POLITICA
Ricardo Gil Lavedra busca retener el Colegio de la Abogacía y dos expresidentes quieren regresar al poder

El martes y miércoles de esta semana, la abogacía de la Ciudad de Buenos Aires volverá a las urnas para definir a las nuevas autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).
En una votación que renueva los mandatos del Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados, el oficialismo actualmente en manos de Ricardo Gil Lavedra buscará la continuidad frente a una oposición que se presenta fuertemente fragmentada.
Las elecciones se desarrollarán de 8 a 18 horas en Av. Corrientes 1441 y hay más de 86.500 profesionales empadronados que podrán emitir su voto presentando su credencial o DNI. Hace dos años, la participación alcanzó los 13.660 votantes.
Estas elecciones son de autoridades del Colegio, pero preanuncian las que se realizarán a fin de año para elegir a los representantes de los abogados en el Consejo de la magistratura, poderoso órgano político que es el que tiene la misión de elegir y remover a los jueces.
Los candidatos que se proponen ahora se postulan en cinco listas diferentes, atravesadas por la política. En dos de ellas, dos expresidentes del Colegio buscan regresar al poder. Son Jorge Rizzo, histórico líder de Gente de Derecho, y Eduardo Awad, que se escindió de su lista.
El oficialismo va con la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que propone la continuidad de la actual gestión de Ricardo Gil Lavedra. Lleva como candidata a presidenta a Alejandra García.
De ganar, García (con más de 30 años de ejercicio y actual Coordinadora Legal y Técnica del Colegio) se convertiría en la primera mujer en presidir la institución en más de cuatro décadas de historia.
La acompañan el propio Gil Lavedra encabezando la Asamblea y José María Figuerero para el Tribunal de Disciplina.
Es una amplia coalición que retiene el poder hace cuatro años. Está integrada por radicales, miembros del PRO, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional, además de contar con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de la calle Montevideo y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.
Daniel Angelici ex presidente de Boca e influyente operador judicial y político, tiene sus fichas puestas en esta elección pues en la lista figuran hombres de su riñón como Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI y hombre muy cercano a Angelici) y Daniel Presti.
La de Angelici -explican fuentes del oficialismo- es una de las 12 agrupaciones que integran la lista y que participa en el frente electoral desde la primera vez que se presentó. “No es una representación mayoritaria”, dijeron en el Colegio.
Por “Gente de Derecho”, que intenta regresar al control del Colegio de la Abogacía, se propone para la presidencia Jorge Rizzo, quien busca recuperar ejercer su quinto mandato.
Lo secundan Gregorio Corach como candidato al Tribunal de Disciplina y Patricia Trotta a la Asamblea. En su armado también resalta el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Si bien en el pasado cerró acuerdos electorales tanto con el peronismo porteño como con el macrismo, hoy se presenta como la principal fuerza opositora tradicional, aunque sufrió fugas internas recientes.
Una escisión de su agrupación es Eduardo Awad, que fue presidente del Colegio y ahora se postula por la lista “Los que vemos el Colegio”. Awad, que es ciego y por eso el nombre de su lista, decidió romper filas con Gente de Derecho para presentar batalla con una lista propia por primera vez.
Lo acompañan Carlos Codoro (al Tribunal) y Nelly Díaz (a la Asamblea). Representa a un sector de la abogacía independiente que se desencantó de las estructuras de Gente de Derecho. Rizzo amenazó con impugnar su candidatura durante el cierre de listas.
La pata kirchnerista de esta elección “Por Más Abogacía” que encabeza Eduardo Javier Lema Castillo como postulante a presidente, acompañado por Casiano Highton para el Tribunal y Valeria Carreras en la Asamblea. Está conformada por una alianza entre las agrupaciones La Cámpora y Abogados del Fuero.
En tanto, la lista “Espacio Abierto de la Abogacía”, propone a Rubén Ramos para la presidencia; Cristian Dellepiane buscará un lugar en el Tribunal de Disciplina y Sebastián Saez en la Asamblea.
Ramos es el secretario general de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE). Su lista tiene una fuerte base transversal y nuclea abogados que ejercen en el sector público, pero también otros independientes, en defensa de las condiciones de trabajo y honorarios. Plantean una “alternativa plural y diferente” con un proyecto concreto de modernización del colegio.
Hernán Cappiello,Poder Judicial,Conforme a,,Tercera gira a Israel. Milei renovó sus ataques a la prensa: «Gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal»,,Internas, economía y gestión. El Gobierno perdió el impulso y el rumbo,,Solo en Off. Las grietas abiertas de la Casa Rosada, en los rincones por donde no pasa Milei,Poder Judicial,,Alejandra García. “La abogacía enfrenta muchos riesgos y es necesario defender la profesión”,,Nuevo revés para Burford. La Cámara de Nueva York suspende todas las apelaciones del juicio YPF,,»Soy feliz». Puma Goity celebró el anuncio oficial de su propia serie, Zambrano, un spin-off de El encargado
POLITICA
Investigan pagos de la AFA por casi $5000 millones a empresas ligadas a Toviggino por servicios que nunca existieron

La Justicia de Santiago del Estero puso la lupa sobre transferencias por $4.961.280.195 realizadas por la AFA entre 2022 y 2025 a un conjunto de firmas vinculadas a Pablo Toviggino.
Según el fiscal Pedro Simón, existe evidencia de que esos fondos se giraron “por servicios que no se habrían prestado”. La investigación también detectó que, una vez cobrados, parte de esos montos fue colocada en plazos fijos para generar rendimientos.
De acuerdo con la documentación analizada, los pagos se dirigieron a SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus. El total bajo análisis asciende a $4.961.280.195 en el período 2022–2025; y algunas de estas sociedades figuran en la base apócrifa de ARCA.
Un detalle central surge de los movimientos en el Banco Coinag. Allí, la AFA transfirió $3.633.013.825,80 a cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus, discriminados de la siguiente manera: $607.228.964,97 en 2022; $16.066.343,40 en 2023; $283.826.324,69 en 2024; y $2.725.892.192,74 en 2025. A esto se suman otros $1.328.266.369,20 girados a SEGON SRL en el Banco Santiago del Estero, con $653.622.369,20 en 2024 y $674.644.000 en 2025.
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La maniobra bajo sospecha incluye la colocación de esos fondos en instrumentos financieros. Un caso testigo es el de Servicios Lindor, que realizó 10 plazos fijos en el Banco Coinag, tanto en pesos como en dólares. Se trató de un total de $2.813.000.000 y USD 2.136.022.
Entre ellos, operaciones por US$ 300.000 (con intereses por US$ 6200) y US$ 1.700.000 (US$ 37.000 de interés), además de múltiples colocaciones en pesos que alcanzan montos de hasta $3.000.000.000. En total, esas operaciones generaron ganancias por $613 millones y US$ 43.000.
Desde el banco confirmaron que estas firmas tenían cuenta en la entidad pero aclararon: “Los montos que se depositaron en el Coinag vinieron del Credicoop porque allí tenía cuenta la AFA. Todas las cuentas de estas empresas fueron cerradas a finales de 2025, excepto la de Mauro Javier Paz. El Banco activó los mecanismos de revisión y alerta del Banco Central y la UIF por lo que decidió cerrar las cuentas. Los fondos fueron transferidos de vuelta al Credicoop”.
Otro ejemplo es Servicios Neurus, que en 2025 constituyó seis plazos fijos por $2720 millones y US$ 2 millones. La investigación también detectó que parte de los fondos habría sido utilizada para la compra de autos, varios de los cuales fueron hallados en la mansión de Pilar atribuida al tesorero de AFA.
El expediente incorpora además un elemento que llamó la atención de los investigadores: la inclusión de algunas firmas en listados apócrifos. MALTE figura como “APOC 1” y REAL CENTRAL como “APOC 2”. Ambas empresas se presentaron ante la Justicia con recursos para ser removidas de ese registro.
En el entorno de Toviggino dijeron a TN que pronto se conocerán novedades judiciales en torno a maniobras poco claras de la Justicia.
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El caso se inscribe en un entramado más amplio que ya venía siendo investigado. El foco sobre Toviggino —número 2 de AFA y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia— viene creciendo en los últimos meses a partir de denuncias sobre su patrimonio y sus vínculos empresariales en Santiago del Estero. Allí, según distintas causas judiciales, se consolidó un conjunto de sociedades con actividades diversas que van desde hotelería y combustibles hasta producción vitivinícola y servicios.
Dentro de ese entramado aparece SEGON SRL, que administra una estación de servicio y un cementerio privado; y Servicios Neurus, vinculada a la comercialización de vinos y otros negocios. Las conexiones societarias, los cambios de directorio y la reiteración de apellidos en distintas firmas forman parte de las líneas de investigación.

Otra derivación relevante involucra a MALTE SRL, que ya había sido analizada por su participación en la compra de la mansión de Pilar y por sus operaciones con el fútbol argentino. Según documentación en poder de la Justicia, la firma realizó transacciones con la AFA, incluyendo la venta de tests de COVID-19 en 2022, y habría intervenido en la cesión de derechos económicos de un club.
La investigación sigue abierta y busca determinar si existieron servicios efectivamente prestados o si se trató de una operatoria irregular para desviar fondos y obtener ganancias financieras.
Pablo Toviggino, AFA, Santiago del Estero, AFA (Asociación de Fútbol Argentino)
POLITICA
El Gobierno podría reconfigurar la Cámara Federal porteña, clave para los casos de corrupción

El Gobierno enfrenta la chance de moldear la estratégica Cámara Federal porteña, un tribunal intermedio que interviene en todos los casos de corrupción, ya sea para confirmar sus avances y dejarlos llegar a juicio oral, o para frenarlos y evitar que continúen los procesos.
La Cámara Federal tiene dos salas de tres jueces cada una y ahora está ante la posibilidad de que se generen tres vacantes para elegir tres nuevos magistrados encargados de decidir en los casos más sensibles, tanto para la gestión actual como para el kirchnerismo.
Según deslizaron fuentes judiciales, los jueces en situación de fragilidad son Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que integran el tribunal junto a Mariano Llorens, Roberto Boico y Eduardo Farah.
Esta posibilidad se da porque un camarista histórico de la Cámara Federal, Martín Irurzun, cumplirá 75 años el 18 de julio. A esa edad los jueces deben dejar su cargo, según la Constitución Nacional, excepto que consigan un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más.
Irurzun pidió hace un año y medio al Ministerio de Justicia que envíe su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo por cinco años. Pero desde entonces el expediente no se movió. Está congelado.
En el medio cambiaron las autoridades del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona por Juan Bautista Mahiques, y el viceministro Sebastián Amerio por Santiago Viola.
Con ello cambió el eje de poder sobre la Justicia, que pasó del asesor Santiago Caputo, que incidía en esa área, a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, quien está actualmente tomando las decisiones de la gestión judicial mediante Mahiques y Viola.
La renovación del acuerdo del Senado a Irurzun quedó atrapada en la interna Caputo-Karina, pues en este sector interpretan que el camarista está ligado al juez Ariel Lijo, que compite con el ministro Mahiques por el cargo de la Procuración General de la Nación.
La lógica por la que el pliego quedó congelado, dicen en los tribunales federales, se relaciona con que el karinismo asocia a Irurzun con Lijo y Santiago Caputo, y por eso obtura su continuidad.
En el Gobierno −no obstante− dijeron a que no hay una decisión tomada sobre Irurzun y que elevar su pliego al Senado “está a estudio” y que “todavía hay tiempo”.
Irurzun lleva 32 años como juez de la Cámara Federal; ingresó en tribunales en 1972 y fue el autor de numerosos fallos que sentaron las bases de cambios sustanciales en la forma de interpretar las leyes.
Por ejemplo, firmó sentencias en defensa del derecho a la verdad de las víctimas para avanzar con las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, cuando los indultos impedían seguir adelante.
También fue uno de los impulsores de la doctrina que negaba las excarcelaciones de los exfuncionarios acusados de corrupción, al sostener que ostentaban un poder residual que les permitía hacer desaparecer evidencias o intimidar testigos.
Irurzun fue presidente de la Cámara Federal durante años y dejó su impronta en la gestión del tribunal y se referenció con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.
A coro, altos referentes de los tribunales se reunieron con funcionarios de la Casa Rosada para pedir por Irurzun. Desde altos magistrados hasta camaristas y jueces de primera instancia recorrieron los pasillos del poder.
Muchos de los que lo trataron desde los años 90 en Comodoro Py 2002 llevaron su reclamo a oídos del Gobierno. Por ahora, sin éxito. Pero a ninguno le dijeron que el pliego no iba a prosperar, según cuentan los más optimistas.
El caso de Irurzun es bien diferente al del camarista de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia y cercano al ala karinista del Gobierno.
El pliego del juez Mahiques salió desde el Ministerio de Justicia al Senado, que le dio entrada y la semana pasada ya tuvo su audiencia en Comisión. Allí se aprobó el dictamen para darle nuevo acuerdo y solo resta que ahora se vote en los próximos días para que el camarista siga en el cargo cinco años más.
Nada de este proceso comenzó para Irurzun. El recorrido demanda que el Poder Ejecutivo decida publicar sus antecedentes, que se abra un período de adhesiones e impugnaciones y finalmente que se decida enviar el pliego al Senado. Debería convocarse el cuerpo para darle ingreso, luego de una semana tratarlo en Comisión y, si obtiene dictamen, pasarlo al recinto para su votación.
Si el proceso no se inicia en los próximos 15 días, no hay tiempo material para que se dé la renovación de su acuerdo, calculan en los tribunales.
Pero no está dicha la última palabra. Irurzun, en la Sala II junto con Roberto Boico, tiene causas sensibles, como el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) donde está procesado el exfuncionario Diego Spagnuolo, luego de que se revelaran audios en los que el exabogado de Milei mencionaba supuestos retornos dirigidos a Karina Milei.
Si llega el 18 de julio e Irurzun no obtuvo acuerdo, debería dejar su cargo para acogerse a la jubilación y quedaría su cargo vacante en la Sala II de la Cámara Federal.
En la Cámara Federal hay otros dos cargos que están en una situación frágil. Son los que ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri desde otros tribunales a sus cargos en la Cámara Federal. La Corte dijo en un fallo que se debían hacer concursos para elegir jueces definitivos que ocupen los cargos de todos los jueces trasladados.
Pero los concursos no se hicieron, excepto el de Bruglia y Bertuzzi. Ambos fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su reclamo, denunciando que el Estado argentino solo busca removerlos y que está en riesgo su estabilidad como magistrados y su independencia.
El Gobierno (en la gestión de Cúneo Libarona) se avino a intentar una solución amistosa y cerrar el asunto, sin mayores consecuencias para el Estado argentino. Pero ese intento de solución amistosa se abortó. Ahora, con la dupla Mahiques-Viola en el Ministerio de Justicia, se multiplicaron los rumores acerca de que se busca acelerar el concurso para reemplazar a estos jueces.
En el Gobierno afirmaron que el concurso está avanzado. “El concurso está en el Consejo de la Magistratura, en etapa de definición. Se habían elevado en los últimos dos años tres o cuatros propuestas de orden de mérito definitivo pero no se consiguieron los votos”, dijo una fuente oficial a .
En los tribunales creen que la historia previa que hay entre Bruglia, Bertuzzi y el ahora viceministro Viola ayuda a acelerar los tiempos para forzar la salida de los camaristas.
Es que Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento del entonces abogado Viola, acusado de armar testigos falsos para perjudicar al juez Sebastián Casanello e inventar que el magistrado visitaba a Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos.
Los testigos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional en un juicio abreviado donde admitieron que mintieron para perjudicar a Casanello. Corizzo admitió ante el fiscal Carlos Stornelli que antes de declarar se había reunido con Viola.
Viola fue luego sobreseído por esas acusaciones por la Cámara Federal de Casación, por un fallo de los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.
Toda esta historia no ayuda a las aspiraciones de Bruglia y Bertuzzi de permanecer en sus cargos. De avanzar este concurso y en caso de que no se le dé un nuevo acuerdo a Irurzun, es probable que el Gobierno tenga entonces tres vacantes en la estratégica Cámara Federal para ocupar con candidatos afines o los que negocie con la oposición.
Hernán Cappiello,Conforme a
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José Orlando, de CIPPEC: “Argentina atraviesa un momento bisagra y enfrenta una oportunidad significativa”

José Orlando, empresario y presidente del Consejo de Administración del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), atraviesa una etapa de transición institucional orientada a redefinir el perfil de una de las principales usinas de políticas públicas de Argentina. Con la designación de Luciano Laspina como director ejecutivo, la organización inicia una nueva fase que, según Orlando, combina la continuidad de sus ejes históricos con una ambición reforzada de incidir en el diseño y la implementación de políticas concretas.
La cena anual de CIPPEC, evento que reúne a referentes políticos, empresariales y sociales, se desarrolla en un contexto que Orlando describe como de “bisagra” para el país. Este año, la consigna “Crecer o crecer” resume una urgencia estructural: Argentina enfrenta desafíos para sostener el crecimiento económico y arrastra déficits persistentes en desarrollo y equidad, según el presidente del Consejo de Administración de CIPPEC.
En entrevista con Infobae, Orlando explica el sentido de la nueva etapa, el rol de Laspina, la lógica de funcionamiento de la organización y los desafíos que enfrenta el país para transformar una oportunidad potencial en crecimiento sostenido.

—¿Cuál es su reflexión sobre esta edición de la cena anual de CIPPEC?
—En Argentina, cada año parece marcar un punto de partida distinto y, en esta oportunidad, CIPPEC efectivamente inaugura un nuevo ciclo debido al cambio de liderazgo. La organización mantiene su identidad y sus ejes estratégicos históricos, pero inicia una etapa con ambiciones renovadas, reflejadas tanto en el eslogan “Crecer o crecer” como en la decisión de impulsar una reflexión estratégica profunda para formular propuestas concretas que permitan a la Argentina crecer de manera sostenida. El país no logra dos años consecutivos de crecimiento desde hace mucho tiempo. Aunque 2026 podría mostrar avances macroeconómicos, persisten desafíos en desarrollo económico y social que siguen siendo parte de la agenda de CIPPEC.
—Llegó Luciano Laspina a la dirección ejecutiva. ¿Cuál es la misión que tendrá en esta nueva etapa?
—Luciano Laspina tiene una trayectoria que lo precede. Su formación como economista aporta rigor técnico, esencial para los desafíos actuales de la organización. Además, su experiencia legislativa resulta clave: quien pasa una década en el Congreso comprende la complejidad de implementar políticas públicas, donde la ejecución suele ser más difícil que el diseño. Laspina, a lo largo de su carrera como legislador y en otras funciones, se destacó por su visión de largo plazo y su capacidad de diálogo con múltiples sectores.
—Ese espíritu de diálogo es parte de la identidad de CIPPEC.
—Está en el centro del ADN de la organización. La cena anual, más allá de ser un espacio de encuentro, subraya la necesidad de consensos amplios. Argentina debe alcanzar acuerdos sostenidos, lo que implica ceder y encontrar espacios comunes. El concepto de “centro” en el nombre de CIPPEC alude precisamente a ese lugar de encuentro plural, no a una posición ideológica específica.

—¿Puede anticipar algún eje relevante de su discurso?
—Argentina atraviesa un momento bisagra y enfrenta una oportunidad significativa, pero la mera abundancia de recursos naturales no garantiza el desarrollo. Los países crecen cuando logran impulsar políticas que fomentan la creatividad y la innovación de las personas. El desafío es transformar esta oportunidad, que tiene raíces geopolíticas y responde a un anhelo social profundo de progreso, en políticas concretas y sostenibles.
—La organización convoca a múltiples actores y sostiene independencia. ¿Cómo lo logra?
—La calidad del equipo de CIPPEC es fundamental; su trabajo es sostenido durante todo el año. La independencia, el pluralismo y la rigurosidad son principios inalterables de la organización. El financiamiento diversificado es otro pilar: recibimos aportes del sector privado, individuos, cooperación internacional y, en menor medida, del Estado. Por estatuto, ningún aporte estatal puede superar el 30 % del total, y dentro de ese porcentaje debe haber dispersión de fuentes. Esta estructura garantiza que ningún financiador pueda incidir en la agenda o en las ideas de la organización.

—La consigna es “crecer o crecer”. ¿Qué implicaría no lograrlo?
—Si no aprovechamos esta oportunidad para sentar las bases de un crecimiento sostenido, seguiremos enfrentando crisis recurrentes, como ha ocurrido durante décadas. Cada crisis reduce las oportunidades de desarrollo y profundiza el dolor social, al dejar a más argentinos sin perspectivas de progreso.
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