Contratar una niñera o una cuidadora de adultos mayores se volvió uno de los gastos más importantes para muchas familias argentinas. Aunque existe una escala salarial oficial para el personal de casas particulares, la realidad muestra que los valores efectivamente abonados suelen ubicarse bastante por encima de esos mínimos.

Según la escala vigente para junio de 2026, las trabajadoras encuadradas en la categoría «Asistencia y cuidado de personas» deben cobrar un mínimo de $3.862 por hora con retiro y $4.295 por hora sin retiro. En caso de jornada mensualizada, los salarios mínimos ascienden a $488.326 y $541.255 respectivamente.

Sin embargo, esos montos funcionan únicamente como piso legal. En el mercado privado, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, las familias pagan cifras considerablemente superiores para conseguir personal con experiencia, referencias y disponibilidad horaria.

Cuánto cobra realmente una niñera

Diversos relevamientos de mercado y testimonios de empleadores y trabajadoras muestran que las tarifas reales se ubican actualmente entre $6.000 y $10.000 por hora para el cuidado de niños. En foros especializados y comunidades laborales, los valores más frecuentes para una niñera con experiencia oscilan entre $7.000 y $8.000 por hora, mientras que quienes cuidan bebés, trabajan horarios nocturnos o realizan tareas adicionales pueden superar los $10.000 por hora.

La diferencia respecto de la escala oficial responde a varios factores. Por un lado, muchas familias buscan personal con capacitación en primera infancia, conocimientos de primeros auxilios o experiencia comprobable. Por otro, la oferta de trabajadoras calificadas sigue siendo limitada frente a una demanda creciente.

Incluso plataformas especializadas en contratación de niñeras muestran valores promedio superiores a los mínimos legales. Según datos relevados por Babysits y difundidos recientemente, la tarifa promedio en Argentina ronda los $4.150 por hora, aunque en Buenos Aires asciende a casi $4.731 y en algunas provincias supera los $5.000.

Cuidadoras de adultos mayores: un mercado cada vez más demandado

El envejecimiento de la población y las dificultades económicas para afrontar residencias geriátricas impulsaron la demanda de cuidadoras domiciliarias. Las escalas oficiales son las mismas que para las niñeras, ya que ambas actividades están incluidas dentro de la categoría «Asistencia y cuidado de personas». Sin embargo, los valores de mercado suelen ser superiores cuando el trabajo implica administrar medicación, asistir en la higiene personal, acompañar turnos médicos o realizar guardias nocturnas.

Distintos relevamientos privados ubican el costo de una cuidadora particular entre $5.000 y $7.000 por hora para tareas de acompañamiento general, mientras que los servicios más complejos pueden superar ampliamente esos montos.

Testimonios recientes de trabajadores del sector en la Ciudad de Buenos Aires indican que las guardias hospitalarias nocturnas suelen cobrarse entre $7.000 y $10.000 por hora, especialmente cuando se realizan en horarios poco habituales o durante feriados.

Por qué se paga más que el mínimo

Especialistas del mercado laboral explican que las escalas oficiales quedaron rezagadas respecto de la evolución del costo de vida. Como consecuencia, muchas contrataciones terminan pactándose por encima de los valores fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Entre los factores que más influyen en el precio figuran:

• Experiencia y referencias comprobables.
• Cuidado de bebés o personas con movilidad reducida.
• Turnos nocturnos.
• Trabajo en fines de semana o feriados.
• Capacitación en primeros auxilios.
• Tareas complementarias como cocina o limpieza.

Quienes necesitan contratar una niñera o una cuidadora para adultos mayores suelen recurrir a agencias especializadas porque realizan la búsqueda, evaluación y selección previa del personal. Estas empresas verifican antecedentes, referencias laborales, experiencia y, en muchos casos, ofrecen reemplazos si la persona contratada no se adapta a las necesidades de la familia.

Entre las opciones más reconocidas del mercado se encuentran Agencia Enrique, SELECTA SELECMADE «Personal Doméstico», Edna Personal Household Agency, Seniorcare Argentina y Canguros Niñeras, que ofrecen servicios de reclutamiento y provisión de personal para tareas de cuidado en el hogar.

Otra alternativa es contratar a través de consultoras especializadas como ImagoToi, que además de seleccionar personal brindan capacitación y seguimiento de las cuidadoras y niñeras. Según destacan las propias empresas del sector, la tendencia es que las familias prioricen perfiles con formación específica, referencias comprobables y experiencia en primeros auxilios o asistencia a personas dependientes.

Al momento de contratar, los especialistas recomiendan solicitar entrevistas personales, verificar referencias recientes y definir claramente horarios, tareas y responsabilidades antes de la incorporación. Esto ayuda a reducir la rotación y garantiza una mejor adaptación tanto para los niños como para los adultos mayores que recibirán el cuidado.

El gobierno de Javier Milei modificó de forma significativa el régimen técnico para la comercialización y la importación de pilas y baterías primarias, con una reforma que elimina trámites previos, reconoce certificaciones extranjeras y digitaliza los procedimientos.

El cambio fue oficializado por la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Coordinación de Producción a través de la Resolución Conjunta 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la política de simplificación y modernización administrativa impulsada por la administración libertaria.

De acuerdo a la visión oficial, la iniciativa responde a una demanda de fabricantes, importadores y usuarios frente a la complejidad y el costo asociado al régimen anterior, que requería certificaciones locales incluso para productos ya validados internacionalmente. El nuevo marco normativo reglamenta los cambios introducidos por el Decreto 431/2025 a la Ley de Energía Eléctrica Portátil N.º 26.184.

El objetivo central de la reforma es reducir las cargas administrativas y modernizar los mecanismos de control. Según detallaron las autoridades, el régimen anterior implicaba una serie de autorizaciones previas y certificaciones reiteradas, que debían realizarse en el país incluso si las pilas o baterías ya habían sido evaluadas por organismos reconocidos en otros mercados. Bajo la lógica libertaria, esta duplicación generaba sobrecostos y demoras, encareciendo productos de uso cotidiano como relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras y linternas.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la reforma busca eliminar trabas burocráticas que hasta ahora encarecían bienes esenciales sin aportar mayores garantías. “Si una pila ya acreditó su conformidad ante organismos técnicos reconocidos internacionalmente, Argentina reconoce esa acreditación sin obligar a repetir todo el procedimiento desde cero”, sostuvo.

El funcionario también puntualizó que desaparecen las autorizaciones previas para importar y comercializar, y que el cumplimiento se acreditará a través de una declaración jurada de conformidad, acompañada por informes de ensayo o la certificación internacional correspondiente.

A través de su cuenta oficial de X, Sturzenegger amplió su crítica al sistema previo: “Resultaba un impedimento para la importación y un sobrecosto para relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras, linternas, teclados inalámbricos y miles de productos de uso cotidiano. Como toda barrera, tiene su ‘cara linda’: el supuesto objetivo de evitar la comercialización de productos con niveles peligrosos de mercurio, cadmio y plomo. Pero la realidad era un lobby atrás que encarecía el precio de esos productos”.

El nuevo régimen, según la Resolución, reemplaza los procedimientos previos por un sistema basado en declaraciones juradas y controles posteriores, tanto documentales como físicos. Las autoridades indicaron que este esquema permite una fiscalización más eficiente, enfocada en el cumplimiento efectivo de los requisitos técnicos y ambientales, y no en trámites formales previos a la importación o comercialización.

La normativa también reconoce la validez de certificaciones emitidas por organismos técnicos extranjeros habilitados, lo que evitaría la duplicación de trámites y reduciría costos para los operadores del sector.

La nueva reglamentación mantiene las exigencias vinculadas a los límites máximos permitidos de mercurio, cadmio y plomo en pilas y baterías, en línea con la legislación vigente destinada a proteger la salud pública y el ambiente. De acuerdo con el texto oficial, los productos que incumplan esos parámetros serán considerados residuos peligrosos y quedarán sujetos a las sanciones y procedimientos previstos por la normativa ambiental.

La reforma deroga los regímenes anteriores establecidos en las Resoluciones 443/2020 y 31/2023, aunque preserva la vigencia de los certificados ya emitidos hasta la fecha de su vencimiento. Además, la norma otorga un período de transición para que los organismos certificadores, laboratorios y empresas adapten sus procesos al nuevo esquema. De este modo, se busca garantizar una implementación ordenada y evitar interrupciones en el abastecimiento del mercado.

Todos los trámites vinculados a la comercialización e importación de pilas y baterías deberán realizarse de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), lo que refuerza la política de digitalización y modernización administrativa que el Gobierno impulsa en distintas áreas.

El texto oficial subraya que la comercialización de estos productos no requerirá autorizaciones previas, salvo disposición expresa en contrario, y que los controles se enfocarán en la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales. De este modo, el Estado buscaría preservar los estándares de calidad y seguridad sin generar obstáculos innecesarios para la producción, importación o venta de pilas y baterías.

En su mensaje, Sturzenegger ejemplificó el alcance de la reforma con el caso de una pila botón fabricada en Japón para un reloj, que se comercializa en Europa, Estados Unidos y Japón tras ser ensayada por laboratorios especializados y certificada por organismos reconocidos internacionalmente. Bajo el régimen anterior, para vender ese mismo producto en la Argentina era necesario certificarlo nuevamente en el país, repetir el trámite para cada modelo y volver a hacerlo cada año. Según el ministro, para el sector de los juguetes, por ejemplo, esto se traducía en una barrera de entrada y un beneficio para los certificadores locales, que definió como “la política industrial más exitosa fue el de la industria de las certificaciones”.

De a poquito, lentamente, está volviendo una discusión clásica de la economía argentina: ¿puede realmente hablarse de que el tipo de cambio está en equilibrio si, al mismo tiempo que compra divisas en el mercado spot, el Banco Central vende indirectamente en el mercado de futuros y en el de bonos que ajustan por la cotización nominal del dólar?

Es lo que se preguntan los analistas más desconfiados del discurso oficialista que habla de una libre flotación. El gobierno pone como argumento que si realmente hubiera un retraso cambiario no habría margen para que el BCRA estuviera comprando todos los días más de u$s100 millones para engrosar sus reservas.

Pero desde la vereda de enfrente le recuerdan que, en simultáneo hay posturas millonarias para contener al tipo de cambio en el mercado de futuros y que, llamativamente, hubo un movimiento de u$s500 millones en el mercado de los bonos dólar linked, donde se presume que el propio BCRA fue el mayor protagonista.

Además, también resultó sugestivo que este movimiento se produjera justo cuando el tipo de cambio salió de su letargo para alejarse de la zona de $1.400, a la que los operadores consideraban una especie de «techo informal» de la banda de flotación.

Ese movimiento del billete verde, casualmente, se había producido luego de que el BCRA desarmara en mayo sus posiciones en futuros, por lo que desde inicios de junio estaría yendo en sentido opuesto. Y deja abierta la especulación respecto de si esa salida del mercado se reveló como una estrategia peligrosa, porque indujo a una mayor demanda minorista de dólares.

Bajando tasas de cobertura

La intervención indirecta en el mercado cambiario fue un debate que dominó todo el año pasado, sobre todo en los momentos en que el BCRA «planchaba» la cotización del dólar futuro, arriesgando así el pago de millonarios seguros a quienes compraban contratos apostando a la devaluación. Hubo meses de pérdidas y otros de grandes ganancias para la entidad dirigida por Santiago Bausili, pero lo que nunca cesó fue la pelea teórica.

Los economistas críticos argumentaban que cuando el BCRA hace posturas por un volumen muy grande y, de esa forma, hace caer la tasa implícita de los futuros por debajo de la tasa que rinden los títulos en pesos, lo que realmente busca es incentivar a que los inversores vendan sus dólares hoy. En otras palabras, mantener bajo control la cotización sin tener que deshacerse de sus propias reservas.

Claro que no es una jugada exenta de riesgos: si el mercado le gana la apuesta -es decir, si el tipo de cambio finalmente cierra por encima del contrato a futuro-, el BCRA debe emitir pesos, reforzando el efecto de una corrida.

Si bien actualmente el mercado está calmo en comparación con el año pasado, los analistas observaron cómo en las últimas ruedas hubo un incremento de la actividad del BCRA en el mercado A3, donde hay interés abierto por 3,1 millones de contratos.

Y lo más sugestivo fue que esto ocurrió al mismo tiempo que el dólar, después de estar «anestesiado» por debajo de los $1.400 durante todo el mes de mayo, dio un salto hasta $1.442 el martes, para caer luego a $1.436 este jueves.

Esta jugada llevó a una caída de las tasas implícitas en los mercados futuros. Esto hace que sea más conveniente invertir en títulos en pesos. E, incluso para los más temerosos, otorga una cobertura barata que permite hacer lo que en la jerga se conoce como «tasa sintética» -invertir en pesos pero simultáneamente comprar un «seguro» de devaluación.

Así, los intereses para los contratos de dólar futuro más cortos -los que vencen a fin de junio- quedaron con una tasa nominal anual de 17,59%, y van subiendo gradualmente hasta un 23,35% para los contratos de noviembre.

El costo oculto de vender bonos

Pero el movimiento que más llamó la atención fue el que hubo en los bonos dólar linked, que son nominados en pesos y ajustan al nivel del tipo de cambio oficial más un premio, y que salen a la venta en cada licitación del Tesoro.

El Central está habilitado para comprar estos papeles en el mercado secundario, y los analistas estiman que tiene en cartera unos u$s2.300 millones, sobre una emisión total de u$s6.800 millones -dividida en tres bonos, uno con vencimiento a noviembre, otro a septiembre y otro a fines del año próximo-.

Esto implica que el Central tiene en su poder la tercera parte del volumen de estos fondos. Y si hace una operación de venta masiva, el resultado es que absorbe pesos del mercado y, además, disminuye la demanda sobre los dólares, porque canaliza ese capital hacia el bono emitido por el Tesoro. Eso es, precisamente, lo que ocurrió este jueves, cuando se produjo un inusual movimiento por u$s500 millones.

Es, también, una operación que ya se había realizado el año pasado, y que generó críticas porque había analistas que veían un «regalo» al mercado por el bajo costo al que se vendían los títulos DL.

Además, otra crítica recurrente es que no es gratis adoptar estas estrategias para comprar calma a corto plazo. Porque cada vez que el BCRA saca un bono DL de su cartera y lo vende en el mercado, está transformando deuda intra estatal en deuda con los privados.

¿El FMI no la ve?

Aunque no hay tensiones cambiarias en este momento, que coincide con el grueso de la exportación agrícola y con la suba en el precio internacional del petróleo, no son pocos los analistas que creen que las tensiones podrían retornar a mediano plazo.

Y lo preocupante es que el propio Fondo Monetario Internacional sigue sosteniendo que el peso está sobrevaluado. El tema aparece en los anexos del reporte divulgado en mayo, en el cual se analiza con detalle una serie de metas de política económica, el desvío respecto del plan trazado y se plantea la evolución a corto plazo.

En lo que respecta al tipo de cambio, el modelo que aplica el Fondo para determinar la cotización que no impida el crecimiento de la economía, establece que tiene que haber un superávit de 0,7% del PBI en la cuenta corriente. Pero el año pasado se registró un déficit de 1,1%. En otras palabras, salieron más dólares de los que entraron por los canales de comercio y servicios, cuando el FMI sugería un resultado positivo para no afectar la competitividad.

Y, de acuerdo con esa evaluación, el peso está sobrevaluado en un 15,8%. Esa apreciación toma en cuenta el tipo de cambio de fin de año. En el primer cuatrimestre, esa situación se agravó, dado que el dólar se abarató en términos nominales, mientras la inflación acumuló un 12,3%.

El FMI se cuida de no aconsejar explícitamente una devaluación, pero deja en claro su opinión. Considera que hay problemas de competitividad, y que podrían agravarse si el panorama internacional -que ahora juega a favor de Argentina por los precios de las materias primas-, se tornara menos amigable.

«Dejen que el tipo de cambio actúe como un colchón para absorber un shock externo. Aprovechen el buen momento de la exportación petrolera para acelerar la acumulación de reservas, lo cual podría reducir el riesgo país argentino y facilitar el acceso a mercado y la inversión externa directa», sugiere el staff del FMI. Es una forma indirecta, pero bien elocuente, de decirle al gobierno que ante una crisis comercial global, haga como sus vecinos de la región, que devalúan sus monedas.