Un grupo de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires que integran los bloques de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense se presentó este jueves en la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social del Estado bonaerense, para reclamar información sobre el “estado financiero, prestacional y administrativo de la obra social provincial”.

Un día después de la marcha federal del sector de la salud pública contra el gobierno de Javier Milei, los legisladores alineados con el Presidente presentaron sus reclamos en el edificio principal de la obra social del gobierno de Axel Kicillof, que comanda el dirigente de La Cámpora Homero Giles, ubicado en calle 46, entre 12 y 13.

Los legisladores bonaerenses alineados con Milei pidieron “información detallada sobre deuda con prestadores, interrupción de servicios, reclamos judiciales, situación de discapacidad, salud mental, copagos, convenios médicos y ejecución presupuestaria”, según informaron en un comunicado de prensa. Añadieron a su presentación en la mesa de entradas del IOMA “proyectos de ley, pedidos de informes y resoluciones vinculadas a la crisis de la obra social presentados tanto en el Senado como en Diputados”.

Los legisladores de La Libertad Avanza argumentaron que decidieron llevar sus reclamos al edificio principal de la obra social bonaerense por “la parálisis legislativa que sufre la Legislatura provincial ante la interna partidaria que transita el oficialismo en la provincia y que no permite tratar temas urgentes como el de la crisis del IOMA, que está dejando a miles de bonaerenses sin la atención que deberían recibir por los aportes que realizan mes a mes con sus haberes”. Ninguna de las dos cámaras legislativas bonaerenses realizó una sesión ordinaria en lo que va de este año. Kicillof inauguró el período ordinario de sesiones el 2 de marzo.

La delegación libertaria que reclamó en la sede central del IOMA estuvo integrada por los senadores bonaerenses Carlos Curestis, Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera, y los diputados provinciales Juan Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti.

“Estamos hablando de una obra social que administra recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses y que hoy atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del gobierno provincial. Lo que pedimos es transparencia, información y respuestas concretas para miles de afiliados que todos los días encuentran más dificultades para acceder a atención médica”, afirmó Curestis, jefe del bloque de senadores .

“Los bonaerenses no pueden seguir siendo postergados por la mala administración de IOMA. Hoy presentamos un documento para que el gobernador Axel Kicillof reciba y responda de manera urgente a nuestros requerimientos ante la preocupante demoras de pago a los prestadores médicos, la grave deficiencia en el servicio de salud y la absoluta falta de transparencia sobre el destino de los fondos públicos que se desvían hacia la pauta publicitaria”, dijo, por su parte, Osaba, que se desempeña como vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial.

Este viernes, habrá un paro de psicólogos que trabajan con IOMA, que reclaman ante la falta de pago de la obra social. El Colegio de Psicólogos de La Plata convocó a la medida de fuerza de los profesionales ante la existencia de “facturas que cuentan con remito hace más de un mes y que, al día de la fecha, aún no poseen orden de pago emitida, generando una situación de incertidumbre e incumplimiento sostenido hacia las y los prestadores”.

El miércoles de la semana pasada, hubo una protesta frente a la sede de la obra social provincial en Mar del Plata, protagonizada por familiares y allegados de una mujer que falleció. Sostuvieron que la paciente, Silvia Nancy González, de 56 años, murió por “negligencia, abandono y deshumanización” durante su tratamiento en clínicas del IOMA y traslados.

Además del reclamo de este jueves en la sede del IOMA, un representante de LLA ya llevó a la Justicia las problemáticas de la obra social. En noviembre del año pasado, el concejal de Esteban Echeverría Marcelo Mazzeo presentó una denuncia para que se investigue a Giles y a Kicillof por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.

A pesar de las denuncias judiciales y reclamos por el funcionamiento y la falta de pago a proveedores, Kicillof respalda a la conducción del IOMA. Luego de la movilización de los legisladores libertarios a la sede de la obra social, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, criticó al oficialismo nacional. “Frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión, para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud”, sostuvo el ministro bonaerense.

“Intentan instalar falsedades para desviar la discusión porque no tienen respuestas serias frente a la crisis que generaron”, remarcó Kreplak. “Lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino. La diferencia es que, aun en este contexto, el IOMA sigue aumentando prestaciones y sosteniendo cobertura”, consideró el funcionario, que, al igual que Giles, milita en La Cámpora.

La Cámara Federal destrabó el avance de la realización del juicio en ausencia contra los acusados iraníes y libaneses del atentado contra la AMIA, a pesar de que los prófugos cuestionaron la constitucionalidad de ese procedimiento en la Cámara Federal de Casación Penal.

Los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens y Martín Irurzun revocaron la decisión del juez federal Daniel Rafecas, que había puesto reparos al avance del caso hasta tanto resuelva la Cámara de Casación sobre la validez del mecanismo legal impulsado por el gobierno de Javier Milei y organizaciones de la comunidad judía.

La lista de los acusados a los que se les aplicará el proceso de juicio en ausencia por el atentado a la AMIA son Ali Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Ashari (o Mohsen Randjbaran), Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

El fiscal de la causa AMIA, Sebastián Basso, apeló la decisión de Rafecas y ahora la Cámara Federal dispuso hacer lugar a su reclamo.

Rafecas había paralizado el avance de la causa al argumentar que la defensa de los prófugos había apelado la constitucionalidad de la nueva ley de juicio en ausencia.

Basso sostuvo que había una contradicción, pues el suspender el trámite por una apelación desnaturalizaba el propósito mismo del juicio en ausencia, creado para evitar que el paso del tiempo y la fuga de los acusados frustren la justicia.

El juez Mariano Llorens se hizo eco del planteo y sostuvo que resulta “un absurdo constitucional” y contradictorio que el propio sistema judicial obstaculice el avance del proceso cuando el legislador creó esta herramienta específicamente para garantizar celeridad ante la incomparecencia de los imputados.

Llorens recordó que el ataque terrorista a la AMIA no es un delito ordinario, sino una “tragedia de excepcional trascendencia institucional” y advirtió que “no se puede soslayar que ya han pasado más de treinta años desde el atentado” sin que el Estado haya cumplido con su deber de brindar justicia.

Para fundamentar su decisión, el magistrado se apoyó en decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), del caso promovido por Memoria Activa, donde la Argentina fue condenada por denegación de justicia y el Estado admitió su culpa.

Recordó que el tribunal internacional obligó al Estado argentino a “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso” para establecer la verdad de lo ocurrido en un plazo razonable. Según Llorens, paralizar la causa en este contexto implica “profundizar el padecimiento de las víctimas”.

El juez Martín Irurzun respaldó la reactivación del expediente al sostener que el juicio en ausencia es un “sistema especial” y una “herramienta excepcional” limitada a los crímenes más graves del derecho de gentes.

Irurzun subrayó que “no es admisible anteponer obstáculos formales de derecho interno que puedan contribuir a que se impida la investigación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos”.

Consideró que la propia naturaleza y finalidad de la nueva ley implica que su aplicación no puede verse interrumpida por la simple interposición de un recurso extraordinario por parte de las defensas.

El camarista aclaró que juzgar en ausencia no significa rebajar los estándares de prueba ni vulnerar derechos. Explicó que la aplicación de este mecanismo “no modifica, no relaja y no exime” de seguir los principios procesales para descubrir la verdad, sino que, por el contrario, habilita el tránsito hacia la instancia oral que es el “cauce natural para un tratamiento y examen más profundo de los hechos” y las evidencias.

Con esta resolución, la Cámara ordenó al juez de primera instancia proceder con celeridad a concretar las notificaciones a los imputados a través de canales diplomáticos y consulares, y encaminar el caso hacia el debate oral y público.