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POLITICA

Milagros posibles e imposibles para Messi

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Los estudios que indagan a la opinión pública registran una nube de negro malestar que oprime a la sociedad argentina. Los que confiesan tener bronca suman casi un 40%. Y los que se sienten tristes o desanimados superan el 37%. Es un desasosiego similar al que esas mismas encuestas comenzaron a identificar durante la cuarentena de 2020. Un estado de ánimo que operó como impulso para la llegada al poder de Javier Milei. Sobre ese clima emocional se recortan los tres prodigiosos goles de Lionel Messi contra Argelia. ¿Conseguirá la magia de ese profesional excepcional, capitán de una selección exitosísima, poner en suspenso la depresión colectiva? Es evidente que ya consigue otro efecto: dejar de lado, siquiera por un rato, el enfrentamiento de áspera polarización que separa a los argentinos. Un milagro quizá superior a los tres goles.

Aun con ese atractivo el mundial de América del Norte no alcanza para que la política siga manifestando sus tensiones. En el Senado se ha formado una mayoría en condiciones de derribar no la pieza más preciada, pero sí la más defendida, del ajedrez de los Milei. La obstinada permanencia de Manuel Adorni podría agigantar la crisis política que sus inconductas han provocado en el oficialismo facilitando el primer voto de censura a un jefe de Gabinete desde que existe ese cargo en la Constitución. Para evitar la defenestración parlamentaria de Adorni, que tiene un catastrófico potencial escenográfico, el Presidente debería solicitarle la renuncia. Ahora se entienden mejor los gestos de Patricia Bullrich. Su progresivo distanciamiento del debilitado funcionario tenía el carácter de una prevención: alguien con la experiencia legislativa de Bullrich estaba en condiciones de prever con mucha antelación que el vehículo oficial corría en línea recta hacia un murallón.

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La decisión del Senado convierte cualquier pronunciamiento judicial sobre Adorni en una decisión tardía. Si, al cabo de una indagatoria desafortunada, Ariel Lijo lo termina procesando, la espada se habrá desplomado sobre un dirigente ya decapitado. El justiciable tendrá, esta vez sí, derecho a decir “es un episodio de mi vida privada”. Por esa razón Juan Bautista Mahiques no deberá sentirse apremiado en sus conversaciones con Lijo, el eventual verdugo de Adorni, con quien comparte una estadía en Paris. Ambos son parte de la comitiva que asiste a una asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo destinado a combatir el lavado de dinero. Es verdad que hay mucha fantasía sobre este encuentro parisino entre Mahiques y Lijo. Ambos compiten por la Procuración General de la Nación. Pero es una rivalidad episódica. El nivel de afinidad que conservan entre ambos, y que exhiben inclusive durante este viaje, los puede reunir en cualquier rincón de Buenos Aires. Sobre todo si en el motivo hay “efectividades conducentes”.

Una secuencia similar a la de Adorni en el Senado se verificó en relación con otro, por llamarlo de algún modo, percance de los hermanos Milei: el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli como camarista de un tribunal oral federal de La Plata. Los senadores no creyeron que ser cuñada de un periodista, Hugo Alconada Mon, constituía una incompatibilidad de la candidata. Le concedieron el acuerdo y dejaron al Presidente en una encerrona política y jurídica.

El Senado se ha convertido en un terreno de arenas movedizas para La Libertad Avanza. Ahora la crisis Adorni paraliza ese cuerpo y obstruye decisiones importantísimas. Entre ellas, la aprobación de una tonelada de pliegos judiciales que se prepara para enviar el Poder Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos. La Cámara alta ya dio el visto bueno para 74 candidatos, entre los que está la doctora Michelli. El Ministerio de Justicia tiene preparadas 300 propuestas para remitir a los Senadores. Y el Consejo de la Magistratura ya giró a ese ministerio 13 ternas judiciales. Hay términos institucionales que también aceleran el reloj. Hacia septiembre casi todos los miembros de ese Consejo deberán dejar su butaca por una renovación de autoridades. Ya hay una controversia al respecto: el camarista Diego Barroetaveña acaba de solicitar una declaración de certeza en el fuero Contencioso-Administrativo porque, según él, podría tener derecho a la reelección.

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Milei y su hermana son conscientes de lo que significa el proceso de designación de magistrados: antes de terminar el año podrían cubrir un número de vacantes equivalente al 30% del Poder Judicial. Nunca visto. Entre esos cargos hay algunos estratégicos. Por ejemplo, dos miembros de la Cámara Federal de la Capital. Es decir, dos jueces que terminarán revisando casos como el de Adorni, $Libra o Andis, que todavía están tratándose en primera instancia. Hay también otro camarista a ser reemplazado: Martín Irurzun, que el 18 de julio cumple 75 años y para quien el Ministerio de Justicia no envió un pliego que prorrogue su designación. Un criterio divergente de que se aplicó con papá Mahiques, Carlos, para la Cámara de Casación.

En conversaciones informales se había previsto que el Senado sesionara el 8 de julio para aprobar otra avalancha de jueces. A Adorni se lo espera el 2 de julio. Si se consigue postergar su citación, el trámite judicial también quedará demorado. Quiere decir que un sector importante del gabinete y buena parte del Poder Judicial con interés en las nuevas designaciones están presionando sobre el debilitadísimo Adorni.

La cobertura de estos vacíos en la Magistratura llevó al Ministerio de Justicia a aprobar un decreto simplificando el trámite administrativo de designación de jueces. El decreto incluye los cargos de la Corte. Ese detalle induce a una especulación: Milei habría cambiado de criterio y estaría dispuesto a postular ahora a dos candidatos para completar el máximo tribunal. Un episodio posterior a la emisión de esa norma reforzó la verosimilitud de esta posibilidad. Fue una visita de Ricardo Lorenzetti al Presidente en la que el juez sugirió la designación del camarista de Casación Mariano Borinsky y de la camarista federal en lo Penal Económico Karina Perilli.

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Alrededor de la jugada de Lorenzetti se han desplegado múltiples lecturas. La más previsible tiene que ver con la tenacidad de este magistrado: vuelve a aconsejar candidatos a la Corte después del estrepitoso fracaso que encarnó su último ahijado, Lijo. A propósito de Lijo, llamó también la atención que entre los recomendados no figurara el próximo procurador general, que es la función que pretende ejercer el viajero de París.

Una tercera curiosidad del movimiento de Lorenzetti es que haya puesto a circular dos apellidos con lo que, parece, sería una gran antelación. Es cierto que el recordado Esteban “Bebe” Righi solía decir que “en la Argentina, mejor que ser algo es ser candidato a algo”. Pero en una época tan dominada por la agresividad, “ser candidato a algo” suele aparejar un desgaste innecesario.

El lanzamiento de Borisnky, por ejemplo, pone en primer plano uno de sus últimos fallos como integrante de la Sala IV de la Cámara de Casación. Se trata del escandaloso sobreseimiento de los financistas que gestionaron ante del banco suizo Lombard Odier la apertura de cuentas a favor de los hijos de Lázaro Báez, por 21 millones de dólares. Esos empresarios, que trabajan en la firma Provalor, son José Jabbaz, Mariano Rubinowicz, Alex Fallas y Jorge Ruiz, y fueron sobreseídos. Apenas se los obligó a cumplir con el suave rigor de una probation. Esa fue la decisión del juez Javier Carbajo, a la que adhirió su mentor de todas las horas, Borinsky. En cambio, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia.

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Jabbaz, Rubinowicz, Fallas y Ruiz habían sido señalados por Leonardo Fariña, una vez que este acusado decidió convertirse en imputado colaborador, es decir, arrepentido. Entre otros detalles, Fariña consignó que ellos fueron los que constituyeron la off shore Teegan Inc., de Belice, a través de cuyas cuentas circuló el dinero de los Báez. O de los Kirchner, según sugirieron Jabbaz y compañía.

Los expertos en Derecho Penal apuntan varias rarezas en este pronunciamiento. La más llamativa: fueron condenados los que originaron toda la maniobra, empezando por Lázaro Báez, Leonardo Fariña, Daniel Pérez Gadín, Federico Elaskar y Fabián Rossi, y los que la culminaron, los ejecutivos del Lombard Odier, Juan Alberto De Rasis y Martín Eraso. En cambio, los que facilitaron el delito como intermediarios entre esas dos puntas quedaron absueltos. Esta excentricidad está destinada a tener repercusiones internacionales. Porque la de la “Ruta del Dinero K” fue una causa de lavado de dinero que mereció el aplauso del GAFI, por la claridad de la sanción y la recuperación de los activos de apropiación ilegal, que suman por lo menos 55 millones de dólares. Ojalá el GAFI no se entere de este nuevo tramo que, en esencia, suministra impunidad.

Los especialistas observan algunos detalles. Uno es que el Código Penal sólo admite la concesión de la probation en delitos menores, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del fiscal. El de Jabbaz y los demás financistas de Provalor es un delito mayor, como arguyó Hornos, y, además, el fiscal rechazó el beneficio. Es cierto: la Cámara anuló el pronunciamiento del fiscal, algo que ocurre en escasísimas oportunidades, con lo cual eludió esa exigencia del Código.

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Otra peculiaridad es que, cuando recibieron el caso, que elevó a juicio el juez Sebastián Casanello, los miembros del Tribunal Oral 4, Néstor Costabel, Adriana Paliotti y Gabriela López Iñiguez, resolvieron realizar un único juicio oral. Pero la defensa de los financistas, encabezada por Mariano Cúneo Libarona, logró que Jabbaz, Rubinowicz, Fallas y Ruiz tuvieran un juicio independiente. Así Borinsky y Carbajo pudieron suspender ese debate público y otorgarles la probation. El Tribunal Oral había rechazado ese pedido. También lo rechazó el Estado, a través de ARCA, que intervino como querellante.

Para muchos penalistas prestigiosos, el fallo firmado por Borinsky y Carbajo tiene una enorme trascendencia, entre otras razones, porque pone en tela de juicio los compromisos internacionales contraídos por la Argentina en materia de lucha contra el lavado de dinero. Borinsky no debe ignorarlo porque solía asistir a reuniones del GAFI como la que hoy se celebra en París.

Más allá de esta gravedad, existe todo un folclore alrededor del caso. Jabbaz no es un desconocido en la vida política. Durante la campaña de 2023, su apellido apareció asociado a aportes de campaña del sector textil protegido por el régimen especial de Tierra del Fuego. Como en el caso de Báez, Jabbaz habría sido intermediario entre esos empresarios y la campaña de Sergio Massa. Hay otros pormenores, indignos de ser tomados en consideración. Por ejemplo, que comparte club con el juez Borinsky. Minucias.

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Si es por establecer conexiones inconvenientes, así como Jabbaz fue defendido por el exministro Cúneo Libarona, tres de los hijos de Báez tuvieron la defensa del actual viceministro de Justicia, Santiago Viola. Fue en esa tarea que Viola intentó enredar a Casanello en una causa basada en testigos falsos: se lo acusaba de haberse reunido en la residencia de Olivos con Cristina Kirchner y Lázaro Báez. La intención de esa acusación fraudulenta habría sido arrebatar el expediente a Casanello para ponerlo en manos de María Servini de Cubría, íntima amiga de la mamá de Viola, Claudia Balbín. En esa maniobra intervino el fallecido fiscal Eduardo Miragaya, alter ego de Servini. Viola fue procesado pero la Cámara de Casación revocó el fallo de la Cámara Federal. Firmaron a favor de Viola los jueces Borinsky y Carbajo. Uno de los auspiciantes informales de Viola en aquel proceso era el ministro Mahiques, su superior en estos días.

Que Borinsky, candidato a la Corte, haya beneficiado a Jabbaz con un fallo muy cuestionable, podría ser motivo de un disgusto con un eventual colega suyo: Carlos Rosenkrantz. Versiones muy confiables aseguran que Jabbaz prestó alguna colaboración en la confección de cuentas apócrifas atribuidas a Rosenkrantz en el exterior. Las maledicencias de tribunales siempre señalaron a Lorenzetti detrás de esa maniobra. Es obvio que Lorenzetti repudia, indignado, esa imputación. La investigación está a cargo de su ex ahijado Lijo. Como de costumbre, el expediente está dormido.

Tal vez Milei siga sin pretender completar la Corte. Pero si cambia de opinión debería prestar atención a esta trama judicial. Los tribunales son hoy la principal oposición al Gobierno. Fue también un escándalo penal el que abortó una de las operaciones administrativas más ambiciosas del oficialismo: la extensión de la concesión de la administración de los aeropuertos a Eduardo Eurnekian, por 30 años con opción a otros diez. El acuerdo había avanzado en el ORSNA cuando era presidido por Facundo Leal, el funcionario al que descubrieron más de 2 millones de dólares, drogas pesadas y equipos de espionaje durante un allanamiento. Ese organismo de control registró el pacto en un acta que no se sabe por qué es secreta.

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Leal dependía de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Su sucesora, Noelia Ruiz, también. Ella se hace llamar “la killer de Santi”. En esa condición, el miércoles de la semana pasada Ruiz canceló el acuerdo que había llevado adelante Leal. En el acta, que no es secreta, se establece que habrá una nueva negociación. Es importante conocer la posición de la rigurosa secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal, que reporta también al “Mago” y ha sido reticente a todo este procedimiento. No hace falta aclarar: Leal estaba por extender un beneficio importantísimo a la empresa en la que había sido empleado el Presidente. Los que empujaban ese trámite soñaban con que fuera aprobado durante el campeonado de América del Norte.

Esa relación entre la Argentina y el mundial de fútbol contrasta con la que ayer ofrecieron Messi y Lionel Scaloni. Ayer ambos volvieron a mostrar su marca: eficacia, sencillez, emoción. Esa modalidad quedó cifrada en las lágrimas de Scaloni cuando abrazó a Messi, que dejaba el campo de juego después de su prodigio. Un espejo saludable y, a la vez, extrañísimo, en el que se podría mirar la dirigencia argentina. A veces vale la pena comparar porque, como decía Goethe, “el ser radica en las profundas fortalezas del estilo”.




Carlos Pagni,Conforme a

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POLITICA

El PRO redobla la presión sobre Manuel Adorni: “Vamos a acompañar la interpelación en el Senado”

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A medida que avanza la investigación judicial que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo logró este miércoles frenar la interpelación en el Senado, pero el PRO suma presiones para que el presidente Javier Milei le pida la renuncia.

Martín Goerling Lara, senador del PRO, aseguró en Solo Una Vuelta Más por TN: “Nosotros vamos a acompañar la interpelación. Hoy se decidió eso en labor parlamentaria, que el próximo jueves vamos a tratar».

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“Nosotros, el PRO, viene hablando a través de los comunicados, de las redes, pidiendo la renuncia de Adorni, pidiéndole al Gobierno que tome cartas en el asunto, que esto no da para más por todo lo que estamos pasando. El Presidente no tomó esa decisión, ni Adorni, y ahora le toca al Congreso”, agregó el senador.

Goerling Lara agregó: “Esto es inédito en la Argentina. Va a ser la primera vez que se aplica, que se dispara este mecanismo que nos dio la Constitución del ’94. Y hay que ser muy cautos y muy responsables. Lo que hagamos en el Senado va a dejar un precedente también».

“Nadie le cree a Manuel Adorni”

Para el senador, es el Ejecutivo el que los obliga a tomar esta decisión al negarse a “resolver esto rápidamente, removiendo al jefe de Gabinete, poniendo otra persona que pueda retomar la iniciativa de una persona que perdió la credibilidad. Nadie le cree a Manuel Adorni“.

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Los aliados del Gobierno presionan para que renuncie Adorni. (Foto: Agustina Ribó / TN)

Yo espero que el Ejecutivo tome la decisión antes y no nos dé la responsabilidad. Ahora, yo lo que creo es que esto no da para más, que el jefe de Gabinete tiene que dar un paso al costado. Si se da la decisión de la moción de censura, nosotros vamos a acompañar”, reiteró.

Y ahondó: “Nosotros no vamos a hacer lo que impulsemos, la remoción, pero llegado el momento, no vamos a ser los que quedemos cubriendo al jefe de Gabinete porque estaríamos contradiciendo lo que venimos diciendo públicamente”.

El PRO toma posición

Las declaraciones de Goerling Lara se suman a lo que ya adelantó el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, quien afirmó este miércoles que la presencia del funcionario le hace “un daño infinito” al Presidente y es “perjudicial para el cambio en la Argentina”.

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“Claramente Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete” señaló de Andreis -mano derecha de Macri- en diálogo con Radio Rivadavia.

Leé también: El PRO endurece su postura contra Adorni y evalúa si acompañará el pedido de interpelación

Las palabras del diputado hacen referencia a la investigación que lleva adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

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“Lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, manifestó el legislador.

Manuel Adorni, PRO, Senado

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Guiño a Sturzenegger desde el Senado: se dictaminó la ley “Hojarasca” y quedó lista para su sanción

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Las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado dictaminaron esta tarde ley “Hojarasca” que ya aprobó Diputados y que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Con la firma del despacho de mayoría -las últimas rúbricas, varias horas después del encuentro-, quedó a tiro de ser sancionada.

En mayo pasado, la iniciativa que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en la Cámara baja. Las comisiones que debatieron esta tarde son presididas por oficialistas: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

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«Hojarasca» agrupa las eliminaciones en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos.

Los libertarios y titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General de la Cámara alta, Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente (Prensa Senado)

Por otra parte, el texto que llegó al recinto de Diputados incorporó modificaciones en comparación con el primer documento que desde Balcarce 50 se mandó al Congreso. Por solicitud de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a parlamentarios, y se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.

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La iniciativa tiene un historial accidentado. Presentada por primera vez en 2024, perdió estado sin ser tratada en el recinto. El Ejecutivo la reenvió en marzo pasado. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió aprobarse en mayo.

Qué se dijo en el plenario

Desde La Libertad Avanza, la ex macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) señaló que la ley Hojarasca “cumple con una de las responsabilidades del Congreso, que es revisar periódicamente aquellas normas que ya perdieron su razón de ser”.

En tanto, el senador oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), aseguró que el proyecto “viene a dejar en claro la infinidad de leyes que ya se han vuelto obsoletas y vetustas a través del avance la tecnología y los cambios”.

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El senador oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (Infobae en Vivo)

No fue una buena tarde para la jefa libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien dio a entender un supuesto adiós a la libre circulación y de legisladores como algo que contenía el articulado, pero ello es falso: en Diputados se mantuvo ese beneficio y el dictamen de esta tarde valida esa decisión.

El que criticó la propuesta del oficialismo -en el espíritu no pareció tan en desacuerdo- fue el cristinista Martín Soria (Río Negro), quien observó: “El Congreso tiene una comisión permanente de Digesto Jurídico que actualiza las normas y, si esas normas son obsoletas, las deroga”. Lo que sí queda claro es que, entre lo que comentó y lo que se discute ahora, algo se trabó hace tiempo. En una línea similar se mostró su ex colega -y de nuevo ex kirchnerista- Carolina Moisés (Jujuy).

Voltereta con un pliego militar

Sin debate, la comisión de Acuerdos se reunió para analizar el pliego de ascenso de grado del titular de la Casa Militar y general de brigada, Sebastián Ibáñez, quien es defendido a rajatabla por el Ejecutivo. Como ningún legislador quiso hacer uso de la palabra, se pasó rápido a la firma del dictamen.

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El inconveniente fue que, como no sumó rúbricas de aliados, hasta pasadas las 16 no se había convertido en un despacho de mayoría. No le pareció lo mismo a la dirección de comunicación del Senado, que envió un comunicado con un grosero error y, a los pocos minutos, apuró una fe de erratas. Lo ocurrido no invalida que en los próximos días se salde este asunto y se obtenga el dictamen en cuestión. Si no, quedará en espera. Pasadas las 20 de este miércoles, las firmas seguían sin aparecer.

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Presentaron un amparo para frenar el decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces

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Un abogado constitucionalista presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la aplicación del decreto de Javier Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces.

Al mismo tiempo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto donde rechazaron la medida por significar un retroceso en materia de institucionalidad.

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Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.

Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.

El decreto cuestionado eliminó la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, y dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.

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El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.

Ante el argumento libertario de que la doble instancia de participación demoraba la cobertura de vacantes judiciales, las organizaciones señalaron que el plazo de menos de dos meses que preveía el mecanismo −ahora derogado por Milei− era más que razonable para decisiones de semejante trascendencia, frente a los años que habitualmente los poderes políticos se toman para cubrir vacantes judiciales.

En paralelo, el abogado Andrés Gil Domínguez presentó ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 11 del Decreto 467/2026, firmado por el Poder Ejecutivo.

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Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista

La norma deroga mecanismos de participación ciudadana previstos en los Decretos 222/2003 y 588/2003 para la designación de jueces, fiscales y defensores. Junto con la demanda, solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de la norma mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

Hasta la entrada en vigencia del Decreto 467/2026, el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema incluía una ventana de quince días en la que cualquier ciudadano, organización no gubernamental, colegio profesional, entidad académica u organismo de derechos humanos podía presentar observaciones fundadas y documentadas ante el Ministerio de Justicia sobre los candidatos en consideración. Tanto para la Corte Suprema como para juzgados de instancias inferiores.

El mecanismo destinado a los candidatos para el máximo tribunal había sido establecido en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, como respuesta a la crisis de legitimidad que atravesaba la Corte en aquel momento.

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El decreto ahora impugnado derogó los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/2003, y los artículos 5°, 6° y 7° del Decreto 588/2003.

El Gobierno justificó la decisión al sostener que la participación ciudadana se mantiene ante el Senado, que el procedimiento generaba una duplicación de instancias y que diversidad de género, especialidad y procedencia regional no están expresamente previstos en la Constitución Nacional.

La demanda de Gil Domínguez ataca ambos argumentos al sostener que las dos instancias del Ministerio de Justicia y el Senado no son “equivalentes ni intercambiables”, pues la primera es previa a la decisión del Presidente y la segunda, cuando el candidato ya fue seleccionado.

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“Suprimir la primera bajo el argumento de que subsiste la segunda equivale a afirmar que el control democrático posterior torna innecesario el control democrático previo”, sostiene el escrito.

Sobre diversidad, la demanda recuerda que entre 1863 y 2005 la Corte Suprema estuvo integrada exclusivamente por hombres, con la única excepción de Margarita Argúas entre 1970 y 1973.

En ese contexto, la exigencia de considerar la perspectiva de género no es un capricho procedimental sino una acción positiva en orden con la Constitución Nacional y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

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Gil Domínguez habló de la necesidad de mantener el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.

Según este estándar, reconocido por la Corte Suprema en numerosos precedentes, el Estado no puede retroceder en el nivel de protección de derechos ya alcanzado sin ofrecer una justificación extremadamente sólida, proporcional y sin alternativas menos lesivas.

Paralelamente a la acción judicial, las ONG recordaron un antecedente reciente: hace un año, el Gobierno propuso dos candidatos para integrar la Corte Suprema −el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla− que fueron cuestionados por la sociedad civil, por sus perfiles y por la ausencia de paridad de género en el tribunal.

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El Gobierno ignoró esas críticas e intentó designarlos por decreto, lo que motivó que el Senado rechazara las propuestas.

La medida cautelar solicitada busca que, mientras se resuelve el fondo del caso, el Poder Ejecutivo esté obligado a cumplir con los estándares del Decreto 222/2003 si avanza en la selección de nuevos integrantes para la Corte Suprema.




Hernán Cappiello,Javier Milei,Juan Bautista Mahiques,Justicia Federal,Conforme a,,Presión a Adorni. Una agrupación opositora protestó frente a su departamento: ollas populares y firmas para su salida,,Adorni fue invitado. Javier Milei convocó a todo el gabinete a compartir una foto en el Día de la Bandera, en Rosario,,Choque en el Congreso. La oposición quiere evitar que prospere la intervención de la oficina que audita el costo de las leyes,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas: un año de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y el oficialismo resguarda a Adorni,,Milei va a Rosario. Bastión para 2027, un llamado a Pullaro, las dudas sobre Villarruel y una carta contra Adorni,,US$200.000. La fiscalía pidió indagar a Espert por lavado en la causa ligada a Fred Machado

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