En los últimos meses, buena parte de la discusión sobre la deuda argentina, sobre si el país está o no en condiciones de volver a construir el acceso al mercado, se concentró en diferentes planos que van más allá del mero tamaño del pasivo.
Mientras la mirada general suele enfocarse en el volumen de la deuda, la composición del stock, tanto en dólares como en pesos, recibe mucha menos atención, aunque en ella pueden estar ocurriendo transformaciones estructurales de peso.
A primera vista, la dinámica de la deuda no explicaría por sí sola los niveles de índice de riesgo país elevado que hoy reflejan los precios. El stock bruto aumentó 7,7%, desde USD 453.000 millones en diciembre de 2025 hasta USD 488.000 millones en marzo de 2026, pero, medido como porcentaje del PBI, incluso mostró una leve mejora.
La deuda bruta se ubicaría en torno al 77,2% del PBI, por debajo del 78,1% de diciembre. Si se excluyen las tenencias intra sector público, como las que mantienen el Banco Central de la República Argentina y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la deuda neta en manos privadas se reduce a 42,3% del PBI.
En este contexto, surge una paradoja: si bien los indicadores de deuda argentinos no lucen desalineados frente a otros emisores que sí conservan acceso al financiamiento, Argentina continúa operando con un índice de riesgo país alto y sin una ventana plena para regresar a los mercados internacionales de deuda.
Argentina continúa operando con un índice de riesgo país alto y sin una ventana plena para regresar a los mercados internacionales de deuda
Una hipótesis es que esa prima de riesgo no responde solo a los fundamentals cuantitativos, sino también a una persistente brecha de credibilidad. Así, el mercado no valora únicamente cuánto debe Argentina, sino cuán sostenible considera ese esquema a futuro. Esa distinción explica por qué, aun con números que parecen mejorar, el acceso permanece restringido.
Una revisión integral de la sostenibilidad de la deuda implica analizar tanto la porción en moneda extranjera como el segmento en pesos. Es en esta última donde empiezan a observarse movimientos en la estructura de financiamiento que llaman la atención. Al enfocar en la deuda en moneda local, el debate deja de centrarse tanto en el volumen de vencimientos, que parecen gestionables, y pone énfasis en los cambios en la composición del financiamiento.
Se destaca una variable clave: la extensión de la vida promedio del stock de deuda en pesos. Esto supone desplazar vencimientos hacia adelante, disminuyendo la concentración de pagos en el corto plazo y bajando las vulnerabilidades de rollover. El resultado es una posición financiera más saludable, mientras que no hacerlo obliga a refinanciar montos crecientes en lapsos muy breves, debilitando el esquema.
Aunque la vida promedio del stock de deuda cayó con fuerza en 2025 y se acercó a 1,5 años, paralelamente se observa una mejora en la desindexación del stock. La proporción de deuda indexada, que llegó a representar cerca de 99% al inicio de la actual administración, habría descendido hacia 56% a fines de enero. Este movimiento reduce la sensibilidad a choques de inflación o variaciones abruptas en el tipo de cambio, aporta previsibilidad y fortalece la sostenibilidad del esquema.
La proporción de deuda indexada, que llegó a representar cerca de 99% al inicio de la actual administración, habría descendido hacia 56% a fines de enero
Las últimas licitaciones indican un intento por combinar ambos objetivos: volver a extender duration sin resignar la mejora en la composición. Parte de la estrategia admite una recomposición parcial del componente indexado para estirar plazos, procurando un equilibrio entre rollover, duration e indexación. Así, en las dos últimas subastas del Ministerio de Economía, no se ofrecieron instrumentos de corto plazo, ni siquiera aquellos ajustados por inflación.
En cambio, sí se incluyeron bonos CER de mayor duration, con vencimientos en 2027 y 2028; en esos instrumentos se convalidó un premio frente a los precios del mercado secundario, y participaron de modo relevante en las colocaciones: representaron 23% de la primera licitación de abril y 54% de la última subasta de marzo.
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La fuerte caída del mercado brasileño tras la sorpresiva victoria de Lula Da Silva en el balotaje del domingo sigue pasando factura también a los activos argentinos. Luego de tres jornadas queda claro que el efecto negativo se sintió mucho más sobre los bonos en dólares y por consiguiente el riesgo país que en el tipo de cambio.
Un informe de Delphos Investment resaltó que “con el GD35 rindiendo 10,8% anual en dólares, la deuda soberana argentina continúa operando con tasas superiores a las de comparables de igual o peor calificación crediticia, como Ecuador, Egipto y Bolivia”.
El riesgo país viene reflejando la debilidad de los bonos. Ayer rebotó más de 2% y finalizó en 763 puntos básicos. La deuda argentina viene sufriendo un contexto internacional más adverso, marcado por subas de tasas en Estados Unidos y el aumento del precio del petróleo. Ahora se agregó el “efecto Lula”.
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Pero en realidad los bonos ya venían golpeados de antes. Aunque todavía falta un año los inversores se ponen más cautelosos de cara a las elecciones presidenciales. La victoria de Lula en Brasil también aumentó el nerviosismo sobre un posible regreso del populismo a la Argentina entre los inversores.
El informe de Delphos advirtió que el aumento del riesgo país se produce a pesar de que Argentina tiene mejores fundamentos fiscales que Brasil. “En los últimos 12 meses, Brasil registró un déficit primario del 0,62% del PBI y un déficit financiero del 9,48%, frente a superávits del 1,4% y 0,1% en Argentina, respectivamente. Esto implica un gasto en intereses de 8,9% del PBI en Brasil, frente al 1,3% en Argentina”, explicaron.
“Consideramos —agregaron en Delphos— que existe margen para una compresión de spreads, aunque el riesgo electoral continúa siendo uno de los principales factores a monitorear.”
El tipo de cambio tuvo un comportamiento mucho más estable. Se trata de un importante test, porque el impacto de lo sucedido en Brasil resultó significativo, bastante parecido a un “shock externo”.
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Sin embargo, la cotización del dólar oficial subió apenas 10 pesos en estos tres días. El único costo que hubo que pagar es un leve aumento de la brecha cambiaria, que pasó a niveles cercanos al 7,5%, reflejando una mayor presión dolarizadora por parte de público y empresas.
El Tesoro habría vendido cerca de USD 100 millones el lunes para amortiguar la tendencia al alza del dólar, pero entre martes y miércoles habría recomprado al menos una parte. Y aún así el nivel de intervención para evitar saltos mayores del mercado cambiario fue mínimo. El nivel de reservas, de hecho, se mantuvo en niveles de USD 50.600 millones. Además el FMI comprometió un nuevo desembolso de USD 900 millones que también fortalecerá las reservas.
El equipo económico se mantiene, por otra parte, muy cuidadoso en materia monetaria y evitar que se produzcan excesos de liquidez en el mercado. Controlando la cantidad de pesos logra que no haya presión excesiva sobre el tipo de cambio. Lo sucedido en los últimos días refleja que la estrategia está funcionando.
En la licitación de bonos de ayer, el Tesoro continuó sin expandir la cantidad de pesos. Es más, absorbió liquidez porque la refinanciación (o “rollover” en la jerga financiera) fue de 105%. Esto significa que colocó más deuda de la que vencía, quitando pesos del mercado.
“El Tesoro superó una prueba exigente de vencimientos por casi 11 billones de pesos al adjudicar un valor efectivo total de 11,56 billones”, indicaron desde Puente.
“El resultado —agregaron— le permitió cumplir holgadamente con su programa de refinanciación sin tensionar la liquidez del sistema ni recurrir a sus depósitos en el Banco Central, en un contexto donde las condiciones de corto plazo se mantenían normalizadas pero con la curva larga de pesos todavía bajo cautela”.
La estrategia oficial volvió a apoyarse en extender vencimientos hacia el próximo mandato presidencial, aunque convalidando la preferencia de los inversores por plazos más cortos e instrumentos de cobertura indexada.
El grueso de la colocación se concentró en la nueva LECAP a febrero de 2027 y en el tramo dual CER/TAMAR a 2028, lo que ratifica que, en un clima donde el mercado se muestra más selectivo respecto al riesgo post-2027, la diversificación del menú contribuyó a alcanzar el objetivo de refinanciar los pasivos sin presionar las tasas en el mercado secundario.
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La industria manufacturera pyme acumuló 14 trimestres consecutivos de caída interanual, con un retroceso de 11,9% en la producción durante el tercer trimestre de 2026. Un relevamiento de la Fundación Observatorio Pyme también registró una baja de 5,6% en el empleo y advirtió sobre una mayor presión financiera para las firmas. “La industria pyme atraviesa un escenario de creciente tensión financiera con una de cada siete empresas alcanzadas por embargos de ARCA”, indicó la entidad. La encuesta fue realizada entre el 28 de septiembre y el 16 de octubre sobre una muestra de 400 compañías manufactureras de todo el país.
La actividad de las pymes industriales descendió 11,9% respecto del mismo período del año anterior y 4,7% en comparación con el segundo trimestre. Con ese resultado, el sector acentuó su evolución en terreno negativo. “La producción y el empleo pyme industrial consolidaron su sesgo contractivo con 14 trimestres consecutivos en baja interanual”, señaló la Fundación Observatorio Pyme. Según el informe, la persistencia de esa tendencia se combina con indicadores de expectativas que todavía no anticipan una recuperación próxima.
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El Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad Pyme (PMI) se mantuvo en 44 puntos, mientras que el Índice de Confianza Empresarial (ICE) cayó a 40. Ambos registros permanecen por debajo de los 50 puntos, umbral que el Observatorio Pyme usa para distinguir expectativas pesimistas de las optimistas.
La contracción de la producción tuvo correlato en el mercado laboral del sector. La cantidad de trabajadores en las pymes industriales bajó 5,6 % frente al tercer trimestre de 2025 y 1,8% en la comparación trimestral, de acuerdo con la encuesta de la Fundación Observatorio Pyme.
La debilidad de la demanda interna aparece como la principal limitación para esas compañías. “Ocho de cada diez industrias pyme presentan a la debilidad de la demanda interna como la principal preocupación, por tercer relevamiento consecutivo”, indicó la entidad.
A ese factor se suman “la suba de costos de las materias primas, el retraso de pago de los clientes, el costo salarial y la competencia de productos importados”. El costo laboral fue el problema que más aumentó su incidencia en el trimestre, al pasar de 45% a 56% de las respuestas. Además, tres de cada cuatro empresas afirmaron que sus costos subieron por encima de sus precios de venta.
En el marco de esa contracción, una de cada siete pymes industriales fue alcanzada por embargos de ARCA. El porcentaje llegó al 15% del total relevado y ascendió al 18% entre las firmas más pequeñas. Las empresas consultadas asociaron esas medidas, principalmente, con atrasos en obligaciones corrientes —IVA, Ganancias y contribuciones patronales— y con la pérdida de vigencia de planes de pago.
El informe también señaló la rapidez de las comunicaciones de ARCA posteriores al vencimiento impositivo. “La notificación fue dentro de los 30 días para el 70 % de las empresas embargadas”, precisó la Fundación Observatorio Pyme.
Casi la mitad de las empresas relevadas informó que debió extender los plazos de cobro a sus clientes. El promedio alcanzó los 49 días, diez más que en 2025, una demora que añadió tensión a la cadena de pagos en un contexto de menores ventas y mayores costos.
La entidad vinculó la extensión de los cobros con las dificultades financieras que enfrentan las compañías. Pese a ese escenario, un tercio de los industriales pyme consideró que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipos.
El universo relevado por el Observatorio Pyme comprende unas 16.000 pymes manufactureras argentinas, con dotaciones de entre 10 y 250 empleados. Según la Fundación, esas empresas generan más de 560.000 puestos de trabajo formales.
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