El recital de una banda musical, un partido de fútbol, el show de un DJ o cualquier evento masivo siempre tuvieron un denominador común: los “cuidacoches” o “trapitos”. En este sentido, la Legislatura porteña tratará en sesión ordinaria un proyecto que abarca esta problemática.

La normativa -impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la diputada María del Pilar Ramírez, en proyectos separados y posteriormente unificados- propone una reforma clave al Código Contravencional que endurece las penalidades contra este tipo de prestación ilegal de servicios. De esta manera, la medida marca una acción concreta en la política oficial: busca frenar la proliferación de esta actividad y responde a las reiteradas denuncias de vecinos y automovilistas por intimidación y apropiación del espacio público.

El cambio, que modifica los artículos 91 y 92 de la Ley N° 1.472, introduce una escala sancionatoria mucho más rigurosa. El texto explica que el esquema de penalizaciones vigente era insuficiente: la baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia barrial. Ahora, el nuevo texto distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.

La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa: los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados de hecho por quienes ejercen el rol de cuidacoches.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento de esquemas organizados en torno a eventos masivos y grandes parques. Según la Comisión de Justicia de la Legislatura, “la experiencia en espectáculos deportivos o recitales evidencia coordinación y distribución territorial, ameritando sanciones más severas, con diferenciación clara entre el infractor individual y quienes fomentan la actividad en grupo”.

Penalidades agravadas y restricciones de acercamiento

El nuevo artículo 91 establece que ofrecer o prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización será penado con diez a treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública de veinte a cuarenta y cinco días o multas que pueden llegar a 7.000 unidades fijas. Es decir, la infracción puede ascender hasta los $6.649.930.

Como novedad, se añade la posibilidad de que el magistrado aplique la «prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía» al lugar, restricciones ya utilizadas en delitos vinculados a violencia. Esto es que el infractor no puede concurrir o acercarse a la zona donde realizó el delito.

El texto suma agravantes: en situaciones donde haya intimidación, persistencia, desigualdad de género o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o del entorno, la pena se duplicará automáticamente, siempre que el hecho no constituya delito penal.

Frente a la existencia de organización, las sanciones se endurecen todavía más. Los organizadores, jefes y coordinadores podrán recibir hasta sesenta días de arresto y se habilita la inhabilitación para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales por hasta dos años.

Eventos masivos y responsabilidad institucional

El artículo 92 eleva el nivel de rigurosidad cuando estas contravenciones suceden en torno a grandes espacios o durante eventos masivos, como partidos de fútbol o recitales. En esos casos, si la prestación ilegal ocurre en un radio de hasta cincuenta cuadras y entre las seis horas previas y las tres siguientes a la finalización del evento, la sanción escalará de 15 a 50 días de arresto para los partícipes y entre 45 y 60 días para quienes tengan roles en dicha organización.

Además, el nuevo marco dispone que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto con otros organismos, podrá instalar oficinas móviles en los alrededores de los eventos para recepcionar denuncias de los perjudicados.

La ley incorpora una cláusula inédita destinada a clubes y organizadores: si se prueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución o entidad organizadora en la actividad ilegal, esa entidad será sancionada con multas de hasta 20.000 unidades fijas ($18.999.800) y clausura de instalaciones por un período de 30 a 90 días.

Ambos artículos reformados prevén la obligación de que el juez interviniente ponga en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo que en el futuro lo reemplace. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.

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Gabriela Origlia,Rogelio Frigerio,Conforme a,Rogelio Frigerio,,Tiene 700 empleados. Mientras negocia una deuda de US$350 millones, Granja Tres Arroyos busca reabrir una planta en Entre Ríos,,“Retenciones primero”. Frigerio reclamó una reforma impositiva urgente y dijo que el agro no puede seguir con baja rentabilidad,,»No podemos permitir otra Botnia». Frigerio pidió relocalizar una refinería en Uruguay y lanzó una advertencia

El Gobierno apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que avaló el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires y anuló la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia sobre la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. En Nación cuestionan la resolución de la Sala D y sostienen que la Inspección General de Justicia buscará revertir la decisión en una instancia superior.

“Nosotros vamos a apelar”, expresan fuentes oficiales. En la Casa Rosada señalan que el nuevo titular de la IGJ es Alejandro Ramírez y remarcan que la decisión judicial golpea el esquema de fiscalización que el organismo había impulsado sobre la AFA, en medio de una ofensiva administrativa más amplia sobre las entidades vinculadas al fútbol argentino.

La Cámara Civil declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, firmada el 18 de febrero de 2026, que había rechazado la inscripción de la reforma estatutaria por cambio de domicilio y la cancelación de la matrícula de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires. También anuló la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, dictada el 16 de marzo, que había dispuesto una intervención informativa en grado de veeduría por 180 días hábiles.

El eje del fallo es la competencia. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó el cambio de jurisdicción y prestó conformidad al traslado del domicilio social a Pilar, el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron bajo la órbita provincial. Bajo esa lectura, la IGJ ya no podía inspeccionar el nuevo domicilio ni revisar lo resuelto por el organismo bonaerense.

En el Gobierno, el fallo también abrió un nuevo pase de facturas internas dentro del área de Justicia. En el sector que ahora conduce Juan Bautista Mahiques, con Alejandro Ramírez al frente de la IGJ, sostienen que la Cámara marcó un flanco de la etapa anterior: que el organismo nacional tomó conocimiento del acto de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense que convalidó el traslado de la AFA a Pilar y no lo impugnó de manera eficaz. Esa lectura apunta a la gestión previa del Ministerio de Justicia, que coordinaba Santiago Caputo a través de Sebastián Amerio.

El expediente, sin embargo, expone diferencias. Vítolo sí se opuso al avance de la AFA: primero intentó frenar la asamblea de octubre de 2024 en la que se aprobó el cambio de jurisdicción y luego, en febrero de 2026, rechazó la inscripción de la reforma estatutaria y la cancelación de la matrícula porteña. Lo que ahora sostiene la Cámara es distinto: que, una vez dictado el acto administrativo bonaerense que aceptó la radicación en la Provincia, la IGJ no podía revisar esa decisión ni ordenar inspecciones sobre un domicilio que ya había quedado bajo la órbita del organismo provincial. Con ese diagnóstico, la nueva conducción anticipa que apelará el fallo.

El fallo remarca que la normativa de la IGJ exigía, para tramitar el cambio de jurisdicción, una resolución del organismo competente en la nueva jurisdicción que prestara conformidad al traslado. Según la Cámara, esa documentación fue aportada mediante la resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. Por eso, los jueces concluyeron que, si ese organismo había aceptado el domicilio indicado, la IGJ no podía ordenar una inspección sobre ese mismo lugar como si conservara competencia territorial.

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La sentencia también cuestionó el accionar administrativo de la IGJ. Los jueces sostuvieron que el organismo nacional se “erigió por encima” de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a la que le atribuyeron facultades equivalentes de control dentro de su jurisdicción. En esa línea, consideraron que la IGJ llevó adelante facultades revisoras o fiscalizadoras sobre un organismo par y que esa conducta excedía su esfera de competencia.

Otro punto sensible del fallo es la distinción entre domicilio social y sede. La Cámara sostuvo que, una vez aprobada e inscripta la reforma estatutaria sobre el domicilio legal, la competencia territorial correspondía al organismo provincial. También señaló que las dudas sobre la ubicación concreta de la sede o sobre el funcionamiento efectivo del inmueble en Pilar no podían prevalecer sobre el acto administrativo bonaerense que había autorizado el cambio.

El tribunal además cuestionó que la IGJ fundara parte de su decisión en informaciones públicas que sugerían irregularidades en la nueva sede. Para la Cámara, esas referencias no alcanzaban para desvirtuar la presunción de validez del acto dictado por el organismo provincial. También mencionó que, si la AFA hubiera sido oída en esa instancia, podría haber aportado el contrato de comodato firmado con la Municipalidad de Pilar por el uso del inmueble ubicado en Mercedes 1366.

Noticia que está siendo actualizada.-

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