Después de permanecer nueve meses sin actividad, la histórica planta de La Suipachense volverá a ponerse en marcha. La emblemática usina láctea ubicada en el partido bonaerense de Suipacha, con más de siete décadas de trayectoria, iniciará una nueva etapa luego de que la Justicia autorizara el alquiler de sus instalaciones a una nueva empresa interesada en reactivar la producción.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, a cargo del juez Leandro Julio Enríquez, quien habilitó a Compañía Láctea Suipacha S.A. para operar el establecimiento. El acuerdo contempla el uso de la planta industrial, las maquinarias y también de las marcas históricas vinculadas al negocio, entre ellas Lácteos Conosur y La Suipachense con vos desde siempre.

Detrás del proyecto se encuentra Pablo Acsi, empresario con trayectoria en la industria láctea y exdirectivo de Parmalat, quien encabezará el proceso de recuperación de una fábrica que, tras su quiebra, parecía destinada al cierre definitivo.

Qué lácteos se elaborarán en la planta de La Suipachense

Mientras se termina de formalizar el contrato de alquiler, la nueva operadora avanzará con tareas de puesta a punto y reacondicionamiento técnico de las instalaciones. Paralelamente, el municipio de Suipacha trabaja junto con organismos provinciales para agilizar las habilitaciones necesarias y acelerar el regreso de la actividad.

El plan de negocios contempla una recuperación gradual. En una primera fase, la planta procesará 50.000 litros diarios de leche, una cifra que representa apenas el 20% de la capacidad histórica de la empresa, que llegó a industrializar 250.000 litros por día en sus años de mayor expansión.

La estrategia inicial estará enfocada en tres líneas de producción consideradas clave para recuperar rentabilidad:

• Leche entera en envase tetra
• Yogures
• Leche en polvo mediante secadora

Por el momento, la elaboración de quesos quedará fuera del esquema productivo. Si bien se trata de una de las actividades más tradicionales de la compañía, su reactivación fue postergada para una etapa posterior, una vez que la operación alcance mayor estabilidad.

La historia de una quiebra y la recuperación de puestos de trabajo

Uno de los aspectos más relevantes de la reapertura es el impacto sobre el empleo local. El proyecto prevé la reincorporación inicial de entre 25 y 30 trabajadores, aunque la intención es ampliar progresivamente la dotación a medida que aumente la producción y se consoliden las ventas.

La expectativa es recuperar parte de la capacidad laboral perdida tras la quiebra. En su mejor momento, la empresa llegó a emplear a 140 personas, convirtiéndose en uno de los principales motores económicos de la región.

El colapso de la empresa fue el desenlace de un prolongado proceso de deterioro financiero. Durante sus últimos años de actividad, La Suipachense estuvo controlada por el grupo venezolano Maralac, a través de Lácteos Conosur S.A., la misma compañía que operó la quebrada ARSA, conocida por la producción de yogures SanCor.

La situación económica se volvió insostenible. La firma acumuló una deuda postconcursal de $8.458.599.415,78 en cheques rechazados y enfrentó además reclamos sindicales que superaron los $1.000 millones.

Ante la imposibilidad de revertir el escenario, el concurso preventivo fracasó y la Justicia decretó la quiebra directa en noviembre de 2025, poniendo fin a décadas de actividad ininterrumpida en la planta bonaerense.

El acampe de los trabajadores que evitó el vaciamiento

Tras la declaración de quiebra, los empleados decidieron instalar un acampe permanente frente a la fábrica. La medida contó con el apoyo del sindicato ATILRA y del municipio local, que acompañaron el reclamo durante meses.

La permanencia de los trabajadores fue clave para evitar el desmantelamiento de la planta. Según explicó el intendente Juan Luis Mancini, la vigilancia constante permitió preservar activos estratégicos de alto valor, entre ellos la secadora para leche en polvo y la línea de envasado tetra.

Durante ese período, los operarios mantuvieron la custodia del establecimiento con un objetivo concreto: impedir que las instalaciones fueran vaciadas antes de encontrar una alternativa que permitiera recuperar la actividad productiva. Finalmente, la estrategia dio resultado y allanó el camino para la llegada de nuevos inversores.

Por qué la Justicia autorizó el alquiler de la fábrica

La resolución firmada por el juez Enríquez no respondió únicamente a criterios económicos. El magistrado consideró que mantener la planta operativa permite preservar empleos, sostener la actividad industrial y contribuir al movimiento económico de la región.

Además, el esquema elegido favorece el proceso concursal, ya que una empresa en funcionamiento conserva un valor significativamente superior al de una planta paralizada. Los ingresos generados por la explotación industrial serán depositados en una cuenta judicial y se utilizarán para atender parcialmente las obligaciones pendientes con los acreedores.

Durante la presentación oficial del proyecto, el intendente Mancini destacó la importancia de este modelo y remarcó: «Una fábrica funcionando vale mucho más que una parada y oxidada. Este modelo no solo protege el patrimonio de los acreedores, sino que sostiene el tejido social de nuestro municipio».

La reactivación de La Suipachense representa así el primer paso concreto para recuperar una de las industrias más emblemáticas del interior bonaerense. Aunque el desafío por delante es considerable, el reinicio de la producción marca el comienzo de una nueva etapa para una empresa que supo convertirse en un símbolo de la actividad láctea argentina.

En un momento en que el precio del dólar sube más de 2% en el mes y alcanzó su valor más alto desde febrero pasado, una consultora internacional publicó los nuevos datos de un relevamiento realizado entre 45 economistas de bancos y consultoras locales y del exterior, en el que siguen afirmando que el tipo de cambio alcanzará un valor menor al esperado tiempo atrás.

De acuerdo al informe de junio de FocusEconomics, los analistas llegaron al consenso de que el dólar mayorista alcanzará los $1.664 para fin de año, es decir, 23 pesos menos que lo previsto para diciembre en el relevamiento anterior, lo que refuerza su tendencia a la baja.

El sustento de esta expectativa es el sostenido ingreso de dólares de exportaciones de la mano del campo, el petróleo y la minería, sumado a las divisas por emisiones de deuda corporativa y de provincias.

Esta tranquilidad cambiaria se ve reforzada por las compras diarias del Banco Central para las reservas que, desde el 5 de enero pasado hasta el presente, ya ha adquirido alrededor de u$s10.380 millones.

De esta manera, en caso de que el tipo de cambio alcance los $1.664 para fin de diciembre en la plaza mayorista, ascendería en todo el año un 14%, prácticamente menos de la mitad de lo que estiman los economistas relevados para la inflación de todo 2026, que se ubica en 31,3% (un incremento de 0,9 punto porcentual con respecto a lo previsto el mes anterior).

«Se prevé que la inflación anual se mantenga por encima del 30% en 2026, una de las tasas más altas del mundo, debido a la notable depreciación de la moneda y a las arraigadas altas expectativas inflacionarias. La reducción de las restricciones a las importaciones y la contención del gasto público limitarán los precios», detallan los analistas de FocusEconomics.

Por lo tanto, este escenario marca que el atraso cambiario seguiría presente, y las miradas apuntarán a qué puede llegar a ocurrir el año que viene por el escenario electoral presidencial, donde la marcha de la economía será determinante para definir la «temperatura» social.

Cómo impactará el RIGI en el crecimiento económico proyectado

En cuanto al crecimiento del PBI, los expertos consideran que se «desacelerará» este año en comparación con el avance superior que hubo el año pasado.

«Si bien los sectores agrícola y energético recibirán apoyo, sobre todo este último que será impulsado por la inversión extranjera bajo el régimen de inversión RIGI, los sectores más orientados al mercado interno y con mayor intensidad de mano de obra enfrentarán dificultades debido a la alta inflación, la austeridad fiscal y la competencia extranjera», advierte el informe.

Por eso, los analistas de FocusEconomics prevén que el PBI crecerá un 3% en 2026, lo que representa un aumento de 0,1 punto porcentual con respecto al mes anterior.

Igualmente, de cara al segundo trimestre, el consenso de los analistas apunta a una aceleración de la economía, «probablemente impulsada por la baja de los tipos de interés, el auge del turismo y la continua fortaleza de la agricultura y la energía».

Sin embargo, el reporte advierte que la «escasa confianza del consumidor, la austeridad fiscal, la persistente inflación elevada y un mercado laboral débil representarán obstáculos».

Qué esperan los economistas para el tipo de cambio oficial

En resumidas cuentas, los economistas consideran que para fin de diciembre el precio del dólar alcanzará un incremento menor al esperado en las proyecciones previas.

El tipo de cambio mayorista consensuado en el informe es de $1.664,2 para fin de año, alrededor de 23 pesos menos que lo previsto en el relevamiento de mayo para la misma fecha, y unos 49 pesos menos de lo proyectado hace tres meses.

Este precio de referencia sigue siendo mucho más elevado respecto a las estimaciones del Presupuesto 2026 presentadas por el Gobierno en el Congreso de la Nación meses atrás, cuando se estimó en $1.423 para fin de año.

En cuanto al precio del dólar mayorista esperado por el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex, se opera a $1.629,5 para fines de diciembre, apenas unos 35 pesos por debajo de las estimaciones de FocusEconomics.

También en el reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta confeccionada por el Banco Central todos los meses entre 46 economistas nacionales, se prevé un precio de dólar mayorista de $1.658 para fin de año.

El billete estadounidense mayorista hoy cotiza a $1.441 y desciende en todo el 2026 alrededor de 1%.

Asimismo, si se tiene en cuenta el valor máximo de la banda cambiaria de flotación establecido por el BCRA para no intervenir en el mercado, y que se encuentra indexada de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), hoy se ubica cerca de los $1.775. Es decir, 334 pesos por encima del precio de mercado, lo que refuerza la calma cambiaria que actualmente se percibe en la City.

Las consultoras que proyectan el dólar más alto para diciembre

Por el lado de los pronósticos del precio del dólar mayorista para fin de año de cada economista de consultora o banco de inversión relevado por FocusEconomics, el rango de los valores estipulados se ubica entre un mínimo de $1.335 y un máximo esperado de $1.919.

Justamente, este último dato muestra una tendencia descendente respecto al techo que puede alcanzar un posible salto cambiario, debido a que en el informe anterior ese nivel más alto era de $1.996.

Entre los economistas que pronostican un mayor precio para el tipo de cambio mayorista para diciembre se ubican:

• Empiria Consultores ($1.919)
• Fitch Ratings ($1.892)
• Pantheon Macroeconomics ($1.850)
• MAPFRE Economics ($1.843)
• LCG ($1.820)
• Econviews e Invecq Consulting, ambos con una estimación de $1.800

«Inicialmente, nosotros pensamos en un dólar mayorista para fin de año de $1.585, que se desliza parecido a la inflación, la cual, a su vez, se desacelera. Con esa dinámica, el tipo de cambio a fin de año acompaña el proceso», reflexiona Fernando Baer, economista jefe de Quantum (la consultora de Daniel Marx), ante iProfesional.

Por lo tanto, desde el mercado se considera que las exportaciones seguirán aportando divisas para mantener «controlado» el precio del dólar, en un escenario en el que se proyecta un incremento desde ahora hasta diciembre del 15%, por lo que se descarta una mayor tensión cambiaria en lo que resta del año.

El tributarista César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, analizó en una entrevista con Infobae en Vivo los alcances del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días. En su lectura, las modificaciones respecto a la versión original del régimen amplían el universo de potenciales adherentes y dan mayor certeza jurídica a quienes decidan utilizarlo para sacar sus dólares del circuito informal.

Además, anticipó, “podrían exteriorizarse unos USD 50.000 millones” gracias a las modificaciones.

Ante la percepción generalizada de que la ley original no había tenido el impacto esperado, Litvin fue categórico: “No es que haya fracasado. Se adhirieron unas 80.000 personas hasta ahora”. Sin embargo, reconoció que existían limitaciones que frenaban una adhesión más masiva, y que el nuevo proyecto resuelve buena parte de esas inquietudes.

Una de las trabas más importantes tenía que ver con los requisitos patrimoniales y de ingresos para acceder al régimen. Con la versión que se enviará al Congreso, eso desaparece. “Se ha eliminado ese requisito, con lo cual más cantidad de gente, independientemente de su patrimonio y nivel de ingresos, puede adherirse a este régimen simplificado, que es optativo”, explicó.

La única excepción son los grandes contribuyentes nacionales, a quienes el tributarista definió como “las grandes fortunas”. Para ese grupo, los beneficios plenos del régimen no estarán disponibles.

Otro de los puntos que generaba resistencia entre los contribuyentes y sus asesores era el mecanismo de “discrepancia significativa”: si el fisco detectaba diferencias relevantes entre lo declarado y lo que consideraba correcto, el régimen podía caer por completo. Eso creaba una zona de incertidumbre difícil de aceptar.

Litvin explicó que el nuevo proyecto resuelve eso de forma concreta. “Generalmente hay diferencia de criterio. Esto se solucionó levantando el umbral de topes para considerar las discrepancias significativas. Ahora el tope es de $5 millones”. Además, el contribuyente tendrá la posibilidad de defenderse en instancias administrativas ante eventuales diferencias con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese esquema, “si tienen una diferencia con el fisco, no es causal de exclusión de todos los beneficios”.

Más allá de los cambios técnicos, Litvin repasó los incentivos concretos del régimen. El primero apunta a simplificar la carga burocrática: la declaración jurada es “muy simple, muy sintética, con muy poca información al organismo fiscal”, sin necesidad de informar movimientos patrimoniales.

El segundo beneficio tiene un peso mayor para quienes tienen ahorros en efectivo fuera del sistema financiero. “Puedo usar los dólares del ‘colchón’ obtenidos por actividades lícitas sin ninguna consecuencia fiscal ni costo. Puedo invertir en plazo fijo, en alquiler de inmuebles para vivienda sin ningún impuesto y no tengo consecuencias fiscales ni costo del uso de esos dólares”, detalló.

A eso se suma lo que Litvin denominó “tapón fiscal hacia atrás”, un blindaje que impide que el fisco reclame impuestos por períodos anteriores no prescriptos. En ese punto, señaló que el mecanismo “da el mismo blindaje” que el blanqueo. La diferencia, aclaró, es que sacar los dólares del colchón no significa eximirse de impuestos futuros, pero sí permite generar renta con ese dinero sin consecuencias fiscales inmediatas. “No conviene guardar los dólares. Guardados en una caja de seguridad no sirve de nada y van perdiendo valor, por la inflación internacional”, advirtió.

Litvin también planteó una advertencia específica para los contribuyentes que hoy están inscriptos en el monotributo. Si adherirse al régimen simplificado implica salir del monotributo para pasar al Régimen Simplificado de Ganancias, el análisis se complica.

“El monotributo es lo más barato en materia impositiva. Pagando la cuota, tiene contenido de seguridad social, de obra social y de IVA y Ganancias. Saliendo del monotributo, es un salto al vacío”, sostuvo. Su recomendación fue clara: “Diría que se haga aconsejar debidamente sobre los pros y contras de cada caso”.

Una de las preguntas que más recibe Litvin de sus clientes tiene que ver con la experiencia del blanqueo de 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri. Quienes participaron de ese régimen vieron cómo, con el cambio de gobierno, se creó el impuesto a la riqueza y se amplió Bienes Personales hasta una alícuota del 2,25%, que el propio Litvin calificó de “exorbitante”.

Ante ese antecedente, el tributarista diferenció lo que puede y lo que no puede pasar. El tapón fiscal es intocable: “Nadie puede cambiarlo”, afirmó. Lo que sí puede modificarse con un eventual cambio de gobierno es la presión impositiva sobre el patrimonio. Pero eso, según Litvin, tiene solución: “Se puede invertir en bienes que no estén gravados”.

Sobre el potencial impacto del nuevo régimen, Litvin discrepó con estimaciones que circulan sobre el total de dólares fuera del sistema. “Yo considero que no son más de 170.000 millones”, dijo, en referencia a cifras que a veces se elevan a 250.000 millones. Para dimensionar qué porción de ese total podría movilizarse, recurrió a los precedentes: el blanqueo de Milei exteriorizó USD 50.000 millones, mientras que el de Macri alcanzó los USD 116.700 millones.

Con esa base comparativa, Litvin estimó que el nuevo proyecto podría tener un alcance similar al del blanqueo más reciente: “Yo creo que una buena cifra en este caso pueden ser USD 50.000 millones”.