POLITICA
La orden que se impartió puertas adentro del Gobierno para dar vuelta la página con el caso Adorni
El Gobierno tiene desde hace varios meses dos realidades distintas. En el plano económico consiguió concatenar semanas con buenas noticias, tanto con la baja de la dinámica de la inflación como con el nivel del Riesgo País. Sin embargo, por el lado político, la Casa Rosada no logra disuadir los ruidos producto de la interna y del caso que atormenta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde hace más de tres meses.
Funcionarios del Poder Ejecutivo consideran que se trata de una administración que funciona a dos velocidades distintas. Lo que sucede con el ministro coordinador es que su situación mediática y judicial afectó la dinámica gubernamental. Esto mismo fue reconocido por él cuando el periodista José Del Río le consultó sobre si esta situación opacó su gestión. “Y bueno, puede ser. Sí, claramente. No se hablaba de mi gestión, sino de cosas como que me había puesto una inmobiliaria”, ejemplificó.
Al día siguiente del reportaje, un funcionario afirmaba que en las últimas semanas había comenzado a tomar fuerza un pedido desde la cúpula del Poder Ejecutivo: incrementar el esquema de anuncios y mostrar mayor dinamismo en la gestión.
“Hace semanas que muchas áreas están en semi-parálisis”, opina una fuente de la Casa Rosada. Esto es compartido por otro funcionario de uno de los ministerios más activos que tiene hoy el Gobierno: “Salvo tres o cuatro ministerios, en el resto hay poco o nada para comunicar”. La cuestión no sólo refiere a hechos de gestión en sí, sino a asuntos que puedan llegar a ser de impacto en la agenda pública.
La Secretaría de Transporte de la Nación aceleró hacia el final de esta semana un anuncio que buscó ser capitalizado por Adorni en su cuenta de X.
“A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE”, posteó el jefe de Gabinete.
Resulta un anuncio positivo y que es beneficioso para el sector de discapacitados, con el que el Gobierno tuvo controversias públicas en el último año a partir de la disputa por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Se trata del segundo posteo del jefe de Gabinete después de la entrevista en la que buscó dar sus aclaraciones patrimoniales. En la primera había anunciado que adelantaría a julio su presentación del Informe de Gestión ante el Senado: tuvo 11.000 likes, pero 9.000 comentarios que en su mayoría fueron negativos. Como dicen en el mundo de las redes: un ratio significativo.
No fue casual que, por el alto costo que está pagando, no haya querido publicar la foto de la Mesa Política realizada ayer, algo que habitualmente hacía. Quien tomó la batuta fue la mismísima Karina Milei, quien además le deseó un feliz cumpleaños a Patricia Bullrich. “La están matando. Subir una foto de festejo un día como este siempre es una mala idea. Genera odio”, opinaba una influyente figura del esquema comunicacional de la Casa Rosada.
En ese contexto es que se encuadra la decisión oficial de salir a dar buenas noticias que no solamente estén ligadas al Ministerio de Economía.
Mientras tanto, los funcionarios libertarios ligados al área económica han salido a manifestar sus quejas por la amplificación que tuvo el caso de Adorni en contraposición con la difusión que tuvieron los datos económicos recientes. Ayer hubo una doble nelson de noticias favorables: la inflación mensual de mayo fue de 2,1% (0,4 puntos menos que el mes anterior y con una inflación núcleo de 1,9%), mientras que el Riesgo País tuvo marcas menores a 450 puntos básicos, una noticia positiva que convalida los fundamentals que promueve el equipo económico.
Uno de sus integrantes que se esgrimió al respecto de este contexto fue el director del Banco Nación, Felipe Núñez, que está en la mesa chica del ministro de Economía, Luis Caputo. “Los apóstoles del Apocalipsis están desahuciados”, le respondió el economista al CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, quien le comentó en un posteo suyo sobre la baja del riesgo país: “Qué raro Feli, yo solo veo en Twitter que todo es un desastre”.
La consultora Ad Hoc publicó este viernes un informe sobre el alcance de la conversación digital alrededor del caso Adorni. Pese a que el escándalo emergió hace más de tres meses, ayer fue el pico de conversación histórico de todo este episodio con más de 319.000 menciones en redes, superando al pico del 12 de marzo, cuando el funcionario utilizó el término “deslomarse” para justificar la estadía que tenía junto a su mujer en Nueva York, Estados Unidos. Según consignan, el jefe de Gabinete fue 2.3 veces más mencionado que el Presidente a lo largo de toda la jornada.
La particularidad del caso que involucra al ministro coordinador ya no solo es su mediatización sino su prolongación en el tiempo. Los picos más vigorosos se dieron al comienzo del escándalo, cuando utilizó el término “deslomarse”, la casa en el country, las repercusiones de las conferencias de prensa y el préstamo de las jubiladas. El caso volvió a renacer a finales de abril y comienzos de mayo con las ollas populares frente a su departamento de Caballito, el Informe de Gestión en Diputados y las declaraciones del contratista en la Justicia.
“Vemos un fenómeno que pese a una baja de menciones de finales de mayo y principios de junio, nunca terminó de perder centralidad mediática. Lo que observamos en las últimas 48 horas es que incluso las menciones a Manuel Adorni estuvieron por encima de las del propio presidente (la figura política por lejos con mayor volumen de conversacion digital en la actualidad)”, agregó a Infobae el politólogo y consultor de AdHoc, Sebastián Raffo.
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POLITICA
Citaron a indagatoria al extitular de ARSAT y seguirá detenido por la droga encontrada en su departamento
El expresidente de ARSAT Facundo Leal fue citado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones realizadas dentro de la empresa estatal. La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien también convocó a otros acusados para que presten declaración a partir de fines de junio.
La investigación apunta a posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública. En paralelo, la Justicia avanza sobre el análisis del patrimonio de Leal luego del hallazgo de 2,4 millones de dólares en efectivo durante allanamientos realizados en propiedades vinculadas al exfuncionario.
Según fuentes judiciales, el magistrado ordenó una serie de medidas para reconstruir el origen de los fondos encontrados. Entre ellas, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados, requirió información al Banco Central y solicitó las declaraciones juradas correspondientes a la Oficina Anticorrupción.
Además, todos los citados a indagatoria quedaron sujetos a una prohibición de salida del país y a medidas cautelares sobre sus bienes, incluyendo inmuebles que fueron allanados durante la investigación.
Leé también: Milei busca bajar la tensión que generó el caso Adorni en el gabinete e impulsa la vuelta de las conferencias
Por otra parte, Leal continuará detenido luego de que fuera procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución está vinculada a la droga secuestrada durante un procedimiento realizado en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Durante su declaración, el exfuncionario sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y presentó argumentos respaldados por un informe médico que acreditaría su adicción. Sin embargo, el juez consideró que las cantidades halladas excedían ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento.
La causa por drogas fue remitida a los tribunales federales de Comodoro Py, al entender que los hechos investigados ocurrieron dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
En los allanamientos realizados a fines de mayo, los investigadores encontraron más de 2,4 millones de dólares en efectivo, dinero en distintas monedas extranjeras y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, MDMA, cocaína y un vapeador con cannabis. También se secuestraron elementos vinculados al consumo de drogas.
Otro de los puntos que generó atención durante la investigación fue el hallazgo de equipamiento tecnológico que inicialmente despertó sospechas sobre posibles tareas de espionaje. Sin embargo, un peritaje realizado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal concluyó que los dispositivos no fueron utilizados para actividades de inteligencia ilegal y que no contenían información relevante para otras causas judiciales.
La causa principal por presunta corrupción se originó a partir de una investigación sobre un robo ocurrido en instalaciones utilizadas por ARSAT. Durante las actuaciones, la Justicia detectó posibles irregularidades en la contratación de una empresa de logística encargada de almacenar equipamiento para un proyecto de la compañía estatal.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la firma habría obtenido contratos mediante mecanismos que habrían evitado procesos licitatorios formales. La pesquisa también analiza si existieron pagos indebidos a funcionarios para facilitar esas contrataciones.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran conversaciones extraídas de teléfonos celulares secuestrados a exdirectivos y responsables de compras de ARSAT, que para los investigadores podrían aportar elementos sobre el funcionamiento de la presunta maniobra.
En paralelo, Leal quedó involucrado en otra investigación judicial vinculada a su paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El fiscal federal Ramiro González impulsó una pesquisa preliminar tras una denuncia que sostiene que podrían haberse cometido hechos de corrupción relacionados con adjudicaciones de obras y contratos.
La presentación judicial también alcanzó a otros funcionarios que ocuparon cargos dentro del organismo. Como primeras medidas de prueba, la Fiscalía solicitó informes patrimoniales, documentación administrativa y antecedentes de contrataciones realizadas durante la gestión investigada.
Además, se requirió información a distintos organismos de control para determinar si existen denuncias previas o irregularidades detectadas en las adjudicaciones bajo análisis.
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POLITICA
Le quitan la causa por la quinta de Pilar atribuida a la AFA al juez que querían los acusados
La Justicia resolvió que la causa en que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de una lujosa quinta de Pilar que se la adjudica a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sea investigada en Buenos Aires por el juzgado en lo penal económico N°10, a cargo de Verónica Straccia.
Se trata de un revés para quienes figuran como propietarios de la mansión que pretendían que el caso siga en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La Cámara del fuero Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolian Robiglio, decidió que la competencia es de la justicia asentada en la Capital Federal y el fuero especializado en evasión y lavado de dinero, que es el delito que se investiga.
Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, que aparecen como dueños del predio, a pesar de no tener un perfil patrimonial para serlo, habían reclamado que el caso siguiera en Campana.
En la causa se investiga si la compra realizada en mayo de 2024 por parte de Pantano y Conte, a través de Real Central S.R.L., de un predio de aproximadamente 10 hectáreas ubicado en Pilar, se hizo con fondos desviados de la AFA.
Los investigadores sospechan que Pantano, un monotributista, y Conte, su madre jubilada, oficiaron como testaferros de las autoridades de la entidad de fútbol que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La sospecha es que la quinta de cinco hectáreas, situada en Villa Rosa, Pilar, es del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En la quinta se hallaron fotos suyas, un bolso con su nombre, además de 50 autos de colección y otros de alta gama.
Cuando el caso se puso en movimiento, la Justicia secuestró una gran flota de autos, muchos de ellos de alta gama; un bolso y una placa homenaje con el nombre de Toviggino y un karting como los que usa su hijo, Máximo Toviggino.
Todos estos elementos afianzaron la sospecha de que los dueños reales del lugar no serían Conte y Pantano sino las autoridades de la AFA.
Otro de los indicios fue una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se pagaba por algunos de los gastos de la flota de autos.
El valor de la quinta, que tiene helipuerto y hasta un haras, fue calculado en US$20 millones y la Justicia investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
Hace seis meses que se discute qué juez debe investigar a los dueños de esa quinta, donde se hallaron además caballos árabes, un helipuerto, canchas de fútbol, una pista ecuestre y otros bienes que se vinculan con dirigentes de la entidad de fútbol.
El juez federal Daniel Rafecas avanzó con el caso hasta que se declaró incompetente y siguió su colega Marcelo Aguinsky en el fuero penal económico, hasta que la AFA logró llevar el caso al juzgado de Campana.
La jueza Straccia probablemente también investigue otras causas relacionadas con la AFA, como ser por fraude, desvío de fondos o lavado de dinero.
En este expediente ya se apartaron dos jueces de la Cámara de Casación.
Uno fue Carlos Mahiques, quien se apartó luego de que se denunció que festejó en esa quinta cercana a la AFA su cumpleaños, y de Daniel Petrone, que tuvo una relación social con uno de los imputados.
La causa, que arrancó con una denuncia de Elisa Carrió, terminó destapando una trama societaria que la Justicia vincula al círculo del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a presuntos desvíos de fondos desde una cuenta en Bank of America manejada por una empresa controlada por Erika Gillette, la esposa de Javier Faroni.
La resolución firmada hoy por los jueces Roberto Enrique Hornos y Carolina Robiglio pone fin -al menos por ahora- a la pelea de competencia que llevaba casi seis meses.
Fue el recurso del fiscal Carlos Cearras el que permitió revertir la suerte del caso y llevarlo de Campana a la ciudad de Buenos Aires, donde tuvo un acelerado comienzo, hasta que se paralizó.
Se investiga a Pantano y a su madre como supuestos testaferros de la AFA, pues aparecen como dueños de un predio ubicado en la calle Misiones 4097, en Villa Rosa, partido de Pilar, compuesto por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.
En esa propiedad había autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.
La propiedad fue adquirida el 30 de mayo de 2024 por una sociedad llamada Real Central S.R.L. Hasta pocos días antes de la compra, se llamaba Central Park Drinks S.R.L., constituida en febrero de 2021 entre Diego Adrián Lucero y Luciano Nicolás Pantano, con un capital social de apenas 300.000 pesos repartido en partes iguales.
El 16 de mayo de 2024, catorce días antes de comprar la quinta, Lucero le había cedido antes su parte a Ana Lucía Conte, y ese 16 de mayo Pantano le cedió a Conte 1350 de sus 1500 cuotas, quedándose él con apenas 150.
En la misma jornada, Conte renunció a su cargo de gerente, la sociedad cambió de nombre a Real Central S.R.L. y el capital social se multiplicó de 300.000 a 58.000.000 de pesos, casi 200 veces. Catorce días después, la empresa, ahora dotada de mayor capital, compraba la quinta de Pilar.
Para los denunciantes, ese aumento de capital “de ninguna manera” alcanzaba para justificar el giro financiero necesario para semejante operación inmobiliaria.
Según una escritura incorporada por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, la compraventa entre Malte S.R.L. y Central Park Drinks/Real Central se firmó en un escribanía de la calle Montevideo 1693, en pleno centro de Buenos Aires, un dato que terminó siendo clave para que la causa quedara en capital.
Ampliación de denuncia
La causa dio un giro decisivo cuando, en el mismo expediente, los denunciantes Del Gaiso y Matías Yofe presentaron una ampliación basada en una investigación publicada por a fines de diciembre de 2025.
Según esa ampliación, la empresa TourProdEnter LLC —firma estadounidense contratada por la AFA como agente comercial exclusivo para recaudar ingresos en el exterior— habría desviado cerca de 483.000 dólares hacia sociedades vinculadas al círculo íntimo de Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la AFA.
Las transferencias, según los registros bancarios desde una cuenta de TourProdEnter LLC en Bank of America —controlada en los papeles por Erica Gillette, esposa del productor artístico Javier Faroni—, se realizaron en diez giros entre el 18 de diciembre de 2024 y el 17 de julio de 2025.
El grueso del dinero, 468.000 dólares, fue a parar a SOMA S.R.L., una sociedad originalmente constituida en Santiago del Estero pero con domicilio actual en Posadas 1111, piso 8°, departamento “E”, en el barrio de Recoleta —el mismo domicilio donde figura registrada Malte S.R.L., la sociedad que le vendió la quinta de Pilar a Real Central.
SOMA S.R.L. estuvo integrada por Darío Fabián Toviggino, hermano de Pablo Toviggino, y luego fue gerenciada por Mauro Javier Paz, ex director de la Liga de Fútbol Femenino de la AFA, a quien la denuncia señala como presunto testaferro dentro del entramado.
La presentación judicial remarca que Pablo Toviggino fue accionista de SOMA hasta enero de 2016, cuando formalmente cedió sus cuotas, pero “múltiples indicios” indicarían que continuó ligado de hecho a la sociedad.
Entre los giros a SOMA hubo dos montos especialmente altos: 120.000 dólares el 9 de abril de 2025 y 157.000 dólares el 12 de mayo de 2025, cifras que —según la denuncia— exceden ampliamente la capacidad económica declarada de los socios formales de la empresa.
El argumento central de la Cámara Penal Económico es que lo que determina la competencia territorial no es dónde está ubicado el inmueble adquirido, sino donde se tomaron las decisiones societarias y dónde se firmó la operación.
Y tanto Central Park Drinks/Real Central S.R.L. como su antecesora tenían —y tienen— domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires: primero en Ruiz de los Llanos 59 y luego en Paraná 861, el mismo edificio donde también está domiciliada Malte S.R.L. y donde se encuentra constituida Lindor S.A., la sociedad que resultó ser propietaria de los vehículos de alta gama secuestrados en un allanamiento vinculado a la causa.
Además, los jueces remarcaron que la investigación está en una etapa “embrionaria”, sin imputados formalmente indagados.
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POLITICA
Un diputado libertario habló del caso Adorni: “Solo pondría las manos en el fuego por el Presidente”
“¿Pondrías las manos en el fuego por Manuel Adorni?”, le preguntaron a Lisandro Almirón en el estudio de Radio Dos de Corrientes. “No. Las pondría por Javier Milei”, respondió el diputado nacional libertario. El diálogo se produjo este viernes por la mañana, a menos de 48 horas de que el jefe de Gabinete de Ministros presentara su declaración jurada. Esta acción, que buscaba descomprimir la tensión sobre su crecimiento patrimonial, tuvo el efecto inverso.
Almirón sostuvo luego que las decisiones que toma el Presidente “las lleva adelante con un equipo muy reducido”.
“En términos de resultados tiene mucho para exhibir. La fortaleza que ha tenido Javier es, frente a la opinión pública, poner los intereses de los argentinos por encima. A veces, obviando la agenda periodística”, acotó.
Ante la consulta sobre si le cree a Adorni, el legislador contestó: “Es una pregunta que no me la tengo que hacer yo porque no tomo decisiones ejecutivas”.
Almirón apeló a la división de poderes entre Presidencia y el Congreso que integra para no opinar sobre qué debería pasar con el funcionario cuestionado. “No es mi responsabilidad. El Presidente es quien tiene que decidir”, señaló.
“Por otro lado está la parte política. Es una determinación del Poder Ejecutivo. Es el jefe del Gabinete y goza de la confianza del Presidente. Esto me exime de evaluar esta etapa”, esgrimió.
Luego, aclaró que “para nada” le molesta o le incomoda hablar del tema. “Uno tiene que comprender que un gobierno está compuesto por un montón de funcionarios, de legisladores y de distintas partes del poder. Cada uno representa, de alguna manera, al gobierno nacional”.
A renglón seguido, indicó que existe “una base de representación dada por la gente que te elige”.
“En este caso (el jefe de Gabinete) tiene una relación directa con el Ejecutivo. Uno puede hablar de lo que sabe, pero es difícil hacerlo de lo que se desconoce. Hay decisiones como esta (sostener a Adorni) que son puras y exclusivas del Presidente”, indicó.
Con respecto a si la continuidad en el cargo del funcionario le causa daño al Gobierno, expresó: “Nosotros podemos hacer juicios de valor. Pero no tienen que ver con una decisión que se tome por mayoría o por la opinión de los legisladores o los medios. Son ejecutivas. Y si el jefe de Gabinete goza del respaldo del Presidente, nosotros tenemos que trabajar en consecuencia”.
Luego, recordó que Adorni “ha dado sus razones y explicaciones”.
“Ahora se ha presentado ante la Justicia y ARCA. Ese es el camino. La responsabilidad será del funcionario y del Presidente”, remarcó.
Cuando le consultaron si él sostendría a un funcionario en una situación como la que atraviesa Adorni, se escudó: “No puedo pensar por el Presidente”.
“Desde el punto de vista institucional, hay que comprender que existen la división de poderes y las garantías constitucionales, como la presunción de inocencia. Invertir la carga de la prueba en este tipo de asuntos a veces trae complicaciones en las interpretaciones. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Yo debo cumplir con mi parte y el jefe de Gabinete con la suya”, consignó el diputado nacional.
Por otro lado, aseveró que el caso que complica a Adorni y al Gobierno desde hace meses no ha interferido en la agenda legislativa del oficialismo. “Por el momento, en el tratamiento de las leyes y en los despachos de comisión se separa bien la situación. Queda muy lejos de lo que se está haciendo en materia parlamentaria. Este tema, por ahora, no está en la agenda legislativa”, aseveró.
Sin embargo, señaló que el conflicto abierto con el jefe de Gabinete “se materializa cuando hay que tocar temas puntuales y se lleva a la negociación por razones específicas”. Si la condición de tratar una ley tiene que ver con ‘Adorni sí o no’, es poner al Presidente en la mesa, porque es su decisión la continuidad o no de cada uno de sus funcionarios”. Esto, aseguró, no ha sucedido.
“No puedo tomar una posición frente a una situación que desconozco. El rol del jefe de Gabinete tiene mucha relevancia. Su presencia en la mesa política así lo marca. El Presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa, aun con estas cuestiones instaladas en los medios. No tengo toda la información que tiene (Milei) y no puedo pensar por él”, expresó.
Con respecto a los datos que presentó Adorni en su declaración jurada, el legislador indicó: “Se tendrá que evaluar en sede administrativa. Luego, en la procesal penal. Después, en la conciencia del Poder Ejecutivo, deberá tomarse la determinación de qué hacer con el funcionario”.
“Se ha dado algo que él anunció y que era esperado por todos: la presentación de su declaración jurada. Estará en manos de la Justicia resolver las cosas que hacen al expediente que tramita”, precisó.
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