POLITICA
¿Cristina libre? La expresidenta no fue condenada por sus ideas
Un año después de la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner todavía escuchamos el mismo argumento: la condenaron por defender a los pobres. La condenaron por ampliar derechos. La condenaron por enfrentarse a los poderes económicos. La condenaron por representar un proyecto político popular.
Aun sin compartir la base de la premisa, la pregunta es inevitable.
Si eso fuera cierto, ¿por qué la sentencia habla de licitaciones y no de asignaciones universales? ¿Por qué habla de contratos de obra pública y no de jubilaciones? ¿Por qué habla de direccionamiento de fondos, sobreprecios y administración fraudulenta, y no de derechos humanos, universidades o políticas sociales?
La respuesta es simple: porque Cristina Kirchner no fue condenada por sus ideas.
Fue condenada por hechos. Y esa diferencia importa.
Porque cuando se afirma que la condenaron por defender a los pobres, lo que en realidad se está diciendo es algo mucho más grave: que las políticas sociales otorgan una especie de inmunidad moral frente a la corrupción.
Como si un gobierno pudiera apropiarse de recursos públicos siempre que al mismo tiempo impulsara medidas que una parte de la sociedad considera valiosas.
Como si la Justicia debiera evaluar simpatías ideológicas antes que conductas.
Como si los delitos dejaran de ser delitos cuando los comete alguien que piensa como nosotros.
La sentencia de la Corte Suprema no evaluó un modelo económico. Tampoco juzgó una identidad política. Lo que hizo fue confirmar, después de años de investigación y revisión judicial, que existió una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Los hechos están ampliamente documentados: transferencias discrecionales de fondos públicos, adjudicaciones e irregularidades contractuales, sobreprecios, obras inconclusas y una estructura de beneficios direccionados. Todo ello fue analizado por distintos jueces y tribunales que arribaron a la misma conclusión.
Por eso resulta llamativo que algunos sigan discutiendo las motivaciones de los jueces en lugar de discutir las pruebas.
Hay, entonces, que actualizar alguna información:
1. El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación por unanimidad dictó la sentencia condenando a Cristina Fernández de Kirchner y otros por delitos contra la administración pública (delitos de corrupción). Una semana después se dispuso su detención domiciliaria por tener más de 70 años.
2. El inicio de la investigación tuvo lugar después de la presentación de una denuncia basada en un informe de auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad en 2016. Existían denuncias previas que no habían encontrado un sustento probatorio suficiente o bien, la decisión política de los jueces había sido cajonearlas.
3. Para llegar a ese fallo, existieron múltiples instancias previas y la intervención de muchos magistrados, jueces y fiscales que siempre arribaron a la misma conclusión: la responsabilidad penal de CFK y otros en perjuicio del estado. El juez Ercolini dictó el procesamiento y el juicio oral y público se inició en el 2019. La sentencia del Tribunal Oral Federal 2 es de diciembre 2022, condenando a 6 años de prisión por administración fraudulenta. La sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificó la condena con más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en noviembre de 2024. Presentado un recurso extraordinario ante la Corte, el máximo tribunal dictó sentencia definitiva hace un año.
4. El delito es haber causado un perjuicio deliberado y probado a la administración pública del que participaron una decena de personas. Se impuso además el decomiso de los bienes por el valor de $ 684.990.350.139,56. (Si, casi Seiscientos ochenta y cinco mil millones de pesos, aproximadamente 500 millones de dólares). Se estableció la responsabilidad solidaria de todos los condenados y la ejecución de 111 inmuebles y activos financieros.
5. Pruebas encontradas: Decretos del Poder Ejecutivo para transferir fondos de manera discrecional a la Provincia de Santa Cruz desde donde se direccionaban a las empresas de Lázaro Báez. 80% de las obras fueron adjudicadas a las empresas del grupo Báez. Irregularidades en los contratos. Sobreprecios. Obras pagadas sin terminar. Prórrogas injustificadas.
6. Más pruebas: Vínculos comerciales y personales entre la Familia Kirchner y Lázaro Báez. El devenido empresario era un funcionario de banco hasta mayo de 2003 cuando, al llegar Néstor Kirchner al Gobierno forma una empresa constructora (sin tener antecedentes), Austral Construcciones, desde la cual y con maniobras ilegales fue adquiriendo otras empresas para armar competencia simulada e influir sobre los precios de las licitaciones.
7. Otra prueba: El mensaje ordenando “limpiar todo: paralizar obras, despedir personal, pagar saldos”. Con el cambio de gobierno y el inicio de las investigaciones, se abandonaron las obras y se vaciaron las empresas dejando deudas, trabajadores en la calle y contratos sin cumplir.
8. El decomiso de bienes incluye inmuebles de miles de hectáreas, hoteles, departamentos y varios millones de dólares depositados a nombre de Florencia Kirchner por cesión de su madre. Nunca esa fortuna pudo haber tenido un origen legal.
9. El artículo 36 de la Constitución Nacional establece un alto rango de sanción para la corrupción, asimilando el delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento, con los golpes de estado, y le impone siempre como pena accesoria la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.
10. Todos los tribunales intervinientes rechazaron los argumentos políticos de la defensa, que nunca pudo probar inocencia, descartando lawfare, persecución política o proscripción.
El juzgamiento no ha recaído sobre las políticas de su gobierno, sino sobre el uso de los recursos públicos durante 12 años para enriquecimiento personal y, en este caso (que no es el único) del amigo Lázaro Báez ( sobre quien guardo mi profunda convicción de su condición de testaferro de la fortuna familiar de los Kirchner).
Aparece entonces una cuestión más profunda.
Durante demasiado tiempo en la Argentina se instaló la idea de que la corrupción era una preocupación secundaria frente a los grandes objetivos políticos. Que primero había que preguntarse quién gobernaba y recién después cómo gobernaba.
Esa lógica terminó produciendo una peligrosa tolerancia social.
Muchos argentinos llegaron a convencerse de que podían mirar para otro lado frente a la corrupción siempre que compartieran las banderas del gobierno de turno. Una afirmación que se instaló con tanta firmeza que aún condiciona hoy la valoración social sobre el gobierno actual.
Los derechos sociales y la corrupción no son conceptos compatibles. Como no lo es la baja de la inflación o el equilibrio fiscal.
La corrupción desvía recursos que deberían destinarse precisamente a esos derechos que se dice defender. Menos hospitales. Menos escuelas. Menos rutas. Menos viviendas. Menos oportunidades.
Por eso la verdadera contradicción no está entre justicia social y condena judicial.
La verdadera contradicción está entre invocar a los sectores más vulnerables mientras se tolera que una parte de los recursos públicos termine beneficiando a grupos privilegiados cercanos al poder. O al poder mismo.
Un año después de la condena, con todos los elementos sobre la mesa, la discusión ya no es jurídica. La Justicia habló. La discusión es moral y política.
¿Estamos dispuestos a aceptar que la corrupción debe ser condenada aun cuando el corrupto defienda las causas que compartimos? Tal vez sea el desafío más complejo de nuestra democracia.
Margarita Stolbizer,LA NACION,Política
POLITICA
Caso Adorni: el fiscal Pollicita pidió más información sobre quiénes entraron y salieron de la casa de Indio Cuá y qué obras se hicieron
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga el presunto crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
Entre los requerimientos, el fiscal solicitó información sobre vínculos laborales de ambos con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, pidió documentación sobre obras y movimientos vinculados a una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá Golf Club y requirió datos sobre una compra de más de $8 millones realizada en un local de muebles y colchones.
La decisión quedó plasmada en una resolución de cinco páginas en la que Pollicita dispuso una serie de oficios dirigidos a organismos públicos, administraciones de barrios privados y empresas privadas para profundizar distintas líneas de investigación.
Uno de los pedidos más relevantes apunta a determinar si Adorni tuvo algún tipo de contratación, designación, asesoría o actividad remunerada en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. En caso de que existiera ese vínculo, el fiscal requirió toda la documentación relacionada con su designación, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
Leé también: Los aliados del Gobierno redoblan la presión en el Senado y piden la salida de Manuel Adorni
La misma información fue solicitada respecto de Angeletti para el período comprendido entre 2018 y 2023.
Además, Pollicita pidió al juzgado federal que investiga una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, y otra persona una certificación amplia sobre el expediente, incluyendo los hechos investigados, las personas involucradas y cualquier referencia a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni que pudiera tener relación con la pesquisa actual.
Otra de las medidas ordenadas apunta a reconstruir los gastos vinculados con un inmueble identificado como el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, el fiscal requirió los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
Según la resolución, la información busca determinar aspectos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros gastos que son objeto de análisis en la causa.
En paralelo, también se solicitó a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si Silvia Pais, madre del funcionario, reside en ese barrio privado. En caso afirmativo, deberá precisar desde cuándo ocupa la propiedad, bajo qué modalidad y remitir documentación vinculada con el inmueble, incluidos contratos de alquiler y comprobantes de pago de expensas.
La investigación también avanzó sobre una operación comercial detectada a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en la causa. Pollicita requirió a la empresa Rosen The Store información sobre una factura emitida en junio de 2025 por $8.183.303,25 a nombre de Gisela Kocsis.
El fiscal pidió detalles sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la compra, el domicilio de entrega de los productos y la documentación respaldatoria de la operación para determinar quién fue el destinatario final de los bienes adquiridos.
Por último, solicitó a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento histórico sobre las plataformas, exchanges y proveedores de servicios de activos virtuales que operaron o prestaron servicios en la Argentina desde 2012 hasta la actualidad, junto con la normativa y antecedentes regulatorios del sector.
Las nuevas medidas se suman a otras ya ordenadas en el expediente, que busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y Angeletti y la evolución de su patrimonio.
Manuel Adorni, investigacion, enriquecimiento ilítico
Un helicóptero Eurocopter que perteneció a una empresa del lobista Jorge “Corcho” Rodríguez fue decomisado de manera definitiva por el juez federal Sebastián Casanello en una causa por lavado de dinero de las coimas de la constructora brasileña Odebrecht, a pesar de que no hubo sentencia en la causa porque fue declarada prescripta y los acusados, sobreseídos.
La decisión de Casanello fue a solicitud del fiscal federal Carlos Rívolo, que entendió que la aeronave fue parte de una investigación sobre posible lavado de activos en el circuito de pago de Odebrecht, informó el sitio oficial de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.
El Código Penal prevé el decomiso de las cosas que sirvieron para cometer el hecho o fueron producto o provecho del delito, “de manera definitiva, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado”, en este caso por prescripción por el paso del tiempo.
Casanello recordó que la causa contra las cuatro personas que habían sido procesadas fue declarada prescripta por la Cámara Federal. “Esa decisión, si bien impide enjuiciar a los imputados, no exime del deber de decomisar de modo definitivo los bienes cuyo origen ilícito se haya comprobado”, resaltó.
Tras el fallo, el fiscal solicitó que, una vez que quede firme el decomiso, la aeronave sea puesta a disposición del Ministerio de Seguridad Nacional para que sea asignada a alguna de las fuerzas federales.
La fiscalía de Rívolo había requerido que se decomise el helicóptero matrícula LQ-CFO, ya que consideró que fue producto de “maniobras financieras de lavado de activos”. En ese sentido, recordó que, en 2024, se había requerido la elevación a juicio de cuatro personas al tener probada su intervención en una maniobra tendiente a poner en circulación 1.715.000 dólares de origen ilícito, con la finalidad de dotarlo de apariencia de licitud a través de la adquisición del helicóptero en cuestión.
En ese requerimiento, el fiscal Rívolo había indicado que los fondos ilícitos provenían de los múltiples sobornos que la multinacional Odebrecht había pagado a altos funcionarios públicos argentinos, en cuya trama se había identificado a un hombre como intermediario.
Con el propósito de otorgarle apariencia de licitud, una parte de ese dinero fue transferido a Helicopter Corporation S.A., para aplicarlo a la compra del helicóptero en cuestión, que luego fue registrado a nombre de la firma Fusion Blue Servicios Aéreos, creada especialmente para tal fin.
Casanello recordó que en mayo de 2023 procesó a los involucrados por lavado de activos y luego, tras el pedido fiscal, avanzó hacia el juicio oral.
Sin embargo, tras una intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, fue la Cámara Federal la que interpretó que el plazo de diez años −máxima pena para el de lavado− ya había transcurrido, por lo que ordenó la prescripción penal y sobreseyó a los cuatro imputados.
Casanello citó convenciones y ordenamientos internacionales sobre lavado de activos y la relevancia de los decomisos.
El caso se inició, en febrero de 2019, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectó pagos ilícitos desde empresas offshore de Odebrecht hacia cuentas uruguayas de un empresario que cumpliría el rol de intermediario en el circuito de los sobornos, de acuerdo a lo que se había tenido por probado en una de las causas conexas, actualmente en debate oral ante el Tribunal Oral Federal N°7.
El patrimonio del implicado se había incrementado considerablemente, lo que quedó en evidencia con la compra del helicóptero investigado a través de su firma de servicios aéreos, Helicopter Corporation S.A.
Según la investigación, el dinero ilícito tenía por finalidad el pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos relacionados con el contrato para la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas que licitaba la empresa estatal AySA.
Según el juez, con parte de la ganancia obtenida a partir de esa maniobra ilícita, Helicopter Corporation adquirió en 2012 el helicóptero LV-CFO y pretendió otorgarle apariencia de licitud al dinero que Odebrecht había entregado para acelerar los pagos del Estado Nacional.
Cuatro años después, el helicóptero fue nuevamente transferido a una empresa pantalla (de reciente constitución y sin capacidad de compra) de modo de “alejarlo aún más de la fuente ilícita”.
“Todo indica que Fusion Blue fue constituida con el único propósito de transferir dicha aeronave”, resaltó Casanello y explicó que los supuestos ‘préstamos» que originalmente se habían utilizado para justificar el incremento desmedido de Helicopter Corporation S.A. fueron cedidos a uno de los implicados que actuó como el nuevo adquirente a través de la sociedad.
Recordó entonces que, de los informes remitidos por la Afip (ahora ARCA) se evidenciaron maniobras ejecutadas por el hombre para esconder el origen de los fondos destinados a la compra.
“Transcurridos diez años desde la adquisición del helicóptero y frente a la solicitud de un decomiso anticipado, nada ha podido decir el titular registral para rebatir esas sospechas. En este sentido, derivar de un sobreseimiento licitud o buena fe es un razonamiento falaz: dicha decisión sólo implica obturar la posibilidad de perseguir penalmente a una persona”, explicó el juez Casanello.
“La empresa ni siquiera dio cuenta del origen de los fondos empleados, aunque sabemos que el accionista mayoritario de Fusion Blue se había acogido a un régimen de sinceramiento fiscal para ingresar dinero no declarado y −con la interposición de su padre− constituir una sociedad comercial sin actividad que utilizó para adquirir el helicóptero. Sólo se habla de una ‘oportunidad’”, especificó el magistrado y dijo que nunca se explicó cómo supo de la venta del helicóptero, quién lo contactó con Helicopter Corporation, cómo se negoció el precio y la modalidad de pago o qué comunicaciones hubo entre ellos.
“El conjunto de estas circunstancias configura un escenario absolutamente irregular para la adquisición de un bien de esas características, que resulta concomitante a la necesidad del principal imputado en un caso de lavado de activos de desprenderse de bienes y empresas donde se había aplicado el dinero ilícito”, estableció el juez.
Por todo ello, y a pesar de que efectivamente se convocó a la empresa que registró la titularidad del helicóptero, no existió en el expediente “ninguna explicación convincente para considerarla tercera de buena fe”.
“La titularidad que emerge de los registros está viciada en su origen –por haberse originado en base a la comisión de graves hechos ilícitos–, lo que determina la inexistencia de un derecho”, recalcó el juez.
“De allí que esté justificado el decomiso, medida que en este sentido reviste un fin preventivo general, pues ataca la rentabilidad del delito y reafirma el principio reconocido en todas las tradiciones jurídicas de que el delito comprobado no rinde beneficios”, concluyó.
Hernán Cappiello,Jorge Rodríguez,Conforme a,Jorge Rodríguez,,Cambio de mando en Caracas. Los hermanos que se impusieron en la interna chavista y los dos grandes perdedores,,No va a juicio. Casación anuló un procesamiento confirmado de Corcho Rodríguez por un presunto lavado de más de US$1 millón,,»Un día especial». El proyecto «con historia» de Corcho Rodríguez y Verónica Lozano en Italia
POLITICA
La futura conducción del GAFI recibió en París a la delegación argentina y destacó la participación del Poder Judicial
En el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se reunió con Giles Thomson, próximo presidente del organismo para el período 2026-2028, en un encuentro que puso el foco en cómo reforzar la prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva mediante una mayor coordinación entre las instituciones del Estado.
La reunión también dejó una señal política para la Argentina: las autoridades valoraron la presencia de representantes del Poder Judicial en la delegación ante el GAFI y el aporte que pueden hacer jueces y funcionarios judiciales para mejorar la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a esas amenazas.
En la delegación estuvieron, además de Mahiques -quien estuvo acompañado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki-, los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello, Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez.
Durante el intercambio, Mahiques y Thomson abordaron desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de integridad financiera. También analizaron la necesidad de sostener espacios de articulación entre jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y agencias de cumplimiento.
Ese fue el núcleo de la conversación bilateral: las autoridades coincidieron en que la cooperación interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas son herramientas necesarias para ampliar la capacidad de respuesta de los Estados ante fenómenos criminales cada vez más complejos y transnacionales.
El GAFI destacó el aporte del Poder Judicial en la delegación argentina
Uno de los puntos resaltados en el encuentro fue la participación del Poder Judicial dentro de la representación argentina en el plenario. Según la información difundida sobre la reunión, ese esquema fue presentado como un elemento de valor para fortalecer la aplicación concreta de los estándares promovidos por el organismo.
La discusión no se limitó al diseño institucional. También incluyó la necesidad de que jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, entes de supervisión y agencias encargadas del cumplimiento mantengan canales de trabajo articulados para responder con mayor eficacia al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación.
Mahiques sostuvo que la política impulsada por el Ministerio de Justicia y el plan de trabajo que desarrolla la Unidad de Información Financiera se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI. En esa línea, reafirmó el compromiso de la Argentina con el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas de prevención y persecución de esos delitos y con una mayor cooperación internacional.
La referencia a la futura conducción del organismo surgió en el marco de la reunión con Thomson, quien ejercerá la presidencia del GAFI entre 2026-2028. El intercambio permitió conectar la agenda argentina con las prioridades que el foro internacional proyecta para esa etapa.
Respalo a la Argentina por avances desde 2024
La delegación argentina también mantuvo una reunión con Elisa de Anda Madrazo, presidenta saliente del GAFI. Allí, la funcionaria felicitó al país por su compromiso sostenido con el organismo y por los avances alcanzados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024.
De Anda Madrazo destacó además la participación activa de la delegación argentina tanto en el plenario como en los distintos grupos de trabajo. Sumó a esa evaluación el compromiso mostrado por el país en la implementación de las acciones derivadas de ese proceso.
Ese reconocimiento se incorporó al balance de la presencia argentina en París, donde la agenda oficial combinó la discusión sobre estándares internacionales con la defensa de una mayor coordinación doméstica entre los actores que intervienen en la prevención, detección e investigación de delitos financieros.
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