POLITICA
Nuevas medidas del fiscal: indaga sobre las operaciones de Adorni con criptomonedas y una compra de blanquería por $8 millones
El fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una serie de medidas que alcanzan a la familia del funcionario, sus antecedentes laborales y al universo de las plataformas de criptomonedas.
Apuntan también a verificar las primeras explicaciones públicas que ofreció el jefe de Gabinete sobre su drástico crecimiento patrimonial, durante la entrevista con el periodista José Del Rio, en LN+, justo antes de presentar su largamente anunciada declaración jurada.
Entre las medidas, Pollicita solicitó al canal el envío de una copia sin editar de aquella entrevista, en la que Adorni explicó que la principal modificación que introdujo en su declaración jurada fue la incorporación de más de US$500.000 que había atesorado en criptomonedas. Esa nota salió en vivo, el miércoles pasado, sin edición de ningún tipo.
Dijo que US$200.000 fue el capital que invirtió en Bitcoin y otros US$300.000 las ganancias que obtuvo. Ese ingreso quedó reflejado en una rectificación realizada sobre su declaración jurada de 2023, en la que incorporó una “venta de activos” por un total de US$565.000, una cifra que le permitió al funcionario restituir el balance entre sus ingresos y egresos.
En la entrevista, Adorni sostuvo que obtuvo ganancias por US$300.000 luego de operar con Bitcoin a partir de los años 2013 y 2014. Por eso, el fiscal le pidió a la Comisión Nacional de Valores que informe qué plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y proveedores de servicios de activos virtuales operaron en el país desde 2012.
En esa línea, el viernes, pidió a un órgano especializado la realización de un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin en dólares desde 2013 hasta la actualidad.
Las medidas que ordenó el fiscal Pollicita alcanzan también a dos countries. A la administración del Golf Club Indio Cua −donde Adorni alquiló una casa y luego compró otra− le solicitó los registros de ingreso y egreso entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
A la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2, en La Plata, le pidió que informe si Silvia Pais, madre de Adorni, reside actualmente allí.
La medida se dispuso a partir de una noticia que la situaba viviendo dentro de ese barrio. El fiscal quiere saber si esto es así y bajo qué términos se concretó la supuesta mudanza: pidió datos sobre montos pactados, modalidad de pago y eventuales pagos por adelantado.
El fiscal también solicitó información al juzgado de Daniel Rafecas, donde tramita la causa en la que está investigado Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, también por presunto enriquecimiento ilícito. Pollicita busca determinar si existe algún tipo de vinculación entre ambos casos.
Al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el fiscal le pidió información sobre eventuales vínculos laborales del funcionario con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, una institución educativa privada sin fines de lucro.
La ANSES, en tanto, deberá aportar al caso la historia laboral completa de Adorni junto con la de su pareja, Bettina Angeletti, desde 2012.
Si bien el funcionario evitó dar explicaciones acerca de los gastos de su tarjeta de crédito -que duplican sus ingresos formales-, en la entrevista con Del Rio Adorni puso de relieve que su mujer había tenido “cargos gerenciales” en el mundo privado.
Además, la fiscalía solicitó información al juzgado civil de La Plata en el que tramita la sucesión del padre de Adorni, Jorge Adorni, para tener un cuadro de situación respecto a aquel trámite y saber qué bienes fueron denunciados, si había dinero en efectivo, cuentas o alguna moneda extranjera, entre otras variantes. El funcionario afirmó haber encontrado dinero en el departamento de su padre, sobre cuyo departamento pesaban tres embargos.
El fiscal ordenó también a la División Antifraude de la Policía Federal un relevamiento amplio de “fuentes abiertas” para reunir toda la información disponible en redes sociales, medios, entrevistas o videos, en los que Adorni haga algún tipo de alusión a las criptmonedas o se refiera a alguna billetera virtual.
Es que, luego de la entrevista, comenzaron a circular videos viejos de Adorni que tensionaron su explicación sobre una presunta ganancia de 300 mil dólares en activos digitales. En uno de ellos, afirmaba no estar del todo familiarizado con las criptmonedas y en otro, posterior a su supuesta ganancia, desaconsejaba el bitcoin como inversión.
Otra de las medidas se deriva de la línea que abrió en la investigación Matías Tabar, el contratista que dijo haber cobrado en negro 245 mil dólares por refacciones hechas en la casa de Indio Cua. Del análisis forense de su celular –todavía en curso- surgió una compra de más de 8 millones de pesos en una tienda de que vende artículos como sábanas, toallas, fundas, acolchados y cubrecamas.
La factura fue hecha a nombre de Gisela Kocsis, que desde hace varios años forma parte del personal de planta del Gobierno, segun pudo averiguar este medio. El fiscal pidió al local, llamado Rosen The Store, que envíe toda la información registrada sobre la operación, el pago, la entrega y el destino de los productos.
Las declaraciones juradas del funcionario, en tanto, ya forman parte del expediente judicial y serán incorporadas en la cuenta final en la que trabaja el personal de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Con ese trabajo concluido, el fiscal podría convocar a Adorni para pedirle explicaciones.
explicaciones públicas,sucesión del padre de Adorni, Jorge Adorni,Federico González del Solar,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Habló de «dignidad». La frase explícita de Rodríguez Larreta sobre la situación de Adorni,,Trastienda. En el Gobierno admiten el impacto del caso Adorni en la gestión y se resignan: “El Mundial no va a alcanzar”,,Presión a Adorni. Una agrupación opositora protestó frente a su departamento: ollas populares y firmas para su salida
POLITICA
Un concejal peronista de Entre Ríos atacó a golpes a un intendente durante una sesión del Concejo Deliberante
El concejal del Partido Justicialista de Pueblo Brugo -localidad del departamento Paraná en la provincia de Entre Ríos-, Ariel Lemos, golpeó a puños al intendente Martín Ruiz durante una sesión del Concejo Deliberante, en una pelea que se desató por el cobro de un canon a puesteros del Festival de Jineteada previsto para el fin de semana.
El episodio ocurrió el último martes, en el recinto legislativo, cuando Ruiz se presentó ante el cuerpo para obtener precisiones sobre la modalidad de pago del derecho de instalación que deberán abonar los vendedores durante el evento, que se realizará este sábado y domingo en el predio de la ex fábrica de alpargatas de la localidad.
La discusión escaló rápidamente: el concejal Lemos, compañero de espacio político del jefe comunal, le propinó golpes de puño en la oreja y el cráneo. “En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender”, relató Ruiz en declaraciones recogidas por El Entre Ríos.
El punto de fricción entre ambos fue concreto: la ordenanza aprobada por el Concejo establecía que los puesteros debían abonar el canon antes de las 13 horas del viernes, dentro del horario administrativo municipal. Ruiz se opuso de plano a esa condición. “Los puesteros no van a ir un día antes a pagar; pagan el mismo día que se hace la jineteada”, sostuvo el intendente ante el cuerpo deliberativo, según informó El Entre Ríos.
El mandatario argumentó que nadie se acerca al municipio exclusivamente para ese trámite, sino que lo realizan en el momento en que se instalan en el predio.
Tras la agresión, Ruiz radicó una denuncia por lesiones en la dependencia policial de Pueblo Brugo y se sometió a una constatación médico-policial en la Comisaría Cerrito. “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, detalló el propio intendente.
Según informó Elonce, Lemos también presentó su propia denuncia, por lo que las actuaciones judiciales quedaron cruzadas entre ambos funcionarios.
El trasfondo del conflicto, según Ruiz, tiene que ver con la organización del evento en sí. “Lo que me da bronca son los cuestionamientos. Saqué a licitación la doma, no pusimos plata del municipio para no tener compromiso, porque no podemos gastar y no sabemos si la vamos a recuperar”, afirmó el jefe comunal en declaraciones a El Entre Ríos.
El mandatario del Partido Justicialista describió la situación como evitable: “Es una situación lamentable, no valía la pena. No estábamos tratando un tema complicado ni mucho menos”. Con cierta resignación, agregó: “Con el perdón de la palabra, fue una boludez”.
El Concejo Deliberante continuó el debate y aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a actualizar los montos cobrados a los puesteros. Las actuaciones policiales iniciadas por ambas partes están en curso para determinar las circunstancias del enfrentamiento y las eventuales responsabilidades.
En Villa Gesell agredieron a concejales que votaron contra el presupuesto municipal
Clarisa Armando, concejal del PRO en Villa Gesell, fue la principal damnificada de una sesión que terminó en violencia, cuando ediles opositores a la gestión del intendente Gustavo Barrera recibieron agresiones físicas dentro del recinto tras votar en contra del presupuesto municipal para 2026. El episodio quedó registrado en videos que circularon por redes sociales y generó el repudio inmediato del PRO y de La Libertad Avanza.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Armando describió que el debate transcurrió “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente y los funcionarios y por el sindicato de camioneros”. El rechazo del presupuesto fue la chispa que encendió las agresiones.
“Primero dentro del recinto y después cuando tuvimos que salir. Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia, nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, relató Armando.
POLITICA
Diputados: el oficialismo dejó listos para tratar en el recinto el “Súper RIGI” y un acuerdo con dos holdouts
El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.
Con respaldo de sus aliados habituales, los libertarios dejaron ambas iniciativas listas para el recinto. El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a ratificarlo definitivamente la próxima semana. El “Súper RIGI”, en cambio, recién inicia su recorrido legislativo en Diputados.
La intención del oficialismo era llegar a la semana próxima con una sesión bajo control y un temario propio centrado en estos proyectos. Pero la crisis que atraviesa Manuel Adorni amenaza con alterar esos planes. La oposición convocó para el martes una sesión especial para debatir su interpelación y avanzar hacia una eventual moción de censura. Ante ese escenario, los libertarios comenzaron a recalcular su estrategia parlamentaria.
Ambas iniciativas obtuvieron el respaldo de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada: Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan). En el caso del “Súper RIGI”, también acompañó el santacruceño José Garrido.
“Súper RIGI”
El nuevo régimen busca convertirse en una segunda versión del RIGI y apunta a atraer industrias que el Gobierno considera “genuinamente nuevas” para la Argentina. En un plenario de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología, el oficialismo reunió 61 firmas para su dictamen de mayoría.
Para sumar apoyos, los libertarios aceptaron modificaciones impulsadas por bloques dialoguistas. El texto incorpora beneficios para proyectos que cuenten con inversión en investigación y desarrollo, exige planes de integración de proveedores locales con un piso de contratación del 20%, amplía los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y crea un registro público para transparentar los proyectos aprobados.
También endurece algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán presentar estudios que acrediten que los proyectos no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, mientras que se incorpora una nueva causal de rechazo para iniciativas con impactos negativos significativos en su área de influencia.
Durante el debate, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que el Gobierno impulse beneficios extraordinarios para industrias “que no sabemos cuáles son ni a qué se van a dedicar” y advirtió que el proyecto repite la lógica de delegación de facultades que caracterizó a la Ley Bases. Su bloque anticipó que lo rechazará.
Holdouts
El acuerdo impulsado por el gobierno reunió 42 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia.
El acuerdo contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.
La defensa del proyecto estuvo a cargo del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, y del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Ambos insistieron en que el entendimiento implica una reducción significativa respecto de las sentencias que ya pesan sobre el Estado argentino.
“Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”, sostuvo Stampalija. Amerio reforzó el argumento con los números de la negociación: Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió.
Los funcionarios rechazaron además que se trate de una nueva reestructuración de deuda. “Estamos pagando juicios que perdimos y estamos haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios”, explicó Stampalija. Según señalaron, el entendimiento permitiría cerrar “en gran medida” los litigios remanentes vinculados al default de 2001.
Las principales objeciones llegaron desde UP, que presentó un dictamen de minoría. Julia Strada cuestionó la falta de precisiones sobre el acuerdo y aseguró que el Congreso desconoce datos centrales de la negociación. “No sabemos lo que estamos votando”, afirmó.
Su compañero de bloque, Itai Hagman, objetó que el Congreso conozca detalles de la estrategia oficial para resolver litigios externos a través de informes del FMI y no mediante explicaciones del Ministerio de Economía. “Nos tenemos que enterar por un reporte del Fondo Monetario Internacional cuál es la estrategia que tiene la Argentina”, reprochó. También apuntó contra la corrección que el Gobierno debió enviar al Senado tras detectar errores en la identificación de algunos títulos incluidos en el acuerdo.
Por su parte, Martínez criticó la velocidad con la que el oficialismo impulsó el dictamen y reclamó precisiones sobre el plazo del 30 de junio fijado para concretar la operación, el impacto fiscal del acuerdo y la eventual participación de intermediarios. “Todos los que viven lucrando con las renegociaciones de deuda miran estas reuniones”, advirtió.
“No tuvo ningún costo. Fue un acuerdo directo”, respondió Amerio. “No hay comisiones, no hay intermediarios y no hay costos adicionales”, agregó.
Durante el intercambio, los funcionarios explicaron que el plazo del 30 de junio fue acordado con los acreedores, aunque reconocieron que podría volver a prorrogarse si ambas partes aceptan extenderlo.
“Súper RIGI”,crisis,segunda versión del RIGI,@JMilei,@LuisCaputoAR,pic.twitter.com/5pcKZL9qCt,June 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Deuda oficial,Conforme a,,Transparencia. Presentaron un amparo contra el decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces,,Adorni fue invitado. Javier Milei convocó a todo el gabinete a compartir una foto en el Día de la Bandera, en Rosario,,Choque en el Congreso. La oposición quiere evitar que prospere la intervención de la oficina que audita el costo de las leyes,Cámara de Diputados,,»Sos bastante pelot…». Fuerte cruce entre Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados,,Regulación del lobby. Tras cosechar un rechazo transversal, el Gobierno desacelera y negocia cambios con la oposición,,Se debilita el escudo. Aliados del Gobierno evalúan activar la interpelación de Adorni en el Congreso
POLITICA
Tras la aprobación de una garantía por US$2000 millones, Milei recibió a las autoridades del Banco Mundial
Luego de la aprobación de un paquete de garantías por US$2000 millones, Javier Milei se reunió este miércoles en la Quinta de Olivos con autoridades del Banco Mundial. Los fondos servirán para afrontar próximos vencimientos de deuda con bonistas privados.
Junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, Milei recibió en la residencia presidencial a la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.
También participaron el director para Argentina, Paraguay y Uruguay del organismo, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos.
“Conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de 2.000 millones de dólares para Argentina anunciado por el organismo. La tasa de interés será sustancialmente más baja que la tasa actual del mercado, lo que representa un ahorro muy significativo para todos los argentinos», había explicado Caputo horas antes luego de un encuentro en el Ministerio de Economía con las autoridades de la entidad.
El acuerdo se produjo a poco más de 20 días del pago por US$4400 millones que la Argentina debe hacer a bonistas locales y del exterior. En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda había dicho en varias oportunidades que priorizará fuentes de financiamiento más baratas que el mercado internacional de deuda.
En ese sentido, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) sostuvo que el paquete de financiamiento otorgado a la Argentina busca apoyar la agenda de reformas del país y ayudar a restablecer el acceso a los mercados internacionales de capital.
“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, indicó el comunicado oficial difundido este martes.
Por su parte, Susana Cordeiro Guerra manifestó el compromiso del Banco Mundial en apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de «reformas orientadas al crecimiento». “Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, enfatizó.
Leé también: El BID aprobó una garantía de US$500 millones para que la Argentina pueda tomar crédito por US$1200 millones
En paralelo, el Gobierno recibió otra buena noticia en el plano financiero luego de que el directorio del BID aprobara otra garantía de US$500 millones para fortalecer las políticas de seguridad y justicia en la Argentina y mejorar el acceso del país a los mercados de capital.
“La garantía del BID, la primera otorgada para Argentina para apoyar este tipo de reformas, permitirá al país movilizar US$1200 millones con financiamiento privado, contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, detalló el organismo a través de un comunicado.
La noticia fue celebrada por Luis Caputo, quien agradeció el respaldo y aseguró que “es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei”.
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