La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves su adhesión al sistema nacional de Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO) que el Gobierno nacional modificó el 3 de junio a través de la Resolución 32/2026, y por la cual se modifican los plazos y se autoriza a talleres particulares o concesionarias a realizar estas inspecciones técnicas si cumplen con la reglamentación correspondiente.

Apenas 15 días después, tras su trato en comisión, el proyecto de dictamen para modificar la Ley 2.265 referida a Verificación Técnica Vehicular (VTV) en su jurisdicción llegó al recinto -como adelantó Infobae oportunamente- y fue aprobado para su puesta en vigencia.

De este modo, la ciudad de Buenos Aires modificó el régimen y desde ahora la primera VTV podrá hacerse a los cinco años del patentamiento del vehículo, en lugar de los cuatro actuales. En cuanto a los plazos siguientes, la revisión seguirá teniendo una vigencia de 24 meses (2 años) hasta que se cumplan los 10 años de antigüedad de la unidad, cuando comenzará a exigirse la inspección técnica anualmente. Hasta ahora, ese segundo período de revisiones cada dos años solo era hasta los 8 años de antigüedad de los vehículos.

Pero la gran novedad para los porteños que tengan sus automotores radicados en CABA es que las RTO dejarán de hacerse únicamente en las plantas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad y desde esta modificación también podrán realizarla talleres mecánicos, concesionarios oficiales e importadores autorizados que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.

Habilitar un taller particular o un concesionario para efectuar verificaciones técnicas requiere que los prestadores se inscriban en un Registro Único de Talleres habilitados y cumplan con las exigencias de la norma, tanto a nivel de equipamiento como de control, ya que el nuevo sistema incluye instancias de fiscalización que aseguren que cada VTV se realice bajo estándares uniformes de seguridad vial y calidad.

Además, esta desregulación abre la competencia del servicio a nivel tarifario, ya que dejará de existir un precio regulado para las VTV y cada prestador podrá determinar su propia tarifa. De este modo, las concesionarias oficiales podrán incluirla en el costo de un service oficial, por ejemplo.

Todavía no se dieron a conocer los plazos de implementación, los cuales se sabrán una vez promulgada la ley. Actualmente, hay una gran cantidad de usuarios que deberían realizar la VTV de acuerdo con el esquema de vencimientos actual por número de patente y los plazos se modificaron hacia adelante. La implementación de los talleres particulares demandará 30 días a partir del plazo de inscripción en el registro correspondiente.

“Terminamos con el monopolio de la VTV y desregulamos el sistema: extendimos a 5 años el plazo de la primera revisión y ahora va a haber libertad para hacerlo en el taller o concesionaria que se quiera. Nuestro objetivo es abrir el juego para que el servicio sea más accesible, eficiente y enfocado en facilitarles la vida a los vecinos”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“Modernizamos un sistema que necesitaba actualizarse, incorporamos más oferta y hacemos que cumplir con la VTV sea más fácil, manteniendo las garantías de seguridad vial que todos necesitamos”, afirmó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura.

• El plazo de la primera verificación pasa de 4 a 5 años.
• Las siguientes tres inspecciones se realizaban en los años 4, 6 y 8. Ahora serán al año 5, al 7 y al 9.
• La quinta VTV era en el noveno año, ahora será al cumplirse los 10 años de antigüedad del vehículo. Desde entonces será anual.
• Se abre el mercado de las plantas verificadoras y la VTV se podrá hacer en concesionarios y talleres habilitados técnicamente. No habrá límite de cantidad de establecimientos habilitados.
• La nueva VTV no tendrá precio regulado, sino que el precio lo definirán los prestadores del servicio en un esquema de libre competencia. El valor del trámite incluirá la oblea identificatoria y el certificado correspondiente.

Asimismo, se informó que se mantiene la exención del pago de la VTV a jubilados, pensionados o mayores de 65 años y a personas con discapacidad que posean un vehículo con o sin adaptaciones especiales. En caso que la persona con discapacidad sea propietaria de más de un vehículo, el beneficio de exención del pago será sólo para una unidad.

Los controles del cumplimiento de la exigencia de circular con VTV al día los continuarán haciendo los Agentes de Tránsito de la Ciudad. Quienes no tengan la VTV serán multados por un monto de 400 UF ($379.996). En la ciudad de Buenos Aires, el valor de la UF es actualmente de $949,99.

El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como la hidrovía Paraná-Paraguay, al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus. Ambas empresas celebraron la decisión oficial y conformaron Vía Navegable Argentina (VNA), la firma que estará a cargo de la operación.

El anuncio oficial confirmó que Jan De Nul, empresa de origen belga, junto con Servimagnus, conformarán la nueva sociedad Vía Navegable Argentina (VNA), que tendrá a su cargo la operación, el mantenimiento y la modernización del corredor fluvial por los próximos 25 años. Las compañías aseguraron que su propuesta se sustenta en la inversión privada, el uso de equipamiento propio y la incorporación de tecnología avanzada.

En un comunicado, Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul, expresó: “Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas. Nuestro compromiso es poner al servicio del país las mejores capacidades técnicas, humanas y tecnológicas para seguir fortaleciendo una infraestructura estratégica para las próximas décadas”.

Por su parte, Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, remarcó que la adjudicación representa el resultado de “un compromiso histórico con el desarrollo de la infraestructura logística de la Argentina”. En su declaración, enfatizó: “Presentamos una propuesta sumamente sólida, sustentada en la inversión privada, la utilización de equipamiento propio, el cuidado del ambiente, un equipo profesional altamente calificado, y una inédita transferencia tecnológica. Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”.

El proyecto, que impulsará la conformación de la Vía Navegable Argentina (VNA), tiene previsto generar empleo directo e indirecto para más de 600 familias. Las empresas destacaron la relevancia del corredor fluvial para el desarrollo económico nacional y para el fortalecimiento de la competitividad argentina en los mercados internacionales.

En el comunicado conjunto, las compañías subrayaron que los trabajos de profundización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal durante los últimos 30 años contribuyeron al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada y el aumento de los volúmenes de exportación. Afirmaron: “Durante los últimos 30 años, los trabajos de profundización y mantenimiento ejecutados en la Vía Navegable Troncal han contribuido decisivamente al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada, el aumento de los volúmenes exportados y la generación de divisas para la Argentina”.

Respecto a los próximos pasos, Jan De Nul y Servimagnus anunciaron que pondrán a disposición su experiencia y recursos para la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de la vía. En la nueva etapa, anticiparon la incorporación de tecnología de última generación, con estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental. Según el comunicado, la VNA trabajará para “impulsar una vía navegable más moderna, eficiente y sustentable, incorporando tecnología de última generación bajo los más altos estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental con el objetivo de fortalecer la competitividad del sistema logístico argentino, reducir los costos asociados al comercio exterior y contribuir al crecimiento de las exportaciones y al desarrollo económico del país”.

Las empresas insisten en que el proyecto busca no solo mantener la operatividad sino también modernizar la infraestructura, con el objetivo de garantizar una vía navegable transparente y eficiente en el largo plazo. La sociedad que administrará la concesión desarrollará una política de generación de empleo y transferencia tecnológica, priorizando el impacto positivo sobre la economía local y regional.

En sus declaraciones, los responsables del consorcio enfatizaron la importancia estratégica de la hidrovía para la economía nacional y para las cadenas productivas ligadas a la agroindustria y la exportación. Jan De Nul y Servimagnus remarcaron que su gestión se basará en la aplicación de recursos propios y en la implementación de innovaciones tecnológicas que permitan dar un salto de calidad en el funcionamiento del corredor fluvial.

El proyecto implica la creación de una nueva sociedad, Vía Navegable Argentina, que asumirá la gestión integral del sistema. La iniciativa prevé mejoras en la infraestructura, el uso de tecnologías de última generación y la aplicación de estándares internacionales en materia de seguridad y protección ambiental. Según los responsables del consorcio, el modelo de gestión elegido permitirá “brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”.

El anuncio de la adjudicación de la concesión y la conformación de la nueva sociedad recibió respaldo por parte de los actores involucrados, quienes consideran que la continuidad y modernización del corredor fluvial representa una oportunidad para consolidar el crecimiento económico y la inserción internacional de la Argentina.

Entre fines de diciembre de 2023, a poco de asumir el gobierno de Javier Milei, y el martes pasado, el índice Merval de acciones de bolsa de Buenos Aires medido en dólares CCL aumentó un 127 por ciento. Para dimensionar ese desempeño, un informe de Quantum precisa que en el mismo período el índice Bovespa, de la bolsa de San Pablo, subió 1,6% y el índice MSCI (por Morgan Stanley Capital International) para América Latina aumentó 28%, un ritmo cinco veces menor.

Además, el informe de la consultora comparó el resultado del Merval en dólares con el del S&P 500 de Estados Unidos, que en igual período aumentó 57%. El índice porteño incluso dejó atrás al subíndice tecnológico “Magnificent 7” (por las “tecnológicas” Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla), cuyo crecimiento fue del 97 por ciento.

Según Quantum, el extraordinario rally del Merval en dólares CCL se debe mayormente a dos factores: el “riesgo país” o costo de capital en la Argentina y a la composición particular del índice, que además tuvo un notable cambio de anatomía, con un fortísimo aumento de la incidencia de los sectores financiero y energético y una no menos notable pérdida de los sectores productores de bienes (“Materiales”), en tanto la incidencia de los “servicios públicos” mantuvo invariada su participación.

El riesgo país pasó de niveles de 1.900 puntos básicos a fines de 2023 a cerca de 420 en los últimos días. Pero, observa el informe, “a pesar de que la baja en el período es muy significativa, continúa siendo superior y menos estable que en otros países de la región”. Por caso, el riesgo de Brasil es de 200 puntos (menos de la mitad) y la tasa base o mojón del cálculo del costo total de endeudarse para la Argentina, que son los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años, pasó de 3,88% a 4,43% en el mismo período, neutralizando unos 55 puntos de la disminución o mejora del riesgo país.

“En términos generales, la reducción del riesgo país conlleva mejores condiciones para el acceso al financiamiento del sector privado. Ello mejora las expectativas del flujo de fondos de las empresas y su rentabilidad. A menor riesgo país o costo de capital, mejores condiciones de acceso a financiamiento y perspectivas de las compañías, proceso que impacta positivamente en la valuación del índice.

La combinación de ordenamiento macroeconómico general, y fiscal en particular, y las “muy buenas expectativas sobre el futuro de sectores específicos de la economía”, resalta el informe, contribuyeron a la baja del riesgo país y a que el Merval en dólares se acerque a los máximos históricos.

No menos espectacular que el aumento del índice son los cambios en su interior. El 49% de la actual capitalización del índice (contra 45% a fines de 2023) está representada por compañías de petróleo y gas (YPF sola explica el 32%), ahora menos expuestas a medidas gubernamentales “dada la situación y evolución internacional del sector y el marco específico que se dio en Argentina para su desarrollo”, dice el informe, en referencia a los precios internacionales y el RIGI.

Mucho más impresionante aún es el aumento de la participación de los bancos y empresas financieras, que casi se duplicó (pasó del 18 al 33%), con pesos muy destacados de Grupo Galicia (13%) y Banco Macro (9%). Se trata, justamente, del sector más expuesto a la evolución del costo de capital o riesgo país y por lo tanto el más favorecido por su reducción.

El sector de servicios públicos representa el 8,6% y el de materiales/industriales el 8,1%, contra el 26,9% de fines de 2023 con fuerte participación de Mirgor en ese momento. En definitiva, la evolución del índice refleja la pérdida relativa del conjunto de empresas productoras de bienes e integrantes del sector “Materiales” de la economía.

Las variaciones por sector muestran lógicamente la misma evolución, en la que también cuentan las perspectivas de negocios.

El sector de Petróleo & Gas aumentó 183% entre 2023 y 2026, contra un aumento del 31% del mismo sector en el S&P 500. “Mientras que en el Merval el sector representa 49% de la capitalización total de mercado, en el S&P 500 es apenas el 3% del total”, dice un pasaje del informe, lo que describe cierta anomalía.

Del mismo modo, mientras el sector financiero pesa 33% en el Merval, su incidencia en el S&P 500 es del 12 por ciento. Mientras en Wall Street las acciones financieras crecieron un de por sí notable 44%, en el mercado local volaron un impresionante 230%, lo que apuntaría a que tienen con qué afrontar el preocupante aumento de la morosidad bancaria y financiera, que en abril llego a su mayor nivel en 20 años.

Por último, mientras en el S&P 500 las “Magníficas 7” de Hi Tech representan el 38% de la capitalización, en el Merval no hay empresas que puedan considerarse “tecnológicas”.