El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que detalló la nueva política de reducción de retenciones a las exportaciones del agro y la industria. El anuncio se dio un día después de la presentación oficial realizada por el presidente Javier Milei, quien había vinculado la baja de alícuotas a la evolución de la recaudación tributaria. Según precisó Caputo, la disminución será gradual y prefijada, con un esquema establecido que ya incluye los costos fiscales estimados para los próximos años.

Durante la conferencia, Caputo remarcó que la relación con el sector agropecuario se basa en la confianza y en el cumplimiento de compromisos asumidos desde el inicio de la gestión. “Desde el primer día dijimos que nuestro objetivo es llevar las retenciones a cero. Ese es el objetivo final”, afirmó el funcionario. Además, sostuvo que la eliminación total de este tributo solo podría concretarse durante un eventual segundo mandato.

Según lo explicado por el ministro, el Gobierno busca enviar una señal clara y estable al campo, destacando que todos los tramos de reducción de alícuotas ya están definidos. “Estos anuncios son fijos, programados. Lo que hemos anunciado ahora es efectivamente lo que vamos a hacer”, subrayó Caputo, en referencia a la diferencia con lo planteado el día anterior por el presidente Milei. Esa precisión responde a la inquietud de productores y cámaras del sector, que reclamaron previsibilidad para la toma de decisiones.

El esquema de reducción de retenciones a la soja, según la presentación oficial, no dependerá de la recaudación fiscal mensual o anual, sino que seguirá un calendario previamente comunicado. El Gobierno ya calculó el costo fiscal de esta decisión, tanto para el agro como para la industria exportadora.

Durante 2026, las alícuotas para trigo y cebada tendrán un recorte de dos puntos tan pronto como en junio. Después de ese ajuste inicial, las retenciones para estos cultivos seguirán un esquema de reducción gradual que continuará en los años siguientes. A partir de 2027, la baja de retenciones se extiende a todos los cultivos, se suman sorgo, maíz y girasol, aplicando una disminución mensual preestablecida. En el caso de la soja, por ejemplo, la alícuota bajará un cuarto de punto porcentual cada mes a lo largo de 2027, comenzando en 23,75% y finalizando el año en 21 por ciento. En 2028, la reducción será más acelerada, con una baja de medio punto porcentual por mes para todas las producciones, hasta alcanzar el porcentaje programado en el cronograma oficial.

Caputo detalló que el costo fiscal estimado por la reducción de retenciones al agro será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

En cuanto a la industria, la baja de alícuotas tendrá un costo de USD 25 millones de dólares en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro explicó que estos montos surgen de la aplicación del esquema progresivo de reducción de tributos y que la mayor parte del impacto fiscal ocurrirá en el último tramo, cuando se consolide la baja para todos los cultivos y sectores involucrados. Más aún: el grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.

Según Iraeta, el aumento de los costos de insumos, especialmente fertilizantes derivados del petróleo cuyos precios se dispararon por la guerra en Irán, motivó la decisión de acelerar el alivio tributario para productores. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.

Caputo también respondió a las consultas sobre el impacto de la medida en las cuentas públicas y la posibilidad de que se requiera un ajuste fiscal adicional para sostener el superávit. “No va a ser necesario ningún ajuste adicional porque estamos proyectando una mayor recaudación. Vemos una recuperación en los indicadores de actividad económica y en la recaudación misma”, sostuvo el ministro. En ese sentido, aseguró que el esquema de baja de retenciones para el año próximo es el máximo esfuerzo que permite la situación fiscal actual, pero que hacia 2027 el crecimiento económico facilitará nuevas reducciones.

La conferencia de prensa abordó también la inquietud por la posibilidad de especulación en el mercado de granos ante la baja gradual de la alícuota de soja. Iraeta explicó que la publicación del cronograma busca evitar distorsiones y brindar certidumbre a los actores del sector. “Al tener idea de lo que es el cronograma, vos sabés cuál va a ser el valor de la retención, cuál va a ser la alícuota y en función de eso hacés tus negocios”, señaló.

En cuanto a la implementación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para instrumentar la reducción de retenciones. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. El ministro también convocó a las provincias y municipios a acompañar el esfuerzo de reducción impositiva, recordando que las retenciones son impuestos no coparticipables y que la baja de la presión fiscal nacional debería complementarse con una disminución de impuestos locales, como ingresos brutos y tasas municipales.

Al ser consultado sobre la distribución del impacto fiscal, Caputo subrayó que la reducción de tributos nacionales no coparticipables genera un aumento en la base imponible de las provincias, ya que las empresas obtienen mayores ganancias y, en consecuencia, pagan más impuestos coparticipables. El funcionario sostuvo que “todas estas medidas tienen un impacto directo en las provincias, porque implican mayor ganancia y Ganancias es un impuesto que se coparticipa”.

El ministro de Economía también hizo referencia a la dinámica sectorial de la industria, al señalar que, si bien algunos sectores ligados al mercado interno muestran rezago, los datos recientes indican una recuperación generalizada. “El EMAE tiene dieciséis sectores, quince crecieron. El único que no creció es el sector público”, explicó. Además, destacó el crecimiento de las exportaciones industriales y el cumplimiento de los cupos de la Unión Europea, al atribuirlo a una mayor integración de las empresas argentinas en el comercio internacional.

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, puntualizó que la reducción de retenciones para la industria se concentra en sectores exportadores como el automotriz y petroquímico. “La carga de impuestos sobre la exportación era muy relevante reducirla, especialmente el dos y medio de tasa de retenciones. Ese es el margen que tiene una camioneta cuando se exporta a mercados que compite con los chinos, con los americanos, con los mexicanos”, argumentó Lavigne. Según el funcionario, la eliminación de estas alícuotas es clave para que los productos argentinos puedan competir en igualdad de condiciones a nivel internacional.

La conferencia también incluyó referencias a la infraestructura y la logística como ejes para mejorar la competitividad. Caputo mencionó la concesión de 9.100 kilómetros de rutas a partir de junio y el avance en la licitación de la hidrovía y el Belgrano Cargas. Según el ministro, estas obras ayudarán a reducir los costos logísticos, especialmente para el interior del país, y acompañarán el proceso de crecimiento de la producción agroindustrial.

El Gobierno enfatizó la importancia de la previsibilidad para el sector agropecuario y la industria. Tanto Caputo como Iraeta remarcaron que el anuncio de un cronograma anticipado para la baja de retenciones apunta a despejar incertidumbres y evitar conductas especulativas que podrían afectar la liquidación de divisas. “La baja es gradual y mes a mes, para evitar movimientos discretos fuertes”, explicó Caputo.

En la conferencia, los funcionarios reiteraron que los anuncios buscan generar un entorno estable para la producción y la exportación, sin depender de variables fiscales de corto plazo. Caputo sostuvo que la expectativa oficial es que la tendencia de crecimiento económico y recuperación de la recaudación permita sostener el alivio tributario sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad agregada tuvo un repunte de 3,5% en marzo en comparación con febrero y suba de 5,5% interanual. Se trató de una variación esperada tras la contracción de los dos meses previos. El Gobierno celebró el resultado, aunque los economistas del sector privado mantienen reparos respecto a lo que sucederá en los próximos meses, especialmente en relación con los sectores rezagados y la posibilidad de que continúe la economía dual o surja una nueva en términos del ritmo de recuperación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se muestra confiado en habrá una recuperación más significativa en mayo/junio.

El aumento intermensual fue generalizado: 14 de los 15 sectores que informa el Indec mostraron avances, un comportamiento diferente al de los meses anteriores cuando el crecimiento era traccionado, principalmente, por sectores ligados al comercio exterior y las finanzas.

Sebastián Menescaldi de la consultora Eco Go describió el resultado de marzo como un dato positivo, aunque advirtió que el crecimiento se concentró en ciertos segmentos. “El dato de marzo es bueno y está marcando el crecimiento de algunos sectores puntuales: la cosecha que está creciendo 20% en términos del volumen total de este año respecto al otro -ahora empiezan a computar la cosecha de la campaña gruesa con fuertes subas en maíz-, la energía fue otro sector con avances notables, y también intermediación financiera, aunque menos que el resto por la baja del crédito a las familias».

A pesar del buen dato de marzo, Menescaldi alertó sobre la existencia de una economía dual: mientras algunos rubros experimentaron subas, otros mostraron un crecimiento muy leve en comparación con el pico de febrero de 2025. De todos modos, evaluó que la campaña agrícola continuará impulsando la actividad en abril y mayo, mientras que el resto de los sectores no mostrarían grandes cambios en su dinámica.

La directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, coincidió en que el repunte de marzo respondió en parte a la baja base de comparación que dejó febrero, cuando la economía cedió 2,7% mensual desestacionalizado. Según explicó, “la recuperación de marzo superó las previsiones, ya que incluso avanzó más de lo que había caído en los meses previos”.

Castiglioni puntualizó que, en términos desestacionalizados, la actividad de marzo superó los valores de diciembre y enero. No obstante, destacó que el análisis de la tendencia debe contemplar el comportamiento más amplio y no solo los datos recientes.

La economista de C&T se refirió a estimaciones anuales y advirtió que, aunque al comparar el primer trimestre de este año con el anterior la economía creció 1,7%, la medición parte de una base alta, porque en febrero del año pasado se había alcanzado un récord, seguido por meses de estancamiento y leves retrocesos.

“Se está comparando contra un primer trimestre que había sido muy positivo el año pasado. Hasta febrero se había tocado un récord y marzo y abril y mayo hubo meses medio negativos a nivel mensual o estancamiento. En mayo, junio, julio el ritmo se desaceleró y la actividad dejó de crecer con la misma intensidad de meses anteriores”, explicó la directora de la consultora de marras.

Respecto de abril, Castiglioni contó que no hay datos concluyentes, aunque algunos indicadores parciales sugieren comportamientos mixtos. “Seguramente el agro va a traccionar muy fuerte, el transporte ligado a la cosecha gruesa, seguirían teniendo un rol destacado en la recuperación». Aclaró que, si bien el comercio podría recuperarse, no se proyectan saltos como los de marzo porque correspondieron, en parte, al rebote tras la caída del mes anterior.

La especialista estimó que la economía podría terminar el año con un crecimiento levemente superior al 3%, lo que implica variaciones mensuales positivas moderadas. “Nuestras últimas proyecciones son de aumentos: en torno a 3,2% en el segundo trimestre, 3,6% para el tercer trimestre y 3,9% –más cerca de cuatro- el cuarto trimestre”.

El análisis de Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, el segundo trimestre podría mostrar un incremento mayor respecto del primero.

El economista dijo a Infobae: “Para el segundo trimestre proyectamos un mayor crecimiento respecto al primero, entre otros, por la estacionalidad en la producción del agro y la mayor producción minera”.

El repunte de algunos rubros convive con la persistencia de sectores que avanzan lentamente o permanecen estables. Pese a ello, la expectativa del ministro Luis Caputo sigue siendo que la recuperación sea mayor a partir de mayo/junio.

La proyección del ministro se basa en tres pilares: la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, además de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y de Modernización Laboral. “Cuando vos entras en un período bueno, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Inocencia Fiscal empieza a prender más, la ley de modernización laboral empieza a prender más porque los empresarios ahora saben cuánto sale un despido, porque además, en vez de pagar 18 puntos de carga, pagan solo 2 y además van a tener un fondo que le permite pagar eventualmente un despido. Todo eso viene en los próximos 18 meses”, sostuvo Caputo en entrevistas periodísticas.

En el transcurso de la semana, Luis Caputo se reunió con contadores que expresaron preocupaciones respecto de la Ley de Inocencia Fiscal. Tras el encuentro, trascendió que el Gobierno buscará una nueva norma jurídica para brindar mayores garantías y asegurar el éxito de la iniciativa. También persisten advertencias sobre la demora en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, principalmente en lo que se refiere al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El discurso oficial apuesta al fomento del turismo interno y a los parques nacionales como motor de la actividad. Sin embargo, a través de la Resolución 132/2026, el Gobierno aumentó 60% el valor de las entradas a los parques para los argentinos. Además, aplicó un incremento del 42% para extranjeros y del 117% para estudiantes, aunque las tarifas de base en este últimos caso son más bajas.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, lo dijo con énfasis ante empresarios del sector: “Es el tiempo de los parques y atracciones”. Lo hizo el 21 de mayo en el Summit 2026 de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), donde convocó a invertir en los 39 parques nacionales del país y prometió desregulaciones para atraer negocios y empleo. Nueve días antes, sin embargo, la Administración de Parques Nacionales (APN) había publicado en el Boletín Oficial la Resolución 132/2026, que aumentó el precio de las entradas a 12 parques nacionales con subas que, para los argentinos, llegaron a superar el 100 por ciento.

La tensión entre el discurso y la medida configura un escenario que el propio Gobierno no logra resolver: apuesta al turismo como industria estratégica, pero encarece acceder a los íconos naturales más visitados del país.

Esa política coincide con un pedido del sector turismo, que alertó sobre una situación crítica en hoteles y restaurantes y pidió una tregua fiscal. Concretamente, la Federación Empresria Hotelera Gastronómica (Fehgra) solicitó la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo que considera “indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”. También solicitó adecuar los planes de facilidades de pago vigentes y refinanciar planes caducos “sin pérdida de los beneficios fiscales originalmente otorgados”.

Los valores que fijó la resolución rigen para 20 áreas protegidas e incluyen cuatro categorías: visitantes extranjeros (denominados “general”), argentinos, residentes provinciales y estudiantes. En todos los casos, la suba fue significativa.

En el Parque Nacional Iguazú, donde se ubican las cataratas homónimas, uno de los destinos más visitados de América del Sur, la entrada para argentinos pasó de $15.000 a $25.000. Los residentes de Misiones, en tanto, ahora pagan $8.000, frente a los $5.000 anteriores. Para los visitantes extranjeros, el ticket subió de $45.000 a $60.000.

En el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, tanto la zona sur como el portal de El Chaltén quedaron con una tarifa de $50.000 para visitantes del exterior y de $25.000 para el resto de los argentinos. Los residentes provinciales abonan $8.000. En Tierra del Fuego, el precio para extranjeros se mantuvo en $40.000, pero los argentinos pasaron de pagar $12.000 a $18.000.

Para los parques de la región de los lagos —Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo— la entrada general quedó en $35.000 para visitantes del exterior y en $15.000 para argentinos. La tarifa para estudiantes en esos parques subió de $5.000 a $12.000, un incremento del 140 por ciento.

En una franja de parques que incluye El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco, la entrada para extranjeros quedó en $25.000 y en $12.000 para argentinos. La tarifa estudiantil en esos destinos pasó de $5.000 a $10.000.

Una de las características del nuevo esquema tarifario es que los argentinos absorbieron incrementos proporcionalmente mayores que los turistas internacionales. Mientras la suba para visitantes extranjeros promedió el 42%, la de los argentinos rozó el 86% en términos generales, y la categoría estudiantes fue la más castigada, con un aumento promedio del 117%.

El esquema mantiene exenciones para jubilados y pensionados con DNI argentino, menores de 6 años, personas con discapacidad y su acompañante, integrantes de visitas educativas de hasta 18 años, residentes locales, guías habilitados, agentes de la APN y veteranos de la guerra de Malvinas. Los egresados de secundaria que viajan en viaje de fin de curso, en cambio, quedan excluidos de la categoría “visita educativa” y deben abonar la tarifa correspondiente.

La resolución también incorporó bonificaciones: el segundo día de visita tiene un descuento del 50%, válido dentro de las 72 horas del primer ingreso. Además, se habilitaron pases de 3 y 7 días —denominados Flexipass— y un pase anual de $300.000 para Iguazú, que equivale al valor de cinco entradas individuales para extranjeros.

En el texto de la Resolución 132/2026, la APN justificó el aumento en la necesidad de lograr una “distribución más equitativa de los recursos” y en que el aporte de los visitantes contribuya al sostenimiento y desarrollo de las áreas protegidas. También mencionó la incorporación de nuevas áreas al sistema de tickets electrónicos y la actualización de categorías para acceder a descuentos.

Lo que la resolución no menciona es que, días después de su publicación, el Gobierno recortó partidas presupuestarias destinadas a los parques nacionales por más de $2.500 millones a través de la Decisión Administrativa 20/2026.

Mientras el Gobierno sube las tarifas de acceso a los parques y promueve inversiones privadas en el sector, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) elevó una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Ministerio de Economía para pedir medidas de alivio fiscal de urgencia. La federación planteó la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas hoteleras y gastronómicas ante la caída del consumo y el incremento de los costos operativos.

Entre las medidas que solicitó Fehgra figuran la revisión de los mecanismos de judicialización automática de deudas por moras mínimas, la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, la ampliación de los planes de facilidades de pago vigentes y la posibilidad de refinanciar planes caducos sin perder los beneficios fiscales originalmente otorgados. La federación argumentó que ese plazo “resulta indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”.

La señal que envía el pedido es relevante: la hotelería y la gastronomía son, según la propia Fehgra, actividades intensivas en empleo y fundamentales para el desarrollo turístico en todo el país. Que la federación que las agrupa deba salir a pedir una tregua fiscal al mismo tiempo que el Gobierno anuncia inversiones y desregulaciones en el sector turístico agrega una capa de complejidad al diagnóstico oficial.

En el Summit de la AAPA, Scioli apeló a un diagnóstico compartido por el sector: la necesidad de romper la estacionalidad y adaptar la oferta a un turista más exigente. “Estamos encarando una serie de desregulaciones para que ustedes miren cada vez con más interés oportunidades de negocios y de trabajo para los jóvenes, en alguno de los 39 Parques Nacionales de la Argentina”, afirmó el secretario ante empresarios del rubro.

El contexto en el que esas palabras se pronunciaron incluye no solo la suba de tarifas sino también otros cambios que el Gobierno introdujo en la administración de los parques en los últimos meses. A fines de 2025, habilitó el registro de prestadores privados para ofrecer actividades turísticas dentro de las áreas protegidas. El Ministerio de Desregulación, por su parte, eliminó la obligatoriedad de guías y de informes de impacto ambiental. Esas medidas generaron rechazo en el sector turístico: organizaciones de guías y trabajadores del área impulsaron protestas y solicitaron reuniones con funcionarios del interior del país.

Para Scioli, el rumbo es claro: “Este tipo de actividades ayuda a romper la estacionalidad y a extender la temporada”. La pregunta que deja abierta la política de precios es si un turismo más accesible para el exterior y más caro para los propios argentinos es la forma de lograrlo.