POLITICA
Qué dice la denuncia del Gobierno contra periodistas

El Gobierno nacional, a través de la Casa Militar, inició acciones legales contra dos periodistas tras la difusión de un informe grabado en el interior de la Casa Rosada. La presentación judicial quedó en manos del juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares.
Distintas entidades periodísticas condenaron fuertemente la prohibición de ingreso de trabajadores de prensa a la Casa Rosada.
La denuncia sostiene que el accionar periodístico vulneró la seguridad de las instalaciones y expuso datos estratégicos del Poder Ejecutivo Nacional. Por su parte, la administración libertaria tomó medidas administrativas inmediatas sobre los involucrados.
La presentación señala a Luciana Geuna e Ignacio Salerno, integrantes del equipo de TN. Ambos participaron en la realización de un informe emitido el domingo pasado en el programa Y mañana qué, donde exhibieron diversos sectores del palacio de gobierno.
El Gobierno afirma que los periodistas grabaron material de forma furtiva, sin autorización de las autoridades. La Casa Militar argumenta que el video muestra sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que deben mantenerse bajo reserva.
La acusación cita posibles delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal y la Ley Nacional de Inteligencia, bajo el argumento de que el material facilita inteligencia sobre los movimientos del Presidente.
El mandatario, quien se encontraba de viaje en Israel durante la emisión del material, utilizó su cuenta en la red social X para criticar la labor de los periodistas. Milei calificó el hecho como una conducta delictiva y reclamó consecuencias para los responsables, en línea con sus frecuentes cuestionamientos públicos hacia sectores de la prensa.
“BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, escribió este miércoles por la tarde.
Además de la causa judicial, la Casa Rosada aplicó una medida inmediata sobre Ignacio Salerno. Según fuentes oficiales, el periodista perdió su acreditación para ingresar al edificio.
La Secretaría de Comunicación y Medios califica el hecho como una falta grave al reglamento de convivencia, el cual prohíbe registrar imágenes en espacios no autorizados dentro del predio.
La normativa vigente de la Secretaría de Comunicación prohíbe transmitir en vivo o registrar videos en zonas restringidas. El reglamento estipula que la transgresión de estas normas constituye una falta grave que habilita a la revocación de las acreditaciones otorgadas a los cronistas.
Los responsables de seguridad nacional enfatizaron que el video expuso riesgos injustificados para el funcionamiento del Ejecutivo y la integridad del primer mandatario, puesto que precisa la ubicación de despachos y salas de reuniones estratégicas.
Luego de que se prohibiera el ingreso de periodistas a la Casa Rosada entidades periodísticas condenaron la medida y solicitaron que sea eliminada. Organizaciones periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) marcaron la “gravedad institucional” y la “enorme preocupación” que implica la decisión.
Fopea expresó “su rechazo ante la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo”. La entidad periodística remarcó que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, subrayó Fopea.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la designación del hijo del presidente de la Corte Suprema como juez en un tribunal de Santa Fe

Mediante el decreto 445/2026, el Gobierno oficializó hoy el nombramiento de Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
El pliego de Rosatti fue aprobado por el Senado de la Nación el 4 de junio último junto con el de otros 73 funcionarios judiciales, entre ellos, el de María Verónica Michelli, cuya postulación fue rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de Hugo Alconada Mon.
En el Boletín Oficial de hoy solo se oficializaron los anuncios de Rosatti, Walter Alberto Rodríguez (irá al juzgado federal de primera instancia N°2 de Santa Fe) y Santiago Joaquín Saux (juzgado federal de primera instancia de Rafaela). Los tres cubrirán vacantes en la provincia de Santa Fe. La designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
A Rosatti le tocó exponer en la Comisión de Acuerdos del Senado el 14 de mayo. Fue una presentación breve y sin sobresaltos. Su pliego fue propuesto por el Gobierno el mismo día que la Corte presentó una iniciativa para disminuir la “discrecionalidad” en el proceso de selección de los candidatos a jueces. El hijo del juez del máximo tribunal evitó hacer un juicio de valor sobre la iniciativa que prevé un cambio en el criterio de selección.
“La propuesta es de la Corte y está dentro de sus facultades. En mi experiencia cuando uno se postula, es con un reglamento vigente. Desconozco qué postura tomará el Consejo de la Magistratura si variará o no. Lo que entiendo es que en las instancias finales llegan los que hicieron mejor las cosas”, respondió Rosatti ante la consulta del senador Martín Soria (PJ). El hijo del juez de la Corte quedó primero en la terna gracias al último paso del concurso cuyo reglamento se busca ahora modificar.
Antes, Maximiliano Abad (UCR), le había preguntado por el impacto mediático de sus eventuales decisiones en caso de acceder a la vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. “Caso mediático, ¿si influiría o no? La respuesta es no. Por los medios y las redes, la gente tiene un veredicto sin siquiera haya ingresado un papel a una fiscalía o que exista una denuncia. Lo llamo justicia mediática y escribí sobre el tema. No son los mismos tiempos que los de la justicia judicial. Es difícil para la persona que tiene que decidir desentenderse de lo que sucede en la opinión pública», dijo Rosatti sin hacer mención a su padre.
También evitó polemizar cuando fue consultado por la denominada ley antimafia. “Es una decisión exclusiva del Congreso de la Nación. Ha habido un debate y se promulgó una ley. La aplicación concreta si está fallando, es que están fallando las fuerzas federales y los operadores judiciales y se debería corregir”, consideró.
El camino para acceder al cargo
Emilio Rosatti, de 45 años, fue uno de los 88 inscriptos para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La prueba escrita se tomó el 6 de abril de 2022, en Rosario, y se presentaron 23 candidatos. A Rosatti le fue muy bien en ese examen: obtuvo 88 puntos y solo fue superado por un postulante de 99 (Gonzalo Fernández). El examen escrito es anónimo.
Pero a Emilio Rosatti no le fue tan bien en la evaluación de los antecedentes profesionales. Quedó noveno, con 62,6 puntos.
El orden de mérito (que contempla el puntaje del examen escrito más el de los antecedentes) quedó entonces así: Gonzalo Fernández (172,75), Walter Alberto Rodríguez (155,70), Patricio Octavio Longo (153,95) y Emilio Rosatti (150,45). Pero la subcomisión del Consejo integrada por Carlos Matterson y Diego Molea analizó las impugnaciones a las calificaciones: le bajó dos puntos en antecedentes a Fernández, el primero, y le subió cuatro a Rosatti, que quedó así en el puesto tres, desplazando a Longo.
Ese puesto no le garantizaba a Rosatti, no obstante, entrar en la terna vinculante que el Consejo envía al Poder Ejecutivo porque el Reglamento de Concursos del Consejo establece, en su artículo 44, que “deberá incorporarse al menos una mujer en la terna, siempre que la entrevista realizada haya sido satisfactoria”.
Rosatti se aseguró un lugar en la terna en el paso siguiente del concurso: las entrevistas personales. Pasó del tercer al primer lugar. Tal vez por esta razón el exministro de Justicia Soria le preguntó su opinión sobre el cambio de sistema de elección de jueces que impulsaron Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desde la Corte, pero que su padre no firmó.
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POLITICA
El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso Adorni

Una semana corta por el feriado, con viajes al exterior de algunos funcionarios y la participación argentina de este martes en el Mundial de fútbol. El combo sirve de excusa perfecta en el gobierno de Javier Milei, que por el momento no prevé reuniones de gabinete ni de mesa política esta semana. El Presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del gabinete contienen la respiración, a la espera de los pedidos de interpelación opositora que comenzarán en comisión del Senado este miércoles, y que podrían culminar en una moción de censura para remover de su cargo al jefe de gabinete, Manuel Adorni, cada vez más complicado por las derivaciones políticas y judiciales de su crecimiento patrimonial.
La reunión de mesa política del jueves pasado, a la que faltó el ministro de Economía, Luis Caputo (mañana regresa de Buenos Aires de un viaje por temas familiares), tuvo como condimento principal las repercusiones de la entrevista que Adorni realizó con LN+, en la que el ministro coordinador reconoció haber ahorrado “en negro” medio millón de dólares, entre una presunta herencia familiar e inversiones en criptomonedas, para justificar la compra de casas y la realización de viajes al exterior. En esa reunión, según contó , la senadora Patricia Bullrich le planteó al propio Adorni que estaba “destruyendo el capital simbólico del Gobierno” al sostenerse en el cargo. La senadora también le habría planteado a Karina Milei, sin éxito, la posibilidad de que Adorni pida licencia mientras continúe la embestida opositora y las repercusiones negativas de sus declaraciones.
El Presidente y su hermana, mientras tanto, lo siguen defendiendo. En el Gobierno hay fuentes oficiales que aseguraron que no lo desplazarán hasta tanto no interfiera en el rumbo económico. Hoy, el primer mandatario reposteó un mensaje del usuario @mileibarrial. “Hay mucha gente que no logra comprender que Javier Milei no pertenece a la vieja política, ni se mueve bajo la lógica cínica de la conveniencia permanente. Para él pesan principalmente la moral, la lealtad, las convicciones y las relaciones humanas genuinas”. Un modo de justificar la defensa que Milei hace de Adorni, sometido, según el Gobierno, a una “carnicería mediática”, dice el posteo.
Con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de viaje oficial por Israel, y Bullrich convencida de que Adorni debería dar un paso al costado, ningún alto referente del oficialismo parece estar buscando de modo sistemático evitar la interpelación a Adorni. El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene agendada para este martes una nueva ronda de reuniones con gobernadores (Leandro Zdero, de Chaco; Marcelo Orrego, de San Juan, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego), pero “para hablar de la reforma electoral” que incluye la suspensión de las PASO, según aclararon cerca del titular de la cartera política. “No nos va a pedir nada de eso, no le sirve de nada, él está con su proyecto de ser gobernador”, razonaron ante cerca de uno de los gobernadores que, en las últimas horas, conversó con Santilli.
Cerca de Adorni afirmaron que el jefe de gabinete “está bien, con el respaldo del Presidente”.
Los viajes de Milei
Mientras asegura que no removerá a Adorni, allegados a Milei ya diseñan su agenda para los próximos días, con tres viajes al exterior. Además de su participación, el sábado 20, en los homenajes por el Día de la Bandera, en Rosario, fuentes oficiales dan por confirmado un nuevo viaje de Milei a España, desde el próximo miércoles 24 y por tres días, en los que ofrecerá una conferencia y tendrá reuniones con empresarios en la Universidad San Pablo, sin contactos previstos con el gobierno del socialista Pedro Sánchez.
Ya estaban confirmadas su asistencia en la cumbre del Mercosur, el 30 de junio en Asunción del Paraguay, y su viaje a Estados Unidos para los festejos de la independencia de ese país, el 4 de julio, festejos encabezados por el presidente Donald Trump.
El viaje del Presidente a España se daría horas después de una sesión prevista en la Cámara de Diputados, en la que podría tratarse una moción de censura contra Adorni, aunque todo dependerá de cómo avancen los pedidos de interpelación, esta semana en el Senado.
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POLITICA
Qué es la moción de censura y qué necesita la oposición para remover al jefe de Gabinete Manuel Adorni

A fines de mayo del 2025, desde el entorno de Manuel Adorni se jactaban de haber sido los únicos en ganarle a un oficialismo en las elecciones legislativas, luego de que venciera al PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
Poco más de un año después, el funcionario podría sumar una nueva cucarda al transformarse en el primer jefe de Gabinete en quedar expuesto a una moción de censura, incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, a partir de la ofensiva opositora para impulsar su tratamiento en el Congreso.
Si bien existen distintas interpretaciones sobre el alcance del artículo 101 de la Constitución Nacional, cuatro abogados constitucionalistas consultados por Infobae explicaron el mecanismo previsto para una eventual remoción del jefe de Gabinete. Entre los puntos en discusión aparece la posibilidad de que el presidente Javier Milei vuelva a designarlo en el cargo en caso de que el Congreso avance con su destitución, una facultad que, según la Secretaría Parlamentaria, se encuentra contemplada por la normativa vigente.
Lo cierto es que el procedimiento es extenso y requiere de la sanción de la Cámara de Diputados y de la de Senadores para su concreción. Según precisaron especialistas a este medio, el primer paso consiste en la aprobación del pedido de interpelación que habilita posteriormente el tratamiento de la moción de censura. Para eso, cualquiera de las dos cámaras debe aprobar por mayoría absoluta la solicitud.
Aprobado el pedido, el funcionario debe concurrir al Congreso, y se habilita una segunda instancia, la de ejecución, en la que se da tratamiento a la moción de censura propiamente dicha. Tanto el Senado como Diputados deben votar favorablemente la moción por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, lo que daría lugar a la remoción inmediata del funcionario.
Con la firma de varios diputados, la oposición convocó a una sesión especial en Diputados para el martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación. En paralelo, el Partido Justicialista apura una sesión única en la Cámara Alta para interpelar a Adorni y votar su destitución.

Al respecto, el legislador del Partido Socialista Esteban Paulón denunció que el ministro coordinador “le mintió al Congreso”, y sostuvo que “entró en una serie de contradicciones que hacen muy difícil la continuidad de su rol”. “El Jefe de Gabinete es el funcionario que hace de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y para llevar adelante esa tarea se necesita que haya un vínculo de confianza. Cuando viene a una sesión informativa a brindar informe de gestión, miente abiertamente y semanas después lo reconoce en televisión nacional. “No hay esa tal confianza del parlamento para con el Jefe de Gabinete por eso está prevista la moción”, completó ante Infobae.
Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez, quien presentó el primer proyecto de moción de censura contra el ministro coordinador, argumentó: “Hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela del jefe de Gabinete. Vino al Congreso y todo lo que dijo fue desmentido por sus acciones anteriores. Le mintió al Congreso, la prensa y a los 47 millones de argentinos”.
“El día que fue al Congreso dijimos que íbamos a insistir en el mecanismo que es el que establece la Constitución. No es un capricho ni un arrebato: que venga a dar explicaciones y para eso debe ser interpelado. Los aspectos penales deberá dilucidarlo la justicia. Desde el punto de vista político, Adorni no cuenta con la confianza del pueblo argentino y mucho menos de la Cámara de Diputados y del Senado”, desarrolló además el diputado ante este medio.
Con conocimiento del procedimiento, el oficialismo anunció la asistencia de Adorni en la Cámara de Senadores con motivo del informe de gestión que brindará a principios del mes de julio. “La moción no debería suceder porque Manuel va a presentarse al Senado a dar el Informe de Gestión de Gobierno como corresponde al Jefe de Gabinete”, contrapuso un integrante de la mesa política.
Distintos abogados constitucionalistas explicaron el alcance de la moción y coincidieron en que se trata de “una herramienta de control parlamentario con efectos limitados”. “Es una forma de control parlamentario. Se lo evalúa políticamente y se exige su remoción. Se activa cuando hay crisis política, pero es un procedimiento larguísimo”, explicó Daniel Sabsay, quien habló de una moción “fragmentada” debido a las facultades del Presidente de restituirlo en el cargo en caso de que el Poder Legislativo avance en el corrimiento del funcionario.

No obstante, Sabsay aclaró que la habilitación de la interpelación contra Adorni tiene “un costo político alto”, más allá de si el Congreso concreta o no su remoción.
Por su parte, el abogado especialista en derecho constitucional Félix Lonigro expuso los límites de la misma al sostener que el artículo tiene inconsistencias que dan lugar a diversas interpretaciones. “Es un mamarracho. El jefe de Gabinete es un cadete de lujo. Un rol burocratizado y el artículo está muy mal redactado”, expresó, y agregó: “Se va a ir haciendo camino al andar porque nunca se utilizó”.
Pese a las coincidencias en el procedimiento, hay algunas discrepancias en torno a la facultad del Presidente en caso de querer volver a nombrar al ministro coordinador.
El abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra planteó que restituirlo nuevamente durante la misma gestión implicaría una “causal de destitución” por “mal desempeño”. “La decisión del parlamentaria, en caso de que el Congreso logre su remoción, comporta el ejercicio de una competencia constitucional exclusiva, motivo por el cual, volver a designar al funcionario removido alteraría las bases propias del control ejercido y su desnaturalización”, argumentó.
En la misma línea se expresó Andrés Gil Domínguez, quien abona a la interpretación que establece que la designación no puede volver a darse hasta que no cambie la composición del Congreso o mientras dure el mandato del Presidente dado que supone “una pérdida de confianza del Congreso irreversible”.
En una tercera opinión, Lonigro tomó distancia y aseguró que el mandatario tiene la potestad de insistir en caso de requerirlo. “No hay nada escrito por eso la moción es variable a la interpretación, pero el Presidente podría emitir un decreto y volver a designarlo. No ocurre eso con el juicio político”, discrepó Lonigro.
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