POLITICA
La reforma laboral de Milei encuentra aliados en el peronismo

La denominada ley de modernización laboral no tenía ni siquiera cinco días hábiles de vigencia cuando se concretó esta semana el primer apretón de manos entre una empresa y un sindicato para modificar la jornada laboral de 190 empleados que se desempeñan en una autopartista de Baradero. El mecanismo establece “un banco de 200 horas” para suspender tareas ante la falta de insumos o caída de la demanda, y recuperarlas cuando la actividad se recupere. Es apenas un fragmento del acuerdo que sellaron la compañía Ontec, del Grupo Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), cuyo jefe, Ricardo Pignanelli, es vicepresidente 5° del PJ, la fuerza que lidera Cristina Kirchner.
No son nuevos este tipo de acuerdos para el Smata. Sirvió como un atajo durante la crisis de 2001 y también en 2008, cuando pactó con Toyota un trato similar por la caída en la producción de camionetas como coletazo del enfrentamiento del kirchnerismo con los productores agrícolas. Con la automotriz japonesa también ensayó un convenio por productividad en 2018, durante la gestión de Cambiemos. “El banco de horas es una herramienta en caso de emergencia y si la coyuntura lo amerita. No es un acuerdo a la baja ni es a cambio de horas extras”, expuso su veta pragmática un directivo del Smata. La situación del gremio de los mecánicos no es ajena a la del resto de otras actividades industriales: caída de empleo (en el caso del Smata calcularon 8000 bajas en dos años), retroceso salarial e incertidumbre a futuro ante el avance a ritmo de machete de los productos importados.
Pignanelli supo ser uno de los interlocutores sindicales de Cristina Kirchner. También lo fue su ladero Mario Manrique, otro directivo del Smata que es hoy diputado nacional de Unión por la Patria. Tal vez con ellos la expresidenta mantuvo intercambios cuando en febrero de 2024 publicó una carta abierta de 33 páginas con una enumeración de reformas que consideraba necesarias y que en la gestión del Frente de Todos, como número dos de Alberto Fernández, jamás se atrevió a poner en marcha. En su mensaje, la expresidenta pidió aquella vez discutir “un plan de actualización laboral” y señaló que “las formas de contratación laboral deben ser revisadas mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo”. Más de dos años después de ese pronunciamiento, la gestión de Milei intenta forzar este debate en cientos de actividades tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.
Durante la semana se dio otro acuerdo novedoso que también involucró a un empresario cercano al Gobierno. La aerolínea low-cost Flybondi pactó con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (Ataf) para implementar suspensiones rotativas de personal hasta que logre recomponer su flota de aeronaves. Se garantiza el pago del 70% de los ingresos para los empleados de la empresa, controlada hoy por COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, el empresario que oficia de nexo con la gestión estadounidense de Donald Trump y que sumó al menos 21 contratos con el Estado desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, según publicó en agosto de 2025.
Los sindicatos por empresa representan el ideal para la gestión libertaria. Así lo reconoció Patricia Bullrich cuando expuso el 14 de abril pasado en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Ahora ustedes, (los empresarios), tienen que convertir las leyes en realidad. La modernización laboral está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense. Anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento”, los arengó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En ese discurso, elogió también la ley de inocencia fiscal a la que pidió adherirse Manuel Adorni por su intríngulis patrimonial.
En el país habría registrados 109 sindicatos por empresa, según informaron en la Secretaría de Trabajo. Salvo algún caso aislado, no suelen jactarse por su rebeldía o su afán por confrontar. El de Flybondi sirve tal vez como botón de muestra. La Ataf surgió en 2018 y logró su inscripción gremial en tiempo récord gracias a la celeridad que le dio al trámite Dante Sica, por entonces a cargo de la cartera laboral de la gestión de Cambiemos. La primera conducción de la Ataf quedó en manos de Fernando Granelli, un piloto que antes de llegar a Flybondi era comandante de MacAir, una empresa que formaba parte de Socma, del Grupo Macri. Voces del sector aeronáutico aseguran que la Ataf nació financiada por la misma empresa. Granelli no respondió cuando se lo consultó por estas versiones.
En tren de avanzar contra los sindicatos más poderosos, la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, activó ayer la convocatoria a empresarios y sindicalistas de diferentes actividades para renegociar convenios colectivos. La intención es fijar límites en el cobro de aportes extraordinarios para gremios y cámaras empresarias, pero también explorar posibilidades de ampliar la cantidad de sindicatos por empresas, según advirtieron fuentes de los tres sectores. La llave para abrir la discusión será la revisión de convenios colectivos que estarían vencidos. El atajo para dar este paso se habilitó en la nueva legislación laboral al retocar el concepto de ultraactividad, que implicaba que todos los convenios colectivos de trabajo tienen un tiempo de duración y, si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. Eso ahora cambió, y el Gobierno apuesta a revisar 446 convenios, según publicó en la red social X Capital Humano, el ministerio que encabeza Sandra Pettovello.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, que está bajo la órbita de Pettovello, se encontró con un inesperado obstáculo antes de lanzar la convocatoria. Su organismo no zafó de la poda de recursos, se redujeron cargos jerárquicos y hay áreas claves que desaparecieron. Una de ellas es la dirección de Asociaciones Sindicales, cuya misión era regular la vida interna de los sindicatos. Además, se cerraron delegaciones en las provincias y un área importante, como la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se encuentra saturada y con menos personal, según fuentes del sector. Allí se apilan trámites que pueden tardar años de resolución y es donde se resuelven las negociaciones salariales, que están supeditadas a que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, dé el visto bueno final. “No tienen estructura para llamar a nadie”, desafió un dirigente gremial de trayectoria y perfil dialoguista. Un jerárquico de la Unión Industrial también advirtió sobre las demoras y la falta de interlocución oficial para “resolver conflictos o trámites”.
Otra ironía de la convocatoria a gremialistas y empresarios es que ni Corderno ni Pettovello firmaron los tres decretos que reglamentaron la denominada ley de “modernización laboral”. La normativa fue rubricada por Milei, Adorni, Sturzenegger y Caputo mediante los decretos 407, 408 y 409, publicados el 1° de junio en el Boletín Oficial.
Diferencias en la CGT
Frente a este nuevo desafío, la CGT está lejos todavía de articular una estrategia común. El triunvirato de mando que integran Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo se contradice cada vez que alguno de ellos se expresa públicamente. A Jerónimo le facturaron hace unos días que haya insinuado que se evaluaba convocar a un nuevo paro general cuando ni siquiera se había discutido en la mesa chica. Sucedió lo mismo cuando el 24 de marzo marchó junto con Máximo Kirchner y se interpretó como un acercamiento de la CGT a La Cámpora. Ese episodio reabrió la grieta entre el kirchnerismo duro y el sindicalismo clásico, hoy más dispuesto a trabajar por la candidatura presidencial de Axel Kicillof que por el reclamo de “Cristina libre”.
La CGT, en alianza con las dos vertientes de la CTA, llevó esta semana sus reclamos contra Milei a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolló en Suiza. Denunciaron al Gobierno de “destruir el sistema de relaciones laborales y derechos sociales” y celebraron que el organismo internacional haya instado a la gestión libertaria a “garantizar instancias de diálogo social tripartito”. Los gremios levantaron la voz en Ginebra mientras que en Buenos Aires el Gobierno urde una estrategia para debilitar su poder de representación y recaudación.
“El Gobierno está jugando fuerte a disciplinar: la sanción a La Fraternidad y la UTA, la reforma laboral y la intervención de la UOM”, enumeró un dirigente del transporte. “Los muchachos [por el triunvirato] parecen a veces desorientados”, cuestionó otro referente del sector de los servicios. Es probable que, ante esta barahúnda, la CGT reúna a su consejo directivo en los próximos días. De todos modos, en ninguna de las diferentes tribus, se percibe por ahora ánimo de ir hacia un conflicto. Es decir, una huelga no es hoy una alternativa viable.
El encogimiento del poder sindical no solo encuentra hoy razones en la caída del empleo registrado (la torta de potenciales afiliados es cada vez más chica), sino que también en su dificultad para articular una estrategia común y en la admisión de sus dirigentes de que la herramienta del paro está oxidada. La huelga ya no es garantía de éxito ni de solución del conflicto.
La dispersión sindical quedó más en evidencia con la tibia reacción frente a la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), un gremio histórico e influyente cuyas últimas elecciones estuvieron nubladas de sospechas, según el fallo del juez Víctor Arturo Pesino. Es cierto que Abel Furlán, surgido de la fábrica de Campana del Grupo Techint, había tomado distancia del nuevo triunvirato cegetista, pero apenas un tiempo atrás episodios como estos sirvieron para cohesionar al movimiento obrero. Eso no sucedió ahora.
En un intento por resistir a la intervención, Furlán asistió el martes último al Senado para presenciar la audiencia en la que expuso Pesino, impulsado por el Gobierno para continuar en la Cámara de Apelaciones del Trabajo a pesar de tener 75 años. Su pliego fue enviado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el día después de que fallara a favor de la reforma laboral libertaria, lo que sembró sospechas y provocó críticas de la oposición.
La Justicia designó a Alberto Biglieri como interventor de la UOM por 180 días. Su nombramiento no habría sido casual: Biglieri llegó gracias a una gestión del operador judicial macrista Daniel Angelici, pero sobre todo con el aval del ministro Mahiques, según reconstruyó de fuentes confiables. Con ambos tiene un vínculo cercano por su paso por el Consejo de la Magistratura porteño. Pettovello tal vez desconozca sobre este hilo de relaciones, aunque ella también tiene un lazo que la une de alguna manera con la UOM: una publicación de la Revista Caras de 1996 la vinculó en un fugaz romance con Lionel Miguel, el hijo del Loro, el histórico jefe metalúrgico. Una ironía del destino que el usuario de X @julianelen encontró en el archivo y lo divulgó en redes.
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POLITICA
Cristina Kirchner volvió a apelar las condiciones de su detención: pidió que le quiten la tobillera y le dejen recibir visitas

La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de apelación ante Casación contra las restricciones impuestas a su régimen de prisión domiciliaria en la causa Vialidad.
A través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la expresidenta argumentó que la limitación a las visitas carece de sustento porque ningún vecino del edificio de San José 1111 se quejó. También sostuvo que la tobillera electrónica reviste carácter excepcional.
El recurso busca revertir la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu, que rechazó los pedidos de flexibilización solicitados con anterioridad.
En el documento presentado ante la Justicia, la defensa afirmó que la resolución incurrió en arbitrariedad. Respecto de las visitas, se remarcó que el argumento central del juez, que fue preservar la tranquilidad del barrio, “carece de sustento empírico” porque no existen quejas de vecinos.
En esa línea, se cuestionó la limitación del uso de la terraza por considerar que no se explicó cómo una flexibilización afectaría la convivencia.
La defensa destacó la “conducta irreprochable” de la expresidenta durante el primer año de detención y recordó que el régimen se endureció tras una visita de un grupo de economistas el 17 de noviembre pasado, mientras que el estricto cumplimiento de las obligaciones no generó beneficios.
Sobre la tobillera electrónica, los abogados citaron un relevamiento del Consejo de la Magistratura que demuestra que su uso es de “carácter excepcional”. Sostienen que las condiciones impuestas revisten “una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria” y que no existe riesgo de fuga que justifique el dispositivo.
La Justicia ratificó la prisión domiciliaria
La apelación fue presentada un día después de que el Tribunal Oral Federal 2 resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al considerar que cumplió de forma adecuada las condiciones fijadas.
Según la resolución, los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio evidencian una “actitud de colaboración y buena predisposición” por parte de la expresidenta.
“Se constató una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner, con trato cordial y respetuoso. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención», se lee en el fallo.
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Los controles verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda.
El tribunal también constató que la CFK permaneció en su domicilio salvo en las salidas previamente autorizadas, entre ellas las comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7, para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, y los traslados para tratamientos médicos, principalmente odontológicos.
cristina kirchner, Vialidad, Justicia
POLITICA
El nuevo plazo de Manuel Adorni y los motivos detrás de la resistencia de Javier Milei

“Lo mejor que le puede pasar a este chico es irse”, sentenció ante Infobae una fuente del oficialismo en referencia a la situación de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y cuya polémica lleva más de tres meses en la agenda mediática. La definición parece ser solo una expresión de deseo y contrasta con la voluntad manifiesta del presidente Javier Milei, que se niega a correr a su ministro coordinador y se muestra «irascible» con quienes osan sugerirle su remoción.
Tras los tironeos con los aliados y la oposición en el Congreso, el Poder Ejecutivo logró fijar un nuevo plazo de gracia: el jueves 2 de julio, día en el que el jefe de Gabinete aspira a brindar el primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores con intención de neutralizar —sin éxito hasta ahora— el avance del pedido de interpelación, que podría tratarse el martes próximo en Diputados.
La semana corta lo tuvo todo. El despegue masivo de los socios del PRO y la UCR, nuevas versiones de renuncia, un potencial uso de licencia y hasta el supuesto ofrecimiento de varias embajadas. Al respecto, varios integrantes del Gabinete sostuvieron que ninguna de las opciones estuvo en carpeta.
En las dos tribus que convergen en el ecosistema libertario coinciden en que el futuro de Adorni —a priori— es otro. “No lo van a echar y tampoco va a renunciar”, precisaron desde uno de los vértices del Triángulo de Hierro ante este medio. “Nunca estuvo planteado que se fuera”, coincidieron del otro. “Son todas operaciones. Salieron con todo”, intentaron neutralizar desde el entorno del afectado.

El mandatario no solo no encuentra motivos para correrlo del cargo, como planteó la senadora Patricia Bullrich, una de las que cuestiona al funcionario, sino que prepara un nuevo gesto de apoyo. El sábado se mostrará con Adorni en la ciudad de Rosario durante el acto por el Día de la Bandera en una nueva foto para la colección en medio de los dardos.
“El Presidente sabe que cualquier reemplazo es peor para él. Primero, porque implicaría menos poder y segundo, porque va a producir peores resultados para el gobierno”, admitió una importante voz con acceso al despacho presidencial. La afirmación alude al lugar que el ex vocero representa en la interna libertaria dado que, pese a responder directamente a Karina Milei, mantiene buena sintonía con el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Un hombre que frecuenta la quinta de Olivos reveló ante este medio que, en una oportunidad, intentó abordar el tema con el mandatario, quien se mostró visiblemente molesto. “Lo intenté y no me fue bien. No vuelvo a hacerlo”, admitió al tiempo que justificó el accionar del libertario en su “carácter inflexible”.
“Javier Milei lo banca a muerte. Si la justicia llegara a decir lo contrario, ahí verá, pero hasta acá confía ciegamente en él”, expresó un funcionario en diálogo con Infobae.

El estilo de Milei es otra de las explicaciones que encuentran en el oficialismo para desoir los intentos de los bloques aliados y de algunos propios que reclaman la dimisión del funcionario. “El Presidente es distinto al resto. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Va a estirarlo al máximo y realmente esa forma de pensar siempre fue su ficha ganadora”, destacaron desde el entorno del libertario.
“Javier suele hacer cosas contraculturales y esta es una. Cuando todos piden que lo entregue, lo va a sostener porque cree que hay una doble vara de hipocresía en el planteo periodístico y político sobre el tema”, precisaron desde una de las tribus. “No lo va a entregar al sistema. Además, Santiago y Karina tienen al jefe de gabinete que quieren”, expresaron en otra.
Desde la irrupción de la polémica, cuando se detectó en marzo la presencia de Bettina Angeletti en la delegación presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week, la administración libertaria evitó afrontar crisis y en su lugar, corrió el horizonte. Desde hace meses, el ministro coordinador supera desafíos fijados en los distintos plazos políticos establecidos. En los últimos meses, hizo frente al primer informe de gestión en Diputados, presentó la actualización de su declaración jurada y ahora, se esperanzan con una nueva visita a la Cámara Alta.
En Casa Rosada aseguran que “no hay nada claro”, y pese a que varios actores niegan la chance de una salida anticipada, hay quienes se atreven a no descartar la posibilidad. En paralelo, frente al universo de opciones, una mesa de representantes del Ejecutivo que intenta desarticular los intentos de intimar al jefe de Gabinete en el Congreso.

En medio de las negociaciones, en algunos despachos de Balcarce 50 denuncian que Bullrich exagera posiciones al sostener que las bancadas socias no quieren acompañar al Ejecutivo. “Es más una ansiedad de ella que de los aliados”, garantizó una integrante de la mesa política que se encargó de realizar su propio relevamiento legislativo.
Con el calendario fijado, los legisladores violetas pelean la interpretación del articulo 101 de la Constitución mientras los equipos de la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales a cargo de Ignacio Devitt, uno de los encargados de negociar con los aliados, trabajan en la elaboración del discurso que el ex vocero dará ante la Cámara Alta y con el que espera conformar a quienes piden su remoción del cargo.
Recluido, pero en funciones, el ex vocero se muestra optimista respecto a la causa, aunque las últimas novedades judiciales volvieron a aumentar la presión política. Tras la filtración de los gastos en ropa de cama y blanquería, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de su hermano Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. “No es funcionario del Gobierno”, se jactaban desde la mesa chica.
Pese al complejo escenario, en la administración libertaria se esperanzan con la nueva parada y aspiran a recuperar la iniciativa política tras el informe de gestión. Sin embargo, mientras la Justicia y el Congreso marquen el ritmo de la discusión, Adorni continúa siendo el protagonista de un cuento borgiano, en el que el tiempo no resuelve el conflicto, apenas lo desplaza. Cada plazo cumplido posterga la polémica; ninguno, por ahora, la resuelve.
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El Gobierno busca despegar la agenda de Javier Milei del caso Adorni y enfocarla en la gestión económica

El Gobierno cree que la imagen de Javier Milei se vio perjudicada por el impacto del caso Manuel Adorni, pero apuesta a que empiece a recuperarse a medida que se profundice el clima electoral. En el Ejecutivo aseguran que el Presidente absorbió el costo político más fuerte por sostener al jefe de Gabinete, pero consideran que el escenario se estabilizó y que la discusión pública tenderá a desplazarse hacia la economía, la gestión y la comparación de modelos rumbo a las elecciones.
“El impacto fuerte ya lo tuvimos y lo absorbió la imagen de Milei. De acá en adelante es todo para arriba”, expresan en Nación. La frase resume la expectativa que manejan en distintos sectores del oficialismo: que el escándalo patrimonial de Adorni ya tuvo su efecto más profundo sobre la percepción del jefe de Estado y que, sin nuevas derivaciones judiciales de alto impacto, podrá reconstruir parte del terreno perdido.
En la Casa Rosada trabajan con estudios de opinión pública que ubican la imagen de Milei cerca del 34%, la de Karina Milei en torno al 21% y la de Adorni alrededor del 14%. Son números que circulan en la mesa política libertaria a partir de relevamientos de distintas consultoras que en Nación mantiene de forma reservada.
La medición no es leída igual en todos los sectores internos. En el entorno de Karina Milei aseguran que la imagen del Presidente ronda los 34 puntos. En la órbita de Santiago Caputo, en cambio, dicen tenerlo algunos puntos más arriba. La diferencia no modifica la conclusión política que comparten ambos equipos: el caso Adorni golpeó la imagen de Milei, pero no lo dejó por debajo de un piso que en la mesa chica consideran competitivo para una etapa de polarización electoral.
Según reconstruyen en Balcarce 50, hace tres semanas identificaron un piso cercano a los 30 puntos. Después, sostienen, la imagen se estabilizó y comenzó a recuperar entre dos y tres puntos. Los funcionarios de primera línea interpretan ese movimiento como una señal de resistencia del núcleo de apoyo mileísta, aun en medio de la crisis más incómoda que atravesó el oficialismo desde que Adorni pasó de vocero presidencial a jefe de Gabinete.
La lectura interna es que Milei utilizó capital político para sostener a un funcionario propio y que ese costo ya fue asumido. En Nación insisten en que el Presidente no quiere que el Congreso ni la oposición definan la continuidad de su ministro coordinador. También repiten que no avanzará con un desplazamiento mientras no existan novedades judiciales de fondo.
Esa decisión, sin embargo, abrió una discusión interna sobre el límite de la defensa pública. Milei quiere mostrarse con Adorni, como está previsto en Rosario durante el acto por el Día de la Bandera, pero los equipos comunicacionales del Gobierno buscan evitar que el jefe de Estado quede permanentemente pegado a su jefe de Gabinete. La idea es sostenerlo institucionalmente, sin transformar cada aparición presidencial en una nueva señal de blindaje personal.
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En el Ejecutivo reconocen que el caso Adorni generó desgaste, paralizó parte de la agenda legislativa y obligó a negociar con aliados para evitar una derrota en el Congreso. La postergación de la sesión del Senado le dio aire al jefe de Gabinete, pero no cerró el problema: el 25 de junio se votaría su citación y el 2 de julio debería presentarse ante la Cámara alta bajo un formato de interpelación, con preguntas sobre su patrimonio, sus declaraciones juradas y sus explicaciones públicas.
La Casa Rosada también admite que el caso condiciona los próximos movimientos de gestión. En términos políticos, la prioridad es evitar que los anuncios de Milei queden eclipsados por novedades judiciales vinculadas a Adorni. Por eso, en Balcarce 50 quieren bajar la exposición del jefe de Gabinete, ordenar su defensa para el Senado y concentrar la agenda presidencial en temas económicos y de proyección internacional.
La estrategia comunicacional apunta a recuperar iniciativa con indicadores macroeconómicos. En el oficialismo quieren volver a poner en el centro la desaceleración de la inflación, las exportaciones, los anuncios de inversión, el avance del RIGI, el super-RIGI y los datos macroeconómicos. “La idea es correr el eje y poner a Milei en otro plano”, agregan.

El Gobierno también buscará apoyarse en la agenda internacional del Presidente. En Nación preparan un nuevo tramo de viajes y actividades en el exterior para las próximas semanas, con la intención de mostrar a Milei como un dirigente global, corrido de la agenda doméstica que quedó atrapada por el caso Adorni. En esa secuencia entran además las conferencias económicas y los encuentros con referentes liberales, como la participación prevista junto a David Friedman, el hijo de Milton Friedman.
En el Ejecutivo creen que el calendario electoral también jugará a favor. “Estamos a mediados de junio. En poco tiempo la sociedad se va a poner a discutir la elección de modelos. No hay mucha vuelta de agenda”, relativizan en el oficialismo. La apuesta es que, cuanto más cerca estén las elecciones, más peso tendrá la polarización entre Milei y sus adversarios, y menos margen habrá para que el caso Adorni ordene por sí solo la conversación pública.
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Esa lectura conecta con la lógica de campaña que ya empieza a preparar la Casa Rosada. El oficialismo buscará presentar la discusión como una elección entre continuidad del programa económico o retorno a esquemas anteriores. En ese marco, la imagen personal de Adorni aparece como un problema, pero no como el eje sobre el que Nación quiere ordenar la competencia. La apuesta es que el Presidente vuelva a absorber la centralidad y que el jefe de Gabinete quede como un costo lateral de la gestión.
El riesgo es que la causa judicial siga produciendo novedades. En Balcarce 50 reconocen que la explicación patrimonial de Adorni pudo haber servido para ordenar una estrategia impositiva y legal, pero no logró resolver el problema político. Las contradicciones públicas, las declaraciones juradas rectificativas, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y las medidas de prueba pendientes siguen siendo factores de desgaste para un funcionario que, según los propios números que miran en la mesa chica, aparece muy por debajo de la imagen presidencial.
En el entorno del jefe de Estado plantean entonces una estrategia de dos tiempos. En el corto plazo, buscan contener el daño, ganar tiempo en el Congreso, preparar a Adorni para el Senado y evitar nuevas escenas de defensa presidencial directa. En el mediano plazo, apuesta a que la polarización electoral, los datos económicos y la agenda internacional le permitan a Milei recuperar iniciativa.
Gobierno, Javier Milei, Manuel Adorni
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