POLITICA
Ricardo Gil Lavedra busca retener el Colegio de la Abogacía y dos expresidentes quieren regresar al poder
El martes y miércoles de esta semana, la abogacía de la Ciudad de Buenos Aires volverá a las urnas para definir a las nuevas autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).
En una votación que renueva los mandatos del Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados, el oficialismo actualmente en manos de Ricardo Gil Lavedra buscará la continuidad frente a una oposición que se presenta fuertemente fragmentada.
Las elecciones se desarrollarán de 8 a 18 horas en Av. Corrientes 1441 y hay más de 86.500 profesionales empadronados que podrán emitir su voto presentando su credencial o DNI. Hace dos años, la participación alcanzó los 13.660 votantes.
Estas elecciones son de autoridades del Colegio, pero preanuncian las que se realizarán a fin de año para elegir a los representantes de los abogados en el Consejo de la magistratura, poderoso órgano político que es el que tiene la misión de elegir y remover a los jueces.
Los candidatos que se proponen ahora se postulan en cinco listas diferentes, atravesadas por la política. En dos de ellas, dos expresidentes del Colegio buscan regresar al poder. Son Jorge Rizzo, histórico líder de Gente de Derecho, y Eduardo Awad, que se escindió de su lista.
El oficialismo va con la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que propone la continuidad de la actual gestión de Ricardo Gil Lavedra. Lleva como candidata a presidenta a Alejandra García.
De ganar, García (con más de 30 años de ejercicio y actual Coordinadora Legal y Técnica del Colegio) se convertiría en la primera mujer en presidir la institución en más de cuatro décadas de historia.
La acompañan el propio Gil Lavedra encabezando la Asamblea y José María Figuerero para el Tribunal de Disciplina.
Es una amplia coalición que retiene el poder hace cuatro años. Está integrada por radicales, miembros del PRO, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional, además de contar con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de la calle Montevideo y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.
Daniel Angelici ex presidente de Boca e influyente operador judicial y político, tiene sus fichas puestas en esta elección pues en la lista figuran hombres de su riñón como Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI y hombre muy cercano a Angelici) y Daniel Presti.
La de Angelici -explican fuentes del oficialismo- es una de las 12 agrupaciones que integran la lista y que participa en el frente electoral desde la primera vez que se presentó. “No es una representación mayoritaria”, dijeron en el Colegio.
Por “Gente de Derecho”, que intenta regresar al control del Colegio de la Abogacía, se propone para la presidencia Jorge Rizzo, quien busca recuperar ejercer su quinto mandato.
Lo secundan Gregorio Corach como candidato al Tribunal de Disciplina y Patricia Trotta a la Asamblea. En su armado también resalta el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Si bien en el pasado cerró acuerdos electorales tanto con el peronismo porteño como con el macrismo, hoy se presenta como la principal fuerza opositora tradicional, aunque sufrió fugas internas recientes.
Una escisión de su agrupación es Eduardo Awad, que fue presidente del Colegio y ahora se postula por la lista “Los que vemos el Colegio”. Awad, que es ciego y por eso el nombre de su lista, decidió romper filas con Gente de Derecho para presentar batalla con una lista propia por primera vez.
Lo acompañan Carlos Codoro (al Tribunal) y Nelly Díaz (a la Asamblea). Representa a un sector de la abogacía independiente que se desencantó de las estructuras de Gente de Derecho. Rizzo amenazó con impugnar su candidatura durante el cierre de listas.
La pata kirchnerista de esta elección “Por Más Abogacía” que encabeza Eduardo Javier Lema Castillo como postulante a presidente, acompañado por Casiano Highton para el Tribunal y Valeria Carreras en la Asamblea. Está conformada por una alianza entre las agrupaciones La Cámpora y Abogados del Fuero.
En tanto, la lista “Espacio Abierto de la Abogacía”, propone a Rubén Ramos para la presidencia; Cristian Dellepiane buscará un lugar en el Tribunal de Disciplina y Sebastián Saez en la Asamblea.
Ramos es el secretario general de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE). Su lista tiene una fuerte base transversal y nuclea abogados que ejercen en el sector público, pero también otros independientes, en defensa de las condiciones de trabajo y honorarios. Plantean una “alternativa plural y diferente” con un proyecto concreto de modernización del colegio.
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POLITICA
Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título
Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.
El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.
Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos
La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.
El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.
El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.
Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.
El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.
Salario Mínimo, salario Mínimo vital y móvil, salarios, FRESU, TNS
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el presidente llamó a Lula “zurdo ladrón” días antes del balotaje en Brasil
Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch.
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El nuevo encuentro entre representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro, se realizó este martes en la Casa Rosada. Con una duración más corta que lo habitual, y una agenda con distintos temas legislativos, el avance por un posible acuerdo electoral volvió a quedar supeditado a lo que pueda pasar en el Congreso, alrededor de la reforma electoral, que apunta a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
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La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.
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La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.
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POLITICA
El Gobierno postergó el debate de la Ley de Malvinas y negocia cambios para sumar apoyos – Nexofin
El oficialismo aplazó el avance de la denominada Ley de Malvinas, un proyecto que excede el reclamo de soberanía sobre las islas e incluye modificaciones en materia de defensa, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos. La discusión en comisiones se reprogramó para el 27 de octubre, mientras el Gobierno busca ajustar el texto para conseguir respaldo legislativo.
La decisión llegó después de que distintos bloques reclamaran cambios y surgieran reparos desde Estados Unidos. Según trascendió, empresas de ese país cuestionaron la falta de precisión en las sanciones previstas para compañías extranjeras.
La llegada a la Argentina del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, suma otro factor a las negociaciones.
El Gobierno impuso el secreto militar para la compra de equipamiento a las Fuerzas Armadas
Uno de los puntos que el Gobierno prevé modificar es el artículo que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de agentes extranjeros, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
La nueva versión eliminaría la referencia a las “campañas de desinformación”, cuestionada por organizaciones periodísticas y especialistas en derecho constitucional por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
También se analiza ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. El proyecto sumaría, además, una comisión bicameral para supervisar su funcionamiento.
El respaldo parlamentario sigue sin estar asegurado. El peronismo anticipó que acompañaría únicamente el capítulo dedicado a Malvinas y pidió tratarlo por separado.
En paralelo, el oficialismo deberá negociar con sus aliados de Pro, la UCR y los bloques de centro para reunir los votos necesarios.
Javier Milei celebró el récord de exportaciones: “Argentina está generando una revolución subterránea”
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Campaña de desinformación,Congreso,Islas Malvinas,LEY DE MALVINAS
El mensaje de Chiqui Tapia para Boca finalista de la Sudamericana
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