ECONOMIA
Inflación rebelde: ¿la culpa es del «riesgo kuka» o Caputo le dio a la maquinita de pesos?
La matrícula de los colegios, la suba de la nafta por culpa de la guerra, el ajuste de las tarifas de servicios públicos, un aumento inesperado en la carne… Todo eso apareció mencionado por Javier Milei, Toto Caputo y los principales funcionarios del equipo económico a la hora de explicar el feo 3,4% que registró el IPC de marzo.
Pero esos argumentos escapan al factor que históricamente los libertarios señalaron como el verdadero y único causante de la inflación: el exceso de emisión monetaria. Y es por eso que, en este momento, el debate entre los economistas volvió a las raíces: ¿hubo un «efecto maquinita» que generó la inflación actual o hay que atribuir todo, como dice Caputo, a la caída en la demanda de pesos generada por el «riesgo kuka»?
No es un debate fácil, porque implica ponerse de acuerdo en cuál es la definición relevante de «dinero». Así, la que suele considerar el gobierno, que es el M2 transaccional privado -incluye circulante, cheques, y depósitos a la vista- apenas subió un 20,4% en un año y se achicó un 0,5% en marzo, según el último reporte monetario del Banco Central.
En cambio, si se toma en consideración el agregado M3 -agrega, además de los medios de pago, todos los depósitos del sistema financiero, como los plazos fijos-, entonces los números empiezan a parecerse más a los que marca el IPC: la cantidad de dinero subió 32,1% interanual, mientras la inflación acumulada de 12 meses fue de 32,6%. En el primer trimestre del año, el M3 subió nominalmente un 3,1%, frente a un IPC acumulado de 9,4%.
La discusión respecto de cuál es el número relevante parece interminable y es de índole muy técnica. Básicamente, quienes priorizan el dinero transaccional afirman que los pesos que están inmovilizados por los encajes del BCRA o la absorción vía bonos del Tesoro.
Y Caputo ha demostrado ser cuidadoso en cuanto a no dejar pesos «sueltos» en el mercado: en las últimas licitaciones del Tesoro no se contentó con «rollear» los vencimientos de deuda, sino que además colocó más bonos para absorber circulante. Es así que, con una emisión de letras por $3 billones, neutralizó el efecto expansivo que tuvo el afloje del BCRA con la normativa de los encajes.
¿El plan inflacionario no se mancha?
En todo caso, si algo dejó en claro Milei es su rechazo vehemente a resignarse a una inflación alta para ayudar a que la economía crezca con más vigor. De hecho, su postura doctrinaria es que esas dos variables no son compatibles.
«Si generar inflación generara crecimiento, Argentina tendría que ser una potencia mundial», fue la expresiva definición del presidente en la charla que dio ante un auditorio de empresarios de capital estadounidense, justo el día en que se dio a conocer el IPC de marzo.
Es decir, que en una economía con precios en alza había mayores probabilidades de mantener los puestos de trabajo y que, por el contrario, en situaciones de estabilidad crecía el riesgo de que los ajustes se produjeran no en el nivel de los salarios sino en la cantidad de gente empleada.
A pesar de que Milei defenestra esta teoría, cuya validez fue refutada por Milton Friedman -uno de los ídolos del presidente argentino- lo cierto es que incluso en Estados Unidos ha habido demostraciones de su vigencia a nivel político. Tanto que hasta economistas que han sido o son actualmente consultores del gobierno recomiendan avanzar lento con la caída inflacionaria, para no correr el riesgo de una recesión y de tener que recurrir a tasas de interés muy altas.
El miedo al «lado B» de la compra de dólares
El diagnóstico de Caputo fue claro respecto de lo que estaba pasando en la economía: se había producido una abrupta caída en la demanda de pesos en los meses previos a la elección legislativa, como consecuencia del «ataque político» y los «intentos de desestabilización» impulsados por la oposición al aprobar en el Congreso leyes que ponían en riesgo el equilibrio fiscal. La prueba que esgrime el gobierno es la masiva dolarización adoptada por los ahorristas durante esos meses, que llegó al nivel récord de la mitad de la base monetaria.
Sin embargo, el impulso inflacionario continuó fuerte a pesar de la amplia victoria electoral del gobierno. Y el índice de riesgo país -que en las perspectivas del gobierno debería haber caído al entorno de 400- rebotó hasta superar los 630 puntos a fines de marzo.
Fue en ese punto cuando surgieron algunas advertencias respecto de si podría ser el propio Banco Central, al embarcarse en una masiva compra de dólares, el que estuviera presionando la inflación. Los u$s5.500 millones acumulados por Santiago Bausili en lo que va del año tienen como contrapartida una inyección de $8 billones en la economía.
Quien expresó más explícitamente ese temor fue el propio presidente Milei, que en una reunión con inversores de Wall Street se mostró optimista sobre el flujo de divisas que ingresaría a la economía argentina, tanto por exportaciones como por inversiones. En aquella ocasión le auguró a Bausili que «le iban a salir dólares por las orejas», e inmediatamente le advirtió que tuviera cuidado extremo en que esa compra de divisas «no se vaya a los precios».
No era la primera vez que Milei había dejado entrever ese temor. De hecho, cuando hasta el Fondo Monetario Internacional le reclamaba que acumulara reservas, el presidente había dicho que no iba a sacrificar su objetivo de baja de la inflación ni iba a propiciar un salto devaluatorio para cumplir con el objetivo de comprar reservas.
Las advertencias sobre la tasa de interés
Pero, finalmente, ese temor también quedó disipado. El propio Milei explicó que la clave era que se estaba recuperando la demanda de pesos y que, por lo tanto, cuando el BCRA compraba dólares, era porque el mercado tomaba esos pesos para las transacciones.
La prueba, desde ese punto de vista, era que el tipo de cambio no sólo no subía sino que iba en caída. Y, además, las tasas de interés se comprimían, con lo cual tampoco era de recibo la crítica sobre que la estabilidad cambiaria solamente se sostenía gracias al «carry trade».
Fue un punto discutido, porque varios economistas de línea ortodoxa acusaron al BCRA de ir demasiado lento en su compra de dólares. Entre ellos, el influyente Domingo Cavallo, que dijo que no había que temer a un salto inflacionario ni devaluatorio. Pero hizo una advertencia: esos dólares no deben terminar en el pago de deudas del Tesoro ni de los gobiernos provinciales -que, de hecho, es lo que está ocurriendo ahora-.
«Para que la única emisión monetaria sea la destinada a acumular reservas en el Banco Central, es necesario que los vencimientos de intereses y capital de la deuda en pesos también se financien con superávit fiscal primario o con nuevo endeudamiento, pero nunca con emisión monetaria del Banco Central», sostiene Cavallo.
Pero advierte que no alcanza con acumular reservas, sino que hay que evitar hacerlo al «estilo Sturzenegger». Afirma que la experiencia de la gestión macrista es que aprovechar la entrada de capitales de corto plazo y manipular la tasa de interés para mantener anestesiado al dólar desemboca en una crisis cambiaria. Por eso, sugiere que, además de eliminar el cepo cambiario residual, debe prohibirse que el Tesoro y los gobiernos provinciales se endeuden a tasa fija.
«Sólo podrán hacerlo en pesos ajustables por inflación o por tipo de cambio y por plazos mayores a seis meses», propone, como forma de impedir el cíclico regreso de la bicicleta financiera.
Al final, ¿hubo maquinita?
Las críticas no terminan ahí, porque también hay economistas que afirman que el gobierno, contrariando su propio discurso, recurrió a la «maquinita de emitir» y luego quiso disimular el efecto de su mala decisión al echarle las culpas al «riesgo kuka».
El origen de esas críticas está en el acuerdo alcanzado con el FMI hace un año. En aquel momento, aprovechando la asistencia con «dólares frescos», se canceló una antigua deuda que el Tesoro mantenía con el Banco Central, y que figuraba como una «letra intransferible» por u$s14.000 millones.
Pablo Quirno, actual canciller -y entonces secretario de Finanzas-, anunciaba que de esa forma, se ponía final a «un pagadios utilizado por gobiernos kirchneristas para apropiarse de las reservas del BCRA».
Sin embargo, cuando la parte más ortodoxa del mercado esperaba que ahí terminara la operatoria, se produjo una medida que levantó polémica: el BCRA giró utilidades al Tesoro por $11,7 billones -equivalente a unos u$s10.000 millones, según el tipo de cambio de ese momento. El argumento oficial era que el BCRA había saneado su balance gracias a la eliminación de pasivos y a la valorización de bonos en su haber.
Gracias a esa situación, explicaba en ese momento Federico Furiase -hoy secretario de Finanzas- se ayudaría al Tesoro a saldar vencimientos de deuda. Y, como el remanente quedaría depositado en la cuenta que el Tesoro tiene en el BCRA, el efecto monetario sería neutro.
Un año después, reaparecieron las críticas en el sentido de que esa medida fue un uso disimulado de la «maquinita». Por caso, el consultor Christian Buteler argumenta que la aceleración inflacionaria ocurrida en la segunda mitad del año pasado «es el costo matemático de intentar absorber ese excedente».
Esa expansión implicó un salto de 26% en la base monetaria amplia -que incluye también títulos de deuda pública-, lo que lleva a los críticos a afirmar que «la emisión de ayer es la inflación de hoy».
Una alarma en el plano fiscal
Finalmente, hay otro factor que también es objeto de un debate técnico, pero relevante: si el gobierno contabiliza en forma correcta el costo financiero por los intereses que generan las letras capitalizables. La acusación de los críticos es que, si se aplicara otra metodología de medición, el superávit financiero se transformaría rápidamente en un déficit.
Como si esa polémica fuera poco, además, hay una alarma encendida por el hecho de que van ocho meses consecutivos de caída interanual real en la recaudación de ARCA. Esto hace que el gobierno dependa más de la «motosierra» para sostener el superávit fiscal, que muestra una tendencia a adelgazar todos los meses.
De hecho, el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que mensualmente releva las cuentas de la administración central en «base devengado» y no «base caja» -es decir, sobre los gastos hechos pero no necesariamente ya pagados-, ya informó que en marzo se volvió al déficit primario.
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ECONOMIA
Cuáles son las 10 cláusulas aplicadas por Mercado Libre que el gobierno bonaerense investiga por abusivas
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires inició una investigación sobre los contratos de Mercado Libre y Mercado Pago a partir de una denuncia del área de Defensa del Consumidor. Según informaron fuentes del Ministerio de Producción bonaerense, el expediente en el que fue imputada la empresa de Marcos Galperin examina posibles cláusulas abusivas en los términos y condiciones que la empresa impone a sus usuarios en la Argentina. La pesquisa podría derivar en una multa de hasta $1.800 millones sobre la empresa si no modifica esos aspectos del contrato.
La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor identificó que los contratos de Mercado Libre y Mercado Pago incluyen disposiciones que, presuntamente, infringen la Ley de Defensa del Consumidor y otorgan ventajas desproporcionadas a la empresa y podrían vulnerar derechos de los consumidores. Entre los puntos señalados se encuentran la falta de transparencia en la información sobre costos, la posibilidad de modificar unilateralmente los términos de los contratos, la transferencia de riesgos y responsabilidades a los usuarios, y restricciones al acceso a la justicia, entre otros.
Las siguientes diez cláusulas, según información del ministerio de Producción bonaerense, fueron observadas como presuntamente abusivas o incompatibles con los derechos de los usuarios:
- No se informa el monto ni el motivo de las tarifas: El contrato establece que, “en algunos casos”, la empresa puede cobrar una tarifa al usuario, pero no especifica el importe, el momento ni la causa de ese cobro. Según la autoridad de defensa del consumidor, firmar algo sin saber el precio no es válido :la legislación vigente obliga a informar el costo con anterioridad al compromiso de pago.
- Mercado Libre puede modificar los términos y condiciones de manera unilateral: La empresa se reserva el derecho de alterar las reglas de uso de la plataforma y considera que el usuario acepta automáticamente esos cambios por el solo hecho de continuar usando el servicio. Para la Dirección Provincial, este mecanismo de aceptación tácita no resulta suficiente, ya que los cambios relevantes requieren una aceptación expresa por parte del usuario.
- El usuario asume la totalidad de los riesgos si alguien hackea o usa su cuenta: El contrato establece que el usuario es el “único responsable” por todo lo que ocurra en su cuenta, incluyendo fraudes y accesos no autorizados. En Defensa del consumidor sostiene que “la ley dice que Mercado Libre, como empresa de servicios digitales, tiene la obligación de garantizar la seguridad de su plataforma (deber de seguridad), no puede lavarse las manos y zafar de esa responsabilidad”.
- La empresa puede retener o debitar fondos para compensar otras deudas: Se detectó una cláusula que permite a Mercado Libre tomar fondos de la cuenta de un usuario para saldar deudas originadas en otros contratos diferentes, bajo la figura de “compensación entre cuentas”. La autoridad provincial señala que esta práctica no está permitida en las relaciones de consumo.
- Cláusula de indemnidad a favor de Mercado Libre: El contrato obliga al usuario a “proteger a Mercado Libre y Mercado Pago ante cualquier reclamo de terceros o del Estado relacionado con su actividad en la plataforma”. Según Defensa del Consumidor, esta disposición podría implicar que el usuario deba asumir reclamos originados por posibles errores del propio sistema.
- Exención de responsabilidad por fallas en la plataforma: En el caso de los préstamos otorgados a través de Mercado Pago, la empresa se exime de cualquier daño derivado de fallas técnicas del sistema. Además, la carga de la prueba recae sobre el usuario, quien debe demostrar que no realizó la operación cuestionada.
- Débito de cuotas de préstamos en cuentas de terceros: El contrato permite que Mercado Pago descuente las cuotas de un préstamo no solo de la cuenta del titular, sino también de cuentas de terceros que la empresa considere “relacionadas”. Según Defensa del Consumidor, “lo más grave es que si esa otra persona quiere demostrar que su cuenta no tiene nada que ver la tuya, la carga de la prueba recae sobre ella (o sea, sobre quien sea ritular de esa cuenta relacionada).“.
- Dar por vencido un préstamo por sospechas de incumplimiento: La empresa se reserva la facultad de declarar vencido un préstamo y exigir su pago total si detecta “conductas que razonablemente hicieran previsible” un incumplimiento futuro. El problema radica en que es la propia empresa la que define qué situaciones resultan “razonablemente previsibles”, sin parámetros claros.
- Exención anticipada de responsabilidad por daños: El contrato busca liberar de responsabilidad a Mercado Pago por cualquier daño que el usuario pueda sufrir en el uso del servicio. La autoridad de Defensa del Consumidor destaca que “la seguridad y el buen funcionamiento de la plataforma son la esencia misma del servicio, no pueden eximirse de eso antes de que pase algo.”.
- Acceso a la justicia en la Ciudad de Buenos Aires: Los contratos de préstamo establecen que cualquier conflicto debe resolverse exclusivamente en los tribunales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. “Obligar a alguien de Rosario, Tucumán o Bariloche a viajar a CABA para reclamar es una limitación legal del acceso a la justicia. Las y los consumidores pueden, en su caso, optar por resolver el conflicto en el domicilio donde reside”, apuntó el organismo bonaerense.
La investigación en curso surge de la intervención de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. El organismo fundamentó su actuación en la posible existencia de cláusulas abusivas que podrían afectar a una cantidad significativa de usuarios en la Argentina.
Según explicó el ministerio de Producción provincial, Mercado Libre tiene ahora la posibilidad de formular una propuesta de “adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas”. En caso de que lo haga, el expediente se cerrará.
Si no lo hace, Mercado Libre “puede ser sancionada con una multa de hasta $1.815.000.000. Ahora la empresa tiene un plazo de cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito y acreditar personería y domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata», agregó el comunicado.
El área de Defensa del Consumidor incluyó en su análisis no solo los términos y condiciones generales de uso, sino también los contratos específicos de préstamos que ofrece Mercado Pago a través de la plataforma. El objetivo es determinar si las cláusulas observadas se adecuan a los principios de información, transparencia, equidad y responsabilidad contemplados en la legislación nacional.
Tras conocerse la imputación, fuentes de Mercado Libre señalaron que la imputación de la provincia de Buenos Aires “corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa de oficio, no implica sanción alguna y no surge de reclamos concretos de usuarios afectados”.
“Rechazamos las acusaciones planteadas y presentaremos el descargo correspondiente en tiempo y forma, aportando toda la información y aclaraciones necesarias. Millones de personas utilizan nuestras plataformas todos los días y, en relación con el enorme volumen de operaciones que procesamos, tenemos un nivel muy bajo de reclamos», explicaron en la empresa. Además, señalaron que los usuarios cuentan con “canales de atención y resolución, que permiten resolver la gran mayoría de los casos de manera rápida y eficiente”.
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ECONOMIA
Brecha en la cuota de un crédito hipotecario UVA entre banco y banco puede superar los $650.000
El regreso de los créditos hipotecarios UVA volvió a poner sobre la mesa una pregunta central para quienes buscan comprar una vivienda con financiamiento bancario. La tasa importa, pero no es lo único. El plazo, el porcentaje de financiación, la relación cuota ingreso y, sobre todo, la evolución esperada de la inflación pueden modificar de manera fuerte el esfuerzo mensual que debe afrontar una familia.
El último relevamiento de tasas muestra una dispersión amplia entre bancos. En el extremo más bajo aparece Banco Nación, con una TNA de UVA +6%, mientras que en la parte más cara se ubica Supervielle, con una TNA de UVA +15%.
Según los datos relevados por Salinas Andrés, el promedio del sistema se ubica en torno al UVA +9,4% TNA, aunque con diferencias relevantes según la entidad elegida. El mapa queda ordenado de la siguiente manera.
- Banco Nación ofrece una tasa de 6% TNA, con plazo de 30 años, relación cuota ingreso de 25% y financiación de hasta 75%.
- ICBC aparece con 6,9% TNA, plazo de 20 años, cuota ingreso de 25% y financiación de 75%.
- Ciudad se ubica en 7,5% TNA, con plazo de 20 años, cuota ingreso de 25% y financiación de hasta 70%.
- BBVA también muestra 7,5% TNA, aunque con plazo de 30 años y financiación de hasta 80%.
- Credicoop ofrece 8% TNA, a 20 años, con financiación de 70%.
- Macro aparece con 8,5% TNA, plazo de 20 años y financiación de 70%.
- Bancor se ubica en 8,9% TNA, a 20 años, con financiación de 75%.
- Banco del Sol marca 9% TNA, a 20 años, con financiación de hasta 80%.
- Banco Patagonia ofrece 9,3% TNA, con plazo de 30 años, relación cuota ingreso de 25% y financiación de 75%.
Luego aparece un grupo de entidades con tasas de 9,5% TNA, integrado por Hipotecario, Santander y Galicia. En el caso de Hipotecario, el plazo es de 15 años, la relación cuota ingreso de 20% y la financiación de 80%. Santander y Galicia ofrecen plazo de 20 años, cuota ingreso de 25% y financiación de 70%.
Más arriba quedan Grupo Petersen, con 9,9% TNA, Banco de Chubut, con 10% TNA, Comafi, con 10,5% TNA, Brubank y Banco de Corrientes, ambos con 12% TNA, y finalmente Supervielle, con 15% TNA.
Qué cuota inicial paga cada banco para una propiedad de u$s100.000
En el ejecicio se toma como base una propiedad de u$s100.000, financiación de 75%, plazo de 20 años, dólar oficial de $1.430 y UVA inicial de $1.967,84. Bajo esos supuestos, la cuota inicial cambia de manera sensible según la tasa de cada banco.
Para abril de 2026, la cuota estimada más baja corresponde a Banco Nación, con unos $788.350 mensuales. En el otro extremo, Supervielle muestra una cuota inicial cercana a $1.448.976.
La diferencia entre ambos casos ronda los $660.000 por mes, una brecha muy relevante para cualquier familia que analiza ingresar a un crédito hipotecario. Incluso dentro de tasas intermedias, el salto también pesa. ICBC aparece con una cuota de $846.535, mientras que Ciudad y BBVA se ubican en torno a $886.463. Credicoop arranca en $920.406, Macro en $954.940, Bancor en $982.979, Banco del Sol en $990.045 y Patagonia en $1.007.806.
En el grupo de 9,5% TNA, Hipotecario, Santander y Galicia muestran una cuota inicial estimada de $1.025.703. Grupo Petersen arranca en $1.054.615, Banco de Chubut en $1.061.895, Comafi en $1.098.602, Brubank y Banco de Corrientes en $1.211.619, mientras que Supervielle queda bastante más arriba por su tasa de 15% TNA.
El promedio del sistema, siempre bajo esta simulación, parte de una cuota cercana a $1.023.801 en abril de 2026.
Cómo evolucionaría la cuota con los supuestos de inflación
La simulación proyecta la evolución mensual de las cuotas con una pauta de inflación descendente. Es importante aclarar que no se trata de una estimación propia de inflación ni de una garantía sobre el valor futuro de la cuota, sino de un escenario utilizado para modelar cómo podría moverse el pago mensual si la UVA ajusta con esos porcentajes.
Los supuestos de inflación mensual utilizados son los siguientes.
- Para abril de 2026 se toma 2,6%
- Para mayo 2,3%
- Para junio y julio 2,1%
- Para agosto y septiembre 1,9%
- Para octubre 1,8%
- Desde noviembre de 2026 en adelante se utiliza una pauta de 1,4% mensual.
Con esos parámetros, la cuota promedio del sistema pasaría de $1.048.827 en mayo a $1.072.378 en junio, $1.096.472 en julio, $1.118.926 en agosto, $1.141.856 en septiembre y $1.164.128 en octubre.
Desde noviembre, con una inflación mensual supuesta de 1,4%, el promedio continuaría escalando hasta $1.182.479 en noviembre, $1.201.135 en diciembre y $1.220.103 en enero de 2027.
Hacia diciembre de 2027, la cuota promedio proyectada llegaría a $1.451.017. Esto implica que, bajo estos supuestos, una cuota promedio inicial de poco más de $1 millón podría subir cerca de 42% en menos de dos años.
El caso de Banco Nación, que arranca como la alternativa más barata, pasaría de $788.350 en abril de 2026 a $1.134.889 en diciembre de 2027. ICBC subiría de $846.535 a $1.213.128. BBVA y Ciudad, que comienzan en $886.463, llegarían a $1.266.762. En el extremo más alto, Supervielle pasaría de $1.448.976 a $2.021.664.
La comparación permite ver que la tasa inicial condiciona todo el recorrido posterior. La UVA ajusta por inflación, pero la tasa real que cobra cada banco define desde qué escalón empieza la cuota y cuánto pesa el crédito desde el primer mes.
El riesgo no está solo en la tasa, sino en el salario
En los créditos UVA, el punto más sensible no es únicamente cuánto sube la cuota, sino cómo evoluciona frente al ingreso familiar. Si los salarios acompañan la inflación, el esfuerzo relativo puede mantenerse más estable. Si los ingresos corren por detrás del índice de precios, la cuota puede empezar a pesar cada vez más sobre el presupuesto mensual.
Por eso, la relación cuota ingreso que informa cada banco es un dato central dado que la mayoría de las entidades trabaja con un límite de 25%, aunque hay excepciones. Hipotecario exige una relación de 20%, mientras que Grupo Petersen y Banco de Chubut permiten una relación de 30%.
En la práctica, esto significa que también hay que observar cuánto financia cada banco, qué plazo permite, qué porcentaje del ingreso acepta comprometer y cuál es la cuota inicial resultante. Un crédito con tasa menor puede ser más exigente si financia menos o si pide una relación cuota ingreso más restrictiva. A la inversa, una entidad con tasa algo más alta puede resultar útil si permite financiar una mayor proporción de la vivienda o extender el plazo.
Banco Nación, BBVA, Banco Patagonia y Brubank ofrecen opciones a 30 años, lo que ayuda a reducir la cuota inicial frente a un crédito más corto. Sin embargo, un plazo más largo también implica más años de exposición al ajuste UVA y al pago de intereses.
Qué mirar antes de elegir un crédito UVA
Para comparar créditos hipotecarios UVA conviene mirar cuatro variables al mismo tiempo.
- La primera es la TNA, porque marca el costo financiero real sobre el capital ajustado
- La segunda es el plazo, ya que define cuánto se estira el repago
- La tercera es el porcentaje de financiación, clave para saber cuánto ahorro previo necesita el comprador
- La cuarta es la relación cuota ingreso, que determina si el solicitante califica o no.
En este mapa, Banco Nación queda como la entidad con menor tasa, mientras que ICBC, Ciudad y BBVA aparecen dentro del grupo más competitivo. Del otro lado, Brubank, Banco de Corrientes y Supervielle muestran los costos más elevados, aunque cada caso debe evaluarse con las condiciones completas del préstamo.
El escenario de cuotas proyectadas muestra, además, que una inflación mensual que baje hacia la zona de 1,4% igualmente genera una suba acumulada relevante en los pagos. El crédito UVA puede ser una herramienta potente para acceder a la vivienda, pero exige una lectura fina del flujo de ingresos futuros y del margen disponible para absorber aumentos mensuales.
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ECONOMIA
Súper RIGI: un gigante de Wall Street se preguntó si generará inversiones “genuinamente nuevas”
Tras la presentación del Súper RIGI por parte del Gobierno, el banco JP Morgan analizó el proyecto y aseguró que es superior al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones Original (RIGI) en términos de beneficios, aunque planteó dudas sobre su eficacia para atraer nuevos capitales genuinos. De todos modos, sostiene que abre la puerta a transformar la composición de la canasta exportadora.»
Llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, la iniciativa tiene como objetivo declarado promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones, favorecer la creación de empleo y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales.
Con una inversión mínima de USD 1.000 millones, el esquema se orienta puntualmente a “nuevas actividades económicas”, entendidas como todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, “con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”. Por ese aspecto, para JP Morgan, el alcance del plan es “acotado y preciso”.
En su último informe a clientes, el banco precisó que la propuesta tiene relevancia en tres dimensiones:
- Extiende la arquitectura de incentivos a sectores como infraestructura de IA, semiconductores y biotecnología avanzada, áreas en las que Argentina ha estado históricamente ausente de las cadenas globales de valor
- Mejora sustancialmente las condiciones fiscales y regulatorias respecto del RIGI base
- Evita la superposición con el RIGI existente, estableciendo reglas de exclusión claras para proyectos que se solapen
En cuanto a las implicancias macroeconómicas, JP Morgan señaló: “La pregunta analítica central es si el Súper RIGI generará inversión genuinamente nueva o simplemente redirigirá proyectos existentes hacia un régimen más favorable. El diseño se inclina fuertemente hacia la adicionalidad”.
A su vez, creen que los costos fiscales probablemente serán menores a lo que sugieren sus críticos, dado que el régimen apunta a sectores donde Argentina actualmente cuenta con escasa o nula base imponible, “lo que implica que el Estado no está resignando ingresos existentes sino intentando crear nueva recaudación”.
“El camino político, sin embargo, resulta más complejo que el del RIGI original, que fue aprobado como parte de un paquete legislativo más amplio. Se espera que la oposición se concentre en las restricciones fiscales provinciales, las disposiciones de arbitraje y la percepción de un sesgo favorable a los inversores extranjeros. Aun así, la aprobación sigue siendo el escenario base”, afirmó el banco.
Los analistas de la entidad consideraron también que el Súper RIGI es un instrumento de política “bien diseñado y estructuralmente superior al RIGI original en términos de incentivos por proyecto”, resaltando puntos como la alícuota del 15% al Impuesto a las Ganancias, la reducción de contribuciones patronales, el traslado ilimitado de quebrantos, la plena libertad cambiaria desde el inicio, la exención a los derechos de exportación e importación, un horizonte de estabilidad de 30 años y el acceso al arbitraje internacional sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa. Esta última, junto a otras protecciones jurídicas, refuerzan la credibilidad.
En suma, celebraron la inclusión de disposiciones alineadas con las reglas del Pilar Dos de la OCDE, ya que garantiza que los incentivos no sean neutralizados por mecanismos de impuesto mínimo global.
Destacaron que “la tributación sobre dividendos se reduce progresivamente a lo largo del tiempo, impulsando la reinversión temprana, mientras que las pérdidas pueden trasladarse a ejercicios futuros de manera indefinida”.
Son innovaciones que, para JP Morgan, “abordan obstáculos reales para atraer inversión en industrias de frontera en el actual entorno global de asignación de capital”.
El reporte concluyó: “Los riesgos centrales son políticos, no económicos, dado que el historial legislativo de la Argentina en materia de reformas favorables a la inversión es dispar. De ser aprobado, no obstante, la primera generación de proyectos bajo el Súper RIGI —probablemente en infraestructura de datos, hidrógeno verde o química de especialidad— representaría un cambio estructural genuino en la composición exportadora argentina».
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