El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funciona con nuevas tarifas desde el viernes 1 de mayo. El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, quedó fijado en $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que para tramos intermedios y largos los valores quedaron en $837,66 para recorridos de 3 a 6 kilómetros, en $902,19 para distancias de 6 a 12 kilómetros y en $966,77 cuando el viaje es de entre 12 y 27 kilómetros.

Esos valores rigen para los colectivos que circulan exclusivamente en territorio de CABA, que son los de las líneas 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Se trata de un aumento de 5,4%, ya que el gobierno porteño aplica una actualización mensual por inflación (en este caso, la de marzo, de 3,4%, la última conocida del Indec hasta el momento) más dos puntos porcentuales)

El impacto también llegará a la Provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo va a tener un costo de $918,35. Los tramos más largos van a superar los $1.000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.

Para quienes usen líneas de subte, el precio del boleto pasó de $1414 a $1490 para quienes tengan registrada su tarjeta. El costo para usuarios sin la tarjeta SUBE nominalizada llegará a $2369,10 por viaje, una brecha significativa respecto al valor para quienes sí la tienen registrada. Esta diferenciación entre usuarios con o sin SUBE registrada incentiva a los pasajeros a registrarse para acceder a la tarifa social y a los descuentos correspondientes. El sistema tarifario también contempla beneficios para quienes forman parte de grupos sociales vulnerables, a través de la tarifa social, que ofrece valores reducidos en comparación con la tarifa plena.

El ajuste en los peajes seguirá el mismo criterio inflacionario aplicado al resto de los servicios. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos pasaron a abonar $1.799,66, y a $2.879,82 en horarios pico, mientras que los vehículos livianos pagarán $4.319,63 o $6.121,62 respectivamente.

En la autopista Illia los valores son más bajos: las motos pagan $1.079,98, que se elevan a $1295,68 en hora pico, y los autos $1.799,66 y $2.544,99 según la hora a la que circulen.

La tarjeta SUBE registrada continuará siendo obligatorio para acceder a las tarifas publicadas. Los usuarios deben informarse sobre el alcance de cada aumento según el recorrido y el tipo de transporte utilizado.

Además, el Ente Nacional Regulador del Gas informó las nuevas tarifas que aplica Metrogas a los consumos residenciales desde el viernes, con montos según categoría y nivel de consumo. Para la de menor consumo (R1) el cargo fijo es de $3.976,22 en CABA y $4.591,88 en la provincia, y en los de mayor consumo (R4) los valores son $94.995 en CABA y $51.624,44 en PBA, con montos que entre R1 y R4 crecen progresivamente.

Otra tanda de ajustes rige para los contratos de alquiler, según el momento y modalidad en que se hayan firmado.

Aquellos acordados bajo la ley de alquileres sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández y que rigió hasta octubre de 2023 se ajustan anualmente por el Índice de Contratos de Locación (ICL) y aquellos cuya actualización ocurra en mayo, el aumento es del 9,32%, efecto de la desaceleración de los valores contractuales debido a la mayor oferta tras la pérdida de vigencia de aquella norma.

Hubo también contratos que se hicieron entre octubre y diciembre de 2023 con cláusula de ajuste semestral por el índice Casa Propia, a los que se aplicará el último ajuste semestral, del 15,13 por ciento.

Por último, están los alquileres más nuevos, pactados a partir de la desregulación y liberación contractual aprobada a fines de diciembre de 2023, ya durante el gobierno de Javier Milei, que en su mayoría incluyen cláusulas de ajuste trimestral, cuatrimestral o semestral, en cuyo caso el ajuste dependerá de la variación del índice de ajuste y durante el período acordado.

Parece raro, dada la euforia que la exportación petrolera está generando en el gobierno, pero hay economistas que están advirtiendo sobre la posibilidad de que la suba internacional del precio del crudo derive en un problema fiscal para Argentina.

La explicación es que el costo de los barcos que sea necesario importar para traer el gas licuado de petróleo -algo que se evidenció necesario por la suba en la demanda doméstica ante las bajas temperaturas-, no llegaría a ser compensado por los recursos adicionale que deje la exportación.

Y eso derivó en una crítica al régimen de retenciones móviles para la exportación de petróleo, que desde 2020 tiene un tope en 8%, el que está rigiendo ahora para los yacimientos convencionales -es decir, no afecta a los del tipo shale, como Vaca Muerta-.

Según Daniel Artana, economista jefe de la fundación FIEL, se trata de un esquema con errores de diseño. «Como los costos evolucionan a un ritmo menor que los precios en momentos de fuertes subas, no tiene mucho sentido poner un tope tan bajo (al menos comparado con las regalías móviles de Canadá o de otros países productores)», apunta el economista.

Y la advertencia concreta es que la reciente suba de esa retención -que saltó del 3,6% al 8% tras la disparada del crudo Brent por encima de los u$s100- no llegará a cubrir los gastos por mayores subsidios al transporte público.

«El gobierno tiene la opción de trasladar esos mayores costos a los consumidores, pero la decisión de postergar los aumentos en el impuesto a los combustibles y aceptar una mayor mezcla de biocombustibles (que tienen menos impuestos) revelan alguna preocupación por moderar el impacto en los precios finales», señala el informe de FIEL.

Por lo pronto, una muestra de esa preocupación es la suba escalonada del impuesto a los combustibles, un típico gravamen con impacto inflacionario, porque afecta a toda la cadena comercial.

La contracara de ese cuidado será un costo fiscal, dado que el impuesto a los combustibles ya representa más de un 3% de la recaudación total. En marzo, con una suba real de 35%, se consolidó como uno de los puntales de la recaudación, al punto que ya resulta más relevante que los derechos de exportación y los aranceles de importación.

Boom exportador, escasez doméstica

Esta presunción se ha agravado luego de la noticia de la restricción del suministro en las estaciones de servicio que venden gas natural comprimido (GNC), como medida de previsión por una eventual crisis de la oferta gasífera en el pico de consumo invernal.

Desde el pasado martes, las empresas Naturgy y Metrogas ordenaron restringir las ventas hasta el límite del «firme contratado» y hasta nuevo aviso. La medida implica que el servicio interrumpible quedó suspendido. Estaciones de GNC e industrias no podrán acceder al suministro más allá de su cupo garantizado.

Además, ya hay pedidos de medidas urgentes por parte de la industria -en particular las cámaras del norte del país, donde la situación está más afectada por dificultades técnicas en la provisión de gas-. Esto lleva a que regrese el fantasma de los recortes para empresas, algo que ocurrió en el invierno de 2024 y que también había sido la tónica durante el gobierno de Alberto Fernández.

Como siempre ocurre, este tema tiene su costado político, porque la oposición acusa al gobierno de imprevisión y de haber demorado las licitaciones para la importación del gas licuado. Concretamente, se criticó la decisión del ministro Luis Caputo de suspender la licitación que había sido asignada a traders privados y pasarla al ente estatal Enarsa.

El gasoducto y los reproches cruzados

La aparente paradoja de la falta de gas justo cuando el gobierno se entusiasma con un boom productivo que generará un récord exportador es, en realidad, fácil de explicar. No alcanza con la producción, sino que se necesita una infraestructura para el transporte del gas desde los yacimientos hasta los grandes centros urbanos donde se realiza el consumo hogareño y el uso industrial.

Y ahí aparecen acusaciones cruzadas. Durante la última crisis, hace dos años, la ex presidente Cristina Kirchner acusó a Javier Milei de haber agravado los problemas de oferta por su política de ajuste en la obra pública. Las críticas, concretamente, apuntaban a la falta de avances en las plantas compresoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes, que podrían haber duplicado la capacidad de transporte del gasoducto Kirchner.

Sin embargo, los expertos en energía recordaron que la infraestructura recibida por Milei no daba garantías de proveer el total de la demanda. De hecho, calificaron la inauguración del gasoducto en 2023 como «una puesta en escena», dado que sólo permitió el transporte de 11 millones de metros cúbicos, en un gasoducto que tiene potencial para transportar 40 millones.

Este año, además, quedó evidenciada la fragilidad de la ofrta en las provincias norteñas, que antes eran abastecidas por la importación del gas boliviano.

Según la Unión Industrial de Salta, las empresas del sector atraviesan negociaciones de contratos sin definiciones claras. «La falta de infraestructura de transporte desde Vaca Muerta hacia el norte del país y la prioridad que el sistema otorga a la demanda residencial en los meses fríos amenazan con generar restricciones para industrias de cerámica, ingenios, curtiembres y minería», advirtió la entidad.

Y agrega que la opción del GNL implica un costo que lo vuelve prácticamente inviable: «Su precio es seis veces superior al del gas proveniente de Neuquén. El gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo».

La motosierra baja un cambio

Lo que parece claro, en todo caso, es que el peso fiscal del sector energético tiene chances de agravarse, por el mix entre altos precios internacionales y una mayor demanda provocada por las bajas temperaturas.

En lo que va del año, se registra, en términos reales, un aumento del gasto público de 86% en los subsidios a la energía, parcialmente compensado por un recorte de 31% en los subsidios al transporte, según la estimación del Instituto Argentino para el Análisis Fiscal (Iaraf).

Lo que sospechan los economistas es que, dado el contexto de alta inflación -y, sobre todo, del impacto que las tarifas de servicios públicos tuvieron sobre el IPC- será difícil que haya otro recorte drástico de los subsidios, porque implicaría un agravamiento adicional sobre los precios.

Esto lleva a las preocupaciones por el impacto fiscal, en el contexto de una turbulencia internacional que se prevé más extensa que la creada tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Lo irónico de la situación es que, apenas tres meses antes de que el arancel para la exportación llegara a su tope del 8%, se había anunciado una caída al cero, como forma de incentivar la producción en yacimientos maduros de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza.

El costo fiscal generado por el desequilibrio generado ante un precio de importación que sube más rápido que el ingreso por retenciones dependerá, finalmente, de la cantidad de barcos de gas licuado de petróleo que sea necesario contratar.

De todas formas, Artana hace una distinción entre el efecto para el fisco nacional y el de las cajas provinciales de las provincias productoras, que sí recibirán mayores ingresos por regalías e ingresos brutos, en tanto que la Nación y el conjunto de provincias recibirían algún ingreso adicional el año 2027 cuando se perciba el impuesto a las ganancias de las empresas productoras obtenidas durante 2026.

Tras un año de descenso en los depósitos ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los plazos fijos UVA evidencian un repunte significativo en el stock de pesos del sector privado. Este instrumento, diseñado para proteger el valor de los ahorros ante el avance de la inflación, vuelve a posicionarse entre las opciones más buscadas para obtener rendimientos reales positivos. El resurgimiento responde tanto a nuevas políticas impulsadas por la banca pública como a cambios en la composición de las carteras de inversión.

El stock de plazos fijos UVA/CER alcanzó los $1,285 billones de pesos al 27 de abril de 2026, según el último informe monetario diario publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En los últimos 30 días el aumento fue del 103,9 por ciento.

A la vez, la dinámica de crecimiento se acentuó en lo que va de 2026, con una suba acumulada del 348,7 por ciento. En la comparación interanual, el stock de este instrumento financiero avanzó un 75,1%, consolidando su expansión dentro del sistema bancario y posicionándolo como una de las alternativas más elegidas para preservar el valor de los ahorros frente a la evolución inflacionaria.

La principal ventaja de los plazos fijos UVA radica en su unidad de ajuste: la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualiza diariamente mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), atado a la evolución del IPC. De este modo, el capital invertido se ajusta automáticamente por inflación, a lo que se suma una tasa de interés real que asegura un resultado favorable en términos de poder adquisitivo.

Este instrumento recuperó dinamismo en un contexto donde los inversores buscan cobertura frente a escenarios de mayor suba del costo de vida. En efecto, el índice inflacionario acumuló un alza de 9,4% tras el pico de 3,4% de marzo. Durante gran parte de 2025, las tasas fijas ofrecieron ventajas en períodos de baja inflación, pero con la aceleración de los precios, el plazo fijo tradicional perdió atractivo frente a las alternativas indexadas.

En respuesta a este escenario, el Banco Nación introdujo modificaciones en la estructura del producto. El objetivo de la entidad oficial es atraer fondos privados con un formato que mitigue el problema de la iliquidez durante la vigencia del plazo.

El nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación habilita el cobro mensual de intereses, con una tasa anual de hasta 4,5 por ciento. A diferencia de la modalidad tradicional, en la que tanto el capital ajustado como los intereses se perciben al finalizar el plazo (de al menos 180 días), el esquema actualizado acredita los intereses cada 30 días en la cuenta del cliente, y el capital actualizado se entrega al vencimiento.

El plazo mínimo es de 90 días y el máximo de 1.095 días, con una inversión inicial desde 1.500 pesos. Esta variante apunta a quienes requieren ingresos periódicos y desean preservar su poder adquisitivo sin resignar liquidez.

Sobre esta propuesta, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consideró fundamental que la banca pública concentre la oferta de instrumentos para proteger el ahorro. Según Sturzenegger, la estabilidad financiera depende de mecanismos que aseguren rendimientos positivos y eviten la pérdida de capital frente al avance de la inflación.

El ministro advirtió que los plazos fijos tradicionales arrojaron resultados negativos, con un promedio anual del -5 por ciento, lo que desincentivó el ahorro en pesos y potenció la demanda de divisas. Sturzenegger subrayó que la compra de dólares, aunque extendida, no garantiza ganancias y también está expuesta a la inflación de Estados Unidos, lo que puede traducirse en una merma del valor real año tras año.