POLITICA
El fiscal de Hotesur y Los Sauces reclamó a la Casación el comienzo urgente del juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo

El fiscal Diego Velasco pidió a la Cámara de Casación que disponga el comienzo urgente del juicio oral y público contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por el caso Hotesur y Los Sauces, donde ambos están acusados de lavado de dinero.
El tribunal oral federal N° 5 a cargo del proceso, integrado por Juan Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, había rechazado ponerle fecha de inicio al proceso oral hasta que concluya un peritaje contable.
Ese estudio en trámite busca determinar si hay correlación entre el dinero que recibieron Lázaro Báez y Cristóbal López por sus contratos y negocios durante el kirchnerismo, con las transferencias que efectuaron a empresas de los Kirchner, ya sea mediante el pago de alquileres a la empresa Los Sauces, o contratando habitaciones hoteleras a Hotesur.
El fiscal general Diego Velasco presentó ante la Cámara de Casación un escrito donde denuncia lo que considera una maraña de rituales dilatorios y maniobras burocráticas que impiden el avance de la justicia en causas de gravedad institucional.
Velasco denunció que el presidente del tribunal, el juez Michilini, en connivencia con el recién integrado juez Fernando Machado Pelloni, aceleró los tiempos para emitir el rechazo un día antes de que la tercera jueza, Adriana Palliotti, regresara de una licencia.
Velasco tildó esta maniobra como “irregular” y constitutiva de un “fraude a la ley”, argumentando que al dictar el fallo sin el tribunal en pleno se buscó evitar una discusión jurídica enriquecedora y plural.
“Lamentablemente nunca conoceremos la posición de la Dra. Palliotti sobre la cuestión por cuanto el presidente del Tribunal en la causa decidió sacar la resolución tan solo un día antes del regreso de la tercera juez (…). Solo queda especular las razones que llevaron a que pese a las innumerables tardanzas de la jurisdicción en estas causas la Presidencia en este único caso… aceleró los tiempos y no esperó tan solo un día”.
Pidió que se fije de manera inmediata la fecha para el inicio del debate oral y público contra Cristina Kirchner, actualmente presa en su casa, condenada por la causa Vialidad, y su hijo Máximo.
Aclaró el fiscal que “la premura de esta Fiscalía General no está puesta en que se inicie el debate, sino tan sólo que se fije su fecha de celebración contemplando un tiempo prudencial para la culminación de las medidas suplementarias y que eventualmente si se llega a tal fecha, se inicie el debate, pero ya para entonces, quizás con toda la prueba recabada, o pronta a concluir”.
La presentación judicial plantea que, bajo el velo de un cuidado de las garantías, terminan por paralizar causas de corrupción.
Velasco arremetió contra los “formalismos legales” por parte de los magistrados, acusándolos de incurrir en una decisión que “carece de una adecuada fundamentación”, y que se apoya en una “literalidad férrea e indestructible” de los códigos procesales, ignorando la urgencia de alcanzar una resolución definitiva.
Es que los jueces señalaron que el Código les manda comenzar el juicio una vez concluida la prueba y en este caso el peritaje está en elaboración.
Velasco acudió a la Sala I de la Cámara de Casación para revertir esta decisión porque señala que es posible hacerlo y que hay antecedentes en ese sentido.
Para el tribunal, iniciar un debate sin haber finalizado peritajes pendientes podría poner “eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas”.
Sin embargo, el fiscal Velasco señaló que la instrucción suplementaria lleva entre seis y siete años de desarrollo, y que superó “todos los límites de la razonabilidad y la paciencia institucional”.
Criticó esta reverencia a la letra de la ley procesal “cuando se utiliza para postergar la verdad”. Dijo que la negativa a fijar una fecha de juicio, aunque parezca una cuestión de mero trámite, “constituye en realidad un acto de gravedad irreparable que amerita la intervención de la Cámara de Casación Penal”.
“Es la fase del juicio -apoyada en los principios de inmediación, publicidad y contradicción, entre otros- donde se ventilan todas las cuestiones atingentes a la materialidad de los hechos, su adecuación típica y la prueba en que se fundan, cobrando especial relevancia el examen y contraexamen de los testigos, los peritos intervinientes y demás pruebas para que cada una de las partes evalúe y alegue su valor de convicción para persuadir al tribunal sobre la certeza necesaria -o su falta- para dictar un pronunciamiento definitivo que ponga fin al proceso”, escribió.
Reiteró que “la importante relevancia de las medidas probatorias no hará variar la circunstancia de que el juicio oral y público deba realizarse, sino por el contrario serán elementos que se valorarán junto con los otros que se desarrollarán en el debate”.
Y sostuvo que “esperar a que la última pericia contable esté perfecta, luego de siete años de dilaciones, no es garantía procesal, es denegación de justicia”.
Velasco advirtió que si el Estado no es capaz de juzgar los delitos complejos en tiempos razonables, se expone a severas sanciones.
Velasco dijo que en otros casos de alto perfil estos mismos magistrados fijaron fecha de debate sin haber concluido las pruebas previas.
Entre ellos, citó causas vinculadas al escándalo internacional del “FIFA Gate” (lavado de dinero mediante inmuebles en Puerto Madero), contrabando de cocaína, casos de trata de personas e inclusive la causa de Oil Combustibles.
En siete años de proceso, que incluyeron suspensiones provocadas por sobreseimientos (posteriormente revocados por la mismísima Corte Suprema de Justicia en 2024), la fiscalía señaló el límite. Todos los actos dilatorios, advirtió Velasco, han encontrado su “punto culmine” en esta resolución infundada.
El reclamo ahora está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, a la que pidió revocar el fallo del tribunal oral.
Dijo que prima el derecho de la sociedad “de obtener finalmente un pronunciamiento respecto de hechos de semejante repercusión institucional”.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno no define los cambios en la ley de Propiedad Privada y recrudecen los cortocircuitos en el Gabinete

Las tensiones por la postergada y polémica ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -o “ley de extranjerización de la tierra”, para los críticos- generaron un sacudón al interior del Gobierno, donde no terminan de definir el alcance de los cambios que están dispuestos a realizar de cara a la sesión del jueves que viene. Cuando, además, se perfila una masiva movilización opositora y de autoconvocados para evitar la venta irrestricta del territorio argentino.
El debate en el recinto sobre la iniciativa que buscaba eliminar todo tipo de restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros cayó hace dos semanas por falta de apoyos y, a la vez, por roces internos de La Libertad Avanza. Técnicamente, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, y las eventuales modificaciones, si es que se introducen, aún están en discusión entre funcionarios y delegados de Javier Milei. Al punto de que se cortaron, al menos por ahora, las negociaciones con los aliados.
En el PRO aseguraron a Infobae que no los convocaron para tantear el nivel de respaldo que le darán a la iniciativa. “Están en modo post-Mundial, seguramente sepamos más desde el lunes”, deslizaron, picantes, cerca de Mauricio Macri.
Los detalles se van a analizar en la mesa política del martes que viene, luego de dos semanas sin ningun encuentro de este tipo por el viaje de Karina Milei para acompañar a Javier Milei a Perú. Pero están latentes las diferencias entre el autor del proyecto, Federico Sturzenegger, más intransigente, y Patricia Bullrich, la encargada de negociar el texto en el Senado, en especial por el polémico artículo sobre la potestad provincial para autorizar ventas a extranjeros.

La titular del bloque le introdujo algunos cambios al texto del proyecto borrador en la previa del debate de la semana pasada, en consenso con los bloques opositores. Pero al ministro de Desregulación esos cambios le hicieron ruido, y sin posibilidad de negociar, la jefa de bloque oficialista debió postergar el debate en la cámara Alta.
“No es que Bullrich esté de acuerdo con los cambios, pero su tarea es lograr los consenso para que salga. Y en esas negociaciones, hay que ceder”, dijeron en la Casa Rosada, en un tiro por elevación a Sturzenegger.
Karina Milei terminó intercediendo a favor de Bullrcih en la discusión por los detalles de la iniciativa, según cuentan cerca de la Secretaria General. Y, de cara a la sesión del 6, en el bullrichismo confirmaron que habrá cambios, pero no quisieron divulgar cuáles para evitar las suspicacias. En el entorno de Sturzenegger aún se mostraban firmes: “Por ahora no se va a introducir ninguna modificación”, dijeron en off.
“Nuestra dinámica es que los proyectos se escriben acá y después en el Congreso Martín (Menem) o Patricia se encargan de que salgan aprobadas”, deslizaron en la Casa Rosada.
En el Gabinete se arrastra un malestar de parte de algunos ministros e incluso -dicen en sus cercanías- de la propia Karina Milei, por algunos episodios en los cuales, creen, el funcionario se lanzó a divulgar proyectos en los medios o las redes sin que hubieran sido aprobados previamente por la mesa política. “Supuestamente se los filtran internamente, pero sabemos que no es así”, dicen en el grupo karinista.

“Es algo que ha pasado y que molesta, no funciona así”, le reprocharon, al tiempo que le reconocieron un alto nivel de “proactividad”. “Siempre preferimos un ministro activo que uno que hay que pedirle que se mueva, y está convencido de lo que hace. Pero hay que ser organizados”, dijeron. Por eso, explicaron en la cúpula del Gobierno, se definió que fuera Sturzenegger al Palacio del Congreso a redefinir la estrategia, y no al revés.
La sesión del 6 de agosto se perfila muy caldeada dentro del recinto, pero también en la calle, donde la izquierda, grupos de autoconvocados y el kirchnerismo planean marchar al Congreso para resistir el capítulo de venta irrestricta de tierras a extranjeros. En el Gobierno están en alerta y miran de cerca los movimientos opositores. “Estamos monitoreando”, sostuvieron en la Casa Rosada.
Mientras, coordinan con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, con quien la relación quedó tensa desde su conferencia de prensa sobre el operativo por el Mundial pero decidieron hacer borrón y cuenta nueva.
Bullrich, en un “no lugar”
La inclinación de la Secretaria General hacia la postura de Bullrich en esta discusión puntual no significa que la relación con la principal “socia” amarilla haya vuelto a foja cero después de la sucesión de desmarques de la impredecible senadora durante los últimos dos meses. “Patricia quedó en un no lugar”, dicen en el oficialismo sobre la ex presidenta del PRO, que se perfilaba con candidata en la Ciudad, después como posible compañera de fórmula de Milei y coqueteó, aunque sin confirmaciones, con ser candidata a presidenta.

Lo señalaron después de que la senadora no negara, esta semana, en una entrevista con TN, la posibilida de ir por la Jefatura de Gobierno en CABA.
Al menos así lo interpretaron en Balcarcce 50, donde pusieron en duda que Bullrich sea la elegida para jugar por la sucesión de Jorge Macri en caso de que Karina Milei decida postular un delfín propio. Por ahora no estatuyen nada y juegan con mensajes contradictorios. “La orden que nos dio Karina es pintar la ciudad de violeta”, dijo un alto referente del karinismo, por un lado. Luego deslizó una idea contrapuesta: “Patricia sería buena candidata, pero eso si se jugara en CABA, cosa que no está confirmada”.
Al mismo tiempo, admiten que no tienen a nadie con el suficiente nivel de conocimiento o deseos de jugar por los violetas en CABA (a Pilar Ramírez la ven en un eventual rol más “ejecutivo”). Y reconocen que Patricia Bullrich viene de obtener el 50 por ciento entre los porteños. Al final no definen: “Todo va a depender de cómo lleguemos a la elección, porque hoy lo que mide es la marca, y el candidato con mayúsculas es el Presidente”.
Cerca de Bullrich se desentienden y repiten que toda especulación es una “fake news”: “No se volvió, y Patricia nunca se lanzó a la Ciudad. No está pensando en ninguna candidatura y estará donde la necesite el proyecto. El Presidente es el Director Técnico, que decidirá las estrategias”, aseguraron.
POLITICA
Propuesta polémica: el peronismo quiere ampliar la cuestionada Legislatura de la provincia

LA PLATA .-El oficialismo bonaerense evalúa impulsar un proyecto para ampliar el número de diputados y senadores de la Legislatura de provincia de Buenos Aires, que prácticamente no sesionó en el primer semestre y consume un presupuesto anual de 379.000 millones.
La iniciativa formaría parte de la reforma política promovida por el gobernador Axel Kicillof y que incluye la derogación de la ley que prohibió la reelección indefinida de los intendentes.
El sistema bicameral bonaerense está conformado por 92 diputados y 46 senadores. Pero el peronismo apuesta a incorporar otros doce legisladores y elevar a 150 la cantidad de representantes de la Legislatura (100 diputados y 50 senadores), con el argumento de que se requiere actualizar la cantidad de bancas por el crecimiento demográfico en el distrito.
El oficialismo pone sobre la mesa el proyecto de ampliación de la Legislatura, pese a que ambas cámaras se mantuvieron inactivas durante varios meses en lo que va del año. Desde que inició el período legislativo, el Senado apenas tuvo dos sesiones ordinarias y Diputados abrió el recinto en tres oportunidades.
Lejos de exhibir austeridad, el Poder Legislativo de Buenos Aires insume recursos extraordinarios. La Cámara de Diputados tiene para este año un presupuesto de $222.800 millones, según establece la ley 15.560, que permite actualizaciones. El Senado, en tanto, cuenta con $156.204 millones. En promedio, ambas cámaras consumen más de $1000 millones diarios.
En septiembre de 2023, el escándalo del puntero peronista y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Julio “Chocolate” Rigau evidenció la opacidad en el manejo de fondos y contrataciones en la Legislatura. Rigau, acusado de apropiarse los sueldos de empleados “ñoquis” para el financiamiento ilegal de la política, se expone a cinco años y medio de cárcel.
Ahora, el alto costo de la Legislatura bonaerense podría incrementarse en caso de que prospere la intención del peronismo de ampliar el número de representantes. El tema ya se discute en las comisiones de reforma política de ambas cámaras.
En concreto, el peronismo evalúa introducir modificaciones en la legislación electoral (ley 5109), para actualizar el número de bancas y la representación por cada sección electoral.
“No se actualiza hace décadas. Hay una disparidad de representación de la séptima y de la octava respecto de la primera y de la tercera”, afirmó a un legislador que dialoga con frecuencia con Kicillof.
El gobernador bonaerense, quien aspira a competir por la Presidencia en 2027, avalaría la reforma, que supone sumar cuatro distritos de la tercera a la octava sección. En concreto, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio serían integrados a la circunscripción electoral de la octava -solo conformada por La Plata-.
Los artículos 69 y 75 de la Constitución de Buenos Aires establecen la composición inicial de ambas cámaras de la Legislatura y habilitan ajustar el número de representantes en base a cada censo nacional o provincial. Según la carta magna de la provincia, el Senado podría elevar hasta cien la cantidad de bancas y la Cámara de Diputados, hasta cincuenta. Para aprobar los cambios, se requieren los dos tercios de los votos.
El último antecedente de ampliación de la Legislatura es de 1986, durante el mandato del presidente Ricardo Alfonsín y la gestión bonaerense de Alejandro Armendáriz. En ese momento se elevó de 84 a 92 la cantidad de diputados y de 42 a 46 los senadores.
Por impulso de Kicillof, la Legislatura bonaerense ya modificó la ley electoral 5.109 el año pasado, cuando desdobló los comicios locales y suspendió de manera temporal las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
La enmienda de 2025 -registrada bajo la ley 15.523- modificó los plazos del artículo 61 para adecuarlos a la suspensión de las PASO. Se redujeron los plazos para presentación de listas de candidatos, se modificaron el cronograma de oficialización de listas y se ajustaron los tiempos para la presentación de boletas.
En los últimos meses, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires propuso una serie de modificaciones de la ley 5.109.
El anteproyecto está destinado a ordenar el cronograma electoral. Amplía los plazos para la presentación de alianzas, listas y boletas con el objetivo de dar previsibilidad a todo el proceso. También incorpora reglas específicas para las campañas electorales, la difusión de encuestas y la publicidad oficial.
En el gobierno de Kicillof afirman que la experiencia de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales fue positiva. Pero hasta el momento Kicillof esconde sus cartas. Se resiste a eliminar las PASO a nivel nacional o provincial porque especula que le permitirían ordenar la competencia con Cristina Kirchner, con el Frente Renovador y con los intendentes ajenos a su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Si la administración de Javier Milei lograra suspender o eliminar las PASO en el Congreso, Kicillof buscaría anticipar los comicios en Buenos Aires para fortalecer con un posible triunfo peronista su candidatura presidencial.
la derogación de la ley,escándalo del puntero peronista y empleado,María José Lucesole,Conforme a
POLITICA
¿Javier Milei quiere ganar Córdoba? Las dudas sobre la estrategia de LLA, el rol de Llaryora y la necesidad de lograr la unidad

El objetivo que se puso el Gobierno para el año que viene reconfiguró su mapa de alianzas. Es sabido que la suspensión de las PASO y los acercamientos que lidera Diego Santilli con los gobernadores buscan garantizar la reelección de Javier Milei. Ese cambio de estrategia profundizó las dudas dentro de un sector de la oposición de Córdoba sobre las verdaderas intenciones que tiene La Libertad Avanza de ganar la Gobernación. En concreto, algunos creen que Martín Llaryora podría ayudar a dividir el voto peronista a nivel nacional a cambio de garantías para volver a ganar su provincia.
En las encuestas que analizan en la Casa Rosada, según explicaron a Infobae, hay números que muestran que La Libertad Avanza tiene grandes chances de arrebatarle la provincia al peronismo local. “Hay mucho hastío”, observan. Un dato que los dirigentes locales advierten hace tiempo, tras casi 28 años de gestión del mismo partido, pero que la división del arco opositor imposibilitó en varias oportunidades una alternancia de poder.
En 2023, Juntos por el Cambio logró unificar a todos los sectores con Luis Juez como candidato a gobernador y estuvo a muy pocos puntos de vencer la propuesta de Juan Schiaretti que aquel año postuló a Llaryora como su sucesor. Hoy es Gabriel Bornoroni quien representa a Milei en Córdoba, pero todavía no tuvo la confirmación para encabezar la lista. El senador Juez también pelea por ese puesto, al igual que el radical Rodrigo de Loredo.

La reunión que tuvo Santilli con Manuel Calvo, flamante jefe de Gabinete de Córdoba, encendió algunas alarmas en la oposición local. Según la información oficial, conversaron sobre los pagos que viene efectuando el Ejecutivo nacional de la deuda que mantenía con la provincia en materia de Consenso Fiscal, el programa vinculado a la Caja de Jubilaciones y hasta la posibilidad de hacer el traspaso de la Ruta 19 para realizar obras, al igual que hicieron con Santa Fe.
Según algunos opositores cordobeses, Llaryora usó la foto de ambos funcionarios como una muestra de buena sintonía con la Casa Rosada. En síntesis: un paso más en un posible acuerdo electoral.
¿Cómo sería ese acuerdo? La versión más fuerte plantea que Llaryora se dedicaría a fortalecer una lista presidencial de un peronismo federal que “le robe votos” a Axel Kicillof o a quien se postule por ese sector, para ayudar con la reelección de Milei. Algunos se animan a decir que Sergio Uñac podría ser ese aliado que el cordobés necesita. A cambio, la Casa Rosada haría una campaña lavada en la provincia, con una lista menos potente y sin visitas del Presidente.
“Quieren instalar ese rumor, pero es mentira. Llaryora vendió que la plata que le dieron de la deuda es un principio de acuerdo electoral”, dicen los dirigentes que ya forman parte de la alianza libertaria. De hecho, mencionan que recientemente Santilli también recibió a Bornoroni, que envió a las autoridades del Banco Nación para que se reunieran con los intendentes aliados, entre otros gestos que enumeran para sostener que la Casa Rosada busca ganar la provincia.
Es más, como se prevé que Llaryora desdoble la elección para abril o junio, advierten que sería un antecedente negativo para la pelea de octubre, en la que Milei buscará la reelección. Además de tener un lugar importante en el padrón electoral, Córdoba es la provincia más antikirchnerista, la que más aportó al triunfo de Mauricio Macri en 2015 y una de las que más apoyo libertario muestra en las encuestas. “La prioridad para el Gobierno es que Córdoba se pinte de violeta porque hay buenos números”, insisten los dirigentes opositores.
La necesidad de lograr la unidad

Más allá de las especulaciones sobre supuestos acuerdos entre la Casa Rosada y Llaryora, la oposición local necesita imperiosamente lograr la unidad. El problema es que hay tres nombres en danza que no quieren dar el brazo a torcer. Juez, que ya perdió en tres oportunidades, dice que no va a deponer sus aspiraciones mientras sus encuestas lo muestren competitivo. Bornoroni, por su parte, tiene poco nivel de conocimiento, pero sabe que el sello de La Libertad Avanza le garantiza competitividad. En las mismas circunstancias arrasó Gonzalo Roca en las legislativas de 2025.
En la lista también se anota De Loredo, quien todavía no forma parte del frente opositor. El dirigente radical ya tuvo una mala experiencia con los libertarios en las negociaciones del año pasado, que lo dejaron sin posibilidades de renovar su banca en la Cámara de Diputados. Sin embargo, cree que puede dar la pelea para el próximo año o, en todo caso, lograr la mayor representatividad de la UCR en las listas. El problema es que, para eso, necesita que el partido centenario se encolumne detrás de su liderazgo, un objetivo que parece cada vez más lejano.
Recientemente tuvo un revés dentro del Comité, cuando la votación para la prórroga de las autoridades fracasó. De Loredo denuncia que en esa interna se metió el PJ comprando voluntades para dividir al radicalismo. Otro sector dice que, en realidad, hay un fastidio con su conducción. “Subestimó la elección, no la trabajaron y creyeron que estaba todo bien”, dicen.
El tema es que De Loredo vive una encrucijada: las encuestas le muestran números negativos cuando lo relacionan con la UCR, pero necesita del partido para poder ser candidato a gobernador. Además, con el fracaso de la prórroga de las autoridades partidarias, está obligado a ir a una interna o llegar a un acuerdo con sus correligionarios, muchos de ellos con intenciones de confrontarlo. El calendario tampoco ayuda: el próximo mes tiene que resolver la disputa para, después, poder negociar con el gobierno nacional.
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