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El fiscal rechazó la “reparación integral” que propusieron Tapia y Toviggino para hacer caer la causa por evasión

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El fiscal del fuero penal económico Claudio Navas Rial dictaminó en contra del planteo que presentaron Claudio “Chiqui” Tapia y Ariel Pablo Toviggino con la intención de hacer caer la causa, sin pena ni juicio, que los tiene procesados junto a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no pagar en plazo una millonaria deuda al fisco.

Tapia y Toviggino habían propuesto una “reparación integral”, una figura todavía novedosa, discutida dentro y fuera de los tribunales, que cobró especial protagonismo en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas.

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“El simple monto al que el obligado se encontraba en condiciones de ingresar en tiempo y forma al sistema no alcanza ni reviste en sí mismo el carácter integral que exige la salida alternativa que se pretende por cuanto de ninguna manera cuantifica el perjuicio que el sistema tributario y de la seguridad social ha sufrido en conjunto vulnerando el rol específico y la obligación asumida por el agente involucrado”, sostuvo el fiscal en su dictamen, según informó Clarín.

La decisión quedó en manos ahora del juez de la causa, Diego Amarante. Deberá tener en cuenta si la opinión del fiscal, en tanto representante del interés público, al que apunta la reparación, es o no vinculante.

Aprobada en 2015, la herramienta está diseñada para cerrar procesos en etapas tempranas, a cambio de que el acusado brinde alguna “contraprestación” que pueda compensar la totalidad del daño ocasionado. Puede ser dinero, aunque no exclusivamente.

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Tapia en un partido de Barracas, su club, por la Copa SudamericanaJUAN MABROMATA – AFP

No hay una huella totalmente definida en la jurisprudencia sobre el alcance de su aplicación, pero según las fuentes consultadas existe un consenso mayoritario en que su objetivo es barrer con los casos menores, donde es fácil definir los daños y extinguir el conflicto.

En la causa del fútbol, donde la Justicia constató una “evasión” de más de 19.000 millones de pesos, el enfoque de la reparación integral fue introducido por el abogado del tesorero Toviggino, Marcelo Rochetti, pero fuentes judiciales señalaron que rápidamente se plegaron al planteo Tapia y la propia AFA, que también está procesada en tanto persona jurídica.

El mecanismo tiene buena recepción en el fuero Penal Económico, pero en delitos distintos a los tributarios. El impositivo es justamente el terreno en el que Tapia y Toviggino debaten su suerte.

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Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigentes de AFA consideraron que con la nueva ley de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, el Gobierno entreabrió una puerta por la que pueden colar su planteo, que es técnico y se juega en unos pocos renglones de la norma.

Pablo Toviggino en la puerta del juzgado Económico Federal de RetiroRicardo Pristupluk

Tapia y Toviggino sostienen que la reparación integral debe aplicarse en su caso particular porque la nueva normativa -que elevó exponencialmente los montos a partir de los cuales se configuran los delitos- prohíbe expresamente en uno de sus párrafos el uso de la reparación integral solo para un grupo puntual de delitos, en los que no figuran aquellos por los que fueron acusados, que son la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la apropiación indebida de tributos.

En esa omisión del texto de la ley anclan sus expectativas Tapia y Toviggino. El planteo adquiere una dosis adicional de arrojo: considera que el daño ocasionado ya fue enmendado con el pago de la deuda y sus intereses.

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Es decir que, a diferencia de otras causas, como en Cuadernos, donde empresarios llegaron a ofrecer hasta más de un millón de dólares para evitar ir a juicio, en su propuesta de reparación integral Tapia y Toviggino no ofrecieron a la Justicia nada más de lo que debían y ya pagaron.

Es una visión sobre el perjuicio, pero hay otras, más amplias, que suponen que el daño va más allá de lo que el Estado dejó de percibir en su cuenta corriente. Una fuente del fuero penal económico respalda esta postura con una sentencia de la Casación de abril del año pasado en una causa por evasión. En el fallo, el juez Gustavo Hornos refrenda a ARCA como querellante y “víctima directa” del delito, pero subraya especialmente que el daño no es meramente patrimonial, sino también “social”.

“(…) el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas”, sostiene el juez.

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El juez del caso AFA, Diego Amarante, también reparó en la dimensión social de haber privado al fisco miles de millones pesos.

Al procesar a Tapia y Toviggino -junto a Cristian Malaspina (Secretario General), Víctor Blanco (ex Secretario General) y Gustavo Lorenzo– el magistrado sostuvo que, estando la AFA en condiciones económicas de afrontar el pago, no lo hizo, lo que no solo significó una mayor “disponibilidad” de dinero para la casa matriz del futbol, sino también un “desprecio” contra el pueblo.

“Muy en especial [contra] el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados y demás beneficiarios del sistema de la seguridad social”, precisó el juez.

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Distintas fuentes judiciales coinciden en señalar que en asuntos tributarios hay una “inclinación marcada” tanto en la Cámara Penal como de la Casación de marginar a la reparación como mecanismo en causa tributarias, por lo que las chances del planteo de prosperar son escasas, sugieren.

“Los delitos tributarios tienen una forma particular de extinguir la acción penal, prevista en el art 16 del régimen penal tributario”, advierte una de esas voces.

La defensa del dirigente Malaspina, en manos del abogado Lucio Simonetti, pidió el fiscal Navas Rial opine sobre el planteo antes que las partes. El fiscal rechazó hoy la reparación.

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Los Cuadernos

Algunas notas de esta discusión ya se escucharon en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en simultáneo a los ofrecimientos que hicieron los empresarios para no ser juzgados y extinguir la acción penal en su contra.

Juicio oral por la causa cuadernos
La fiscal Fabiana León

La fiscal Fabiana León y la UIF como querella se opusieron a los planteos y a la idea general, por ser una suerte de “mercantilización de la corrupción”. “Mi fiscalía no vende impunidad”, dijo la fiscal, que consideró que “el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima”.

El Tribunal rechazó los planteos de los empresarios imputados, al considerar vinculante la postura de la fiscal León. Sin embargo, no faltaron quienes marcaran tras el fallo que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente vigente y que el Tribunal no debió rechazarlas, sino en todo caso considerar las ofertas de reparación como “insuficientes”.

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Encontraron alcoholizado a un funcionario de Mendoza durante un control vial: renunció a su cargo

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Diego Silvestre, funcionario del Gobierno de Mendoza y coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, presentó su renuncia en las últimas horas luego de que trascendiera que dio positivo en un control de alcoholemia. El abogado registró 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido en la provincia, y además circulaba sin licencia de conducir, sin cédula del vehículo y sin seguro obligatorio.

El episodio ocurrió el último domingo en las inmediaciones de San Rafael, cuando Silvestre se desplazaba en una camioneta Fiat Strada y fue detenido en un operativo de control vial. Tras el test positivo, los efectivos retuvieron el vehículo y lo demoraron. De acuerdo con la información oficial, el funcionario permaneció 48 horas detenido.

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Diego Silvestre, ex funcionario de Mendoza

La repercusión del caso derivó en su dimisión al cargo de coordinador del ETI de San Rafael, un organismo que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE). También renunció a su reciente designación como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.

Ese nombramiento había sido oficializado apenas dos días antes del control de alcoholemia. El gobernador Alfredo Cornejo lo había designado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial como integrante del organismo encargado de intervenir en distintos aspectos vinculados con la actividad minera en la provincia, a propuesta de los colegios y la Federación de Abogados de Mendoza.

Antes de que se conociera la renuncia, la vicegobernadora Hebe Casado fue consultada por Radio Mitre Mendoza sobre la situación del funcionario y expresó su malestar con una frase que rápidamente tuvo repercusión pública. “Hay que ser muy boludo”, respondió al referirse al episodio.

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Tras la difusión de esas declaraciones y una vez confirmada la salida de Silvestre del Gobierno, Casado explicó a Infobae el contexto en el que realizó esa afirmación y sostuvo que reflejaba el enojo que le generó el caso.

“Salió del enojo, todos los funcionarios saben que es una política de Estado el endurecimiento de las penas para quienes incumplen la alcoholemia, que a los funcionarios que la incumplen les pedimos la renuncia. Más siendo abogado”, afirmó la vicegobernadora a Infobae.

Silvestre, de 41 años y abogado de profesión, desarrolló gran parte de su carrera en el Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza. Desde 2022 ocupó un lugar como director titular de esa entidad y también ejerció la coordinación de Comisiones e Institutos para el período 2022-2026.

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Con anterioridad, entre 2019 y 2022, presidió la Comisión de Jóvenes Abogados del mismo colegio profesional. Además, en mayo de 2020 participó en la creación del Instituto de Derecho Constitucional, donde continuó como miembro fundador.

En el plano político, Silvestre mantuvo una participación activa dentro del radicalismo de San Rafael. En diciembre de 2025 integró la lista de candidatos suplentes a concejal por la Unión Cívica Radical y también trabajó como asesor técnico vinculado al oficialismo provincial antes de incorporarse al Ejecutivo mendocino.

El caso se sumó a otros antecedentes recientes de funcionarios mendocinos involucrados en episodios de alcoholemia al volante. Uno de ellos fue el del exconcejal de Guaymallén Miqueas Burgoa, quien registró 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre tras un incidente vial y, según el acta policial, intentó invocar su condición de funcionario durante el procedimiento.

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Otro antecedente fue el de Jorge Teves, entonces presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), quien fue interceptado en enero de 2025 mientras conducía un vehículo oficial con más de un gramo de alcohol en sangre. Después del procedimiento recibió una multa, fue inhabilitado para conducir durante cinco meses y presentó su renuncia al día siguiente.

También figuró entre esos casos Cristian Ochoa, entonces director de Prensa de la Municipalidad de Tunuyán, quien dio positivo con 1,42 gramos de alcohol por litro de sangre tras un choque ocurrido en octubre de 2025. La lista incluyó además al entonces concejal libertario de San Rafael Martín Antolín, aprehendido durante un control vial en la Ciudad de Mendoza luego de arrojar un resultado positivo en un test de alcoholemia.

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La Libertad Avanza busca un acuerdo con el peronismo para cambiar una ley clave que da más autonomía a los intendentes

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La Libertad Avanza buscará redactar una nueva Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la normativa que ordena el funcionamiento de los 135 municipios bonaerenses y, entre otros aspectos, establece facultades y responsabilidades de los intendentes. Es una ley aprobada en 1958 y que tiene 83 modificaciones al día de la fecha. No es la única iniciativa al respecto: el senador del bloque Hechos, Marcelo Leguizamón, presentó una iniciativa para conformar una comisión bicameral que redacte una nueva LOM.

Quien está detrás de esta cruzada es el senador libertario, Diego Valenzuela. El exintendente de Tres de Febrero es el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara Alta provincial. Esta semana encabezó una reunión de comisión en la que empezó a debatir el tema. Allí planteó que el objetivo es recortar la tutela provincial sobre los distritos, en un esquema que combine más autonomía administrativa, potestades tributarias y fondos permanentes para funciones que, según dijo, los municipios ya asumieron sin respaldo suficiente.

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“La provincia no es que perdió poder, se retiró de un montón de cosas que las asumieron los municipios y ya hoy son funciones o tareas o acciones que se realizan a nivel municipal, en educación, en seguridad, en salud, en un montón de situaciones. Modificar la LOM no es aumentar el dieciséis coma catorce, es modificar el proceso administrativo que hoy tiene a los municipios como un hijo menor tutelado por la provincia, ¿no?”, planteó Valenzuela luego de un encuentro que hubo esta semana en la comisión que preside y que participaron economistas Walter Rosales y Agustín Lodola (UNLP). La referencia del 16,14 apuntó al reparto de recursos y buscó separar la discusión sobre la estructura administrativa de los municipios de la disputa por la masa de fondos que reciben desde la provincia. Los especialistas deslizaron en su paso por el Senado que los municipios ejecutan cerca del 3% del gasto público, pero cuentan con apenas el 1,2% de los recursos. “Todo, mientras asumen cada vez más responsabilidades”, agregó Valenzuela.

Valenzuela, en la reunión de comisión en la que comenzó a discutirse el tema de una nueva ley orgánica de las municipalidades

En LLA hablan de una tensión jurídica y política de fondo: interpretan que existe una “inconstitucionalidad” en materia de autonomía municipal porque el artículo 123 de la reforma constitucional de 1994 reconoce facultades que, según admiten los libertarios, la provincia restringe. El artículo 123 de la Constitución Nacional explicita: “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

Valenzuela reconoció que ya viene hablando el tema con intendentes, casi todos peronistas. Admitió contactos con el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, quien le habría transmitido su conformidad en avanzar con cambios en la LOM. El bloque de LLA tiene diez integrantes en la Cámara alta provincial, donde Fuerza Patria cuenta con quórum. Sin embargo, el peronismo está sumido en una discusión interna y no muestra homogeneidad. Sin un acuerdo con el partido de gobierno provincial, el anhelo libertario deberá esperar.

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Valenzuela dijo que su iniciativa partirá de un texto propio de su espacio, aunque con la intención de sumar aportes en comisión y abrir una ronda de escucha con intendentes. Afirmó que el debate no puede quedar reducido a declaraciones y reclamó pasar a un “modelo de reformas” en un año que, remarcó, no es electoral. La interna también asoma cuando se debatió y debate la forma de distribución de una parte del Fondo de Incentivo Municipal, ya que la actual normativa la ata a la ejecución a través de tres ministerios: Infraestructura, Transporte o el Instituto Cultural. Los intendentes deben elegir con qué ministerio ejecutar esos fondos. Cada ministerio está conducido por un sector distinto del peronismo. Infraestructura por Gabriel Katopodis (Movimiento Derecho al Futuro), Transporte por Martín Marinucci (Frente Renovador) e Instituto Cultural por Florencia Saintout (La Cámpora). Valenzuela criticó además que una parte de esos recursos quede canalizada a través de ministerios provinciales y no de libre disponibilidad para las intendencias. Según describió, ese esquema mete a la política partidaria en la distribución del dinero y retrasa la aplicación de partidas destinadas a necesidades locales.

Para la modificación de la LOM, los libertarios deberán llegar a un acuerdo con el peronismo

En la LOM también se ordena el tema de las reelecciones indefinidas de intendentes. Ese punto también tuvo algunos cambios. En LLA no están de acuerdo con modificaciones en este punto, que dentro de la ley que buscan reescribir se encuadra en el artículo 3 y describe que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período”, aclarando que “si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período” y dejado establecido: “Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo período sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente”. Los intendentes del peronismo buscan modificar este punto y reestablecer las reelecciones consecutivas sin intervalos. “Es un tema que definió la política y es la política la que lo tiene que solucionar”, planteó, por ejemplo, el intendente de Pilar, Federico Achával, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Dijo estar a favor de las reelecciones indefinidas. “Si tu gestión no es buena, es la gente la que te saca o te pone”, consideró.

Más iniciativas

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La estrategia de LLA que preside la comisión de Asuntos Municipales no es la única referida a cambios en la LOM. El senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos, también presentó este año un proyecto para modificar de base la normativa que rige el funcionamiento municipal. Leguizamón trabaja en un esquema político junto a los hermanos Passaglia —Santiago, intendente, y Manuel, diputado provincial— y elaboró un proyecto para crear una Comisión Bicameral encargada de redactar un anteproyecto para la reforma integral de la Ley Orgánica de Municipalidades. Plantea que la comisión esté integrada por cinco diputados y cinco senadores, seleccionados según la representación política de cada Cámara, y tendrá la tarea de diseñar un nuevo marco normativo que incluya administración financiera, gestión moderna y control institucional.

Al igual que lo esbozó Valenzuela, el proceso contempla la consulta a funcionarios, representantes municipales, especialistas. La iniciativa fija un plazo inicial de un año para la presentación del anteproyecto, prorrogable por otro año si es necesario, asegurando así el control parlamentario sobre el avance y la orientación del debate. El texto justifica la reforma por la brecha entre la normativa de 1958 y las demandas actuales de planificación urbana, sostenibilidad y rendición de cuentas, y advierte que solo un nuevo marco legal permitirá a los municipios bonaerenses ejercer un gobierno autónomo acorde a la realidad contemporánea.

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El gobierno de Lula sigue con preocupación los gestos de Milei hacia Bolsonaro, pero busca preservar la relación bilateral

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La decisión del presidente Javier Milei de viajar el próximo 25 de julio a San Pablo para participar del acto en el que será formalmente proclamado Flavio Bolsonaro como principal candidato de la oposición para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre tensa aún más la relación política entre la Argentina y Brasil.

Aunque el vínculo bilateral ya atravesaba meses de deterioro a nivel presidencial, el nuevo gesto del mandatario argentino profundiza las diferencias con el jefe de Estado brasileño.

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Desde el Palacio de Planalto, sede del Gobierno de Brasil, siguen desde hace tiempo con atención los movimientos políticos de Milei. El monitoreo se intensificó luego de que el Presidente recibiera semanas atrás en Buenos Aires al senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, durante una cumbre a la que asistió el legislador brasileño.

Fuentes diplomáticas brasileñas aseguraron entonces que habían interpretado con buena predisposición el mensaje posterior de Milei, al considerar que no había sido confrontativo ni buscaba chocar de manera directa con Lula. Esa actitud alimentó la percepción de que la moderación que, en algunos momentos, había adoptado la Casa Rosada para sostener la relación con Brasil volvía a imponerse.

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Sin embargo, el anuncio realizado este viernes por Milei durante una entrevista radial modificó ese escenario. La confirmación de su presencia en el acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro volvió a poner en primer plano las diferencias políticas entre ambos mandatarios y amenaza con deteriorar aún más un vínculo que, si bien no aparece cerca de una ruptura, podría afectar las múltiples instancias de cooperación existentes entre los dos países.

El Presidente además adelantó que planea visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasil por su situación de salud. Se trata de un gesto que, según distintas miradas, trasciende lo protocolar de un viaje presidencial y constituye una señal política de respaldo al líder de la derecha brasileña, con quien Milei mantiene una afinidad ideológica, al igual que con el presidente estadounidense Donald Trump.

Especialistas consultados en Brasilia consideran que este movimiento representa un riesgo político. Señalan que, de acuerdo con las encuestas actuales, Lula se ubica por delante de Flavio Bolsonaro en la intención de voto para las elecciones de octubre.

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Ese escenario, explican, difiere del que existía meses atrás, cuando Jair Bolsonaro anunció que su hijo sería el candidato presidencial. En aquel momento, los primeros sondeos mostraban una situación de mayor paridad. Posteriormente, distintos casos y escándalos vinculados con corrupción o hechos ilícitos ampliaron la diferencia entre el actual presidente brasileño y el senador del Partido Liberal.

Pese al creciente enfrentamiento político entre los presidentes, tanto fuentes brasileñas como argentinas remarcan que la relación bilateral continúa funcionando con normalidad en otros ámbitos estratégicos.

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Consultadas por TN, ambas partes coincidieron en que la cooperación económica, comercial, científica y nuclear mantiene un buen nivel y que existe un esfuerzo compartido para impedir que la confrontación presidencial se traslade al resto de la agenda bilateral.

Milei recibió días atrás a Flavio Bolsonaro en la Quinta de Olivos. (Foto: Presidencia)

En ese sentido, sostienen que el conflicto se concentra en el plano político al más alto nivel, mientras que los sectores empresariales, diplomáticos y técnicos de ambos países buscan preservar los canales de trabajo conjunto que históricamente caracterizaron el vínculo entre las dos mayores potencias de América del Sur.

La decisión de Milei de viajar a Brasil se suma, además, a otros episodios recientes que fueron recibidos con malestar por el Gobierno de Lula.

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En Brasil ya había generado una lectura negativa la cancelación, a último momento, del viaje del Presidente argentino a la última cumbre del Mercosur, realizada en Paraguay. En aquella oportunidad, la Casa Rosada explicó la ausencia por el proceso de reordenamiento político que atravesaba el gabinete nacional.

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Sin embargo, pocos días después Milei sí participó de la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos junto al embajador Peter Lamelas, en un hecho que fue observado con atención desde Brasil.

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Según las fuentes consultadas, se trató de la primera vez que un presidente argentino asistió a un evento de esas características. En el Gobierno brasileño interpretaron esa decisión como una señal de escaso respaldo al Mercosur y como una muestra de que Milei prioriza no solo cuestiones de política interna, sino también el fortalecimiento de su relación con Estados Unidos.

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