuo, identificación de dependencias y planes de contingencia para sostener operaciones ante la caída de un proveedor crítico.
También hubo acuerdo en que la ciberseguridad debe incorporarse desde el diseño de productos, procesos e infraestructura, en lugar de quedar relegada a una instancia posterior. En sectores como finanzas, salud, energía, transporte y administración pública, esa perspectiva se vincula con la resiliencia operativa: preparar a las organizaciones para contener incidentes, recuperar capacidades y garantizar la continuidad de servicios.
La cooperación entre empresas, gobiernos, reguladores y equipos técnicos fue otro de los puntos de acuerdo del evento. Los ataques aprovechan vulnerabilidades compartidas y se desplazan entre países y sectores, por lo que los participantes reclamaron reglas claras, intercambio de información y capacidades técnicas coordinadas. La inteligencia artificial incrementa la velocidad de las amenazas y, según se planteó en los paneles, exige respuestas colectivas que involucren desde los directorios hasta los usuarios finales.
Durante la conferencia se expusieron ejemplos sobre cómo los nuevos modelos de inteligencia artificial reducen el costo y aceleran las modalidades de fraude digital. Se mencionó que, por unos diez dólares, es posible enviar mil correos electrónicos de phishing con redacción convincente y adaptados a distintos idiomas, lo que facilita las campañas de engaño y suplantación de identidad.
También se alertó sobre el uso de herramientas capaces de replicar una voz a partir de apenas 15 segundos de audio. Esa capacidad puede utilizarse para simular llamadas de familiares, directivos o empleados y pedir transferencias de dinero o datos sensibles. Incluso, los especialistas en la materia recomendaron tener una “palabra de seguridad” con las personas allegadas para evitar ser víctimas de un fraude telefónica vía uso de inteligencia artificial.
El modelo de Estonia
Uno de los expositores más destacados fue el expresidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, quien planteó que la discusión sobre la modernización del Estado adquirió otra dimensión ante el avance de la inteligencia artificial, la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros y la creciente exposición a incidentes informáticos. “En esta nueva era, la idea de soberanía digital y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial cambiaron mucho las cosas, incluso respecto de hace un año y medio”, afirmó.
Ilves señaló que la posibilidad de que servicios tecnológicos sean interrumpidos desde Estados Unidos, junto con la expansión de la inteligencia artificial agéntica, modificó el escenario para los gobiernos. “Es un mundo nuevo respecto del que existía hace apenas dos años”, sostuvo, al defender la necesidad de que los países desarrollen infraestructura y capacidades propias.
El ex jefe de Estado también advirtió sobre la necesidad de resguardar la información crítica frente a conflictos, ciberataques y desastres naturales. Recordó que Japón perdió parte de sus registros nacionales tras el accidente nuclear de Fukushima y afirmó que ese antecedente llevó a Estonia a diseñar un sistema de respaldo externo. “No podemos perder nuestros datos nacionales críticos”, resumió.
En ese marco, mencionó la creación de una embajada de datos en Luxemburgo, donde Estonia conserva copias sincronizadas de sus registros esenciales bajo un régimen de extraterritorialidad diplomática. La iniciativa contempla información vinculada con la identidad de los ciudadanos, registros fiscales, datos de salud y otros sistemas estatales.
Respecto de la aplicación de la IA en la administración pública, Ilves indicó que Estonia lanzó este año un programa para incorporar esta tecnología en los distintos sectores del Gobierno y la economía. “Estamos otorgando una identidad propia a todos los agentes. La finalidad es aumentar la rendición de cuentas: saber quién hace qué”, afirmó.
Seguridad digital y economía
Otro de los disertantes principales, el ex presidente de Colombia, Iván Duque, planteó que los riesgos asociados a la inteligencia artificial y los ataques digitales deben abordarse como un problema económico y de seguridad estatal.
“Mi primera preocupación es que debemos entender que la seguridad digital es un asunto macroeconómico. Debemos entender el costo que esto produce a nivel mundial y el daño económico que genera en un país específico”, afirmó.
También alertó sobre el crecimiento de los ataques en la región: “En América Latina, en los últimos cinco años los ciberataques se han más que triplicado o cuadruplicado en distintos países, y la cantidad de personas investigadas o juzgadas ni siquiera está disponible o registrada”.
Duque sostuvo que la respuesta requiere una conducción política centralizada y con capacidad de coordinación entre organismos públicos. “La gobernanza, en mi opinión, tiene que ser de arriba hacia abajo. Necesitamos jefes de Estado que incorporen cerca de sus oficinas a directores de tecnología, como hicimos en Colombia, que creen un marco de gobernanza y alineen a todo el Estado para pensar en seguridad digital”, señaló.
Bajo su perspectiva, la expansión de las amenazas tecnológicas exige que los gobiernos integren la ciberseguridad en sus decisiones de política pública y en la protección de la actividad económica.
La mirada local
En tanto, el director del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de la Argentina, Ariel Waissbein, planteó que la regulación no puede detener por completo el avance tecnológico. “Por más que exista la legislación, uno no puede impedir ciertas tecnologías, ciertos cambios”, afirmó, al referirse a la IA.
En tal sentido, el funcionario nacional sostuvo que el desafío para los gobiernos consiste en crear condiciones de seguridad para su adopción y en reducir las amenazas sin bloquear la innovación. En ese sentido, consideró que las normas deben tener un alcance amplio y capacidad de adaptación frente a un escenario tecnológico que cambia con rapidez.
Waissbein también puso el foco en la coordinación entre el Estado, las empresas y los organismos internacionales. Señaló que la puesta en práctica de las políticas requiere generar confianza, explicar las amenazas y detectar medidas de aplicación rápida que permitan avanzar en conjunto.
“La cooperación internacional es muy importante”, expresó, porque permite conocer los problemas que enfrentan otros países y las respuestas que desarrollan. A su criterio, esos intercambios facilitan la creación de proyectos específicos para responder a desafíos compartidos.
También participaron senadores y diputados de distintos países de la región como México, Colombia, Brasil y Uruguay, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar los marcos regulatorios para reforzar la ciberseguridad en sus respectivos países.
La predicción fatalista
La IA se colocó en el centro de la agenda mediática internacional en los últimos días luego de las declaraciones de Evan Hubinger, responsable de un equipo de seguridad de Anthropic: “De verdad creemos que la IA podría matar a todos los humanos. Yo calculo más de 10% en la próxima década”.
Hubinger remarcó que la empresa para la que trabaja “todavía no tiene un plan para resolver la alineación de una superinteligencia” y que ni siquiera existe certeza de que pueda desarrollarlo. La alineación refiere a que una inteligencia artificial actúe de acuerdo con los valores de sus creadores.
Los dichos del referente tecnológico resonaron tanto en los paneles como en los pasillos del Digi Americas LATAM CISO Summit. La mayor parte de los participantes le puso paños fríos a la teoría de Hubinger, desechando la idea de que la IA se encuentre “fuera de control”.
“Es un título sensacionalista”, sentenció el ejecutivo de una importante compañía americana de ciberseguridad en diálogo con Infobae. Esa mirada se repitió en buena parte de los jefes de seguridad y funcionarios que participaron del encuentro, aunque otros se mostraron más cautos y no descartaron del todo la posibilidad de una “superinteligencia” capaz de superar ampliamente las capacidades humanas en la mayoría de las tareas cognitivas, como el razonamiento, la investigación científica y la toma de decisiones.
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