POLITICA
Kicillof se pliega a otras provincias para reclamar fondos y denunciar que Luis Caputo le frena obras

El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció en las últimas horas que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, bloqueó el financiamiento de obras a través de créditos internacionales que la gestión de Axel Kicillof tiene comprometidos con distintos organismos, pero que para su ejecución, requiere del aval de la gestión de Javier Milei. El pedido va en consonancia con lo que vienen reclamando otras provincias, como Córdoba, Santa Fe y las del Norte, que ponen el foco en la coparticipación.
El lunes, el ministro de Infraestructura bonaerense y ex funcionario de esa área en la órbita nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, detalló los proyectos que esperan aprobación de Nación. Hay préstamos que vencen este año y, para su prórroga, deben tener el aval de Nación; obras que tienen la anuencia de organismos, pero también requieren el ok de Economía; y otras a través de créditos que vencerán en 2027 y deberán ser renovados. El conjunto de grandes obras de infraestructura hídrica y saneamiento previstas para la provincia de Buenos Aires representa una inversión que supera los 1.100 millones de dólares, según los montos estipulados para seis proyectos principales, sin contar el Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores.
Cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que atraviesa los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. Es una obra que, además, se ha metido en la discusión interna del peronismo y que tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, como una de las puntas de lanza y buscando financiamiento internacional.

De hecho, esta semana, Mendoza se encuentra en Marruecos en el marco del Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, donde explicará el impacto que tiene sobre los municipios la obra de la cuenca de los arroyos en cuestión. Alcanza 1 millón de habitantes, de los cuales 335.289 pertenecen al partido de Quilmes. La legisladora ha sostenido en diversos ámbitos que el plan incluye obras de gran escala como la canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Desde Quilmes plantean que “para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política”, y que en eso se encuentra la legisladora. Meses atrás, Mendoza viajó al Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, donde también buscó financiamiento para la obra.
Además de ese proyecto, entre las iniciativas por las que, según Buenos Aires, no hay autorización del gobierno nacional, aparecen la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, el acueducto Parque San Martín en La Plata, la ampliación de la capacidad del río Salado y la ejecución de intervenciones hidráulicas en distintos municipios, además de la nueva planta potabilizadora y las obras en la cuenca del río Luján. La concreción de estos proyectos depende de la aprobación y prórrogas de financiamiento internacionales que requieren el aval del Gobierno nacional. “Hay una situación que nos preocupa mucho y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno nacional para muchas de estas obras que necesitamos ejecutar. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispone de fondos del tesoro provincial, pero también de créditos internacionales, de créditos con organismos multilaterales. Esos créditos requieren, por ley, por protocolos internacionales y procedimientos internacionales, de avales por parte de la Nación. No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación, —que definitivamente ya después de casi tres años estamos seguros de que no vamos a contar con esos recursos—, pero sí necesitamos de avales que nos permitan poder ejecutar muchas de estas obras”, planteó Katopodis en las últimas horas.

“Es una situación que solo el Gobierno nacional aplica de manera excepcional, discriminatoria y arbitraria a la provincia de Buenos Aires”, planteó el funcionario del gobierno de Kicillof, puntualizando que el Gobierno Nacional aprobó créditos internacionales en distintas provincias para obras de infraestructura vial, agua potable, desarrollo territorial y productivo en 10 provincias, pero que Buenos Aires no entró en ese esquema que equivale a USD 1.973 millones.
Autorizaciones para financiamiento
Desde el gobierno bonaerense dejaron correr que entre 2024 y 2026, el gobierno nacional sí autorizó créditos internacionales en otras provincias excluyendo a Buenos Aires. Mediante decretos de garantía y contragarantía se habilita a distritos como Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones a comprometer avales estatales para obtener fondos destinados a infraestructura, desarrollo productivo y mejoras en servicios esenciales. Entre los proyectos destacados, Salta recibió autorización para el Programa de Desarrollo Productivo y Exportador, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un monto de USD 50 millones. Entre Ríos fue habilitada para acceder a USD 40 millones a través del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En Jujuy, el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE II) obtuvo el aval nacional para gestionar USD 60 millones.

El gobierno nacional también concedió garantías para iniciativas interprovinciales, como el Acueducto Santa Fe–Córdoba, que cuenta con financiamiento del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD) por 375 millones de riyales saudíes. Neuquén fue autorizada para el Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, con un aporte de USD 100 millones, y Chaco recibió el aval para el proyecto vial sobre la Ruta Provincial N° 13, por USD 33,4 millones. En 2025 y 2026, el Ejecutivo nacional amplió las autorizaciones. Río Negro obtuvo el respaldo para dos programas: uno de desarrollo territorial por USD 140 millones y otro de emergencia y recuperación en El Bolsón por USD 5 millones. Mendoza fue habilitada para un plan de optimización de los servicios de agua potable, con USD 75 millones de FONPLATA.
Córdoba recibió el aval para la refuncionalización del sistema de agua potable de la capital provincial, también con financiamiento de CAF por 75 millones. Santa Fe accedió a recursos para el fortalecimiento de la actividad deportiva urbana y para la logística metropolitana del Gran Rosario, ambos por USD 75 y USD 150 millones respectivamente. Misiones obtuvo autorización para mejoras en infraestructura eléctrica por USD 75 millones, y Entre Ríos para el desarrollo agroalimentario, incluyendo un enfoque en la agricultura familiar y el sector apícola.
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POLITICA
Protestas “a la francesa” o paro de 36 horas: la interna de la CGT se agitará hoy con un debate clave sobre el nuevo plan de lucha

Todos están de acuerdo en que deben pasar a la ofensiva contra el Gobierno, pero hay diferencias sobre cómo hacerlo para que la medida de fuerza por aplicarse sea contundente. La CGT tendrá este jueves a la tarde un debate clave sobre el nuevo plan de lucha, en medio de inesperadas tensiones entre quienes impulsan protestas “a la francesa” o un paro general de 36 horas.
En ese escenario de internas permanentes que es el sindicalismo, habrá dos propuestas sobre la mesa cuando, a las 14, delibere el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802 en un punto del temario que promete fuertes discusiones: las “acciones gremiales” que se llevarán adelante contra Javier Milei.
La semana pasada, cuando el triunvirato de la CGT encabezó una reunión con las confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones, quedó instalada con más nitidez la idea de un plan de lucha “sectorial y a largo plazo” basado en las protestas en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, como anticipó Infobae.

Sus impulsores proyectan desde volanteadas en estaciones de trenes, aeropuertos y universidades hasta paros alternados y rotativos en el transporte y la industria, asambleas en fábricas y movilizaciones a varios ministerios hasta terminar en una “gran protesta nacional”, como aluden al quinto paro general de la CGT desde el 10 de diciembre de 2023.
El “modelo francés” de protestas fue sugerido varias veces por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), a quien apuntala otro referente del sector como Juan Pablo Brey (aeronavegantes), convencidos de que hacer un paro general cada tanto perdía eficacia y que tendría un impacto significativo ir alternando los paros en cada sector, día tras día, semana tras semana. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”. De esa forma se podría mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario.
La propuesta terminó entusiasmando a los cotitulares de la CGT Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes dudaban de hacer otro paro general exponiéndose al riesgo de que no tuviera un alto acatamiento o que, ante un Milei decidido a no cambiar sus políticas, se convirtiera en una forma de protesta inofensiva o, en última instancia, perjudicial para el trabajador que no cobra el día de huelga o pierde el presentismo.

En una entrevista radial, Cristian Jerónimo fue explícito en ese sentido: “Ya tenemos claro el diagnóstico y el rumbo que persigue este gobierno. No hay margen para hacerse el distraído y es con pelea, con lucha, con resistencia, y siendo muy inteligentes también porque en alguna medida tenemos que cuidar el bolsillo de nuestros compañeros y nuestras compañeras y tampoco golpear a los que no tenemos que golpear».
“Para hacer una medida de fuerza tenemos que tener claro que muchas veces tiene que ir destinada a los que realmente representan el proceso de desguace que está sufriendo la Argentina, y en este caso es Balcarce 50″, dijo el líder de los empleados del vidrio.
Acerca de las dos modalidades de protesta que serán analizadas esta tarde, Jerónimo admitió: “Todo el mundo sabe que en la CGT conviven distintos sectores, distintos puntos de vista, y hay que lograr lo más importante: la unidad del conjunto, el consenso y los acuerdos necesarios para que cualquier medida que se apruebe tenga la contundencia necesaria”.

El paro general de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo surgió de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA), con el objetivo de lograr la paralización total de actividades en el país y, de esa manera, forzar a la administración libertaria a replantear sus medidas.
En el fondo, esta diferenciación esconde una obvia disputa por el control de la CGT, donde el sector dialoguista, mayoritario en la conducción de la central obrera, mantiene una estrategia moderada mientras otros dirigentes, que perdieron espacio en la cúpula cegetista, critican la pasividad de la central obrera y adoptan una postura ultracombativa contra el Gobierno.
Los rebeldes de la CGT acordaron este martes no sólo proponer al Consejo Directivo un paro general de 36 horas sino también una audaz jugada: entregarle las obras sociales al Gobierno para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” oficiales.

Este grupo de sindicalistas va radicalizando cada vez más sus posturas: Maturano propuso la semana pasada en la CGT hacer un paro por tiempo indeterminado y ahora, en la reunión realizada en Gastronómicos, llegó a proponer “ocupar las vías” el día en que se haga el paro general para garantizar que no circule ni un solo tren.
Esa medida extrema, digna del trotskismo, expondrá a los bloqueadores ferroviarios a duras sanciones: la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios.
Este condicionamiento potencia lo establecido en la Ley de Bases 27.742, que considera como una grave injuria laboral “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

Curiosamente, un dirigente sindical que participó activamente del encuentro piloteado por Barrionuevo, Maturano y Calegari llamó hace 24 horas a un líder del sector dialoguista de la CGT para aclararle que él no compartía lo que se había acordado allí.
¿Los sindicalistas más duros son realmente intransigentes o se trata de una sobreactuación para diferenciarse del resto, para posicionarse en la interna de la CGT o para negociar en otros términos con el Gobierno o con referentes del PJ o de la oposición?
Es difícil saberlo. Hoy, toda la atención estará puesta en el crucial debate que habrá en el Consejo Directivo cegetista, donde lo único claro es que, “a la francesa” o “a la criolla”, la central obrera volverá a las protestas. Sin garantías sobre su acatamiento y, mucho menos, de que sirvan para que Milei cambie de rumbo.
POLITICA
La primera sesión del Senado bonaerense terminó en escándalo: Magario les cortó el micrófono a Berni e Ishii

La primera sesión ordinaria del año en el Senado bonaerense fue escenario de un nuevo escándalo de la interna peronista. En medio de fuertes cruces verbales, la vicegobernadora Verónica Magario terminó cortándoles el micrófono a los senadores Sergio Berni y Mario Ishii, dos dirigentes identificados con el sector más cercano al kirchnerismo.
El episodio se produjo durante una jornada que marcó el regreso de la actividad legislativa luego de más de seis meses de virtual parálisis política. Las diferencias dentro del oficialismo, que habían demorado el funcionamiento de la Cámara alta provincial, quedaron reflejadas en el recinto con cuestionamientos directos a la conducción del Senado y también a la gestión del gobernador Axel Kicillof.
El primer enfrentamiento se produjo cuando Berni tomó la palabra para cuestionar la situación de algunos legisladores que se reincorporaron a sus bancas tras el vencimiento de licencias. Con tono irónico, el senador planteó dudas sobre la composición actual del cuerpo.
“Estoy un poco mareado, ya no sé cuántos senadores somos”, lanzó. Desde la presidencia, Magario respondió de manera tajante: “46”.
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El exministro de Seguridad también cuestionó aspectos administrativos vinculados a licencias legislativas y reclamó regularizar esas situaciones mediante una votación. La discusión fue escalando hasta que la vicegobernadora intentó cerrar su intervención repitiendo varias veces la palabra “gracias”, una fórmula habitual para dar por concluido el uso de la palabra.
Berni recogió el guante y retrucó: “No hace falta que repita, una sola vez es suficiente”.
Más adelante, cuando ya se habían tratado los proyectos previstos para la sesión, Ishii pidió intervenir para expresar su malestar por la decisión de no debatir sobre tablas iniciativas vinculadas a las emergencias sanitaria y alimentaria en la provincia. Durante su exposición, el senador cuestionó directamente al gobernador Axel Kicillof por la situación del sistema de salud bonaerense.
“Lo invité varias veces a recorrer el conurbano para que vea cómo están los hospitales, desbordados y sin insumos”, afirmó. También sostuvo que existen demoras en la provisión de vacunas.
Mientras desarrollaba su discurso, Magario le advirtió que había excedido el tiempo reglamentario asignado para hablar. Ishii insistió en continuar argumentando, pero la vicegobernadora decidió finalizar su intervención y le cortó el micrófono.
La defensa de Berni y un nuevo choque con la vicegobernadora
La decisión generó una inmediata reacción de Berni, que salió en defensa de su compañero de bancada y cuestionó el accionar de la presidenta del cuerpo.

“No me parece correcto que en este recinto se le corte el micrófono a nadie. No tenemos apuro: hace seis meses que no funcionamos y hay muchos legisladores que quieren expresarse”, sostuvo.
El senador impulsó una moción para que Ishii pudiera continuar hablando, pero la propuesta fue rechazada por mayoría.
Luego tomó nuevamente la palabra para rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas y realizar una defensa de Cristina Kirchner. Sin embargo, también excedió el tiempo reglamentario y fue advertido por Magario.
La discusión volvió a subir de tono cuando Berni comenzó a cuestionar a Kicillof y a referirse a la situación judicial de la expresidenta. La vicegobernadora lo interrumpió para señalar que su tiempo había concluido, pero el legislador continuó hablando.
“No se terminó nada”, respondió Berni antes de continuar con su discurso. Minutos después, Magario ordenó nuevamente cortar el micrófono. El intercambio derivó en gritos dentro del recinto y acusaciones mutuas de falta de respeto.
La oposición observó la interna
Desde los bloques opositores siguieron la escena sin intervenir en la disputa. El episodio fue leído como una nueva muestra de las diferencias que atraviesan al oficialismo provincial.
El presidente del bloque libertario, Carlos Curestis, celebró que el Senado haya retomado finalmente la actividad, aunque cuestionó la demora acumulada durante el primer semestre.
“Después de tanto tiempo pudimos volver a sesionar. Hay cientos de proyectos pendientes que ahora podrán comenzar a discutirse en las comisiones”, señaló.
Al mismo tiempo, aprovechó para ironizar sobre el enfrentamiento entre dirigentes peronistas: “Quedaron expuestos los problemas internos del oficialismo. Sacaron todos los trapitos al sol. Ahora esperamos que no haya que esperar hasta diciembre para volver a tener una sesión”.
senado bonaerense, Verónica Magario, Peronismo
POLITICA
Negociaciones finales entre Karina Milei y Caputo por el esquema de comunicación que estrenará el Gobierno

Créase o no, en una parte del Gobierno están convencidos de que la erosión de la imagen de Javier Milei en los últimos meses no se debió tanto al caso de corrupción en torno a Manuel Adorni, sino a una mala estrategia de comunicación para lidiar con la cobertura de ese escándalo en los medios. Por eso, en la Casa Rosada están ávidos por acelerar los cambios en el área encargada de distribuir los mensajes oficiales, tanto en declaraciones públicas como en off the record.
De ese diagnóstico surgió la decisión de nombrar a Adrián Ravier como nuevo Vocero, echar al histórico número dos de Adorni, el secretario de Prensa Javier Lanari, e incorporar a Fabián Fernández, profesional de la comunicación política proveniente de YPF y surgido de las filas de la consultora de Santiago Caputo junto a Guillermo Garat.
El último paso del operativo fue ayer, cuando aceleraron el anuncio sobre la vuelta de las conferencias de prensa, que dejaron de estar en manos del complicado Manuel Adorni. Y apuraron la renuncia de Ravier de su banca de diputado (si bien tuvieron que esperar, a regañadientes, a que diera quórum en Diputados y se pudiera votar el super RIGI y los holdouts.

Pero aún se negocia, en la Casa Rosada, cómo quedará el organigrama.
Hay una pelea interna por quién maneja la comunicación, si Santiago Caputo con sus credenciales de consultor, o Karina Milei junto a Adorni y los Menem. Se sopesó la posibilidad de que el vocero y el responsable de Prensa tengan un lugar independiente de ambos y no dependan de la Jefatura de Gabinete. Pero los deseos de Karina Milei de cuidar a Adorni prevalecieron, y lo más probable es que esos “ravioles”, como se llama a los cargos en el Estado, se ubiquen en la estructura del propio Adorni, el protegido de la hermana presidencial.
“Sería un mensaje fatal para Manuel sacar eso de ahí. No hay necesidad”, dijeron en Gobierno los adeptos al caputismo. El plan, al menos hasta hoy, es dividir en dos partes la Secretaría que manejaba Lanari; y aprovechar la movida de recambios para hacer un nuevo alarde de la “motosierra”, con un recorte de la estructura que funcionaba en el área de comunicación.

Pero por ahora sigue siendo un misterio si las áreas de Ravier y Fernández van a depender de la Jefatura o van a ser independientes. Los detalles del sensible área comunicacional no se conocerán hasta el martes, cuando Ravier brinde su primera rueda de prensa a las 11 de la mañana en la Sala de Conferencias del segundo piso de la sede del Gobierno, y no este viernes, cuando se presentará oficialmente ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada y hablará on the record, pero sin el formato de conferencia.
En Gobierno niegan que haya un conflicto en torno al organigrama definitivo. Pero admiten que “no está cerrado aún”. Algunos alegan que el problema para terminar de definirlo es que Milei viaja hoy y se quedan sin firma.
“Nadie está vaciando a nadie. [Ravier y Fernández] solo quieren trabajar. Ninguno de los dos vino con otra pretensión que laburar. Cero ego, cero obsesión por los ravioles, cargos, nada”, juraron en Balcarce 50. Están deseosos de mostrar mejor predisposición a la prensa después de dos años de fuerte agresividad de parte del propio Presidente, entre otros gestos, acciones y omisiones que provocaron una serie de llamados de atención y repudios de las sociedades de prensa.
Por caso, los libertarios, hasta ahora, no informaron qué van a hacer con la sala de periodistas, que este año se cerró por primera vez desde la vuelta de la democracia por orden de Javier y Karina Milei en medio del estallido del caso Adorni. Si bien se volvió a habilitar, aún persisten importantes restricciones para los periodistas acreditados en la sede del Gobierno.
En principio, en el Gobierno prepararán a Ravier para que no se sienta “acribillado” con cuestiones vinculadas a Manuel Adorni. El nuevo vocero tratará de enfocarse en temas económicos y mostrar mejor predisposición ante la prensa, lo cual representaría una novedad total en el gobierno de Milei.
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