POLITICA
El ascenso de la candidata a jueza que podría quedarse con una de las causas que más preocupa en la AFA
Una candidata a jueza que resultó favorecida por la instancia de las entrevistas personales en el proceso de selección de magistrados podría terminar al frente del juzgado donde tramita la causa sobre una lujosa quinta de Pilar atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Se trata de María Pérez-Cárrega, quien trabaja como secretaria letrada del juez Alberto Lugones en el propio Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona a los jueces y los remueve.
Como resultado de la entrevista personal -una instancia muy cuestionada por su incidencia sobre el resto del proceso-, Pérez Cárrega consiguió dejar el 12° lugar para pasar a integrar la terna final de la que surgirá el nombre del próximo titular del Juzgado N°10 en lo Penal Económico, donde tramita el caso AFA.
El salto de la candidata quedó bajo el reflector con el último de los movimientos del Gobierno para cubrir las vacantes en la Justicia. El 25 de junio pasado, el Poder Ejecutivo formalizó la designación de Ignacio Labadens como juez de menores mediante un decreto firmado por Javier Milei y refrendado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Como Labadens participaba tanto de ese concurso como del destinado a cubrir el Juzgado Penal Económico Nº 10, su designación habilitó el reemplazo dentro de esta última terna. Su lugar fue ocupado entonces por Pérez-Cárrega, que integraba en soledad la lista complementaria del concurso, una suerte de nómina de auxilio que se activa cuando alguno de los restantes candidatos es designado o se baja del concurso.
Es decir, que gracias a la entrevista, Pérez-Cárrega se convirtió en la primera y única opción ante cualquier eventualidad en el concurso. se puso en contacto con la candidata, pero hasta el momento prefirió no hacer comentarios.
El ascenso
Por reglamento interno del Consejo, para los procesos destinados a cubrir una sola vacante judicial deben realizarse entrevistas al menos a los primeros 6 candidatos. Ese ordenamiento preliminar se realiza sobre la base de antecedentes y un examen escrito.
Los 150 puntos que obtuvo Pérez-Cárrega la colocaron en el puesto 12, lejos de la entrevista y aún más lejos de la terna.
Sin embargo, para este concurso en particular, el Consejo decidió ampliar las entrevistas “hasta la postulante María Pérez-Cárrega, inclusive”, tal como consta en una resolución. Luego vino una segunda ampliación que extendió a 19 el número de candidatos entrevistados.
Esos encuentros personales entre postulantes y algunos de los consejeros se desarrollaron entre el 12 y el 13 de septiembre de 2022.
Casi cuatro años después, en mayo último, el Consejo señaló que todos los postulantes habían demostrado tener “idoneidad y la motivación necesaria para desempeñarse en el cargo”, pero que, sin embargo, ”existían circunstancias objetivas para realizar modificaciones en el orden de mérito definitivo”.
“Corresponde poner de relieve que la postulante María Pérez-Cárrega demostró un perfil integral y actualizado, evidenciando un compromiso con la capacitación continua en perspectiva de género y ética pública”, comenzaba el tramo del dictamen con el que los consejeros justificaron la promoción de Pérez-Cárrega.
Entre otras virtudes, destacan que la candidata articuló sus respuestas con estándares internacionales, que propuso soluciones dogmáticas avanzadas y que demostró capacidad para integrar el derecho penal con los derechos humanos.
La entrevista a Pérez-Cárrega duró 4 minutos. Fue la más corta de las 19 que se celebraron para el cargo, que tuvieron una duración promedio de 10 minutos.
Aquel corto intercambio le valió a Peréz-Carrega el ascenso que la convirtió en la única integrante de la lista complementaria, que, con el nombramiento de Labadens, la llevó a la terna final.
El perfil
La postulante a jueza del Juzgado 10 fue candidata de la Lista Celeste, una corriente judicial históricamente afín al kirchnerismo.
Fue auxiliar, oficial y luego secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, donde Lugones se desempeña como camarista y a la que ingresó hace más de tres décadas. Desde 2018 se desempeña como secretaria letrada del Consejo, en la vocalía de Lugones, quien no intervino en el proceso de selección de su secretaria.
Lugones, su jefe en el Consejo, es camarista de San Martín desde 2014. Es cercano al kirchnerismo, aunque en el último tiempo, en algunas votaciones del Consejo se lo vio cerca de Santiago Viola, el representante del Poder Ejecutivo en ese órgano.
Lugones tuvo una injerencia decisiva en el devenir del expediente AFA cuando envió el caso desde Retiro a la Justicia federal de Campana. Fue en respuesta a un reclamo de los propios investigados, el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte, que figuran como los dueños formales de la quinta investigada en Pilar.
El expediente permaneció en Campana hasta que la Casación resolvió a mediados de mayo anular el pase y dejar que sea la Cámara Federal del fuero Penal Económico quien decida sobre el destino del caso, que pasó luego al juzgado 10 que hoy subroga Verónica Straccia.
Con la inclusión de Pérez-Cárrega, la terna para ocupar esa vacante quedó conformada por ella; por Juliana Márquez, que es secretaria en una fiscalía de Comodoro Py y quedó segunda en el concurso, y por Matías Alejandro Latino, que quedó en tercer lugar y es secretario del juez que tuvo la causa en Campana, Adrián González Charvay.
El Poder Ejecutivo puede optar por cualquiera de los nombres de una terna, más allá del orden con el que los postulantes llegan a ella.
Las entrevistas personales
Por la incidencia final que tienen sobre el trámite de selección, las entrevistas personales son un blanco de crítica permanente para un sector importante de la Justicia.
Desde la propia Corte Suprema se impulsó un proyecto que introduce modificaciones en todo el proceso, pero que recalibra especialmente el peso de las entrevistas, una instancia que, en palabras del cortesano Carlos Rosenkrantz, se utiliza para “reescribir el orden de mérito” de los candidatos.
El proyecto lleva su firma y la de su colega Ricardo Lorenzetti. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, no firmó aquella acordada, al esgrimir que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó, no obstante, de la ceremonia realizada en abril en el Palacio de Tribunales donde la iniciativa fue presentada.
Existía una expectativa para que el proyecto tuviera un tratamiento especial que le permitiera sortear los tiempos habituales. Pero la iniciativa todavía navega las aguas del Consejo y debate su suerte entre las comisiones de Reglamentación y Selección.
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POLITICA
La ola de migración interna que anticipa el Gobierno y el plan de una provincia que podría duplicar su población
En febrero, en pleno conflicto por el cierre de Fate, un miembro del Gobierno que visita con frecuencia la Quinta de Olivos opinaba ante Infobae sobre las consecuencias del régimen macroeconómico que impulsa la administración de Javier Milei; en particular en lo relativo al empleo en los grandes conurbanos. “Todo forma parte de la transición de una economía soviética como la que nos dejaron. En ese proceso, se eliminarán trabajos improductivos, pero se crearán otros”, afirmaba.
En el Gobierno no ocultan que las reglas del juego que han impuesto en la economía en los últimos años fueron tendientes a favorecer a ciertos rubros como los hidrocarburos, la minería, la agroindustria y la intermediación financiera, en detrimento de los polos industriales en los conurbanos del AMBA, Córdoba y Santa Fe. El mes pasado, la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual y 2,7% interanual principalmente por la tracción de los sectores primarios; mientras que la actividad industrial tuvo desempeños negativos.
La dinámica económica del Gobierno fue abordada en un extenso artículo publicado este jueves en el Financial Times. Al ser consultado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pronosticó que de perpetuarse ciertas condiciones macroeconómicas, podrían producirse importantes oleadas migratorias internas para las próximas décadas.
En concreto, afirmó que cuatro millones de personas podrían abandonar el Gran Buenos Aires en las próximas tres décadas para radicarse mayormente en la Patagonia y en el Noroeste Argentino. La hipótesis del funcionario divide ese desplazamiento en dos corrientes: una hacia los distritos petroleros y gasíferos de la Patagonia, y otra hacia las provincias del norte donde se concentran los nuevos proyectos de cobre, litio y plata.
De dónde vienen esos números
En el entorno de Sturzenegger explicaron que la estimación se desprende de una tesis hecha por alumnos de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés (UdeSA) titulada In the long run we are all in the Pampas: Un modelo de transición demográfica para Argentina.
A modo de síntesis, el texto plantea que si se consolidan la apertura económica, la desregulación y grandes inversiones en sectores exportadores como los mencionados anteriormente, Argentina podría experimentar una reversión parcial de la histórica concentración poblacional en el AMBA. El flujo migratorio partiría de las grandes áreas urbanas, en especial del Gran Buenos Aires, hacia provincias del interior con recursos naturales y nuevos proyectos productivos.
El modelo proyecta una reducción aproximada de 4,18 millones de habitantes del AMBA, o 23,9% de su población inicial, en ese contexto hipotético. No significa necesariamente que Buenos Aires quede despoblada, sino que perdería parte de su peso relativo dentro de la distribución territorial de la población argentina. En contraposición, marcan que hay provincias con posibilidades de duplicar su población, como Catamarca (237%) o Neuquén (180%).
¿El Gobierno está utilizando estimaciones o proyecciones como estas para realizar políticas públicas para favorecer esa eventual migración interna? Infobae consultó en diferentes despachos y en todos ellos la respuesta siempre fue negativa. “Es un proceso que eventualmente hará el mercado y que contará con la ejecución de las propias provincias, nosotros no tenemos nada que hacer”, afirmaron desde la Casa Rosada. En tanto, desde el Ministerio de Desregulación afirmaron que las estimaciones son utilizadas por Sturzenegger para sus discursos, pero que no es un insumo que se esté utilizando para definir algún tipo de medida o programa.
Diferente parece ser el caso de las administraciones subnacionales. Algunas advirtieron efectos concretos en los últimos años. Uno de los casos es la provincia de Neuquén. “Hoy están viniendo cerca de 30.000 y 35.000 personas al año”, destaca a Infobae el ministro provincial de Planificación, Innovación y Modernización, Ruben Etcheverry.
Los números que se evidencian en la provincia patagónica no son equiparables a la dinámica negativa de empleo que se está produciendo, por caso, en el Conurbano bonaerense. Tampoco estaría en condiciones de poder absorber los puestos de trabajo que se han perdido en el sector de los trabajadores registrados a nivel nacional. Los últimos números mensuales que elaboró la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) marcan que en mayo hubo 2.371 empresas menos que en abril y 70.217 menos trabajadores en el mes a nivel nacional.
Al margen de esta importante salvedad, desde la administración provincial que comanda Rolando Figueroa admiten que en los últimos años se ha ido incrementando notoriamente la llegada de personas que aplicó a empleos en el distrito o que pretende hacerlo.
Un informe gubernamental interno al que accedió Infobae analiza este caso: “El proceso puede verse acelerado por las crecientes asimetrías territoriales y por el deterioro de las condiciones sociales, laborales y productivas en otras regiones, particularmente en grandes aglomerados urbanos como el conurbano bonaerense, donde la pérdida de empleo formal, el cierre de establecimientos, la retracción industrial y el debilitamiento del comercio y los servicios reducen las oportunidades de inserción y pueden actuar como factores de expulsión”.
Etcheverry cuenta que están confeccionados diferentes programas a modo de poder anticipar los flujos migratorios hacia Neuquén, principalmente a través de la Secretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE).
En esas oficinas realizaron una hipótesis de migración impactada por el efecto atractor de Vaca Muerta que muestra diferentes escenarios de crecimiento poblacional desde los más de 710.000 habitantes que fueron registrados en el Censo 2022:
- Bajo un escenario de proyección moderada, la población alcanzaría 1.179.762 habitantes en 2050.
- Por el contrario, en un escenario que incluye además el componente migratorio proveniente del Conurbano Bonaerense, la población alcanzaría el millón de habitantes hacia 2030 y los dos millones hacia 2050.
Sobre estas posibles dinámicas ya se están empezando a pensar potenciales zonas de presión demográfica donde se necesitará generar infraestructura de manera preventiva. Un caso de desborde puede verse en Añelo, uno de los pueblos en donde más se ha visto el cambio de los últimos años respecto de Vaca Muerta. Tres meses atrás, el intendente Fernando Banderet pidió que no vayan más familias a instalarse al lugar por saturación en las escuelas y el sistema de salud.
En esa línea, la provincia está evaluando la posibilidad de poder crear un Fondo Federal de Infraestructura y Sustentabilidad Territorial de Vaca Muerta, convenios plurianuales Nación–Provincia, cupos específicos en fondos nacionales existentes y mecanismos de retorno territorial de la recaudación nacional incremental generada por la actividad energética. También crearán un Observatorio de la Dinámica Poblacional y Migratoria.
“De acá a 20 años pueden pasar muchas cosas. Esto es muy dinámico. Puede pasar algo con Vaca Muerta o vuelve un gobierno progresista que hace que la gente del Conurbano no se vaya. Es difícil hablar de proyecciones descabelladas. Se utilizan escenarios y sobre estos tenemos hipótesis que adoptamos y que suponemos qué puede pasar”, afirman en la Provincia.
Migración
POLITICA
El Gobierno sufre reveses en el Congreso y las fisuras con sus aliados complican la agenda de Malvinas y el Presupuesto
Las alianzas de La Libertad Avanza muestran fisuras en una semana clave en la que el oficialismo planea enviar al Congreso los proyectos para reforzar el reclamo soberano de Malvinas y el Presupuesto 2027.
En menos de 24 horas, el Gobierno de Javier Milei enfrentó dos derrotas parlamentarias que expusieron el debilitamiento de sus alianzas legislativas, justo cuando la Casa Rosada intentaba concentrar la agenda pública en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
En Diputados, la oposición recuperó el control de la agenda para avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad y el alivio a familias endeudadas, mientras que en el Senado la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debió dar de baja una sesión prevista para tratar un proyecto de biocombustibles de su propia autoría por falta de votos. La disputa entre las provincias hizo imposible que se pueda avanzar.
Un quórum de aliados
La Casa Rosada intentó hasta último momento frenar la sesión en la que se fijó fecha para dictaminar la prórroga de la emergencia en discapacidad —que Milei vetó, quiso derogar y judicializó— y los proyectos de alivio para deudores morosos.
Sin embargo, diputados que responden a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) bajaron al recinto y garantizaron un quórum de 135 legisladores, muy por encima de los 129 necesarios.
Los bloques libertarios evitaron mostrarse como obstructores pese al posicionamiento público del Presidente sobre ambos temas.
Acompañaron las mociones opositoras para poner un plazo a los dictámenes, entre ellas la impulsada por el diputado Juan Marino, de extracción peronista, por la Emergencia en Discapacidad. No solo eso: luego de votar en contra de la Emergencia el año pasado y de que el Presidente la vetara, cerrara la ANDIS e intentara sacarla del Presupuesto 2026, ahora aseguran que están preparando un nuevo proyecto con la finalidad de no extender la emergencia.
En este punto, diputados de LLA se reunieron con Legal y Técnica y el Ministerio de Economía con el fin de hacer una nueva ley “que dé garantías de cumplimiento de pago y compensaciones pero sin emergencia”. El punto que no resuelve es la forma en la que se paga la deuda.
En lo que tiene que ver con morosidad, la situación fue similar. Sabiendo que perdía, el bloque de La Libertad Avanza dio un giro de 180 grados y terminó respaldando el debate de un proyecto que el propio Milei calificó como “un asunto entre privados”, en referencia al endeudamiento de las familias.
En este caso también están trabajando en un proyecto propio pero que no resuelve el estado de situación de los más de 6 millones de personas con deudas, sino que plantea la obligatoriedad de brindar más información de parte de las entidades financieras tradicionales y no tradicionales. Es decir, el que tiene el problema lo seguirá teniendo y el Gobierno no va a hacer nada por regular las tasas, solo pedirá “que se informen bien”.
Sin embargo, esa vuelta en el aire que hicieron los libertarios que pasaron de negar cualquier tipo de crisis y de acción del gobierno a votar junto al kirchnerismo podría tener un costo.
Legisladores de la Unión Cívica Radical, que conduce Pamela Verasay, y del PRO sostuvieron el argumento de no dar quórum en sesiones convocadas por el kirchnerismo, y se mostraron molestos con el accionar libertario.
Un Senado complejo
En paralelo, el Senado vivió su propio traspié. Bullrich dio de baja de manera intempestiva la sesión prevista para este jueves, en la que buscaba media sanción para la ley de biocombustibles, una iniciativa de su autoría que incorporaba propuestas de legisladores de Córdoba, Jujuy, Salta y Tucumán. El proyecto no contaba con el aval de los radicales ni con el acompañamiento garantizado de los senadores misioneros ni los santafesinos, a lo que se sumaron objeciones de libertarios.
El punto de conflicto fue la negativa de la Secretaría de Energía a incluir una salvaguarda para pequeñas y medianas empresas que no están integradas en una cadena productiva y no dependen del cupo de biocombustibles para subsistir.
La caída de la sesión expuso las mismas tensiones que ya frenaron otras iniciativas en la Cámara alta, como la Zona Fría, el Súper RIGI, los cambios a la ley de Salud Mental, la reforma política y la denominada ley Hojarasca.
Pese a las derrotas, el oficialismo consiguió dos avances en el Senado: los plenarios de comisiones dejaron dictaminados los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, esta última considerada la principal apuesta de Milei para reducir la inflación. Bullrich apunta a llevar ambas iniciativas al recinto la semana próxima.
Sin embargo, en las últimas horas creció la controversia respecto del destino de 13 toneladas de oro que salieron del Banco Central. El presidente del BCRA asegura que están en un banco en Suiza y que los balances 2023, 2024 y 2025 y los movimientos fueron auditados por la Auditoría General de la Nación.
Sin embargo, el peronismo asegura tener información que señala que el oro está en el Banco de Inglaterra y no en Suiza. Además, la AGN emitió un comunicado señalando que lo que dijo Bausili no es cierto y que la auditoría 2025 no fue realizada.
El escenario contrasta con la etapa que siguió al triunfo libertario en las elecciones de medio término de octubre pasado, cuando el oficialismo logró sancionar la reforma laboral y modificaciones a la ley de Glaciares con relativa fluidez. La primera señal de cambio se dio con la ley de Propiedad Privada impulsada por Sturzenegger, en la que La Libertad Avanza debió resignar capítulos sustanciales, entre ellos las modificaciones a la ley de Tierras.
Malvinas y el Presupuesto 2027
La disputa parlamentaria se produjo apenas días después de que Milei apostara por la causa Malvinas para reposicionar la agenda pública, con el anuncio de un endurecimiento de sanciones a empresas por explotación petrolera en la Plataforma Continental Argentina. El Gobierno creó además un sistema de coordinación de política exterior bajo la órbita de la Cancillería, e incorporó a los funcionarios Pablo Quirno y Carlos Presti a la mesa política para avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El Congreso recibirá la semana próxima dos iniciativas que funcionarán como termómetro de la solidez de las alianzas oficialistas: el paquete de leyes vinculado a Malvinas y el Presupuesto 2027, cuyo texto el oficialismo aspira a presentar el 15 de septiembre.
POLITICA
El Gobierno celebró las declaraciones de Trump sobre Malvinas y analiza una posible mediación de EE.UU. en la disputa con el Reino Unido
El Gobierno celebró las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas y evalúa la posibilidad de avanzar con alguna modalidad de participación de Estados Unidos en la disputa con el Reino Unido.
En la Casa Rosada consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano fortalece la estrategia que Javier Milei puso en marcha durante las últimas semanas. “Es importante”, aseguran en Nación sobre el ofrecimiento.
Ante la posibilidad de aceptar formalmente una mediación estadounidense, sin embargo, en el Ejecutivo aclaran que todavía no hay una definición sobre el mecanismo que podría utilizarse ni sobre los pasos diplomáticos que seguiría la Argentina.
Trump volvió a referirse a las Malvinas este sábado durante una visita a Irlanda. El presidente estadounidense sostuvo que Argentina y el Reino Unido atraviesan una disputa que podría convertirse en un “desastre potencial” y afirmó que, si termina involucrado, cree que estaría en condiciones de ayudar a resolverla.
La lectura política de la Casa Rosada es favorable. “Todo lo que sea tema Malvinas nos sirve”, resumen en el Gobierno. En Nación consideran que las declaraciones ayudaron a mantener el reclamo en la agenda internacional y remarcan que la intención de Milei es profundizar la ofensiva diplomática, económica y legislativa iniciada a comienzos de septiembre.
En el Ejecutivo sostienen además que los sucesivos pronunciamientos de Trump no son hechos aislados. Aseguran que la Argentina mantiene desde hace meses conversaciones con funcionarios y referentes de la administración estadounidense sobre Malvinas y que las señales públicas del presidente republicano son leídas como consecuencia de ese trabajo previo.
“Lo que viene sucediendo no es casualidad”, expresan en ámbitos oficiales. La Casa Rosada ubica esos contactos dentro del alineamiento estratégico con Washington y destaca que Estados Unidos es actualmente uno de sus principales aliados en materia diplomática, económica, tecnológica, militar y de seguridad.
La diferencia con las declaraciones anteriores es que Trump avanzó ahora sobre su eventual participación directa en una salida diplomática. Hasta el momento, Washington había dado señales políticas favorables a revisar aspectos de su posición histórica, pero no se había instalado con tanta claridad la posibilidad de que el mandatario norteamericano interviniera personalmente.
Leé también: El Gobierno ajusta los detalles del proyecto sobre Malvinas y podría ampliar las sanciones a todas las actividades productivas
La Casa Rosada evita por eso anticipar si pedirá formalmente una mediación. La posición argentina sigue siendo que Buenos Aires y Londres deben retomar negociaciones por la soberanía, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, y cualquier participación estadounidense deberá ser analizada en función de ese objetivo.
El tema tendrá una instancia política relevante durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Milei y Trump tienen previsto volver a encontrarse en ese marco, donde Malvinas quedará atravesada por una agenda bilateral más amplia entre ambos gobiernos.
Para el Ejecutivo, ese contacto permitirá medir hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington. La Casa Rosada quiere saber si el ofrecimiento de Trump puede traducirse en una acción diplomática concreta o si permanecerá, por ahora, como una señal política destinada a alentar el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido.
La estrategia argentina excede de todos modos una eventual mediación. Milei decidió llevar nuevamente el reclamo a la Asamblea General de la ONU, suspendió el viaje que evaluaba realizar a Londres y puso en marcha un paquete de medidas para elevar el costo de las actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización nacional.
El Gobierno enviará además al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones vigentes y ampliar su alcance. La Casa Rosada estudia extenderlas más allá de los hidrocarburos hacia pesca, minería, ganadería, agricultura, turismo y otras actividades productivas vinculadas con las islas.
Leé también: Malvinas: el canciller Quirno y el ministro de Defensa se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego
En paralelo, el Ejecutivo reforzó su despliegue en Tierra del Fuego. La estrategia contempla acelerar la Base Naval Integrada de Ushuaia, desarrollar un sistema permanente de vigilancia del Atlántico Sur con radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales y fortalecer las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.
El vínculo con Estados Unidos atraviesa varios de esos capítulos. El Gobierno busca profundizar la cooperación con Washington en Defensa, infraestructura estratégica, tecnología y seguridad, mientras avanza además con requisitos para proveedores de infraestructura crítica y otras herramientas que acercan la política argentina a las prioridades de la administración Trump.
La definición pendiente es si ese alineamiento dará ahora un paso adicional en la cuestión Malvinas. La Casa Rosada considera que el ofrecimiento de Trump es una señal favorable y analiza sus alcances, pero todavía no resolvió aceptar formalmente una mediación. El próximo encuentro entre Milei y el presidente estadounidense en Naciones Unidas aparece como una de las primeras oportunidades para avanzar sobre esa posibilidad.
Gobierno, Donald Trump, Islas Malvinas
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