El fiscal de la Cámara Penal Económico Gabriel Pérez Barberá dictaminó que el expediente en el que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pase de la Justicia de Campana a su fuero, en la Capital Federal. En el caso se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.

Así lo indicaron a fuentes judiciales. El fiscal sostuvo en su dictamen que todavía es prematuro definir la competencia del caso solo por la ubicación de la casa y que al tratarse de un caso de lavado de activos, corresponde que se tramite en un fuero especializado.

Así, todos los fiscales que debieron pronunciarse respecto a dónde debe tramitar el expediente, incluido el de la Casación, Mario Villar, opinaron que el expediente debe salir de la Justicia de Campana, su sede actual.

Llegó allí luego de que los dueños formales de la quinta, el monotributista Luciano Pantano, y su madre, Ana Conte, investigados como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA, presentaran un escrito pidiéndole al juez Adrián González Charvay que se amparara en un argumento territorial y reclamara para su juzgado la investigación.

Charvay hizo lugar al planteo y el juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, respaldó la decisión.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó el 15 de mayo que sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que decida qué juez debe llevar el caso. Hasta que eso se resuelva, el expediente continuará en manos del juez Adrián González Charvay, un magistrado que tendría vínculos con los jefes de la AFA.

Mucha de la prueba recabada en el expediente -que fue y vino por distintas sedes judiciales- apunta contra el tesorero Toviggino. De la casa, la Justicia secuestró una colección de autos de lujo, cuyos costos mensuales se pagaban con una tarjeta de la AFA; un bolso y una placa homenaje con su nombre y un karting como los que usa su hijo, entre otras.

Tal como conto , antes del allanamiento, empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos que lo vinculaban todavía más directamente con la quinta, como una pintura de él junto con su padre, que colgaba en el quincho.

Además, durante su indagatoria en la causa por presunta evasión impositiva, Toviggino estuvo acompañado de un auto que figuró a nombre de Real Central, la sociedad de Pantano y Conte que en los papeles es dueña de la casaquinta, que cuenta con un haras de caballo y helipuerto.

La polémica se amplió con la publicación de este medio que dio a conocer que un juez del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, festejó allí uno de sus cumpleaños, un hecho que él y su hijo, el ministro de Justicia, Bautista Mahiques, niegan.

Sin embargo, tras la publicación, el camarista renunció a la subrogancia que ejercía en la sala que debía intervenir en el caso, luego de que se trabara la disputa por la competencia.

El camino

El expediente nació en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, que se declaró incompetente, pero puso en marcha las primeras medidas. Luego pasó al fuero Penal Económico, bajo el ala de Marcelo Aguinsky, quien profundizó las medidas hasta que Pantano y Conte lograron con su escrito desviar el camino del expediente hacia Campana.

Allí, el expediente quedó bajo la órbita de González Charvay. El juez ordenó nuevas medidas, pero el expediente perdió el ritmo frenético que le imprimieron los otros dos jueces durante los primeros meses.

Los últimos movimientos del juez fueron dos. Por un lado, ordenó a expertos de la Corte realizar una pericia contable sobre tres ejes distintos: la tarjeta de crédito de Pantano, con la que se pagaron algunos gastos de la flota de autos; los movimientos de su sociedad, Real Central, propietaria de la quinta, y el flujo de dinero de TourProdEnter LLC, la firma vinculada a Javier Faroni que explota los derechos comerciales de la AFA en el mundo y que habría desviado más de 40 millones de dólares.

La otra medida del juez en el último tiempo fue pedir la inhibitoria a los magistrados que entienden en otras dos causas del universo AFA, que también tramitan bajo la hipótesis de lavado de dinero. Uno de esos expedientes es impulsado por Guillermo Tofoni -quien usufructuaba antes que Faroni los derechos de la AFA- y encierra otra disputa por la competencia que debe resolver la Corte Suprema.

En el recorrido del expediente que investiga la quinta de Pilar ya intervinieron la Cámara Federal, la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Penal Económico, la Casación y, ahora, nuevamente la Cámara Penal Económico.

Antes que Pérez Barberá, ya se habían pronunciado en contra de que el caso quedara en Campana el fiscal Sebastián Bringas y el fiscal de Cámara Carlos Cearras, que fue quien llevó la discusión hasta la Casación.

El destino del expediente quedará ahora en manos de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que deberán poner fin a la disputa de competencia.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla levantó la medida cautelar que instaba a la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, a tomar medidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Lo hizo luego de que el gobierno de Javier Milei realizara la compensación presupuestaria requerida para subsanar la situación de emergencia del organismo.

Según consta en la resolución de Ramos Padilla, la administración nacional transfirió la semana pasada $590 millones al BNDG para garantizar la continuidad de sus actividades. La entidad cumple un rol clave en las causas por apropiación de menores durante la última dictadura militar.

Con el envío de fondos ejecutado, el juez federal levantó ayer la medida cautelar en la que ordenaba al jefe de gabinete -que tiene bajo su órbita al BNDG- arbitrar los medios necesarios para que no se interrumpiera su normal funcionamiento. Considera que el monto transferido es suficiente para “superar la situación de urgencia” que habían denunciado autoridades del organismo.

La cautelar había sido emitida el pasado 14 de mayo, a pedido de los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, especializados en apropiación de menores y violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Habían advertido -en línea con lo informado por la Directora General Técnica del BNDG- que la falta de fondos podía afectar el rol de auxiliar de la Justicia que hoy tiene la entidad.

Actualmente, el BNDG asiste a la Justicia en lo que refiere a “obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se encarga de realizar estudios genéticos y preservar muestras biológicas cruciales para tales procesos.

Según explicaron los fiscales, la ley de Presupuesto nacional aprobada contemplaba apenas el 55,96% del monto requerido para garantizar el normal funcionamiento del organismo público y resultaba insuficiente para cubrir la totalidad de servicios (de limpieza, vigilancia, mantenimiento general del edificio y tratamiento de residuos patológicos) necesarios para continuar operativos.

Las autoridades del BNDG explicaron que, en este escenario, los peritajes y tareas de laboratorio para 2026 podían verse interrumpidos por no contar con recursos ni condiciones ambientales y de higiene adecuadas.

Para los fiscales intervinientes, esta “eventual demora o paralización de los peritajes genéticos no solo afectaría la continuidad del trámite de expedientes penales, sino que comprometería la responsabilidad estatal ante órganos internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos”.

Por este motivo, solicitaron a Ramos Padilla que dictara una medida cautelar. Así, a mediados de mayo, el juez federal ordenó a la Jefatura de Gabinete que dispusiera de manera inmediata “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar el normal funcionamiento del BNDG.

Esto último incluía la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas y de adecuadas condiciones de higiene y seguridad de la entidad. Ahora, con los $590 millones transferidos, el juez consideró que tales obligaciones quedaban cubiertas.

La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que había denunciado un “ahogo presupuestario” del BNDG, aún no se expidió respecto de la transferencia realizada por el gobierno de Milei ni el levantamiento de la cautelar. La organización había advertido por un “peligro de parálisis” de la entidad pública.

“El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de los años de ampliación del derecho a la identidad”, habían señalado en la agrupación, antes de que Ramos Padilla dictara la cautelar. También habían solicitado la intervención del Poder Legislativo para que se revirtiera la crisis presupuestaria.

Según datos de Abuelas, el BNDG cuenta hoy en día con alrededor de 32.000 muestras genéticas ingresadas, entre los más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos, familiares de desaparecidos y hombres y mujeres que dudan de su identidad. “Se trata de una institución modelo en la identificación de personas desaparecidas y está siendo atacado desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza”, cuestionaron en la organización de derechos humanos.