El martes, mientras en la calle se desplegaba la movilización en defensa de la universidad pública y en la Casa Rosada se reunía la mesa política del Gobierno, avanzaba, en el Palacio de Tribunales, un trámite silencioso, pero trascendente: ingresaba formalmente a la Corte Suprema el expediente que definirá la suerte de la Ley de Financiamiento Universitario. A partir de ahora, los ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, pueden resolver si obligan, o no, a Javier Milei a cumplir con la ley que nutre de fondos a las casas de estudio.

El máximo tribunal debe definir sobre un amparo concedido a los rectores universitarios, confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Así, la Corte tiene la última palabra sobre un tema de amplio impacto fiscal y enorme significado simbólico para la administración de Milei.

“Cualquier gobierno tiene que saber que, en la Justicia, la ley de gravedad funciona al revés: todo lo pesado sube”, dijo una experimentada fuente judicial. La clave, ahora, pasa por los tiempos. Si bien la Corte está en condiciones de resolver, no tiene plazos para hacerlo. Mientras no lo haga, el Gobierno entiende que la Ley de Financiamiento Universitario está en suspenso y no desembolsa el dinero. “Hoy nuestra principal aliada es la dilación”, reconoció un importante colaborador de la Casa Rosada.

El tema genera, por estas horas, todo tipo de especulaciones y ansiedades en distintos despachos del Gobierno, que entienden que se están poniendo en juego, como nunca, los intereses cruzados que vienen acumulando con la Justicia. “Es muy difícil determinar qué va a pasar porque todo está muy atravesado por el ruido judicial”, reconoció un importante colaborador oficial.

Nada indica que haya definiciones hoy, en la reunión de acuerdos de la Corte, aunque en el Poder Ejecutivo leerán cualquier señal de los jueces. “Yo creo que pedirán opinión a la Procuración General”, aventuró un funcionario del área judicial. El caso tiene una traba adicional: las universidades promovieron un incidente de ejecución de sentencia para acelerar la aplicación de la ley, que está pendiente de resolución en el juzgado de primera instancia.

Una paz artificial

Mientras tanto, en Comodoro Py, el caso de Manuel Adorni arroja más novedades con el alquiler en dólares que pagó en el country Indio Cua mientras remodelaba la casa propia. El jefe de Gabinete comienza a sentir aquel viejo apotegma que reza que “la condena es el proceso”. En su entorno se percibe cierto cansancio.

Este martes, cuando se volvieron a ver las caras, Karina Milei y Patricia Bullrich dieron por sobreentendido que no había más margen para seguir discutiendo el reclamo -todavía no saldado- para que Adorni explique cómo hizo su patrimonio. La ex ministra de Seguridad movió el avispero la semana pasada y el jefe de ministros anunció que adelantaría su declaración jurada. Pero, a esta altura, están claras las prioridades de Adorni: la rendición de cuentas ante la sociedad está subordinada a la estrategia que despliega su abogado en los tribunales.

Las mujeres fuertes del Gobierno no tuvieron otra opción más que montar una paz artificial. Ambas entendieron que era necesario terminar con la conflictividad interna después de varias semanas de deterioro en los vínculos en el Gobierno. Lo mismo entendió Luis Caputo, que volvió a los encuentros de mesa chica después de cierta ofuscación porque trascendió su reproche sobre el “riesgo político”, un planteo que debía mantenerse en reserva.

Es que, con los sucesos de los últimos días, ya no se pregunta qué va a hacer el Gobierno en términos de gestión sino cuánto se pelearon sus principales figuras. Por cierto, el enojo de Adorni con la periodista Cristina Pérez, ¿puede impactar negativamente en la carrera electoral de su pareja, el diputado Luis Petri? El ex ministro de Defensa, que se saludaba con Javier Milei a los saltos, trabaja para postularse a la gobernación de Mendoza.

En el oficialismo algunos vieron un quiebre, que podría notarse en el viaje a la provincia cuyana que hoy hará el ministro coordinador, donde será recibido por el gobernador Alfredo Cornejo. Petri espera que todo siga como siempre. Milei compartió en X un mensaje suyo. Y el retuiteo es el más importante de los gestos presidenciales.

Los roces por el caso Adorni profundizaron la desconfianza interna en La Libertad Avanza (LLA). “Hace tiempo que distintos actores se mueven más por sus intereses personales que por la causa grupal”, se lamentó un importante colaborador oficial. Esa descomposición de las relaciones paralizó la gestión y generó dinámicas llamativas.

Respecto a la reunión de gabinete del pasado viernes, ampliamente comentada por los editorialistas dominicales, lo más llamativo no fue que Javier Milei defendiera a ultranza a Adorni o que frenara en seco a Bullrich. Lo más novedoso, a todas luces, fue que se filtrara toda la escena de manera tan detallada. La regla número uno en LLA es hacer silenzio stampa después de los encuentros de trabajo. Basta con recordar que el mandato de Milei, allá lejos, en el verano de 2024, comenzó con el despido de un ministro, el fallecido Guillermo Ferraro, acusado falsamente por una filtración de una reunión de gabinete.

“El Presidente tiene una emocionalidad importante”, dijo Bullrich, como broche de oro, sobre el temperamento presidencial. Un eufemismo que se sumó a lo que Guillermo Francos bautizó como la “vehemencia” de Milei.

Mientras baja la espuma con Bullrich, Karina y su troupe no deponen las armas con el otro frente de batalla: el que mantienen con Santiago Caputo. Es, a esta altura, el superclásico libertario. El estratega pegó el faltazo a la mesa política del martes con aviso, por un viaje importante. Y el karinismo le mandó un mensaje con la confirmación de Sebastián Pareja como titular de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia.

Todo un símbolo: la famosa “bica de inteligencia”, que vigila los fondos reservados, para el enemigo público de los caputistas de Las Fuerzas del Cielo. Pareja sacó pecho en X. “Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento de organismos fundamentales para la seguridad nacional”, escribió.

Fue, quizás, una devolución de gentilezas por el mal trago que pasó el karinismo al inicio de esta semana cuando se conoció un informe lapidario elaborado por el equipo del interventor de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches. El escrito fue presentado en la causa -en manos de Ariel Lijo– que investiga presuntas coimas en el organismo cuando estaba conducido por Diego Spagnuolo. Detalla sobreprecios obscenos en la compra de sillas de ruedas, prótesis y otros dispositivos médicos que se pagaron 20 veces más que, por ejemplo, en PAMI.

Tiene párrafos curiosos. Por caso, cuando se objeta la compra de insumos producidos en el exterior. “La insistencia en el uso de importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”, dice el escrito que trascendió desde el expediente judicial.

Hay una auditoría anterior sobre la ANDIS de Spagnuolo todavía más contundente, que no se conoció públicamente. En el Gobierno creen que podría recargar demasiado las tintas sobre una causa que proyecta una sombra sobre Karina Milei y los Menem. La causa comenzó con el famoso audio del “3%”. La ANDIS depende del Ministerio de Salud que responde al ala de Santiago Caputo. Como el asesor y la hermana del Presidente no se hablan, quien está intermediando en toda esta trama es Adorni.

Otra situación curiosa de los últimos días: si bien hubo ministros que aseguraron que trabajaron “en conjunto” con el Ministerio de Economía para definir qué recortes sufrirían las partidas de sus carteras, alguno se desayunó sobre la poda en su área con el Boletín Oficial del lunes.

Pese a que la motosierra pasó por lugares sensibles, como las partidas educativas o los fondos para el sistema de salud, el Gobierno reforzó los créditos destinados al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de ANSES. Y hubo fondos para la Justicia. El Consejo de la Magistratura, cuyo titular es Rosatti, obtuvo $43.500 millones para el pago de sueldos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ese organismo detalló que disminuyeron los fondos para obras de infraestructura y adquisición de equipos militares. “En sentido contrario, se asignó un crédito de $22.000 millones para la adquisición de equipos de computación en la Corte Suprema de Justicia”, dijo la OPC.

En el Poder Judicial advierten que estos fondos, en rigor, se adeudaban desde marzo para afrontar el pago de sueldos. Pero está claro que todos los reflectores del Gobierno están puestos en el máximo tribunal. A la Corte no solo llegó el conflicto universitario: el Poder Ejecutivo también presentó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal para frenar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Por eso no resulta anecdótico que Santiago Caputo tenga cruces públicos con Rosatti en redes sociales. La pelea, dicen los que conocen al consultor, se volvió muy personal. El asesor persuadió a Javier Milei de que hoy el eje de poder en la Corte cambió, porque -a diferencia del año pasado- ahora Rosenkrantz estaría más cerca de Lorenzetti. A Karina Milei, en cambio, su equipo judicial le explica que cualquier fallo necesitará del voto unánime de los tres cortesanos, porque sino deberán convocar a conjueces.

Uno y otro bando se quieren colgar la cucarda por el fallo del juez federal de La Pampa, Juan Baric, que rechazó la cautelar que pedía suspender la Ley de Glaciares. Baric es muy cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, del riñón de Karina. Mientras sigue mandando pliegos al Senado para poblar la Justicia, la hermana del Presidente sigue aprendiendo a utilizar la botonera judicial.

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El Senado sesionará este jueves desde las 15 para tratar un extenso temario que incluye un acuerdo del Gobierno con dos holdouts por US$171 millones, la extensión por cinco años del mandato del juez Carlos Mahiques y un proyecto para regularizar la tenencia de armas, entre otros puntos.

La jornada parlamentaria servirá para reactivar el Congreso en medio de la parálisis que provocó la investigación patrimonial alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Uno de los proyectos que más le interesa al oficialismo es el que avala el acuerdo de conciliación impulsado por el Gobierno con dos bonistas que demandaron al país por el default de 2001.

De aprobarse el proyecto, el país abonará a Bainbridge Fund un pago único en efectivo por el monto total de US$67 millones, mientras que los US$104 millones restantes serán para el grupo Attestor.

La medida busca poner fin a los litigios por la declaración del default y despejar las amenazas de ejecución judicial contra activos argentinos, como las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

Según pudo saber TN, en esa iniciativa La Libertad Avanza tendrá el acompañamiento de la oposición dialoguista conformada por el PRO, la UCR y las fuerzas provinciales, mientras permanecen inciertos los posicionamientos de la bancada justicialista de José Mayans y la de Convicción Federal de Carolina Moisés.

Pliegos judiciales y la prórroga para el padre del ministro de Justicia

El temario definido por los jefes de bloques en Labor Parlamentaria también incluye el ingreso formal a una treintena de pliegos para la Justicia Federal que reclamaban las provincias para sus distritos.

Además, entre los temas de mayor peso político, el Senado también votará para extender por 5 años el mandato de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

El magistrado cumplirá en noviembre los 75 años, la edad límite para ser juez que establece la Constitución Nacional. Sin embargo, Mahiques solicitó un nuevo nombramiento y la propuesta fue habilitada por el Poder Ejecutivo.

El expediente fue enviado un mes antes de que su hijo, Juan Bautista Mahiques, asumiera al frente de la cartera de Justicia.

Armas y tratados internacionales: los otros temas de la sesión

El Senado también debatirá el proyecto para regularizar la tenencia de armas y prorrogar el programa de entrega voluntaria.

La primera iniciativa plantea un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el país para quienes posean armas de fuego de uso civil que no se encuentren registradas de conformidad con la normativa vigente.

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La medida, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre del año pasado, dispone un plazo de 360 días y establece que quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, también se propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. En ese sentido, el texto establece que la entrega será voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022 y contaba con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

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A su vez, la sesión tratará tres convenios internacionales: el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y los tratados de Seguridad Social con Suiza y San Marino.

Con ese temario, el oficialismo busca recuperar la actividad en el Congreso con temas que permitan correr el foco de la investigación judicial alrededor del jefe de Gabinete.

En ese sentido, la mesa política se reunió este martes en la Casa Rosada y definió acelerar los proyectos que tramitan en ambas cámaras, además de preparar el envío de 10 nuevas iniciativas que se anunciarán en los próximos días.

Senado, Congreso, Gobierno

La cerrazón del Gobierno -que tiene máxima expresión en el caso Adorni- terminó de instalar la batalla con las universidades públicas como cuestión de impacto en los otros dos poderes del Estado. Después de la masiva marcha de esta semana en reclamo del financiamiento dispuesto por ley, el oficialismo se mostró intransigente, aunque enredado en su propio juego. La tensión se corrió a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre una cautelar, sin plazos pero con renovado foco sobre sus pasos: intercambio interno de opiniones y reuniones formales, como la de este jueves. Y todo indica que su definición sería gravitante para las chances de una negociación efectiva del oficialismo con los rectores, mientras el tema sigue sin pulso en el Congreso.

Al menos de momento, la pelea con las universidades empató los temores o inquietudes del Gobierno por otras señales que pueden llegar desde la Justicia. En el caso del jefe de Gabinete, los capítulos se suman a diario y se fue añadiendo la especulación sobre una citación al funcionario. Y en cuanto a las universidades, algunos hasta dan casi por seguro una decisión de la Corte que imponga, de hecho, la obligación de girar fondos en función de la ley que el Ejecutivo no cumple argumentando que la norma no incluye el recurso presupuestario.

En el máximo escalón judicial, como es tradición, incomoda quedar en el centro de una disputa que no pudo ser superada en el terreno político. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además, fueron apuntados por el Gobierno debido a su condición de docentes universitarios, lo cual fue interpretado como una chicana para tratar de estirar los tiempos. Como se sabe, el recurso extraordinario del Ejecutivo intenta extender el freno a la ley de financiamiento de las universidades públicas.

La UBA solicitó formalmente a la Corte que resuelva lo antes posible el tema, para evitar que se agrave la situación crítica en materia presupuestaria. En paralelo, se dejó trascender que no fue evaluada la alternativa de una concentración frente a los Tribunales. El límite sería el pedido de celeridad. A nadie escapa -y en especial, a ninguno de los jueces- que quedaron expuestos como pieza central de una pelea de carácter nacional.

La manifestación del martes tuvo ese sentido: fue dura contra el Gobierno y, de hecho, marcó la expectativa sobre la suerte judicial de una ley sancionada, vetada y sostenida finalmente por el Congreso en contra de la decisión presidencial. Fue masiva la demostración en Plaza de Mayo, que superó los alineamientos partidarios y sindicales. También expuso alcance geográfico: movilizaciones en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, Salta, Jujuy, Resistencia, Corrientes. Expuso que el tema universitario -y educativo, en sentido más amplio- no es intrascendente ni limitado a los directamente afectados. Tampoco es un cheque en blanco para las autoridades de las universidades.

El Gobierno descalificó antes y después la marcha. Lo hizo además en un contexto de nuevo ajuste de cuentas para mantener superávit. Y eso mismo, entre otras interpretaciones, ratificó el peso de Economía sobre cualquier área a la hora de negociar. Es un dato, cuando desde el Gobierno surgen mensajes informales sobre la posibilidad de retomar las conversaciones con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, volvió a jugar como voz oficial en este terreno. Después de días repitiendo que el reclamo en la calle era una movida “política” -nada original, escuchado en otras gestiones-, dijo que más allá del número de personas que se movilizaron el martes, el límite sigue siendo presupuestario. “La ley nació muerta”, dijo. La versión sobre la posibilidad de negociar apuntó a que antes corran algunos días. Se verá, por supuesto, si se espera la decisión de la Corte.

Cualquier movimiento debería tener correlato en el Congreso. Es significativo: el intento de negociar una nueva ley de financiamiento universitario debería contar con consenso amplio para encontrar una fórmula que destrabe el conflicto. Hasta ahora, el intento inicial del Gobierno quedó en la nada, paralizado en Diputados.

La nueva tanda de poda presupuestaria volvió a marcar el eje del Gobierno. Y ese es un dato central a la hora de negociar. Una decisión de la Corte será determinante en ese plano, porque según su sentido podría acelerar o estirar los tiempos para sentarse a negociar con los rectores.

El panorama legislativo está cruzado por incertidumbres en el oficialismo y en la amplia franja de la oposición más dura, los dialoguistas y hasta los socios de LLA. Un paño en el que también juegan los gobernadores, que en su mayoría buscan sostener los puentes con el Gobierno, pero están complicados por la caída de la coparticipación, de otros fondos nacionales y de la recaudación local. El nuevo ajuste sorprendió por su alcance a los jefes provinciales: algunos ven tambalear acuerdos alcanzados trabajosamente como parte de las tratativas por la reforma laboral.

Son variadas las señales de fragilidad en el Congreso. En los espacios más enfrentados con el Gobierno, resultó notoria y a la vez esperable la decisión de postergar una semana la convocatoria a sesión de Diputados para poner en marcha una interpelación al jefe de Gabinete. En la vereda violeta, las internas complican incluso algunas negociaciones con dialoguistas: acaba de ocurrir en el Senado con la reforma electoral, como consecuencia de las tensiones entre Karina Milei y Patricia Bullrich.

El caso de Adorni tiñe buena parte de los movimientos del Gobierno, que desde hace más de dos meses repite intentos para recuperar el manejo de la agenda política. La última reunión de la mesa política del oficialismo pareció calcada de otras anteriores, pero con menos énfasis: reiteró el respaldo al jefe de Gabinete, aunque sin la foto de rigor y la ausencia de Santiago Caputo, y volvió a hablar de iniciativas para mover al Congreso. Se verá si reaparece el capítulo universitario.