Uno de los objetivos primordiales del Gobierno con la reforma política que presentó en el Senado es llegar a la compulsa presidencial de octubre de 2027 con la menor cantidad de elecciones intermedias posibles que puedan generar un clima político y económico adverso capaz de poner en riesgo la reelección del presidente Javier Milei.

Es por ello que, a nivel nacional, la reforma propone la eliminación de las elecciones primarias (PASO) −que deberían celebrarse en agosto− y, en paralelo, introduce un rediseño de la boleta única de papel (BUP) para incentivar a los gobernadores a que celebren las elecciones provinciales de manera simultánea con las generales de octubre. Una racha de resultados eventualmente negativos en las provincias es lo que justamente el oficialismo pretende evitar antes de la elección presidencial.

Como el gobierno nacional no tiene potestad para intervenir en las decisiones electorales de las provincias −artículo 122 de la Constitución Nacional−, buscará con esta reforma alentar la simultaneidad para que, en una misma fecha, el votante elija presidente y vice, diputados y senadores nacionales y, en las provincias donde sus respectivas cartas magnas se los permita, también gobernador y vice, legisladores provinciales y, eventualmente, autoridades municipales también.

A manera de “incentivo”, el Gobierno invita a los gobernadores adherirse a la BUP, a la cual propone modificar en dos aspectos claves: por un lado, incorpora en una misma papeleta las categorías nacionales (que ocuparían las filas de la parte superior) y las categorías provinciales y municipales (que se ubicarían en la parte inferior). Hoy esta posibilidad está estrictamente prohibida por el artículo 3 de la ley 15.262, que esta reforma ahora quiere modificar.

El incentivo se completaría con la inclusión de un casillero de lista completa al lado de cada agrupación política; este mecanismo permitiría a los votantes seleccionar todas las categorías de una misma fuerza con una sola marca. De esta manera, se facilitaría el “efecto arrastre” de los candidatos a cargos ejecutivos (sean a presidente o a gobernador) sobre las restantes categorías.

En buen romance, el Gobierno procura reinstaurar una práctica típica de las boletas sábana de antaño −el arrastre− no solo para su propia conveniencia electoral, sino también como señuelo para los gobernadores, algunos de los cuales aspiran a ser reelegidos. De yapa, si estos aceptan la simultaneidad y adoptan la BUP, la Nación se haría cargo del financiamiento de los procesos electorales en sus provincias.

En el oficialismo sostienen que, lejos de tratarse de un intento por manipular la voluntad del elector, esta modificación de la BUP tiene como objetivo incentivar a que las elecciones nacionales y provinciales coincidan en una misma fecha para no cargar el cronograma con una ristra de comicios que, además, encarezcan los costos electorales.

“El elector siempre puede elegir como quiere y marcar en la boleta su opción, el efecto arrastre es relativo”, sostienen.

Los gobernadores, claves

Habrá que ver si los gobernadores pican el anzuelo. El politólogo Pablo Salinas recuerda que tanto en 2019 como en 2023 solo cuatro distritos celebraron sus elecciones locales en simultáneo con las nacionales.

“El comportamiento de los gobernadores ha sido el de desdoblar las fechas electorales en sus provincias porque, en general, les ha garantizado continuidad. ¿Por qué razón atarían ahora su suerte a la del oficialismo? ¿Qué les asegura que el año próximo la imagen del Gobierno no esté peor?”, se pregunta.

En la Casa Rosada deslizan que, como incentivo adicional, no pondrán candidatos propios que les compitan a los gobernadores que decidan atar sus elecciones a las generales de octubre. Algo de eso se conversó en una reciente reunión entre los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) −que no puede reelegir− y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) con el ministro del Interior, Diego Santilli, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, los gobernadores desconfían mientras que la oposición anticipa sus críticas. “Qué contradicción: hace un año el oficialismo rechazaba el botón de lista completa en la BUP con el argumento de que beneficia a la casta. Ahora quiere alentar el arrastre para provecho propio”, cuestiona el diputado y politólogo Sebastián Galmarini (Unión por la Patria), quien sostiene que los gobiernos que manipulan las reglas electorales con el propósito de sacar ventajas de corto plazo por lo general no logran su cometido.

Lo cierto es que la reforma que propicia el Gobierno necesita del apoyo de un sector de los gobernadores para ser aprobada por ambas cámaras antes de que inicie el calendario electoral. Se requiere una mayoría agravada de 129 en Diputados y de 37 en el Senado; para alcanzar esos números el oficialismo debería, además, garantizarse el apoyo de sus aliados de Pro y de la UCR, que por ahora ven con reparos el proyecto, sobre todo la eliminación de las PASO.

El partido de Mauricio Macri no parece dispuesto a derogar la instancia de las primarias sin asegurarse una alternativa para definir candidaturas en un eventual frente electoral con LLA. Mantener las primarias en pie le significa una herramienta de presión para el armado de las listas de cara a los comicios de 2027.

En la UCR tampoco están de acuerdo en eliminar las PASO. El jefe del bloque en el Senado, Eduardo Vischi, tiene en carpeta un proyecto para que sean optativas, alternativa que Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de LLA, podría llevar a la Casa Rosada si tantea que el texto original no logra reunir los apoyos suficientes.