POLITICA
Tras cosechar un rechazo transversal a su proyecto sobre lobby, el Gobierno negocia cambios con la oposición
La regulación del lobby impulsada por Javier Milei encontró un freno casi unánime en Diputados. En la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. Por el contrario, organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias coincidieron en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa, desde la amplitud de las definiciones hasta las sanciones previstas.
El resultado dejó al oficialismo ante una situación incómoda: la ronda de consultas que debía servir para robustecer el proyecto terminó exhibiendo un rechazo transversal. Frente a ese escenario, La Libertad Avanza (LLA) optó por postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas que ya trabajan en propuestas alternativas.
El presidente del plenario, Nicolás Mayoraz, cerró el encuentro de la semana pasada con la noción de que el proyecto por ahora no avanzará. Agradeció las exposiciones y aseguró que los legisladores “han tomado nota de todas las observaciones y aportes realizados”, que serán considerados para alcanzar un texto “que reúna el mayor consenso posible y atienda las objeciones planteadas”. También confirmó que las reuniones informativas continuarán este miércoles.
Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la definición de “gestión de intereses”, considerada tan amplia que, según los expositores, podría abarcar desde la actividad de una cámara empresaria hasta el reclamo de una organización social.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue uno de los más duros: “Esto no es regular el lobby corporativo, esto es criminalizar la participación ciudadana”. Según planteó, referentes de causas humanitarias o asociaciones de víctimas como las Madres del Dolor podrían verse obligados a registrarse como lobistas para interactuar con funcionarios.
En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, sostuvo que la iniciativa implica una “criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”. Advirtió además que la combinación de requisitos de registración previa y sanciones penales podría convertir en potencialmente ilícitas conductas habituales de la participación democrática.
El rechazo empresarial
Las cámaras empresarias también reclamaron modificaciones sustanciales. Aunque respaldaron el objetivo de transparentar la relación entre el sector privado y el Estado, cuestionaron la viabilidad práctica de varios artículos.
Alejandro Díaz, CEO de AmCham, señaló que el proyecto debería distinguir entre la representación de intereses particulares y la representación colectiva que ejercen cámaras empresarias y asociaciones civiles. “Debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación”, planteó.
También pidió revisar la definición de “beneficiario final” y evitar que compañías con accionistas extranjeros sean consideradas automáticamente representantes de intereses externos.
La Unión Industrial Argentina (UIA) hizo observaciones similares. Agustina Briner sostuvo que la obligación de identificar beneficiarios finales puede resultar impracticable en algunos casos y afectar información sensible de las empresas.
A su vez, Ángeles Naveyra, presidenta de Fundación Barbechando, advirtió que una regulación “excesivamente amplia, ambigua o burocrática” podría terminar produciendo el efecto contrario al buscado.
Otro de los puntos más cuestionados fue la figura del “principal extranjero”, que obliga a registrarse como agentes de intereses externos a quienes reciban financiamiento o cooperación internacional.
Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, afirmó que el proyecto “asocia de forma espuria la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros” e introduce una lógica de sospecha sobre organizaciones que trabajan en áreas como salud, derechos humanos o desarrollo social.
“Burocratizar, estigmatizar y criminalizar la cooperación internacional y el activismo es un grave error”, resumió.
Con ese diagnóstico prácticamente unánime, el oficialismo dejó en suspenso la firma del dictamen. Mientras tanto, bloques como la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas y sectores de la UCR avanzan en la redacción de un texto alternativo que reduzca las sanciones penales, precise las definiciones más controvertidas, delimite excepciones para actividades como el periodismo y fortalezca la independencia de la autoridad de aplicación.
Si bien la discusión recién empieza, las reuniones informativas dejaron una señal difícil de ignorar: el Gobierno no encontró una sola voz dispuesta a defender su propuesta tal como fue enviada al Congreso.
pic.twitter.com/7fxhc8hSbO,June 10, 2026,#LeyDeLobby,pic.twitter.com/xx29qoww09,June 10, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Se debilita el escudo. Aliados del Gobierno evalúan activar la interpelación de Adorni en el Congreso,,»Criminaliza la participación». Amplio rechazo al proyecto de lobby de Milei: críticas de ONGs, abogados y cámaras empresarias,,Crisis. Karina Milei llevó a Pettovello a una cena con diputados y alimentó versiones sobre el eventual reemplazo de Adorni
POLITICA
Tres testigos de la Aduana paraguaya complicaron a Edgardo Kueider en el juicio por contrabando
Este martes declararon los tres agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay que detuvieron al ex senador nacional Edgardo Kueider cuando circulaba con más de 200 mil dólares. Lo hicieron ante el Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García (presidenta), Matías Garcete y Adriana Planás.
El primero en hablar ante la Justicia fue Cristian Díaz Benítez. El funcionario era el encargado del grupo de control nocturno. Su turno comenzaba a las 19 y se extendía hasta las 7 del otro día. Según relató, el vehículo en el que se trasladaba Kueider (una Chevrolet Trailblazer) es considerado de alta gama. Y eso llevó a que fuera detenido por perfil aleatorio.
Benítez indicó que le preguntaron al conductor (el ex senador) si tenía algo que declarar. Respondió que no. Sin embargo, observaron una mochila negra detrás del asiento. Le pidieron que la abriera. Allí encontraron los dólares, afirmó.
A Kueider lo detuvieron en la cabecera del puente de la Amistad que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu (Brasil). Llevaba 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.
Kueider, según relató Benítez, se identificó como senador argentino tras el hallazgo. Esto llevó al funcionario paraguayo a dar parte a sus superiores. Luego, en presencia de representantes de Delitos Económicos y de la Marina paraguaya se realizó el procedimiento en el que se labró acta de todo lo actuado.
Luego fue el turno de Diego Tottil. Narró que su intervención puntual fue detectar la mochila donde estaba escondido el dinero. Ocurrió mientras realizaba la verificación del vehículo en el que se trasladaba el ex legislador por Entre Ríos junto a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel. La mujer también está procesada por el mismo delito.
Esteban Castiñeira, en tanto, consignó que su rol fue resguardar a las personas y al vehículo en las instalaciones de la Aduana. También ratificó que fue Tottil quien registró el auto.
La próxima audiencia del juicio se programó para la semana entrante. La fecha estimada es el jueves 25 de junio.
El fiscal del caso es Ysrael Villalba. Los defensores de Kueider y Guinsel son Marcelo Bogado y Carlos Arévalo.
El proceso
El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el ex senador argentino comenzó el pasado martes 9 de junio. Antes, hubo tres postergaciones. La fecha original era el 24 de noviembre del 2025. Luego, pasó al 20 de abril de este año y más tarde al 1° de junio.
El cargo que enfrenta tiene una pena en expectativa de dos años y medio. Si hay condena y supera los 24 meses, será de cumplimiento efectivo. Esto significa que deberá ir a la cárcel. Pero para el cómputo de una eventual sanción también se considerarán el año y medio que ha cumplido con prisión domiciliaria.
El juicio por contrabando es clave para comenzar a desarmar la tela de araña de las causas contra Kueider en la Argentina. En nuestro país tiene dos procesos abiertos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno está en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos. El otro, en los Tribunales Federales de San Isidro. La Corte Suprema debe definir cuál se queda con la investigación. Pero el expediente está paralizado desde noviembre.
La titular del Juzgado Federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra su banda. La remisión de Paraguay a la Argentina es otro juicio que se tramita en el país vecino. La Fiscalía guaraní ya dio el visto bueno para que sea extraditado. Pero requirió que antes se complete el proceso por contrabando.
POLITICA
Cristina Kirchner cumple un año de prisión domiciliaria: cómo impacta en su ánimo, quiénes la acompañan y cuál sería su “salida política”
“La gente no come presos”. En la intimidad de su departamento-prisión de San José 1111, en el barrio de Constitución, Cristina Kirchner repite la frase como un mantra. Invoca así, como tantas otras veces, al expresidente y su compañero de vida, Néstor Kirchner, quien la utilizó en la primera década del siglo, cuando algunos dirigentes peronistas le sugerían activar un operativo para “meter preso a (Fernando) De la Rúa” por las muertes callejeras de 2001.
Kirchner, Néstor, volvió a parafrasear la misma consigna cuando su tropa avanzó contra el juez Jorge Urso en el Consejo de la Magistratura, allá por el año 2006, en un juego de presiones que llevaron al juez a presentar su renuncia. No es un dato menor el que trae a la memoria el círculo de confianza de Cristina: Urso fue el magistrado que dictó la prisión preventiva de Carlos Menem en el caso del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. En aquel entonces, la cárcel de Menem fue una quinta en Don Torcuato, por el plazo de 167 días.
Cristina Kirchner cumple este mismo miércoles 365 días, un año exacto, de prisión domiciliaria, dictada por un Tribunal Oral Federal en el caso Vialidad. Y no tiene a la vista una salida jurídica a su actual situación, como la tuvo Menem por una resolución de la Corte Suprema. Aunque mientras pasa sus días en el departamento de 260 metros cuadrados, escucha de sus abogados que existe la posibilidad de apelar una condena, incluso cuando está firme.
La expresidenta entiende, por eso mismo, que su salida es política. De acuerdo a fuentes que tienen acceso a ella, le cayó muy bien la propuesta del diputado Miguel Pichetto para que el Congreso revise todo el proceso de su condena, en especial por el traslado de jueces y fiscales que formaron parte del juicio. También tomó de buen grado la mención a su caso que hizo el lunes el dirigente porteño Juan Manuel Olmos en un encuentro del peronismo federal en Entre Ríos.
Es decir, Cristina Kirchner valora que distintos sectores del peronismo apoyen su demanda de liberación y reclama que más dirigentes actúen en consecuencia. Es una de las condiciones, sino la principal, que le pondría al gobernador Axel Kicillof para apoyar su candidatura presidencial en 2027. La exmandataria no habla de un indulto, sino de ganar las elecciones y de generar luego las condiciones para remover a los actuales integrantes de la Corte que confirmó su condena.
En el entorno de Cristina Kirchner dicen que “no mastica con bronca” por su condición de recluida, pero según pudo saber , en el último año transitó diversos estados de ánimo: lloró cuando recibió un llamado del presidente Lula (Brasil), quien también estuvo detenido por una decisión de la Corte de su país; se enojó y puteó con la interna del PJ; y se indignó con los pormenores del juicio que derivo en la condena de Fernando Sabag Montiel, el joven que la quiso matar en 2022. “A mi vieja le pusieron un fierro en la cabeza”, suele repetir Máximo Kirchner.
De acuerdo a algunas versiones, Cristina Kirchner estuvo deprimida tras su internación de urgencia a finales de 2025, cuando debió ser operada de una apendicitis que se transformó en una peritonitis y complicó su estado de salud. La expresidenta pasó las fiestas en el sanatorio Otamendi y a su salida, no fueron pocos los que la notaron más delgada y bajoneada. Tal vez el endurecimiento de sus condiciones de detención, en noviembre, había impactado en su ánimo.
El regreso a San José 1111, tras la internación, parece haber sido un punto de inflexión para Cristina Kirchner en medio de su prisión domiciliaria. Desde enero pasado, espació notablemente sus intervenciones públicas -con mensajes más esporádicos en las redes y escasas salidas al balcón-, pero puertas adentro siguió apegada a una rutina que le conocen muy pocas personas. Por caso, su secretario privado, Mariano Cabral, un joven que llegó a su equipo de la mano de Oscar Parrilli. Y que en algunas ocasiones se lo ve en el balcón asistiendo a su jefa.
Cristina Kirchner hace cinta todos los días, mientras mira los noticieros en un plasma colgado en la pared. Antes de las restricciones que le impuso el tribunal en diciembre pasado, también hacía yoga en clases que le daba “una compañera” en el living de San José 1111, pero que debió cortar porque se achicó notoriamente la cantidad de personas que pueden ingresar al departamento, fuera de la lista de integran sus hijos, sus abogados y un médico de cabecera.
Máximo Kirchner, que vive en un departamento prestado por la familia de Wado de Pedro sobre la misma calle San José, a cinco cuadras de su madre, la visita a diario. Con su primogénito hablan de cuestiones cotidianas, pero también de política, como es lógico suponer. Y las conversaciones no son todas armoniosas. “No siempre están de acuerdo”, reconocen fuentes de La Cámpora, pero en los hechos Máximo es quien más conoce el pensamiento de Cristina.
Florencia Kirchner ya no reside en San José 1111, pero visita a su madre junto a su hija de manera frecuente. En el entorno de la familia explican que no era conveniente para Florencia permanecer en ese departamento, porque el movimiento y la intensidad emocional que le depara la situación de su madre podían afectar su “proceso de recuperación”. Cristina se desconecta de la política en contadas ocasiones y siempre lo hace cuando está con su hija y su nieta.
Además de las visitas que se publicitan -ya no tanto en la cuenta de X de Cristina sino en la de los visitantes-, también tienen acceso a la expresidenta sus abogados Carlos Beraldi (su principal defensor judicial) y Juan Grabois, quien la asiste en una causa conexa. No se sabe, a ciencia cierta, si el exfuncionario del Vaticano le contó a Cristina los pormenores de su charla con Peter Thiel, el tecno-magnate que se convirtió en un nuevo residente de la ciudad de Buenos Aires. Y que parece haber inspirado la nueva encíclica del papa León XIV.
Pese a que recibió permiso judicial para salir a la terraza del edificio dos horas al día, en horario diurno, Cristina Kirchner prefiere enfrascarse en las lecturas, con especial foco en la historia, en los pormenores de la inteligencia artificial y en informes económicos que requiere a diversos especialistas. Además, como todos, mira series en las plataformas. Matiza esos ratos de ocio con quejas por el maltrato que, según ella, le dispensa la Justicia. “Por qué hacen tanta diferencia con nosotros, si estamos acá, nunca nos movimos de acá”, pregunta la expresidenta.
En San José 1111, cada cinco minutos se escucha un bocinazo. No ocurre en los días en que hay movilizaciones, como el que motivó el último reto judicial, sino en cualquier momento. Así lo relatan quienes se sentaron a charlar con Cristina en el último año. Y que notaron, puertas adentro, cómo ella oculta la tobillera electrónica que tiene puesta en su pierna izquierda. Eso la indigna particularmente: “¡A dónde me voy a ir -exclama-, si soy una de las personas más conocidas del país!“.
January 6, 2026,Mariano Spezzapria,Conforme a
POLITICA
El Gobierno asegura que frenó la avanzada contra Adorni, pero hay divisiones internas entre los aliados
Frente a la avanzada opositora en el Congreso para interpelar a Manuel Adorni, en Casa Rosada aseguraron a TN que los aliados se comprometieron a no avanzar contra el jefe de Gabinete. Sin embargo, el caso generó divisiones en el PRO y la UCR, en cuyas manos podría residir el futuro del funcionario.
“Estuvimos conversando con aliados y no se avanzaría con la solicitud de interpelación. Cerramos en que no acompañaban”, afirmó a este medio un funcionario involucrado en las negociaciones para blindar a Adorni.
Para aliviar la presión y dar una alternativa a la interpelación, el ministro coordinador aceptó adelantar su informe de gestión en el Senado, originalmente previsto para agosto.
Por eso, en Balcarce 50 dos fuentes ratificaron que la moción de censura “no va a prosperar”. La confianza del oficialismo radica en parte en la posición incómoda en la que se encuentran sus principales socios parlamentarios.
La división interna en los aliados y la incomodidad de votar junto al kirchnerismo
Tanto la UCR como el PRO difundieron la semana pasada duros comunicados donde cuestionaron enfáticamente al ministro coordinador e implícitamente exigieron que diera un paso al costado.
Sin embargo, en el Gobierno descartan cualquier posibilidad de que Adorni salga de la escena. “Cuenta con el respaldo total de Javier Milei y Karina”, sentenciaron en Rosada. Así, los aliados deben decidir si rompen con el oficialismo y aceptan levantar la mano junto al kirchnerismo, uno de los principales impulsores de la maniobra para destituir al funcionario.
“A nadie le resulta cómodo sumarse a la hipocresía K. Tuvimos a Cristina Kirchner presidiendo condenada y Adorni no está procesado aún, pensemos lo que pensemos desde el sentido común”, reconocieron desde la bancada radical en el Senado.
Sin embargo, la magnitud que tomó la polémica alrededor del jefe de Gabinete y la insatisfacción que despertaron sus explicaciones públicas generaron divisiones internas en los bloques parlamentarios.
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En la UCR, aseguran, buscan tomar una postura común que logre contener a toda la bancada, mientras que el PRO aguarda a que el Ejecutivo tome una decisión respecto a su funcionario y deja la puerta abierta a habilitar la interpelación.
“El PRO se va a partir, dudo que se ponga del lado del Gobierno. La UCR lo mismo, se mueve en espejo. No va a ser fácil”, reconocieron a TN cerca del Gabinete. En ese contexto, el objetivo primario es que la oposición no logre reunir el quórum. De fracasar, pujarán para que sus aliados se abstengan. “Es lograr que no voten, no hay otra opción”, plantearon.
Los números que necesita la oposición en el Congreso y el cálculo del oficialismo
Para poder tratar los proyectos de interpelación sin el aval previo de las comisiones, la oposición necesitará reunir los dos tercios de la cámara. De ser imposible, una mayoría simple alcanzaría para emplazar a las comisiones y obligarlas a tratar las iniciativas, una forma de acelerar el debate a pesar de la resistencia oficialista. Recién entonces, dictamen de por medio, la oposición podrá avanzar si consigue la mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara baja y de 37 en la alta.
“Hoy no lo tienen, pero están todos en frente por ahora. Las charlas ya empezaron. PRO, UCR y gobernadores clave”, explicaron desde el Gobierno, decididos a blindar al jefe de Gabinete.
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Mientras tanto, el Senado celebrará este miércoles a las 18 una reunión de labor parlamentaria para definir si habilita una sesión. Originalmente, La Libertad Avanza quería bajar al recinto este jueves para tratar la Ley de Propiedad Privada, pero Unión por la Patria podría aprovechar para colar la interpelación a Adorni.
Por su parte, la oposición convocó en Diputados a una sesión especial para el próximo martes con el mismo objetivo. En Casa Rosada continúan las gestiones para impedir su avance a toda costa.
Manuel Adorni, moción de censura, Congreso
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