Orlando Ferreres, uno de los economistas más escuchados de la City y referente histórico para el presidente Javier Milei, encendió una nueva señal de alerta sobre el mercado cambiario al advertir que existe un atraso del dólar cercano al 30% y sostuvo que el tipo de cambio oficial debería cerrar 2026 en niveles mucho más altos que los actuales para acompañar la inflación.

El titular de OJF & Asociados afirmó que, según sus cálculos, el dólar oficial debería ubicarse cerca de los $1.715 hacia diciembre, frente a una cotización actual que ronda los $1400. La definición vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles para el Gobierno: si el esquema cambiario puede sostenerse sin una corrección más acelerada del tipo de cambio.

Orlando Ferreres prevé un dólar a $1.175 y alertó por un «atraso cambiario»

Durante una entrevista televisiva, Ferreres aseguró que el valor actual del dólar no refleja una «paridad de equilibrio» frente a la evolución de los precios internos.

«Para nosotros la inflación del año va a dar 30%, o sea un número parecido al de 2025», explicó el economista, quien consideró que todavía persiste un reacomodamiento de precios relativos que seguirá presionando sobre el índice general.

En ese marco, sostuvo que el dólar oficial debería avanzar hasta los $1.715 hacia fines de este año para no seguir perdiendo competitividad frente a la inflación doméstica.

«Haciendo el cálculo para atrás, nos da un atraso de un 30% aproximadamente. Aplicado eso, daría los $1.700 que estamos calculando que va a entrar para diciembre de este año», señaló Ferreres.

El economista incluso fue más allá y afirmó que, si se midiera una «paridad teórica de equilibrio», el tipo de cambio hoy debería ubicarse cerca de los $2300 por dólar.

El índice Big Mac y la comparación de costos con otros países

Para justificar su planteo, Ferreres explicó que el tipo de cambio funciona como una comparación de costos entre distintos países y utilizó como ejemplo el índice Big Mac, uno de los indicadores internacionales más conocidos para medir atrasos o sobrevaluaciones cambiarias.

«Algo de atraso hay y yo creo que eso va a tener que corregirlo el Gobierno de acá a fin de año», insistió.

La advertencia llega en un momento en el que el equipo económico busca sostener la desaceleración inflacionaria sin generar tensiones cambiarias, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y el ingreso de dólares financieros.

El mercado coincide en una suba del dólar hacia fin de año

Más allá de las declaraciones de Ferreres, las proyecciones privadas también muestran expectativas de una suba gradual del dólar oficial durante los próximos meses.

Según estimaciones de la consultora Focus, el consenso de analistas espera que el tipo de cambio cierre 2026 en torno a los $1699,2 por dólar, un nivel muy cercano al proyectado por Ferreres. Para 2027, las previsiones ubican a la divisa cerca de los $1.956.

En paralelo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central mostró una leve corrección a la baja en las proyecciones cambiarias de corto plazo.

La mediana de los analistas prevé un dólar oficial promedio de $1410 para mayo de 2026, mientras que para diciembre el consenso apunta a una cotización cercana a los $1676.

El contexto internacional y los riesgos para el plan económico

Ferreres también se refirió al escenario externo y consideró que la Argentina está siendo favorecida por la suba internacional del petróleo. Sin embargo, advirtió que el contexto financiero global sigue siendo frágil por la tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz y la volatilidad de los mercados internacionales.

En ese contexto, el economista remarcó que será clave monitorear la liquidez del mercado local y la política de tasas que defina el Tesoro en los próximos meses, factores que podrían impactar sobre la estabilidad cambiaria y el futuro del carry trade en la Argentina.

En una entrevista en Infobae a la Tarde, los economistas Lucía Cirmi Obón y Federico González Rouco analizaron cómo la pérdida de poder adquisitivo afecta a la clase media, en un contexto donde los salarios reales caen y los gastos fijos aumentan mes a mes.

Durante su paso por el estudio, los especialistas señalaron que la preocupación central de la clase media reside en la pérdida sostenida del poder de compra, efecto de una política oficial que mantiene pisados los sueldos para contener la inflación, mientras la oposición reclama mayor libertad en las negociaciones paritarias.

Federico González Rouco fue contundente al describir la situación de los hogares: “Nosotros tenemos una medición, que seguimos el ingreso disponible, que es esto, lo que le queda a un hogar después de hacer los gastos fijos, y nosotros lo tenemos en el, en, en general, 5% por debajo de cuando asume este gobierno”. El economista precisó que “para los hogares de menores ingresos, la caída todavía es mayor”, y que “en los últimos cinco meses hubo en los cinco meses caída”.

González Rouco detalló que los gastos fijos como “gas, transporte, electricidad, alquiler, expensas” subieron “muy por encima de cualquier índice de inflación”, lo que profundiza la pérdida de capacidad de consumo. Según sus datos, “los gastos fijos representaban el 15% de un ingreso en promedio en noviembre de 2023. Hoy es 24%”.

Lucía Cirmi Obón puso el foco en el impacto social: “El esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina está igual que siempre. De hecho, en promedio, los trabajadores en Argentina trabajan 40 horas semanales y las personas pobres trabajadoras trabajan 42 horas, o sea, trabajan más que los no pobres. Pero lo que hoy falta es mucha política pública alrededor de ese esfuerzo”.

La economista sostuvo que el Gobierno de Milei “ajustó toda la economía para encontrar una variable positiva, la reducción de la inflación”, pero advirtió que “el ingreso disponible hoy es incluso, en algunos casos, 12% abajo”.

En el análisis sobre posibles soluciones, Cirmi Obón propuso: “Podrías mejorar la situación de los trabajadores regulando la tasa a la que reconfigurás la deuda de la tarjeta de crédito, que es algo que Milei liberó. El salario mínimo vital y móvil, que está en 350 mil, debería estar en 550 mil. El bono de los jubilados, que está en 70 mil pesos, debería estar en 200 mil pesos para mantener poder adquisitivo”.

González Rouco planteó que “gran parte de la caída viene por la corrección de subsidios o de tarifas”, y explicó que “gran parte de la caída del ingreso disponible no es solamente que caen los ingresos, es que también crecen los gastos fijos”.

Sobre la comparación internacional, sostuvo: “Lo que estoy hablando es para el AMBA. Para otras regiones donde lo vimos, para la de Argentina es más o menos similar. El resto del mundo es mucho más diferente”.

Ambos especialistas coincidieron en que la estructura del mercado laboral argentino es un obstáculo: “El asalariado privado, el típico empleado en relación de dependencia de una empresa, es el que mejor gana, es el que más aporta. Y esos hay cada vez menos”, afirmó González Rouco.

Cirmi Obón sumó: “Lo que no cambiás hace más de 40 años es una informalidad que no baja del 30%. Y cuando vos querés trabajar con esa informalidad, muy lejos de la reforma laboral, que yo por ahora no veo ningún, este, no veo una lluvia de inversiones”.

El debate se orientó también hacia el futuro y la necesidad de reformas continuas y adaptativas. González Rouco remarcó: “Creo que a Argentina no le sobra nada en términos fiscales. El Estado tiene cosas para hacer. Hoy Argentina tiene un problema de liquidez de largo plazo en cómo fondear proyectos largos de infraestructura, por un lado, o de vivienda o de construcción, lo que decía. Es un sector que tiene más o menos un 40% del empleo en blanco y un 60% del empleo no registrado”.

Cirmi Obón destacó la urgencia de políticas de inclusión previsional: “Ya hoy la mitad de las jubilaciones se financian con impuestos y para adelante vas a tener que pensar no solo una AFUAM, sino una inclusión previsional permanente, que probablemente sea un primer escalón”.

Consultada sobre la reforma laboral, opinó: “Cuando hay recesión no hay ningún beneficio que haga que un empresario quiera salir a contratar gente si no tiene a quién venderle. La informalidad la explican cuatro sectores, principalmente: trabajadoras de casas particulares, construcción, plataformas y empresas muy pequeñas”.

En cuanto a la posibilidad de financiar políticas redistributivas, Cirmi Obón aseguró: “Si recuperás un tercio de los perdones impositivos que das a las empresas en Argentina, podrías subirle un 20% la jubilación a todos los jubilados de la mínima. Entonces, hay plata en la Argentina. El tema es pensar cómo se usa”.

El cierre del intercambio apuntó a la transformación del mercado de trabajo, el impacto de la revolución tecnológica y la necesidad de un enfoque integral: “Creo que con el tiempo van a aparecer nuevas formas y que lo que hace un par de años era obvio como mercado laboral, ya cambió. No sé a dónde va, pero sí cambió”, concluyó González Rouco.

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El gasto estatal destinado a sostener los subsidios del sistema energético registró un marcado incremento durante el primer cuatrimestre  del año, dado que entre enero y abril de 2026, las transferencias corrientes al sector energético totalizaron u$s1.240 millones, resultado del impacto del incremento de los valores en dóalares de los energéticos.

De acuedo al reporte de la consultora especializada Economía y Energía, el nivel de subsidios del arranque del año duplicó a los u$s604 millones de igual período de 2025, lo que marca un quiebre en la tendencia de reducción del gasto público que se observaba desde el pico histórico registrado en 2022.

A pesar de este fuerte repunte interanual, el acumulado de los primeros cuatro meses del año muestra un comportamiento dispar al analizar la serie histórica reciente. Las planillas oficiales reflejan que en el primer cuatrimestre de 2019 los subsidios sumaron u$s1.047 millones, para luego descender a u$s977 millones en 2020. 

A partir de allí se inició una escalada que llevó el gasto a u$s1.636 millones en 2021 y al récord histórico de u$s3.845 millones en 2022. Posteriormente, la curva comenzó a descender a u$s2.987 millones en 2023, profundizó la baja a u$s1.675 millones en 2024 y tocó un piso de 604 millones en u$s2025, antes de saltar a los actuales u$s1.240 millones de 2026.

A dónde van los subsidios energéticos

El principal motor de estas transferencias estatales continúa siendo CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. La empresa concentró el 74% de los fondos totales del cuatrimestre, con un requerimiento de u$s913 millones, de acuerdo al relevamiento de la consultora que dirige el economista Nicolás Arceo, en base a datos procesados sobre información de ASAP y Presupuesto Abierto, que no contemplan transferencias de capital.

La centralización de los recursos en esta firma expone la persistente dependencia del sistema de generación y distribución eléctrica respecto de la asistencia financiera del Tesoro Nacional para cubrir la brecha entre los costos reales y las tarifas vigentes.

El resto de los fondos públicos se distribuyó de manera sumamente desigual entre los demás actores regulados. ENARSA se posicionó como el segundo mayor receptor con u$s196 millones, equivalente al 16% de las erogaciones totales, mientras que el programa de incentivo a la producción local conocido como Plan Gas representó apenas el 1% de la torta, con un desembolso de u$s17 millones. El 9% restante (US$113 millones) se destinó a otros conceptos del sector, que incluyen yacimientos carboníferos y fondos fiduciarios.

La evolución mensual detallada revela un comportamiento volátil, caracterizado por picos estacionales de gasto seguidos por períodos de transferencias nulas en meses previos. El registro puntual de abril de 2026 cerró en u$s262 millones, un valor moderado en comparación con los techos mensuales históricos de la serie, pero que confirma la consolidación de un piso de gasto superior al del arranque de 2025. 

El nuevo paradigma de los subsidios

El salto del gasto se da a pesar del fuerte ajuste que el gobierno viene encarando en los subsidios a la demanda residencial, lo cual se materializón con la entrada en vigencia del Decreto 943/2025, que eliminó el viejo andamiaje de segmentación tarifaria e inauguró formalmente el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esta reforma estructural implicó la derogación del Decreto 332/2022 y dio por concluido el prolongado período de transición regulatoria. El nuevo enfoque persigue la unificación integral de todas las asistencias nacionales bajo una única ventanilla de asignación, simplificando un mapa normativo que adolecía de regímenes superpuestos y distorsiones que abultaban el rojo fiscal.

Esta reingeniería se basa en la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el cual absorbe de manera automática a la base de datos que conformaba el antiguo RASE. El criterio para conservar o solicitar la asistencia estatal se desliga de las viejas categorías por niveles de ingresos y se restringe de forma exclusiva a los hogares cuyos ingresos netos totales resulten inferiores al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT) informadas por el Indec.

Asimismo, la autoridad de aplicación se reserva el derecho de cruzar bases de datos patrimoniales para excluir del beneficio a usuarios con signos evidentes de exteriorización de riqueza. El impacto directo sobre las boletas de luz y gas se instrumenta a través de un esquema de bonificaciones fijas del 50%, pero estrictamente sujetas a bloques de consumo base predeterminados.

Para el segmento eléctrico, el SEF introduce un criterio de estacionalidad, subsidiando hasta un tope de 300 kWh mensuales en los meses de alta demanda invernal y estival, volumen que se reduce a la mitad (150 kWh) durante los meses de otoño y primavera. Toda energía demandada en exceso de estos límites regulados deberá ser abonada por el usuario residencial a precio pleno de mercado, sin ningún tipo de compensación estatal.

El avance sobre el Plan Hogar y Zona fria

La reconfiguración oficial sobre el sector hidrocarburífero tiene un eje crítico en la absorción gradual del Programa Hogar -destinado a los usuarios domiciliarios de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP)- dentro del entramado del SEF.

Esta unificación busca desmantelar el esquema de transferencias masivas para la compra de la garrafa social, migrando hacia un sistema de acreditación electrónica directa en base a topes máximos por hogar. El nuevo diseño regulatorio busca limitar las filtraciones en la cadena de distribución minorista de GLP y asegurar que el auxilio estatal llegue exclusivamente a las familias de bajos recursos sin conexión a la red de gas natural.

En paralelo, el gobierno apunta al debate legislativo para lograr una reingeniería del régimen de Zona Fría, con el propósito de eludir el gasto que implicaba la ampliación geográfica. El Gobierno impulsa un rediseño de los límites de las regiones beneficiadas para restringir los descuentos en las tarifas de gas residencial únicamente a los departamentos y localidades con rigores climáticos extremos comprobados.

Mediante la aplicación de criterios técnicos basados en las normas de zonificación bioambiental, se busca desafectar a las zonas templadas que contaban con subsidios generalizados, concentrando el esfuerzo fiscal remanente en la Patagonia y la Puna.