El Gobierno confirmó la aprobación del ingreso de dos nuevos proyectos mineros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con compromisos de inversión por USD 2.130 millones y la generación de aproximadamente 8.000 puestos de trabajo, el yacimiento de cobre a cargo de Minera San Jorge y la ampliación del complejo de litio Caucharí Olaroz recibieron el visto bueno del ministro de economía, Luis Caputo.

De esta manera, en total, ya son 16 los proyectos aprobados en el marco del régimen que suman casi USD 30.000 millones. Según adelantó Caputo en su cuenta de X, “hay otros 20 en evaluación».

Uno de los dos proyectos aprobados corresponde a la expansión del yacimiento Caucharí Olaroz, operado por la minera EXAR, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina. Con esta iniciativa, la empresa sumará 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), duplicando así su capacidad instalada.

Así, la minera conformada por Lithium Argentina, Ganfeng Lithium y la empresa estatal jujeña Jemse, tendrá una producción de alrededor de 85.000 toneladas anuales. Desde su entrada en producción en 2023, EXAR evidenció un rápido crecimiento, pasando de 6.000 toneladas en su primer año, a las 25.000 toneladas producidas para 2024. De acuerdo con datos de la empresa, en 2025 tenía previsto alcanzar entre 30.000 y 35.000 toneladas, en línea con la demanda global e incrementando la participación argentina en el mercado de recursos estratégicos.

En tanto, el ingreso de la Minera San Jorge al RIGI con el proyecto PSJ en Mendoza marca un hito institucional para la provincia, que fue la primera en recibir el visto bueno nacional en el marco de estos incentivos fiscales. La inversión, que alcanza los USD 891 millones tras haberse elevado desde el presupuesto original de USD 559 millones, cuenta con exenciones impositivas por 30 años y anticipa la creación de 3.900 empleos durante la construcción y 2.400 en operación, entre directos e indirectos.

El emprendimiento prevé, en una fase posterior, la construcción de un parque solar de hasta 300 megavatios para robustecer la infraestructura energética destinada a la producción de cobre.

El tiempo de construcción estimado para PSJ Cobre Mendocino oscila entre 18 y 24 meses. El titular de la compañía, Fabián Gregorio, había ratificado en la edición 2026 de la feria minera PDAC Canadá la formalización del pedido para ingresar al RIGI, sólo dos meses y medio antes de la aprobación. Este yacimiento permitirá una de las primeras exportaciones de cobre desde Mendoza.

“Con estos proyectos, ya son 16 los aprobados por casi USD 30.000 millones”, confirmó Caputo. Dentro de esos 16 proyectos, nueve corresponden al sector minero.

Esta semana, de hecho, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación del gasoducto Perito Moreno, una obra de USD 550 millones encabezada por Transportadora de Gas del Sur (TGS), que añadirá 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo de Buenos Aires a partir de 2027 y prevé la generación de 7.535 empleos durante su construcción.

A comienzo de la semana, también se oficializó la inclusión del proyecto Diablillos, de la canadiense AbraSilver, con una inversión inicial de USD 481 millones —que podría escalar hasta los USD 764 millones— para construir una mina de oro y plata en la frontera de Salta y Catamarca. Este emprendimiento prevé 2.013 puestos de trabajo y un potencial exportador de USD 417 millones, de acuerdo a los datos publicados por el ministerio.

Con una gran cantidad de proyectos ya avanzados, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta que en 2026 las exportaciones del sector alcancen USD 9.000 millones, lo que supondría un crecimiento cercano al 49% respecto al año pasado, empujado por mejores precios internacionales del oro y el litio.

Según el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, la actividad cerró 2025 con exportaciones de USD 6.056 millones, con un aumento del 30% en relación a 2024, y anticipó que “si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

La minería representa cerca del 20% del volumen económico que mueve el sector agropecuario argentino, según la CAEM, y tiene fuerte incidencia en provincias como Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Salta. Las proyecciones dan cuenta de una participación creciente de estas jurisdicciones, con porcentajes que van del 44 al 93% del producto sectorial provincial. Actualmente, aún quedan proyectos pendientes de aprobación por USD 67.000 millones bajo el régimen de incentivos, lo que ilustra la magnitud del ciclo de inversiones que se abre para el sector extractivo argentino.

Mucho se habla hoy en día de la brecha entre los sectores que «arrancaron» y demandan talento y aquellos que, siendo de hecho los más intensivos en personal (como industria manufacturera, retail y comercio) están planchados y con poca actividad. Esa disparidad no es la única en la Argentina donde el empleo se está concentrando cada vez más en regiones puntuales con alta actividad de sectores como minería y energía. 

El potencial de la Argentina en esos últimos sectores es innegable. Es lo que actualmente, incluso con la economía real frenada, siguen siendo el motor del trabajo. Pero eso está llevando a una profunda concentración. Como pone en evidencia el último dato difundido por la consultora Delfos sobre «El mapa de la desocupación en Argentina», el desempleo «exhibe una distribución territorial marcadamente desigual y encuentra su principal foco en el Gran Buenos Aires, donde el 26% de los consultados afirma estar sin trabajo.»

En un segundo nivel aparecen Provincia de Buenos Aires (16%), CABA (15%), el NEA y Córdoba (14%), regiones con gran parte de los principales conglomerados urbanos. En esas áreas está localizada «más del 70% de la población argentina y una relevancia histórica en términos productivos-exportadores marcadamente superior al resto. Fuera de estas zonas, la desocupación no supera el 5%.»

Consultado por iProfesional al respecto, José Gangi, analista de Consultora Delfos, mencionó que no se trata de que en estas últimas regiones el desempleo sea menor porque tienen actividades con mayor demanda de talento: «Uno podría suponer por la coincidencia geográfica de las regiones menos afectadas por el desempleo con los principales proyectos mineros e hidrocarburíferos de la actualidad, pero nuestras encuestas nos indican que las personas que viven en esas zonas se dedican principalmente a oficios independientes (1 de cada 4) o son empleados públicos (12%).» 

Desplazamiento de centros urbanos a la Cordillera de los Andes

El dato de Delfos revela que el desempleo no se expande de manera homogénea, sino que golpea con mayor intensidad allí donde históricamente se concentró el empleo formal, la actividad manufacturera y los servicios vinculados al consumo, apuntan desde Delfos: «No se trata de una casualidad: los mayores niveles de desocupación coinciden con los centros productivos más expuestos al enfriamiento de la economía, la caída del consumo y el retroceso industrial.»

En PwC Argentina ven un panorama similar: «… las ciudades vinculadas a matrices productivas de energía y minería registran tasas de desempleo sensiblemente inferiores y una tendencia de sentido inverso a las del promedio nacional, en tanto que los aglomerados donde se concentra la actividad industrial y de la construcción —en particular el AMBA y su cordón urbano— muestran un deterioro relativo. El mapa del empleo se está redibujando a lo largo de la cordillera, lejos de los centros urbanos tradicionales,» dice un editorial de mayo firmado por José María Segura, Economista Jefe de PwC Argentina.

Su visión coincide de alguna manera con la que presentó esta semana Gerardo Alonso Schwarz, Economista Jefe del IERAL NEA de la Fundación Mediterránea, sobre las regiones que están recibiendo inversiones y que en función de ello tienen «agendadas» la creación de miles de puestos de trabajo. Él considera que la región de la Patagonia lidera el ranking absoluto de inversiones en el país con un total que alcanza los 12.284 millones de dólares y una proyección de alrededor de 35.564 puestos de trabajo en función de ello. «En esta región, claramente se destacan las provincias de Neuquén y Río Negro a través de distintos proyectos de gran escala de shale oil y gas y de infraestructura asociados a los yacimientos de Vaca Muerta, consolidando a la región como destino de inversiones energéticas», dice el informe firmado por Schwarz.

Las inversiones de esta magnitud obligan a las empresas a requerir mano de obra de manera intensiva, lo que impacta de forma directa en el ecosistema laboral local y modifica rápidamente las condiciones de empleabilidad de los habitantes patagónicos. Y a ello se le suma la región de Cuyo, con anuncios de inversión por 10.146 millones de dólares y una previsión de 27.575 empleos. En este caso, San Juan es la gran protagonista, gracias a la reactivación y expansión de la minería de cobre y oro. Mendoza complementa este flujo con inversiones en energía y la modernización de refinerías.

Más que un dato coyuntural

El Gobierno anunció la publicación de los pliegos de la licitación para la venta del 90% de las acciones de AySA que actualmente están bajo control estatal. La medida, comunicada por el ministro de Economía en su cuenta de X, Luis Caputo, habilita la incorporación de un operador privado que, según el funcionario, contará con la capacidad técnica, financiera y operativa para liderar la expansión y optimización de la red de servicios de agua potable y saneamiento en el país.

La decisión fue informada oficialmente por Caputo que detalló que los documentos licitatorios aparecerán en el Boletín Oficial del viernes. El proceso apunta a transferir la mayoría accionaria de la empresa a manos privadas, mientras el sindicato retendría un 10% de participación. La iniciativa se enmarca en la estrategia gubernamental de limitar la intervención estatal en empresas públicas que, de acuerdo con el Ejecutivo, funcionaban como instrumentos de financiación política.

AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.

“Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, necesariamente agua y saneamientos”, indicó una fuente al tanto de la operación. Se trata de un punto que delimitará quiénes podrían realizar ofertas para quedarse con la concesión de AySA.

Con el pase de AySA a manos privadas en el Ministerio de Economía proyectan conseguir USD 500 millones que ayudarán al pago de los vencimientos en moneda extranjera de los próximos meses. Sin embargo, según explicaron fuentes al tanto de la operación, no llegarían con los tiempos para el compromiso de julio por USD 4.200 millones.

“En estos días debería salir la licitación y unos tres meses llevaría el proceso porque la empresa que se presente tiene que demostrar la solvencia económica, las capacidades técnicas y después se hace la oferta. Para mitad de año, segundo semestre, podría estar el nombre de quien se quedaría con la concesión de AySA”, explicó una fuente a Infobae. El cronograma indica que la adjudicación podría conocerse recién en el segundo semestre, dado que, hasta que no se publique el contrato y el pliego con las condiciones definitivas, no se formalizarán ofertas.

Según el titular del Palacio de Hacienda, la llegada de un nuevo socio privado busca impulsar inversiones que permitan expandir la red de agua y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. El funcionario sostuvo que la presencia de un operador estratégico aportará recursos y experiencia para encarar proyectos de infraestructura que el Estado no priorizaba.

Al justificar la decisión, el ministro subrayó que el Estado dejará de utilizar empresas públicas como “cajas políticas” y pasará a concentrarse en la elaboración de reglas claras, la promoción de la competencia y la generación de condiciones favorables para la inversión. En el mismo sentido, en la publicación Caputo remarcó: “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”.

Un factor clave es cómo se va a definir la tarifa una vez que la empresa se encuentre en manos privadas. Recientemente, se estableció que como máximo la factura puede aumentar hasta un 3% mensual de mayo a agosto para ayudar a la desaceleración de la inflación tras el 3,4% que marcó en marzo.

Desde abril de 2024, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Dicha fórmula toma en cuenta los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero durante 2025, el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos no superaran el 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario de 21% a diciembre de ese año. Por lo que, a posteriori, una nueva resolución permitió aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril del 2026. Pero como la inflación continuó en alza, el atraso no se recuperó.

Pese a ello, por medio de la Resolución ERAS N° 14/26 y a los fines de ayudar a la desaceleración de la inflación a partir de abril, se fijó que el incremento mensual efectivo desde mayo hasta agosto de 2026 no podrá superar el 3% en cada mes, siempre que la fórmula de actualización no arroje un valor menor. La medida responde al pedido de la concesionaria, que informó un déficit proyectado de $205.000 millones y la necesidad de continuar con el proceso de convergencia tarifaria.

“Las tarifas siempre tienen que estar aprobadas por el ente regulador. En el primer ciclo, que comienza en 2027, se va a seguir con el mecanismo de actualización que está vigente con la fórmula polinómica. Pero cuando se cumplan los cinco años y se tenga que armar un nuevo plan de acción, donde se presentes las obras, inversiones y gastos, se hará una nueva propuesta tarifaria que la va a tener que aprobar el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”, comentó una fuente al corriente de la operación.