Por estos días, pocas palabras generan tanta expectativa y ansiedad como inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas (pyme). Para este segmento, la promesa resulta tentadora: automatizar procesos, reducir costos, optimizar la logística y aumentar las ventas. La realidad, sin embargo, suele mostrarse menos lineal y presenta varios desafíos.

El economista Erik Brynjolfsson describe el recorrido como una “curva J” de la productividad: tras la adopción de nuevas tecnologías, es habitual observar primero una caída en el rendimiento antes de percibir mejoras.

“No es un error: es parte del proceso”, amplía el académico en base a investigaciones vinculadas al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), una de las principales universidades de investigación tecnológica del mundo, cuya labor en transformación digital y productividad es referente para la industria. Estas investigaciones aseguran que la adopción de inteligencia artificial genera inicialmente ciertas dificultades hasta que la organización logra adaptarse completamente.

Este fenómeno permite comprender por qué muchas pyme sienten que la IA no da resultado: invierten en herramientas, capacitan al personal, reorganizan procesos, pero la productividad no mejora al principio. Diversos análisis recientes recalcan que existe una diferencia fundamental entre usar herramientas de IA y transformar los métodos de trabajo.

Aun así, los beneficios existen. Diferentes estudios muestran que las pyme que logran integrar la IA pueden aumentar su productividad hasta 30%. A nivel global, se proyecta que esta tecnología podría incluso duplicar el crecimiento de la productividad en economías avanzadas en los próximos años.

El primer obstáculo es la cuestión de escala. Las grandes compañías disponen de recursos, equipos técnicos y tiempo suficiente para tolerar la baja de rendimiento inicial asociada a la curva J. Las pyme, en contraste, operan con márgenes acotados y menos tolerancia al error: cada inversión debe generar resultados rápidamente.

En segundo término, influye la falta de capacidades internas. Según estudios de consultoras especializadas como McKinsey, con amplia trayectoria global en análisis de negocios y digitalización, aunque el uso informal de IA entre empleados es alto, la adopción organizacional efectiva todavía es baja: apenas una minoría de empresas logra integrarla estratégicamente.

La tercera barrera, menos visible pero relevante, es la fragmentación. Muchas pyme incorporan soluciones desconectadas: una aplicación para marketing, otra para inventarios, otra diferente para atención al cliente, sin diseñar una visión integrada de negocio. Como resultado, la complejidad aumenta, pero la productividad no acompaña ese crecimiento.

Frente a este panorama, se vuelve necesario adaptarse a la curva J., destaco en mi libro El futuro de las pymes. Lo importante de cambiar antes que crecer, y tanto en Argentina como en Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, pude constatar una reacción común en el sector pyme: predominan la desorientación, la falta de comprensión y una notable quietud.

El avance tecnológico suele significar un freno más que una superación de las barreras de entrada a las nuevas herramientas.

Algunas recomendaciones concretas pueden marcar la diferencia:

• Empezar por problemas, no por tecnología. La IA no es un fin en sí mismo.
• Identificar un proceso crítico (por ejemplo, gestión de stock o atención al cliente) y aplicar soluciones específicas suele tener mayor impacto que optar por herramientas genéricas.
• Pensar en procesos completos. La productividad mejora cuando se rediseña la manera de trabajar. La IA debe integrarse al flujo operativo, no funcionar como un parche. Capacitar y acompañar al equipo.
• El mayor desafío es cultural. La resistencia interna y la falta de habilidades suelen ser los principales obstáculos. Medir, ajustar y escalar.
• Las implementaciones exitosas suelen comenzar con pilotos acotados, aprender de los errores y, luego, escalar de forma progresiva.
• Aceptar el bajón inicial. Resulta contraintuitivo, pero si la productividad cae al principio, eso no necesariamente es negativo: la empresa está transitando la parte más difícil de la transformación.

La inteligencia artificial no es una solución automática sino un proceso de transformación, que supone costos, aprendizaje y tiempo. Las pyme que logran atravesar ese trayecto podrán operar con mayor eficiencia en un escenario donde la tecnología se ha vuelto condición fundamental para el crecimiento empresarial.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market

En los últimos días, el debate económico volvió a centrarse en un eje clásico: si la inflación es compatible con el crecimiento o si lo destruye. Mientras el presidente Javier Milei sostiene que la inflación es siempre perjudicial, algunos economistas advierten que reducirla rápidamente puede frenar la actividad. La discusión, lejos de ser meramente ideológica, cuenta con décadas de desarrollo teórico y evidencia empírica.

El núcleo de la discusión reside en si bajar la inflación garantiza mayor crecimiento económico o si, por el contrario, la desinflación rápida puede acentuar la recesión. La literatura económica internacional y los datos recientes en Argentina muestran que el vínculo entre inflación y crecimiento es complejo, no lineal y depende del contexto, los niveles alcanzados y las expectativas de los agentes económicos.

La literatura especializada destaca que no existe una relación simple ni universal entre inflación y crecimiento. Estudios empíricos coinciden en que el vínculo es no lineal y depende de las particularidades de cada país. Algunas investigaciones concluyen que, a partir de ciertos umbrales, la inflación comienza a afectar negativamente el crecimiento. En países en desarrollo, se identifican “niveles críticos” por encima de los cuales el impacto sobre la actividad es claramente adverso.

En el corto plazo, la evidencia resulta aún más ambigua. Trabajos clásicos, como los de Sebastián Edwards, encuentran que en América Latina la relación entre expansión monetaria (y por ende inflación) y crecimiento puede ser positiva en algunos casos, pero inexistente en otros. No hay, por tanto, una ley universal que vincule inflación y crecimiento en el corto plazo.

Existen, incluso, situaciones puntuales donde la inflación muestra efectos positivos sobre el crecimiento en determinados períodos, lo que refuerza la idea de una relación altamente dependiente del contexto. La perspectiva heterodoxa, predominante en estos estudios, pone el foco en la “inercia inflacionaria”, es decir, la persistencia de la suba de precios aun cuando cambian las condiciones iniciales.

No obstante, existe una explicación alternativa, sólida desde el punto de vista teórico, vinculada a los rezagos de la política monetaria. La persistencia de la inflación suele responder a la rigidez de contratos nominales (salarios, alquileres, tarifas, acuerdos comerciales) que se ajustan con demora, y a los retardos de la política monetaria, definidos por Milton Friedman como “prolongados e irregulares”.

Esto implica que los efectos de una política monetaria contractiva (o expansiva) no se reflejan de inmediato en los precios: las demoras son variables y difíciles de anticipar. Por eso, incluso cuando se corrigen las causas fiscales o monetarias, la dinámica inflacionaria puede persistir por los mecanismos de transmisión imperfectos.

Un elemento clave adicional es la demanda de dinero. En contextos de estabilización, si los agentes reducen abruptamente su disposición a mantener saldos monetarios—por ejemplo, ante cambios de expectativas o pérdida de confianza—se genera un exceso de oferta de dinero respecto a su demanda, que rápidamente se canaliza hacia bienes, servicios o activos, presionando sobre los precios.

En términos simples, aunque la autoridad monetaria deje de emitir, una caída brusca en la demanda de dinero puede acelerar transitoriamente la inflación o demorar su desaceleración, al aumentar la velocidad de circulación.

Este punto es especialmente relevante en una economía bimonetaria como la argentina, donde la demanda de pesos y de dólares compite en la cartera de los agentes. Cuando crece la preferencia por dólares, disminuye la demanda de pesos. Una compra masiva de dólares implica la liquidación de posiciones en moneda local, generando una caída de la demanda de pesos que actúa como un shock monetario contractivo “por el lado de la demanda”, elevando la velocidad de circulación y presionando sobre los precios en pesos, incluso sin expansión de la base monetaria.

Este mecanismo resulta útil para interpretar dinámicas recientes. La fuerte dolarización observada en septiembre y octubre de 2025, en un contexto de reacomodamiento de expectativas, probablemente redujo de manera significativa la demanda de pesos. Los rezagos de transmisión señalados por Friedman explican que parte de ese efecto se manifestara meses después, lo que contribuye a que la inflación se haya alcanzado 3,4% mensual en marzo de 2026.

A este fenómeno monetario se sumaron factores adicionales de carácter puntual pero relevantes: ajustes de tarifas públicas rezagadas; factores estacionales, como subas en alimentos -en particular, carne- y en educación; y un shock en los precios internacionales del petróleo.

En este punto, suele discutirse el origen exclusivamente monetario de la inflación. La heterodoxia, ante estos factores, sostiene la “multicausalidad”. Sin embargo, podría ser más preciso considerar que no se trata de causas independientes, sino de distorsiones que vuelven más prolongados e irregulares los rezagos de la política monetaria. No alteran necesariamente el origen último del fenómeno, pero sí su dinámica temporal y velocidad de convergencia.

El comportamiento reciente de la economía argentina confirma estos mecanismos. El “apretón monetario” implementado en 2025 para enfrentar la creciente demanda de dólares se tradujo en una fuerte contracción de la liquidez en pesos, estabilizando el frente cambiario pero generando enfriamiento de la actividad y caída del consumo, con pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones en un contexto de aceleración transitoria de la inflación.

Más recientemente, se observan señales de cambio. El relajamiento de la política monetaria y la compra sostenida de dólares por parte del BCRA indican una reversión del proceso previo de sustitución de monedas: aumenta la demanda de pesos en detrimento de la de dólares, reduciendo presiones inflacionarias asociadas a la caída en la demanda de dinero.

A esto se suma la rebaja de encajes bancarios y la instauración del “corredor de pases” del BCRA, instrumento para ordenar las tasas de interés de corto plazo y facilitar su descenso. Este esquema favorece la recomposición del crédito y la liquidez.

De sostenerse estas condiciones, es esperable que, en los próximos meses, se observe una reversión gradual de la dinámica contractiva previa: recuperación de la actividad, mejora del consumo y recomposición del poder adquisitivo, mientras la inflación se desacelera hacia niveles internacionales en un plazo más breve de lo previsto inicialmente.

En definitiva, el mismo mecanismo monetario que amplificó la desaceleración debería ahora operar en sentido inverso, acompañando una fase de recuperación.

En el largo plazo, la evidencia converge con mayor claridad. La mayoría de los estudios empíricos y la tradición monetarista -desde Milton Friedman hasta Thomas Sargent-sostienen que inflaciones altas y persistentes terminan deteriorando el crecimiento económico.

Las razones son conocidas: distorsión de precios relativos, menor inversión y horizonte de planificación, aumento de la incertidumbre y caída de la profundidad financiera. Adicionalmente, en contextos de alta inflación, la relación entre emisión y precios se torna más evidente.

Modelos clásicos como los de Thomas Sargent y Neil Wallace vinculan directamente la inflación con el déficit fiscal persistente. Estudios recientes sobre Argentina remarcan que la consolidación fiscal es condición necesaria para bajar la inflación, aunque puede generar fricciones en el proceso.

La evidencia no es concluyente respecto de cuál estrategia es superior. Los programas de “shock” pueden reducir la inflación rápidamente, pero suelen tener costos iniciales en la actividad. Los enfoques graduales tienden a suavizar esos costos, aunque prolongan el proceso.

En este contexto, la evidencia sugiere que reducir la inflación es condición necesaria para el crecimiento sostenido, pero el proceso de desinflación puede implicar costos de corto plazo y su velocidad dependerá, sobre todo, de la credibilidad del programa económico y de la elección entre un enfoque gradual o una “terapia de shock”.

Un ajuste gradual suele generar una recesión más extensa, con caída prolongada del salario real y menor inversión. Si el déficit no se corrige rápidamente, el financiamiento vía emisión se mantiene, alimentando la inflación y neutralizando el esfuerzo antiinflacionario.

Paradójicamente, intentar bajar la inflación lentamente puede resultar contraproducente: si los agentes perciben inconsistencia, pueden anticiparse y provocar una aceleración mediante una corrida cambiaria. El riesgo central del gradualismo es no lograr coordinar un cambio brusco de expectativas, imprescindible para romper una dinámica inflacionaria alta. Sin ese quiebre, la inflación tiende a persistir y el programa puede fracasar o resultar más costoso.

El autor es Economista

En los últimos meses, buena parte de la discusión sobre la deuda argentina, sobre si el país está o no en condiciones de volver a construir el acceso al mercado, se concentró en diferentes planos que van más allá del mero tamaño del pasivo.

Mientras la mirada general suele enfocarse en el volumen de la deuda, la composición del stock, tanto en dólares como en pesos, recibe mucha menos atención, aunque en ella pueden estar ocurriendo transformaciones estructurales de peso.

A primera vista, la dinámica de la deuda no explicaría por sí sola los niveles de índice de riesgo país elevado que hoy reflejan los precios. El stock bruto aumentó 7,7%, desde USD 453.000 millones en diciembre de 2025 hasta USD 488.000 millones en marzo de 2026, pero, medido como porcentaje del PBI, incluso mostró una leve mejora.

La deuda bruta se ubicaría en torno al 77,2% del PBI, por debajo del 78,1% de diciembre. Si se excluyen las tenencias intra sector público, como las que mantienen el Banco Central de la República Argentina y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la deuda neta en manos privadas se reduce a 42,3% del PBI.

En este contexto, surge una paradoja: si bien los indicadores de deuda argentinos no lucen desalineados frente a otros emisores que sí conservan acceso al financiamiento, Argentina continúa operando con un índice de riesgo país alto y sin una ventana plena para regresar a los mercados internacionales de deuda.

Una hipótesis es que esa prima de riesgo no responde solo a los fundamentals cuantitativos, sino también a una persistente brecha de credibilidad. Así, el mercado no valora únicamente cuánto debe Argentina, sino cuán sostenible considera ese esquema a futuro. Esa distinción explica por qué, aun con números que parecen mejorar, el acceso permanece restringido.

Una revisión integral de la sostenibilidad de la deuda implica analizar tanto la porción en moneda extranjera como el segmento en pesos. Es en esta última donde empiezan a observarse movimientos en la estructura de financiamiento que llaman la atención. Al enfocar en la deuda en moneda local, el debate deja de centrarse tanto en el volumen de vencimientos, que parecen gestionables, y pone énfasis en los cambios en la composición del financiamiento.

Se destaca una variable clave: la extensión de la vida promedio del stock de deuda en pesos. Esto supone desplazar vencimientos hacia adelante, disminuyendo la concentración de pagos en el corto plazo y bajando las vulnerabilidades de rollover. El resultado es una posición financiera más saludable, mientras que no hacerlo obliga a refinanciar montos crecientes en lapsos muy breves, debilitando el esquema.

Aunque la vida promedio del stock de deuda cayó con fuerza en 2025 y se acercó a 1,5 años, paralelamente se observa una mejora en la desindexación del stock. La proporción de deuda indexada, que llegó a representar cerca de 99% al inicio de la actual administración, habría descendido hacia 56% a fines de enero. Este movimiento reduce la sensibilidad a choques de inflación o variaciones abruptas en el tipo de cambio, aporta previsibilidad y fortalece la sostenibilidad del esquema.

Las últimas licitaciones indican un intento por combinar ambos objetivos: volver a extender duration sin resignar la mejora en la composición. Parte de la estrategia admite una recomposición parcial del componente indexado para estirar plazos, procurando un equilibrio entre rollover, duration e indexación. Así, en las dos últimas subastas del Ministerio de Economía, no se ofrecieron instrumentos de corto plazo, ni siquiera aquellos ajustados por inflación.

En cambio, sí se incluyeron bonos CER de mayor duration, con vencimientos en 2027 y 2028; en esos instrumentos se convalidó un premio frente a los precios del mercado secundario, y participaron de modo relevante en las colocaciones: representaron 23% de la primera licitación de abril y 54% de la última subasta de marzo.