La crisis de la fabricante de electrodomésticos Peabody dio un paso decisivo en la Justicia. El Juzgado Comercial N°21 resolvió hoy la apertura del concurso preventivo de Goldmund S.A., la sociedad controlante de la marca, y dejó formalmente en marcha un proceso que la propia empresa había iniciado a comienzos de marzo para reestructurar su pasivo.
La resolución implica que el tribunal consideró acreditado el estado de cesación de pagos, habilitando así la negociación colectiva con acreedores bajo supervisión judicial. Al momento de la presentación, los registros del Banco Central mostraban deudas bancarias por casi $19.600 millones, aunque ese número no refleja la totalidad del pasivo concursal, que incluye compromisos comerciales, fiscales y financieros que ahora deberán verificarse dentro del expediente.
Lejos de tratarse de una jugada preventiva, la propia compañía dejó asentado en su presentación que el quiebre financiero ya se había producido. Según surge del expediente, el punto de inflexión se registró el 27 de febrero de este año, cuando no pudo afrontar un vencimiento por $290 millones, lo que derivó en la «ruptura de la cadena de pagos» y precipitó la convocatoria judicial.
Ese deterioro se profundizó en las semanas siguientes. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central, la firma acumula 168 cheques rechazados por casi $553 millones, un indicador que refleja con mayor claridad el quiebre económico de la firma.
Alquiler impago y riesgo sobre la planta
Un dato clave es que el deterioro financiero ya impacta sobre la estructura operativa. En el expediente, Goldmund informó que ocupa su planta de La Tablada, sobre la avenida Crovara, en carácter de locataria y que, al momento de presentarse en concurso, mantenía impagos los alquileres de enero, febrero y marzo.
La deuda acumulada por esos cánones supera los $628 millones y abrió un conflicto directo con la locadora. Según reconoce la propia empresa, la situación «ha puesto en crisis la continuidad del vínculo contractual», dejando en una zona de incertidumbre la permanencia en su principal base operativa.
El contrato de locación, además, tiene fecha de vencimiento: 30 de junio de 2026, lo que agrega presión sobre el corto plazo y refuerza el riesgo de que la compañía deba redefinir su base productiva en medio del proceso concursal.
SIRAs, devaluación y capital de trabajo: la secuencia del quiebre
En el expediente, la compañía reconstruye una secuencia precisa del deterioro que combina factores regulatorios, financieros y operativos. Ubica el inicio del problema en el segundo semestre de 2023, en el marco del esquema de importaciones vigente, cuando, según sostiene, debió operar en condiciones que afectaron directamente su rentabilidad.
En ese contexto, introduce uno de los ejes más sensibles de su presentación: la dinámica de las SIRA. Según detalla, para poder sostener el flujo de importaciones, la empresa debió vender productos por debajo de su costo, lo que comenzó a erosionar su capital de trabajo y a generar un descalce progresivo.
Ese proceso se combinó con la acumulación de créditos fiscales que luego se transformarían en un factor crítico. En concreto, Goldmund afirma que llegó a acumular alrededor de $1.500 millones en concepto de IVA e Impuesto PAIS, que quedaron «fuertemente licuados» tras la devaluación de diciembre de 2023, profundizando el deterioro financiero.
A esto se sumaron las restricciones para acceder a divisas y las dificultades para cancelar deudas con proveedores del exterior, lo que obligó a la compañía a recurrir a mecanismos más costosos y terminó impactando en su caja. El resultado de esa secuencia, según reconoce la propia empresa, fue el default de febrero de 2026 que marcó el quiebre definitivo.
«Precios irrisorios», subfacturación y un mercado distorsionado
Uno de los puntos más duros del escrito aparece en la descripción del contexto competitivo. Allí, la empresa sostiene que «la abrupta apertura de los mercados a la importación… alentó la introducción masiva de productos a precios irrisorios», lo que, según plantea, desarmó la ecuación económica de la industria local.
El expediente aporta incluso ejemplos concretos: «productos cuyo valor real ronda los 20 dólares son declarados por montos sustancialmente inferiores, del orden de 8, 9 o 10 dólares», en referencia a prácticas de subfacturación que permiten ingresar mercadería a valores artificialmente bajos.
El diagnóstico se completa con una advertencia sobre la informalidad. Según la empresa, «se ha multiplicado una cantidad de galpones que, sin tributar impuestos, comercializan esta clase de productos importados», lo que genera una asimetría competitiva frente a las compañías formales y presiona a la baja los precios.
Ese planteo coincide con declaraciones recientes del dueño de la compañía, Dante Choi, quien sostuvo que «la ilegalidad tomó todo el mercado argentino» y que hoy la competencia se da contra productos que ingresan «subfacturados, sin certificaciones y en muchos casos por canales informales», al punto de estimar que estas prácticas alcanzan «al 70 u 80% del mercado».
Del modelo industrial al giro importador
A su vez, los números del expediente muestran también cómo cambió la forma en que la empresa hace negocios.
En 2025, Goldmund todavía mantenía un esquema con peso industrial: vendió más de 700.000 unidades, pero menos de la mitad eran de fabricación propia. Es decir, incluso antes del concurso, la compañía ya combinaba producción local con productos importados para completar su oferta.
En 2026, ese equilibrio se rompe. Las ventas caen con fuerza, apenas 83.676 unidades en lo que va del año y, al mismo tiempo, cambia la composición: más de la mitad de los productos vendidos ya son importados.
La facturación refuerza esa tendencia. En 2025 había superado los $47.000 millones, mientras que, en 2026, con datos parciales, ronda los $4.700 millones, en un contexto de caída del consumo y reacomodamiento del negocio.
En términos prácticos, lo que muestran los datos es un corrimiento claro: Peabody dejó de ser principalmente una fábrica para pasar a operar cada vez más como importadora y comercializadora, un cambio que no responde a una estrategia de expansión sino a la pérdida de competitividad de la producción local.
Paraguay, costos y reconfiguración productiva
En paralelo, la compañía detalla el esquema que sostiene actualmente su operación. Parte de la producción fue trasladada a Paraguay, donde fabrica principalmente la línea de climatización bajo un régimen de maquila.
La decisión, según explica en el expediente, responde a una diferencia estructural de costos. Goldmund estima que producir en ese país resulta entre 30% y 35% más barato, debido a salarios más bajos (en torno a u$s500 mensuales contra u$s2.000 en Argentina), menor carga impositiva, ausencia de aranceles sobre insumos importados y un régimen fiscal más liviano.
«El diferencial no responde a un único factor, sino a la acumulación de ventajas fiscales, laborales y arancelarias», sostiene la empresa, que concluye que ese esquema «torna económicamente inviable» concentrar la producción en la Argentina.
Ese proceso de relocalización ya había sido explicitado por su dueño, quien directamente afirmó que «no piensa volver a producir en Argentina», en un contexto en el que, según su visión, el negocio industrial dejó de ser sostenible.
Con la apertura formal del concurso, comienza ahora la etapa de verificación de créditos y negociación con acreedores. Pero los datos del expediente dejan un mensaje más amplio: el caso Peabody no refleja solo una crisis financiera puntual, sino el quiebre de un modelo productivo que, al menos para esta compañía, dejó de cerrar.
