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Un fiscal pidió procesar a Capitanich por la entrega de tierras a personas cercanas a una de sus funcionarias

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El fiscal general Carlos Amad, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, pidió el procesamiento del exgobernador de esa provincia Jorge Capitanich por delitos como fraude y lavado de activos, en una causa en la que se investiga la cesión de tierras en la provincia a personas cercanas a Marta Soneira, expresidenta del Instituto de Colonización provincial y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. En un escrito en el que también pidió procesar a la exfuncionaria, el fiscal consideró que, sin la participación del actual senador nacional con su firma en los decretos adjudicatorios de las tierras, las maniobras no se podrían haber realizado.

La decisión final sobre la aceptación, o el rechazo, del procesamiento está en manos del juez Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa (UCR), que fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

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La causa se inició con una denuncia de Ana María Canata, la actual titular del Instituto de Tierras Fiscales (la nueva denominación que dio el gobernador Leandro Zdero al Instituto de Colonización). Canata presentó una denuncia en la que aseguró que, al asumir, encontró “una serie de irregularidades”.

El fiscal Amad pidió que Capitanich sea procesado por “fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de origen delictivo”, delitos que se habrían cometido “con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos”, además de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa, es el juez encargado de definir sobre el procesamiento de CapitanichHernan Zenteno –

Según el pedido del fiscal, al que tuvo acceso , se investiga a “funcionarios públicos de altos cargos, así como a familiares, socios empresariales y amigos de los mismos, quienes en forma organizada y sostenida en el tiempo y valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban, dispusieron de tierras fiscales de la Provincia del Chaco” y “se auto-otorgaron distintos beneficios económicos mediante la suscripción de convenios y firma de decretos del Poder Ejecutivo provincial que los habilitaron a desmontar grandes extensiones de tierras perjudicando el medio ambiente”.

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“También se suscribieron convenios donde se verificaron beneficios económicos, como reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y servicios públicos como Sameep [Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial], Secheep [Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial], entre otros beneficios. Estas adjudicaciones de la tierras fiscales se realizaron a través de trámites irregulares con inspecciones fraguadas y cuyos beneficiarios terminaban siendo personas que integraban empresas donde era socio el propio marido de la Sra. Marta Soneira, Mauricio Cian, así como otras personas, socios del primero, como es el caso de [Federico] Storti, [Leandro] Bessone y [Nelson] Pochón”, planteó el fiscal Amad.

Al describir los hechos investigados, el fiscal afirmó que “el 26/02/23, la Provincia del Chaco, a través del Instituto de Colonización de la cual Soneira era presidente y con su firma como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y la de Jorge Milton Capitanich como gobernador de la Provincia, amparados en la legalidad del trámite de expedientes administrativos, adjudicaron cuatro inmuebles, todos del Departamento Almirante Brown, a Storti, Bessone y Pochón, todos socios de su marido Mauricio Cian con quien son socios de dos empresas, Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL”.

Amad añadió que se otorgaron “inmuebles rurales fiscales de grandes dimensiones cada uno, así como beneficios impositivos provinciales e industriales” y cuestionó que la funcionaria de Capitanich haya ejercido dos cargos en simultáneo, puestos que consideró incompatibles.

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Para el fiscal, “la irregularidad en la entrega de tierras públicas a personas a las que no se les debería haber adjudicado, personas cercanas a aquellas que deciden a voluntad a quién se entregan, constituye un enorme acto de corrupción”.

Al trascender el pedido de procesamiento en su contra, el exgobernador Capitanich sostuvo que existe una “alquimia judicial” y una “operación mediática” en su contra. “Este pedido de procesamiento se inscribe en un proceso cuya manifestación más evidente es la nulidad de la acusación por incongruencias manifiestas, incoherencia en el contenido e incompetencia, pues pretenden justificar un delito inexistente mediante una alquimia jurídica”, afirmó el senador nacional, que integra el bloque de Fuerza Patria.

Capitanich señaló que se instaló una “operación mediática” antes de que se conociera el pedido del fiscal Amad al juez Carbajal, porque se anunció mediáticamente “la inminencia del procesamiento”, durante la semana previa a la solicitud del fiscal.

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En un comunicado que hizo llegar a a través de su equipo de prensa, el exgobernador chaqueño remarcó que la causa involucra “cuatro títulos de cerca de 8.000 entregados” durante su gestión. En ese texto, se aclaró también que “se trata de adjudicaciones en venta -no transferencias de dominio-, algunas iniciadas desde 1997″ y se reivindicaron “las políticas de promoción industrial implementadas”.

Capitanich y Zdero, junto a la exvicegobernadora Analía Rach Quiroga; una funcionaria del gobernador actual denunció al exmandatario peronistaPrensa Chaco

Para Capitanich, las acusaciones son “calumnias e injurias inadmisibles”. Según se consideró en el comunicado, el avance de la causa se vincula “con la intención de desviar la atención de problemáticas más graves, como el narcotráfico y la inseguridad” en la provincia que gobierna Zdero, uno de los gobernadores aliados del presidente Javier Milei.

El fiscal pidió procesar, por los mismos delitos que al exgobernador y también el de enriquecimiento ilícito, a Marta Soneira. Por presunto fraude y lavado, pidió los procesamientos de Cian, Storti, Pochón. Asimismo, solicitó sobreseer a Diego Soneira y Federico G. Soneira, y dictar la falta de mérito de Sheina Waicman (que también fue titular del Instituto de Colonización) y Darío Giménez (que era encargado de la Delegación Pampa del Infierno de ese instituto).

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la provincia,Javier Fuego Simondet,Jorge Capitanich,Chaco,Corrupción,Conforme a,,»Una misma causa». Milei fue condecorado por el presidente de Israel y ratificó una alianza sin cuestionamientos,,Ante el fiscal. La dueña de la inmobiliaria declaró que el departamento de Adorni estuvo publicado en US$375.000,,Gestos. El Gobierno intenta recomponer su vínculo con la Iglesia tras varios desencuentros,Jorge Capitanich,,Debate. Capitanich defendió el estatuto del periodista y Losada, que votó derogarlo, le recordó el día que rompió un diario,,Exesposa de Capitanich. De qué murió Sandra Mendoza,,Chaco, después del femicidio. Del derrumbe del poder piquetero a la recuperación del peronismo

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Adorni tiene en venta un departamento en La Plata: es de antes de asumir funciones en el Gobierno

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó para la venta su departamento de tres ambientes en La Plata y le fijó un precio de 95.000 dólares, en momentos en que la Justicia avanza con una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Así surge de una publicación de la inmobiliaria Century 21, que ofrece el inmueble situado en la calle 48 n°558, entre 6 y 7, en la capital bonaerense.

Se trata de un inmueble ubicado en el cuarto piso al frente, con ambientes separados, living con calefacción por tiro balanceado, comedor, cocina semi-integrada con una barra desayunadora, muebles y una puerta de servicio.

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El departamento cuenta con un baño completo con bañera e hidromasaje, 2 toilettes uno de ellos con ducha, espacio para lavarropas, 3 dormitorios, dos de ellos con calefacción por tiro balanceado y otro con aire acondicionado.

El inmueble tiene balcón corrido que cubre el ancho del departamento con puertas ventana, baulera y el aviso señala que está “en excelente estado de conservación sin detalles de humedad ni roturas”. Lo publicitan como una “excelente oportunidad de inversión” y apta para aplicar a la compra mediante un crédito bancario.

Adorni está siendo investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, luego de que fue denunciado por realizar vuelos en un avión privado a Punta del Este y por la adquisición de dos inmuebles desde que está en funciones: un departamento en Caballito y una casaquinta en Exaltación de la Cruz.

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La fachada del edificio del departamento que tiene Manuel Adorni en el barrio de Caballito.

Esos inmuebles los adquirió mediante hipotecas que tomó sobre las propiedades que vencen este año, cuando debe saldarlas. Este podría ser uno de los motivos por los que el jefe de Gabinete puso en venta su departamento de La Plata, de modo de hacerse de efectivo para saldar sus deudas.

Sin embargo, fuentes de la Presidencia indicaron a que el departamento platense está en venta “desde hace ocho años”, desde “antes de la pandemia”.

Adorni debe 200.000 dólares de hipoteca por la adquisición del departamento donde vive actualmente en Miro al 500, en Caballito, y debe otros 70.000 dólares por la hipoteca de 100.000 dólares que constituyó sobre un departamento de Parque Chacabuco, dinero con el compró una casa de fin de semana en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz.

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La propiedad de La Plata está en buen estado de conservación. El edificio tiene dos ascensores, se aceptan mascotas y cuenta con servicios de agua, cable, cloaca, electricidad, gas natural, internet, pavimento, teléfono, baulera, aire acondicionado individual, alarma, internet wifi y baulera.

En su declaración jurada de 2024, Adorni informó que el departamento de La Plata era una “donación”, que ingresó a su patrimonio en 2016.

Allí figura departamento La Plata, noroeste, dirección Calle 50, que ingresó al patrimonio de Adorni el 1 de junio de 2016, con una superficie declarada del 105 m2, producto de una donación y con una valuación fiscal de 14.106.298 pesos. En el gobierno confirmaron a que es el mismo inmueble de la calle 48 y que debe haber un error material en la declaración jurada o en el aviso de la inmobiliaria.

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Con el foco en las pensiones por invalidez, el Gobierno retomará el debate en el Congreso con una nueva ley de discapacidad

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El oficialismo busca cambiar el eje del debate en el Congreso con la apertura de dos discusiones que ya marcaron la agenda en 2024 y 2025. El Gobierno impulsa nuevas iniciativas: una ingresó el último viernes, la Emergencia en Discapacidad bajo la denominación de proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez; la otra, ya en condiciones de ser tratada, es el financiamiento para las universidades nacionales.

El proyecto de financiamiento universitario está en el Congreso desde febrero y en las próximas semanas comenzará a tratarse en las comisiones de Educación y de Presupuesto, presididas por Alicia Fregonese (PRO) y Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza).

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El Ejecutivo busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades —gastos de funcionamiento y salarios docentes y no docentes— con las previsiones reales del Presupuesto de este año. A diferencia de la norma impulsada por la oposición, la iniciativa oficial no hace referencia a ejercicios anteriores.

Una marcha de universidades hacia el Congreso para rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. (Foto: TN / Agustina Ribó)

El Gobierno detalló que las partidas del Presupuesto 2026 deberán destinarse a afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad estudiantil; garantizar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos; y fortalecer la enseñanza en todas sus modalidades mediante mayor inversión en tecnología y en la formación del personal.

La iniciativa también garantiza el acceso a la educación superior gratuita a través de un refuerzo en programas de becas estratégicas. Además, establece una recomposición para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades en el marco del Presupuesto vigente y prevé una actualización para los hospitales universitarios, con el objetivo de asegurar el financiamiento del sistema de salud universitario.

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La postura de la oposición

Un grupo de legisladores de distintas fuerzas exhortó al Poder Ejecutivo a actualizar de forma inmediata los salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles. También le solicitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

La norma sancionada el año pasado —impulsada por la oposición e insistida tras el veto presidencial— buscó aumentar el presupuesto universitario, asegurar su financiamiento y actualizar las partidas de funcionamiento, además de mejorar los salarios del sector.

En ese contexto, el Poder Judicial falló y emplazó al Ejecutivo a actualizar los sueldos. La ley establece que los incrementos no pueden ser inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. También ordena recomponer las becas en línea con la inflación acumulada.

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Por ahora, la administración de Javier Milei apeló la decisión judicial, presentó un recurso en la Corte Suprema para que suspenda la ley y promueve el debate de un nuevo proyecto de financiamiento universitario en el Congreso.

Emergencia en discapacidad

La situación de la ley de emergencia en discapacidad, también sancionada en 2025 a instancias de la oposición, sigue un recorrido similar: presión para su cumplimiento, fallos judiciales que instan a implementarla y, en paralelo, la apelación oficial junto con el envío de un nuevo proyecto al Senado.

Manifestantes reclamaron en el Congreso por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. (Foto: Damián Dopacio/NA).
Manifestantes reclamaron en el Congreso por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. (Foto: Damián Dopacio/NA).

El proyecto contra el fraude de pensiones por invalidez señala que entre 2003 y 2023 las pensiones no contributivas crecieron de manera exponencial: pasaron de 76.000 a 1.200.000. Distintas publicaciones remarcaron que ni siquiera países en guerra registraron incrementos similares.

La iniciativa propone garantizar un financiamiento sostenible de estas pensiones y fortalecer a los prestadores mediante un régimen de emergencia que incluya regularización de deudas tributarias, condonación de intereses y refinanciación de planes de pago.

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También prevé recursos para implementar de forma ágil la compensación arancelaria, actualizar los valores del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, sostener las pensiones cuando corresponda al Estado nacional e impulsar políticas de inclusión y prevención.

Tensión por el informe de Adorni

En paralelo, La Libertad Avanza se prepara para la sesión informativa de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados el 29 de abril. La oposición aguarda su presentación desde hace un mes, en medio de denuncias e investigaciones judiciales por sus viajes en aviones privados a Punta del Este, el viaje de su esposa a Estados Unidos como parte de una comitiva oficial y un presunto incremento patrimonial a través de la compra de departamentos.

Diputados del interbloque Unidos lo denunciaron por supuesto enriquecimiento ilícito y por sospechas sobre el financiamiento de viajes al exterior.

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Desde el oficialismo sostienen que el jefe de Gabinete responderá únicamente sobre su gestión. “Será una sesión picante, compren pochoclos”, anticipó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los legisladores enviaron cerca de 4800 preguntas a la Jefatura de Gabinete. No todas refieren a la gestión: algunas también apuntan a la situación judicial del funcionario. En ese escenario, cada bloque define su estrategia en un tema que ya fue abordado en la última reunión de la mesa política encabezada por Adorni en la Casa Rosada.

Discapacidad, universidades públicas, Manuel Adorni

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Ricardo Gil Lavedra busca retener el Colegio de la Abogacía y dos expresidentes quieren regresar al poder

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El martes y miércoles de esta semana, la abogacía de la Ciudad de Buenos Aires volverá a las urnas para definir a las nuevas autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).

En una votación que renueva los mandatos del Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados, el oficialismo actualmente en manos de Ricardo Gil Lavedra buscará la continuidad frente a una oposición que se presenta fuertemente fragmentada.

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Las elecciones se desarrollarán de 8 a 18 horas en Av. Corrientes 1441 y hay más de 86.500 profesionales empadronados que podrán emitir su voto presentando su credencial o DNI. Hace dos años, la participación alcanzó los 13.660 votantes.

Alejandra García, candidata a presidenta del Colegio de la Abogacía

Estas elecciones son de autoridades del Colegio, pero preanuncian las que se realizarán a fin de año para elegir a los representantes de los abogados en el Consejo de la magistratura, poderoso órgano político que es el que tiene la misión de elegir y remover a los jueces.

Los candidatos que se proponen ahora se postulan en cinco listas diferentes, atravesadas por la política. En dos de ellas, dos expresidentes del Colegio buscan regresar al poder. Son Jorge Rizzo, histórico líder de Gente de Derecho, y Eduardo Awad, que se escindió de su lista.

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El oficialismo va con la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que propone la continuidad de la actual gestión de Ricardo Gil Lavedra. Lleva como candidata a presidenta a Alejandra García.

De ganar, García (con más de 30 años de ejercicio y actual Coordinadora Legal y Técnica del Colegio) se convertiría en la primera mujer en presidir la institución en más de cuatro décadas de historia.

La acompañan el propio Gil Lavedra encabezando la Asamblea y José María Figuerero para el Tribunal de Disciplina.

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Es una amplia coalición que retiene el poder hace cuatro años. Está integrada por radicales, miembros del PRO, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional, además de contar con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de la calle Montevideo y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.

Daniel Angelici ex presidente de Boca e influyente operador judicial y político, tiene sus fichas puestas en esta elección pues en la lista figuran hombres de su riñón como Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI y hombre muy cercano a Angelici) y Daniel Presti.

La de Angelici -explican fuentes del oficialismo- es una de las 12 agrupaciones que integran la lista y que participa en el frente electoral desde la primera vez que se presentó. “No es una representación mayoritaria”, dijeron en el Colegio.

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Por “Gente de Derecho”, que intenta regresar al control del Colegio de la Abogacía, se propone para la presidencia Jorge Rizzo, quien busca recuperar ejercer su quinto mandato.

Lo secundan Gregorio Corach como candidato al Tribunal de Disciplina y Patricia Trotta a la Asamblea. En su armado también resalta el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Si bien en el pasado cerró acuerdos electorales tanto con el peronismo porteño como con el macrismo, hoy se presenta como la principal fuerza opositora tradicional, aunque sufrió fugas internas recientes.

Una escisión de su agrupación es Eduardo Awad, que fue presidente del Colegio y ahora se postula por la lista “Los que vemos el Colegio”. Awad, que es ciego y por eso el nombre de su lista, decidió romper filas con Gente de Derecho para presentar batalla con una lista propia por primera vez.

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Lo acompañan Carlos Codoro (al Tribunal) y Nelly Díaz (a la Asamblea). Representa a un sector de la abogacía independiente que se desencantó de las estructuras de Gente de Derecho. Rizzo amenazó con impugnar su candidatura durante el cierre de listas.

La pata kirchnerista de esta elección “Por Más Abogacía” que encabeza Eduardo Javier Lema Castillo como postulante a presidente, acompañado por Casiano Highton para el Tribunal y Valeria Carreras en la Asamblea. Está conformada por una alianza entre las agrupaciones La Cámpora y Abogados del Fuero.

Rubén Ramos, candidato a presidir el Colegio Público de abogados

En tanto, la lista “Espacio Abierto de la Abogacía”, propone a Rubén Ramos para la presidencia; Cristian Dellepiane buscará un lugar en el Tribunal de Disciplina y Sebastián Saez en la Asamblea.

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Ramos es el secretario general de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE). Su lista tiene una fuerte base transversal y nuclea abogados que ejercen en el sector público, pero también otros independientes, en defensa de las condiciones de trabajo y honorarios. Plantean una “alternativa plural y diferente” con un proyecto concreto de modernización del colegio.




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