Para definir en qué propiedad de Martín Insaurralde y Jesica Cirio se encuentra el vestidor en el que se acumulaban dólares dentro de bolsas plásticas, la Justicia realizó este lunes dos inspecciones oculares, en un departamento del barrio porteño de Palermo y en una casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de San Vicente. Las dudas sobre la ubicación del guardarropas surgieron luego de los dichos de una testigo de un allanamiento, que aseguró que el mueble que se observa en los videos que difundió hace poco más de dos semanas está en el departamento de Cirio al que ella ingresó cuando la convocaron para dar fe del procedimiento.

Desde las 8 de este lunes, personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), Gendarmería Nacional, Policía Federal, empleados del Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez federal de Quilmes Luis Armella, y el fiscal del caso, Sergio Mola, se presentaron en un departamento de Ortega y Gasset 1661, y en una casa del country Fincas de San Vicente. La primera propiedad pertenece a Cirio; la segunda, a Insaurralde, es donde compartió residencia con Cirio. El objetivo fue el de realizar una inspección ocular para identificar la locación del vestidor en el que se guardaban los dólares exhibidos por la exesposa de Insaurralde en los videos que difundió el 20 de junio.

Tras los procedimientos, el juzgado debe aguardar la confección de un informe. Los vestidores que se encuentran en el departamento y en la casa del country “son muy parecidos”, afirmó una fuente judicial al tanto de los últimos pasos del expediente.

En la vereda del departamento de Cirio (que está en el piso 18), sus abogados dijeron que el vestidor que está allí no es el que se ve en los videos y, además, pusieron en duda que ella haya grabado esas imágenes. “Visualmente hablando, no coinciden”, afirmó el abogado Claudio Caffarello al referirse al mueble que está en el departamento de Palermo comparado con el que se observa en las filmaciones.

“Se tiene que determinar si ella [por Cirio] grabó, o no, ese video. No nos consta. Habíamos hecho una denuncia, un año atrás, por maniobras extorsivas con videos”, resaltó Nicolás Urrutia, también abogado de Cirio, al hablar con la prensa.

Los abogados de la exesposa de Insaurralde criticaron el accionar del personal que realizó el procedimiento en el departamento palermitano. “Le arrancaron el marco de la puerta. Fue un allanamiento a los fines de inspección ocular”, dijo Caffarello.

Las dudas sobre el lugar en el que está el vestidor cargado de dólares surgieron luego de que una testigo que participó de un allanamiento en el departamento de Cirio, realizado al día siguiente de la difusión de los videos, declaró que el ropero que vio en ese departamento era el de las filmaciones. Hizo esa apreciación al aportar su testimonio para reconstruir el acta del allanamiento, la que debió volver a confeccionarse por un error material que se había cometido en la primera versión. Hasta ese momento, se consideraba que el vestidor estaba en la casa de San Vicente.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Insaurralde y Cirio comenzó en 2023, con otro juez (Ernesto Kreplak) a cargo. En marzo de 2026, ya con Armella al frente, se dispuso un peritaje sobre los bienes de Insaurralde, Cirio, familiares de ambos, y Sofía Clerici (la modelo que acompañaba al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof en el yate Bandido, en septiembre de 2023), que culminaría el 17 de julio.

Mañana, se prevé que se abra el celular de Cirio, en el que la Justicia buscará los videos del vestidor con los dólares. El abogado Caffarello entregó ese dispositivo el 23 de junio, a pedido del juzgado. El miércoles, en tanto, prestarán declaración testimonial dos empleadas domésticas de la modelo y conductora televisiva, que se casó con Insaurralde en 2014 y se separó en 2023.

El Gobierno porteño lanzó una licitación para instalar locales gastronómicos en 16 parques y plazas de la Ciudad. Mediante la reglamentación de la Ley 4950 —aprobada en 2014 por la Legislatura— la administración de Jorge Macri allanó el camino para que las empresas que ganen el concurso instalen locales para la venta de alimentos y bebidas. La medida divide a los vecinos: mientras algunos celebran la comodidad de la propuesta, otros expresan malestar, preocupación y advierten sobre el impacto ambiental negativo.

La resolución, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico, alcanzó a 16 espacios verdes, incluidos algunos en las zonas más exclusivas de la Ciudad. El llamado a concurso, que cerró el 24 de junio, convocó a la “construcción, instalación, mantenimiento, ejecución y puesta en funcionamiento” de los establecimientos en parques y plazas.

Según pudo saber , los espacios verdes que entraron en la propuesta son Parque La Isla, en La Paternal; Parque Los Andes, en Chacarita; Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Plaza Sicilia, Parque Deportivo del ex Velódromo, Parque Ernesto Jaimovich, Parque de las Américas y Plaza Florencio Sánchez, todos en el barrio porteño de Palermo.

También se sumaron el Parque Chacabuco; el Parque Indoamericano, en Villa Soldati; Plaza España, en Barracas; Parque de los Patricios, en el barrio homónimo; Parque Micaela Bastidas y Parque Mujeres Argentinas, en Puerto Madero; y el Parque Thays, en Recoleta.

Los permisos tendrán una vigencia de cinco años y el canon mensual, fijado con valores de referencia del Banco Ciudad, comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión. En las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad, el valor más alto alcanza los 2.640.000 de pesos por mes.

Los cánones varían según la ubicación de cada espacio verde. El Parque Indoamericano —en el sur de la Ciudad— posee un canon mensual de $590.000, apenas por debajo del Parque España, con 860.000 pesos.

En tanto, en el Parque Ernesto Jaimovich —que rodea el Lago de Regatas— y en la Plaza Sicilia, el importe asciende de forma significativa: cada uno presenta un costo mensual de $2.380.000. Lo mismo ocurre con las ubicaciones más caras del listado, los parques Micaela Bastidas y Mujeres Argentinas. En el primero, el canon establecido es de 2.510.000 de pesos, mientras que en el espacio aledaño al Puente de la Mujer el valor es de $2.640.000.

El plazo de obra estimado, explicaron fuentes de Desarrollo Económico a este medio, es de seis meses y se prevé una inversión privada de US$4,6 millones que “no generará costos ni para el Gobierno de la Ciudad ni para los porteños”, dijeron.

El actual ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, ocupaba el mismo rol cuando se sancionó la legislación en 2014. Consultadas por LA NACION sobre por qué la norma comenzó a implementarse ahora, más de diez años después de su sanción, fuentes del Gobierno porteño respondieron sin grandes precisiones: “Hay decisión política: por un lado, de cumplir la ley y, por el otro, de incentivar la inversión privada para generar más empleo. La clave es más inversión privada y menos gasto del Estado”, contestaron.

Opiniones vecinales

Varias organizaciones vecinales de los barrios involucrados en la iniciativa porteña mostraron su descontento con la instalación de locales en los parques. El colectivo autoconvocado Amparo Ambiental Chacarita explicó a que se oponen al llamado a licitación y señalaron la importancia de las plazas como “islas naturales de refugio climático, visual y sonoro”.

“Parte de su encanto radica en no necesitar consumir para estar allí. A veces se camina, otras se practica gimnasia, otras un deporte», resaltaron.

En particular, sobre el Parque Los Andes —delimitado por las avenidas Dorrego, Federico Lacroze, Guzmán y Corrientes—, evocaron la declaración de “Sitio de Interés de los Pueblos Originarios” que le otorgó la Legislatura Porteña en 2007. El reconocimiento se debe a que el parque alberga el Monumento “Los Andes”, una escultura de bronce creada por el artista argentino Luis Perlotti que rinde homenaje a los nativos que habitaron la cordillera andina.

Por otro lado, resaltaron la ubicación céntrica que tiene el parque, lo que hace que se encuentre a pocos metros de distintos locales gastronómicos y vuelve innecesaria la instalación de nuevas tiendas. “Vemos las consecuencias nefastas de un proceso de gentrificación sin planificación urbano-ambiental”, criticaron desde Amparo Ambiental. Para finalizar, apuntaron contra la urbanización de superficies naturales que actúan como pulmones y reguladores térmicos en la Ciudad. “Se incrementa la generación de basura y el tránsito de personas, lo que altera el entorno natural y exige un mantenimiento intensivo”, consideraron.

En tanto, la Asociación Amigos del Lago de Palermo coincidió con las críticas y se sumó con la presentación de una medida judicial. Según pudo saber , presentarán una medida cautelar ante la Justicia para que se inhiba la ejecución de la licitación pública. Al mismo tiempo, se presentarán en la Legislatura porteña con un proyecto que buscará derogar la Ley 4950 para evitar medidas futuras.

Si bien desde las organizaciones se mostraron en contra de la medida, las opiniones de algunos vecinos difieren de las críticas. Según un relevamiento de realizado en las plazas interconectadas del Parque 3 de Febrero, la instalación de puestos gastronómicos podría representar una solución para algunas de las personas que frecuentan las 370 hectáreas que completan el parque.

“Si está bien hecho, me parece una buena idea. Muchas veces vengo a caminar o a leer y estaría bueno poder comprar un café sin tener que salir”, dijo María Laura, diseñadora gráfica de 35 años. A su lado estaba su compañera habitual de caminata, Clara, quien también se mostró a favor de la iniciativa: “No me molesta que haya locales, pero sí depende de dónde los pongan. Si mantienen el parque limpio, podría funcionar”.

Fernando sale a correr todos los días, no importa si llueve o hace frío. “Vengo siete veces por semana acá y, muchas veces, termino yendo a comprar algo a varias cuadras. Si hubiera un lugar para tomar café o comprar agua, lo usaría”, opinó y diferenció: “Mientras no llenen todo de locales, no veo el problema”.

Las condiciones

La normativa permite instalar un local gastronómico cada 50.000 metros cuadrados de espacio verde, siempre que no se altere el uso público del lugar. Cada espacio designado podrá tener hasta cinco locales gastronómicos (o “núcleos de servicio”, como los definen desde el gobierno porteño), que tengan una separación mínima de doscientos metros entre sí.

La habilitación permite, a su vez, el expendio de alimentos y bebidas, así como de frutas y verduras, sándwiches calientes e infusiones.

Para obtener el permiso, los establecimientos deberán contar con una serie de servicios complementarios que fueron definidos en la ley original. Entre ellos se incluyeron sanitarios de uso público y gratuito; una estación de vida saludable, con —como mínimo— una zona de descanso e hidratación gratuita; estacionamiento de bicicletas; conexión a internet gratuita; y una biblioteca.

A su vez, las instalaciones estarán obligadas a incorporar criterios de arquitectura sustentable, separación de residuos en origen, reciclado y conservación de las especies, flora y mantenimiento del área.