POLITICA
La Justicia resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner
El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió este miércoles mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al considerar que cumplió de forma adecuada las condiciones fijadas en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
La decisión, a la que tuvo acceso TN, está firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, y se apoyó en los informes trimestrales de los organismos de control y ratificó la modalidad que la exmandataria cumple desde junio de 2025.
Según la resolución, los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio evidencian una “actitud de colaboración y buena predisposición” por parte de la expresidenta.
“Se constató una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner, con trato cordial y respetuoso. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención», se lee en el fallo.
Los controles verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda.
El tribunal también constató que la CFK permaneció en su domicilio salvo en las salidas previamente autorizadas, entre ellas las comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7, para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, y los traslados para tratamientos médicos, principalmente odontológicos.
Según el documento, la expresidenta se ausentó para cumplir con sus turnos médicos en la Clínica Cecchi, por cuestiones odontológicas, y al Sanatorio Otamendi para realizarse chequeos luego de la operación su atravesó. Todas estas salidas, especificó la Justicia, fueron realizadas “sin inconvenientes y de acuerdo con las pautas establecidas”.
En cuanto al monitoreo electrónico, los informes señalaron que las únicas alertas registradas correspondieron a salidas autorizadas y que “no se haya visto interrumpido en momento alguno el control de su geolocalización”.
Además, se indicó que continúa con su tratamiento por la falta de glándula tiroides, recibió vacunas en el domicilio y mantiene la medicación diaria correspondiente.
El banderazo que generó una advertencia
La resolución también abordó el episodio del banderazo organizado por la militancia que generó una advertencia formal del juez. Giménez Uriburu reconoció que esa situación “justificó la advertencia formal impartida por el suscripto”, pero aclaró que, analizada junto con el resto de los antecedentes, “no posee entidad suficiente para alterar, por sí mismo, la conclusión a que conducen los informes producidos por los organismos de control”.
“Desde luego, la conclusión precedente no desconoce la relevancia del episodio acaecido el 14 de junio pasado ni minimiza los reparos que mereció la conducta entonces desplegada por la nombrada, circunstancias que motivaron la intimación oportunamente cursada”.
Pero este episodio, profundizó el magistrado, se trata de “una incidencia que merece ser considerada y tenida especialmente presente hacia el futuro, pero no alcanza a desvirtuar el cuadro general de cumplimiento”.
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En este marco, el Tribunal Oral Federal 2 concluyó que la expresidenta “ha cumplido adecuadamente con el deber de permanencia en el domicilio”, así como con las obligaciones vinculadas a su estado de salud, las visitas y el acceso a los espacios de la vivienda.
Por todo eso, el tribunal resolvió “mantener la modalidad de prisión domiciliaria para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta”.
cristina kirchner, Vialidad, Justicia
La Justicia falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y convalidó el traslado de su sede a Pilar. La Cámara Civil también declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la entidad liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. Con este cambio, el organismo queda fuera de la órbita de investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires.
La AFA se había presentado en la Justicia en rechazo a la designación de veedores en la entidad, a pedido de la IGJ por supuestas “graves irregularidades” en sus procesos administrativos. La institución consideró que la designación de funcionarios ajenos a su estructura es una medida “ilegítima”, tomada con una “finalidad política ajena a la ley”.
Ahora, la Cámara Nacional en lo Civil dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y determinó que los controles de la institución pasan a estar bajo la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense. Fue a partir del cambio de sede social a Pilar resuelto en Asamblea en 2024 y de la inscripción de la “Asociación del Fútbol Argentino” en jurisdicción bonaerense.
Para el tribunal “quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, en relación a la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, que depende del gobierno de Axel Kicillof.
El tribunal admitió las quejas de la AFA, declaró “la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026 y por ende tener por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – ‘Asociación del Fútbol Argentino’ del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia”.
La cámara consideró que “la IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas desatendiendo no sólo un acto administrativo válido sino, a su vez, llevando a cabo facultades revisoras y/o fiscalizadoras, sobre su par, organismo que goza de las mismas facultades de control y fiscalización dentro del ámbito de su jurisdicción en la cual no tenía competencia la Inspección General de Justicia».
AFA
Martín Ruíz, intendente de la localidad de Pueblo Brugo, en Entre Ríos, fue agredido el martes por la tarde por un concejal durante una acalorada discusión que surgió a raíz del cobro de un canon por la instalación de puestos para un festival.
Pueblo Brugo es una localidad del departamento de la capital entrerriana, sobre la costa del río Paraná. Ruiz, de afiliación peronista, llegó al gobierno local en 2019, poco después de que la población obtuviera el rango de municipio mediante el Decreto 501/19 del entonces gobernador Gustavo Bordet. La norma determinó que en la localidad viven 1600 personas, suficientes para que el lugar sea un municipio. Hasta entonces era considerado un puerto.
Así, Ruiz se convirtió en el primer intendente de la historia de Pueblo Brugo. El dirigente peronista fue reelegido en 2023 para un segundo mandato por la lista Más Entre Ríos, junto a la viceintendenta Betina Cosnard. Antes de llegar a la función pública, trabajaba como empleado de maestranza en una escuela de la localidad.
El intendente suele referirse a esta mayor autonomía como una oportunidad para revertir el estancamiento económico y demográfico del pueblo a lo largo del siglo XX, cuando llegó a tener unos 4500 habitantes. En distintas entrevistas puso el foco en el turismo, la pesca, los balnearios y la infraestructura como motores para impulsar el desarrollo local.
Su carrera política se desarrolló casi exclusivamente en el ámbito municipal, sin buscar proyección provincial. Sus apariciones en medios entrerrianos suelen estar vinculadas a inauguraciones, obras públicas o reclamos de infraestructura.
Si bien nunca había alcanzado repercusión nacional, Ruiz protagonizó otro conflicto durante su gestión. Uno de los más resonantes ocurrió en 2023, cuando denunció la contaminación del balneario municipal pocos días antes de su inauguración. En ese momento responsabilizó a una firma ganadera por el vertido de líquidos que obligó a suspender actividades previstas para la temporada, según publicó el medio Costa Paraná.
La agresión
Ruíz señaló al concejal Ariel Lemos, integrante de su propio espacio político, como responsable de la agresión y mostró que terminó con lesiones en su cabeza. “Estaba todo el grupo del Concejo Deliberante, que están de testigos de cómo fue la cosa”, dijo el jefe comunal. Tras el episodio, presentó una denuncia por daños físicos.
Según informó el medio local El Entre Ríos, la pelea surgió a partir del cobro del canon por la instalación de cierta cantidad de puestos en un festival de jineteada que se desarrollará el próximo fin de semana. La discusión se produjo en el ámbito del Concejo Deliberante.
De acuerdo con el relato de Ruíz, él se había acercado al Concejo para consultar de qué manera se implementaría el cobro del canon. La ordenanza aprobada establecía que los puesteros debían efectuar el pago antes del viernes 19 de junio. Sin embargo, sostuvo que resultaba más conveniente permitir que quienes participaran del evento abonaran el importe correspondiente el mismo día de la actividad.
A partir de ese intercambio de posiciones, y según consignó el medio local citado, Lemos atacó al intendente con golpes de puño. Los impactos alcanzaron la zona del cráneo del mandatario municipal. Tras eso, Ruiz se realizó una revisión médica para constatar las lesiones.
“Tuve una agresión por parte de un concejal, un golpe de puño, en una reunión a tratar unos temas de relevancia para el pueblo. Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, afirmó Ruíz al medio Uno de Entre Ríos al referirse a lo ocurrido durante el encuentro.
Martín Ruíz,Costa Paraná,El Entre Ríos,Uno de Entre Ríos,Entre Ríos,Paraná,Conforme a,,»Te queda bastante mal». Fuerte cruce entre Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados,,Senado. El oficialismo gana tiempo para Adorni, pero sigue la presión para removerlo,,VTV en la Ciudad. Jorge Macri y LLA buscan desregular un negocio que concentran empresarios bajo la mira judicial,Entre Ríos,,“Tuve una agresión». Un intendente fue atacado por un concejal y sufrió lesiones en la cabeza,,Tienen una hija. Muriel López Benítez, la bailarina de comparsa que acompaña a Lisandro Martínez hace más de una década,,Segundo encuentro. La pata peronista que se abre de La Cámpora y de Kicillof exhibió su apertura al campo
POLITICA
Agenda intensa en la Legislatura porteña: línea F de subtes, trapitos, vapeadores, VTV y créditos para morosos
La Legislatura porteña convocó a las 11 a una a sesión con un temario que incluye proyectos de fuerte impacto para la vida cotidiana de los vecinos, tanto en el ámbito social como en lo económico.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el Jefe de Gobierno Jorge Macri, envió dos proyectos concretos: el financiamiento de la Línea F de subterráneos y la Ley Antitrapitos.
La primera iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo porteño y aprueba la realización de operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos, la primera obra que se buscará realizar en la red subterránea en 25 años.
El proyecto contempla la posibilidad de acceder hasta 1.350 millones de dólares mediante financiamiento de organismos multilaterales, entidades financieras y la emisión de títulos de deuda. El objetivo es avanzar con una de las obras de infraestructura más relevantes para la Ciudad de Buenos Aires, orientada a mejorar la conectividad del sistema de transporte, facilitar la movilidad urbana y ampliar la red de subterráneos. La futura línea tendrá como objetivo unir los barrios de Palermo con el de Barracas, para permitir que haya una conexión con el sur de la ciudad más allá de Constitución.
La línea F se extenderá a lo largo de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones:
- Brandsen
- Constitución
- Cochabamba
- Chile
- Congreso
- Corrientes
- Santa Fe/Pizzurno
- Recoleta
- Pueyrredón/Hospital Rivadavia
- Parque Las Heras/Coronel Díaz
- Plaza Italia/Ecoparque
- Pacífico
Además, permitirá combinar con las seis líneas de subte existentes —A, B, C, D, E y H—, así como con los ferrocarriles Roca (en Plaza Constitución) y San Martín (en Palermo).
Otro proyecto del oficialismo es la Ley Antitrapitos, que plantea aumentar las sanciones para quienes realicen en el espacio público actividades no autorizadas de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios, prácticas conocidas como “trapitos” o “cuidacoches”.
Propuesto por el radicalismo y a través de la legisladora Manuela Thourte, en el temario también surge la iniciativa para la regulación del uso de vapeadores. En específico, la norma busca regular el uso, la venta y la promoción de vapeadores y productos emergentes de tabaco y nicotina, con el objetivo de limitar su acceso a menores de 18 años.
“Esto es de amplio consumo en menores, y por ahí se desconocen todas las consecuencias. Hoy se compran en cualquier comercio, incluso los descartables, con una publicidad muy accesible para ellos y que se vendan en cualquier lado”, apuntó ayer la legisladora Claudia Negri (Fuerza por Buenos Aires) desde Infobae a la Tarde.
La agenda de La Libertad Avanza
La Libertad Avanza también incluyó dos proyectos en el temario de la jornada, ambos con autoría de María del Pilar Ramírez. El primero refiere a una reforma profunda a la Ley Nº 2.265 sobre la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTO). El proyecto propone desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y ajustar los requisitos técnicos de acuerdo con los avances tecnológicos y la normativa nacional.
Entre los principales cambios, la iniciativa establece que los vehículos particulares 0 kilómetro realizarán la primera VTO a los cinco años del patentamiento, mientras que la frecuencia de las revisiones será cada dos años para unidades de hasta diez años de antigüedad y anual para las más antiguas. El control se organizará mensualmente según el último número de la patente para evitar congestiones. Además, se elimina el cupo de plantas verificadoras y cualquier taller, concesionario o importador que cumpla con los requisitos podrá ofrecer el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.
El proyecto también modifica el régimen de grabado de autopartes, haciéndolo obligatorio en seis partes de la carrocería, con la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo normas técnicas. El precio del grabado deja de estar regulado y los talleres habilitados deben constatar su cumplimiento antes de aprobar la VTO.
La reforma argumenta que un sistema cerrado y regulado eleva los costos sin garantizar mayor seguridad, por lo que el Estado mantendrá funciones de auditoría y sanción, pero sin intervenir en la operatoria comercial.
El otro proyecto del partido violeta es la denominada Ley Hojarasca, que contempla la derogación de más de 20 normas que quedaron desactualizadas, sin aplicación efectiva o resultan redundantes en la gestión administrativa. Además, dispone que las partidas presupuestarias asociadas a estas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el fin de centralizar los recursos y promover una mayor eficiencia en su utilización.
La propuesta también instruye al Poder Ejecutivo a adecuar y armonizar toda la normativa reglamentaria y administrativa que se vea afectada por las derogaciones.
La propuesta del peronismo
Por último, Fuerza por Buenos Aires propone la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad de Buenos Aires, orientado a enfrentar el problema del sobreendeudamiento en sectores vulnerables. Con autoría del diputado porteño Leandro Santoro, el plan busca restablecer la capacidad de pago de los hogares mediante líneas de crédito especiales con condiciones accesibles. Y que prioriza a quienes presentan mayor vulnerabilidad social, sin comprometer la sostenibilidad financiera del banco ni del presupuesto local.
La medida central es la implementación de una línea de crédito especial exenta de impuestos, destinada exclusivamente a cancelar deudas personales previas, con una tasa máxima del 40% nominal anual y plazos de hasta 36 meses. Podrán acceder quienes tengan deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos, con al menos dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa incluye a empleados, monotributistas hasta categoría G y jubilados, excluyendo a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores a la deuda u operaciones recientes de compra de divisas.
A su vez, el proyecto excluye deudas alimentarias, sanciones personales, obligaciones tributarias, hipotecarias y prendarias, así como las contraídas para la adquisición de vehículos o bienes registrados y aquellas posteriores a la entrada en vigencia de la ley. El proceso establece la transferencia directa de fondos a los acreedores, la apertura de una ventanilla única física y digital, y una campaña de difusión para facilitar el acceso a la herramienta.
Por último, se prevé un sistema de cupos y prioridad para hogares con menores, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos. Además, se contempla la eventual participación de otras entidades financieras públicas o privadas bajo los mismos estándares del programa.
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