La Justicia tiene en su poder las facturas de los vuelos privados, de ida y de vuelta, que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su familia a Punta del Este el fin de semana largo de carnaval. El de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. El de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.

Así lo informaron a fuentes judiciales, que dijeron que quien está registrado como comprador de los 10 vuelos no sería una figura pública: se llama Agustín Issin Hansen y en la factura aparece con un domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático con un pedido de información.

Las facturas de los vuelos las entregó, a pedido del juez federal Ariel Lijo, la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri S.A. Por el de ida se pagaron 4830 dólares, que se tranfirieron en pesos, de acuerdo con la documentación presentada, informaron las fuentes. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares.

Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Las primeras medidas en la causa las ordenó el juez para “resguardar los elementos probatorios” que pudieran resultar útiles, según figura en la causa. Luego se sumaron otros pedidos promovidos por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

En cuanto a las cámaras, el plan es revisar no solo las que toman la pista; también, las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Eso permitirá chequear si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana. Junto con Adorni volaron, a la ida, su mujer (Bettina Angeletti), los hijos de ambos y Grandio. A la vuelta, solo Adorni y su familia.

Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py, en los últimos días, contra el jefe de Gabinete.

La Policía Federal se presentó en el aeropuerto de San Fernando en busca de los documentos y registros solicitados, informaron fuentes del caso. Las oficinas de la empresa de aviación no estaban abiertas cuando llegaron los enviados del juzgado, pero la compañía entregó luego las facturas.

El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas. Pero lo primero, para los investigadores, será precisar cómo y quién pagó el vuelo.

Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose. La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen de ayer “certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal” de este expediente.

Según la denuncia, citada por la fiscalía en su dictamen, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos”.

La fiscalía afirma en su presentación que, en un primer momento, Grandio -que viajó en el vuelo de ida a Punta de Este con Adorni y familia- dijo que fue “invitado” por el jefe de Gabinete, que le pagó el viaje a él “con plata del Estado”, y que luego se desdijo y sostuvo que pagaron “a medias”.

Entre las nuevas medidas de prueba solicitadas, la fiscalía pidió que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde el momento de los hechos en pos de explicar quién y cómo se abonaron los costos del viaje objeto de esta investigación”.

También, que “se requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”.

En cuanto a la Aduana, la Justicia le requirió “que informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por último, la fiscalía pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa Alpha Centauri S.A para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.

Después de que se conocieran nuevos detalles del caso $LIBRA, con la difusión de chats y llamadas del lobista Mauricio Novelli, que actuó de nexo entre el presidente Javier Milei y los creadores de la criptomoneda, la oposición redobla la presión en el Congreso.

Diputados que integraron la comisión investigadora formalizaron hoy un pedido para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, presentaron un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigida al jefe del Estado.

Los referentes de la oposición, encabezados por el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora por el affaire $LIBRA, consideraron que “la gravedad institucional del caso y la implicación personal directa” de Milei y su hermana “exigen respuestas inmediatas”.

“En el caso del Jefe de Gabinete, es él quien debe responder por el Presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”, indicaron a través de un comunicado.

La presentación fue firmada por los diputados que integran las bancadas de la CC, Unión por la Patria y Provincias Unidas. Se trata de Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva, Mónica Frade, Nicolás Massot, Pablo Juliano, Itaí Hagman, Julia Strada, Florencia Carignano, Rodolfo Tailhade y Esteban Paulón.

Los peritajes sobre el teléfono del lobista y operador financiero Novelli revelan nuevos datos del vínculo comercial con Javier y Karina Milei a través de pagos en pesos y dólares que recibieron mientras el líder libertario ganaba protagonismo en los medios y la política, hasta llegar a la presidencia. Del material obtenido por la Justicia surgen pagos desde 2021, cuando Milei era diputado, por dar clases y promocionar inversiones que motorizaba Novelli.

“La evidencia recabada en el Informe Final de la Comisión Investigadora y las recientes revelaciones del periodismo de investigación exponen contradicciones insalvables con las declaraciones públicas vertidas por el titular del Ejecutivo durante todo el año 2025”, indicaron los legisladores que firmaron las presentaciones.

Ante el silencio del Gobierno sobre las nuevas revelaciones en el caso, los opositores consideraron que “el Congreso de la Nación debe actuar frente a un hecho de profunda gravedad institucional”. Y consideraron que es “indispensable que los responsables directos den explicaciones” para “restablecer la confianza en las instituciones”.

Días atrás, los diputados que integraron la comisión investigadora acusaron a Milei de formar parte de una operación “planificada” y de “estafa” tras el hallazgo de un borrador que daría cuenta de un pago millonario al Presidente por la difusión de la criptomoneda. Anticiparon, además, que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano por encubrimiento.

El lunes pasado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alertó sobre una posible manipulación de los archivos extraídos del celular de Novelli. “Es grave que se haya filtrado esa información”, afirmó, y aseguró que “una persona que no estaba autorizada a acceder a este expediente habría sacado información; la cadena de custodia no está garantizada”.

“El sistema de frenos y contrapesos exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas cuando existen sospechas fundadas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los hallazgos del caso $LIBRA comprometen la ética pública”, señalaron los diputados que integran la comisión investigadora.

En las últimas horas, Milei ratificó a Adorni como jefe de Gabinete después que trascendiera que su continuidad en la gestión estaba en duda. El exvocero presidencial atraviesa su peor momento político por el revuelo que generó la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.

En paralelo, el ministro coordinador enfrentó un vendaval por la confirmación de que realizó con su esposa y sus hijos un vuelo a Punta del Este en avión privado. Según comprobó la Justicia, el tramo de ida del taxi aéreo figura como costeado por Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Actualmente Grandio vive en Uruguay, pero tiene un programa ( Giros en línea recta) en la Televisión Pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.

Ayer, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano, una exintegrante de La Libertad Avanza (LLA).

Adorni, un funcionario muy cercano a Karina Milei, se negó a dar explicaciones sobra la casa que compró su esposa en Exaltación de la Cruz cuando él ya era funcionario público. Adujo que prefería no responder preguntas sobre el origen de los fondos o si la propiedad había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA) porque el tema está bajo investigación.

En concreto, Adorni enfrenta varias causas judiciales y pedidos de informes en el Congreso.

Esta mañana se sortearon en los tribunales de Comodoro Py tres denuncias penales por los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos. La primera, de acuerdo con una certificación dispuesta en la causa que le tocó al juez Daniel Rafecas, fue la asignada al magistrado Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Serán entonces Lijo -a quien Javier Milei había propuesto para la Corte Suprema- y Pollicita quienes concentren, al menos en principio, todas las denuncias por este caso, informaron fuentes judiciales. Son el mismo juzgado y la misma fiscalía que llevan la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, otra investigación delicada para el Gobierno.

Los presuntos delitos a los que alude la presentación en poder de Lijo son “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

Las otras dos denuncias, que ingresaron con minutos de diferencia, también se sortearon y les tocaron a Rafecas y a la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La denuncia que recibió Rafecas -y que le está enviando a Lijo por conexidad- fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y figuran como denunciados Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA).

La presentación que recayó en el juzgado de Capuchetti la hicieron la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade (CC-ARI) y el legislador socialista Esteban Paulón. Apunta también contra Tillard, pero involucra además a beneficiarios de los créditos como Emiliano Mongilardi (director de YPF), Federico Furiase (secretario de Finanzas) y Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Pedro Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−) y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani. La denuncia que le tocó a Lijo, presentada por dos particulares, no identifica acusados.

Este fin de semana, el gobierno de Javier Milei salió a defender el otorgamiento de préstamos desde el Banco Nación a funcionarios del oficialismo y legisladores libertarios, difusión que derivó en pedidos de informes, reclamos de investigación en el Congreso y al menos estas dos denuncias judiciales.

Mientras desde el gabinete nacional el encargado de responder las acusaciones fue el canciller Pablo Quirno, y según pudo saber , el equipo de auditoría del banco que encabeza Darío Wasserman trabajó durante el fin de semana en la revisión de cada uno de los casos, revelados por el sitio web Cuánto Deben, y que incluye entre otros a funcionarios de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.

El propio Caputo salió a defender anoche a los funcionarios de su área que tomaron créditos en el BNA. “No tienen ventaja respecto del resto”, dijo el ministro al periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa, que se emite por el canal LN+.

Se refería al caso de Felipe Núñez, director de BICE y asesor de Economía, con una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025. Otro caso es el de Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo anoche Caputo, al darle su aval a la conducta del funcionario.

En la lista de los tomadores de créditos del BNA se incluye a Pedro Inchauspe, también director del Banco Central, con $510.654.000 (US$345.492) desde diciembre de ese año. Además fueron beneficiarios Juan Pablo Carreira, a cargo de la reciente Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); el director general de la secretaría privada en la Cámara de Diputados, Sharif Menem, y el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero.

La información, comentaron este domingo fuentes oficiales, será entregada a la Justicia una vez que quede confirmado el juez, como sucedió este lunes al quedar sorteados los juzgados de Rafecas y Capuchetti.

“Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, plantearon los diputados Paulón y Frade en su denuncia.

“Las tasas y condiciones ofrecidas son para todos los que cumplen las condiciones del banco, entre ellas, por ejemplo, cobrar sus sueldos en el banco. Otra aclaración importante, no presta guita de los contribuyentes, pensar eso es un error común e incorrecto”, escribió el canciller Quirno en la tarde del domingo. “Los que recibían préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad. María Elena Walsh y Discépolo se regocijan”, ironizó el canciller, en crítica al otorgamiento de créditos durante el kirchnerismo.

Madero, acreedor de uno de los créditos difundidos, se mostró “sorprendido” por la magnitud de las críticas. En diálogo con , el funcionario de Defensa afirmó que se enteró “por el encargado del edificio” donde vive de la existencia de los créditos. Que se inscribió “sin privilegios” a través de la página web y que al gerente lo vio “cuando fui a firmar a la sucursal”, en septiembre de 2025. Su crédito, de unos $207 millones, fue destinado a comprar su primera propiedad, “después de muchos años en la función pública, siempre en el área de seguridad”, aclaró Madero a este diario.

En el mismo sentido, fuentes oficiales afirman que “no hay un solo crédito mal otorgado”, y que “es una locura comerse un garrón por algo que es absolutamente lícito”. Cuando la consulta gira en torno a los elevados montos otorgados, desde el Gobierno aseguran que “todos están cubiertos” a través de garantías hipotecarias y codeudores, según el caso. También destacan que “el directorio del banco ni se entera del otorgamiento de los créditos más chicos, el que crea eso es un ignorante”, afirmó, en respuesta a las denuncias de los legisladores opositores.

El caso ya se cobró una baja: la del jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, echado de su cargo el jueves por la ministra Sandra Pettovello luego de que se conociera que había sido uno de los beneficiarios.

Tras el impacto de la noticia de la salida de Massaccesi, el Gobierno comunicó que la salida se debía a otros motivos, pese a que el propio desplazado hizo un descargo en las redes sociales defendiendo la toma del crédito.

En la Casa Rosada aseguran que buena parte de las críticas tienen como objetivo frenar el “proyecto original” del gobierno libertario, esto es capitalizar con aportes privados el 20 por ciento de las acciones del banco estatal y pasar a cotizar en la Bolsa de New York. “Sigue en pie”, dicen conocedores de la operatoria del banco.

La decisión de Pettovello de echar a Massacesi fue mirada de reojo por otros sectores del Gobierno, aunque el propio Presidente desmintió que la decisión tuviese que ver con la el crédito recibido. “Fue un error, se apuró o lo habrá echado por otra cosa”, disparan. Quienes conocen el pensamiento de la ministra aseguran que el tema “le hacía ruido” y que prefirió separarlo ante la duda. La propia ministra apeló, hacia la tarde del domingo, a una enigmática frase de Fiódor Dostoievski, aquella que expresa: “Yo nunca eliminé a nadie en mi vida. Todos murieron en el accidente de la confianza”.

¿Y por qué no fue tratada del mismo modo Gabriela Real, coordinadora de Políticas Sociales y virtual número tres de Capital Humano, que también tiene un crédito vigente? “No es la misma situación, ella sacó un crédito en la época de [Mauricio] Macri”, la defendieron desde un despacho oficial. En las próximas horas, según reiteran fuentes oficiales, el Gobierno dirá lo suyo en la Justicia.